Martina Fernandez Alvarado
Expediente 639/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/12/2019
Partes del expediente
- Martina Fernandez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VIII) REALICESE EL ACUERDO CORRESPONDIENTE EN LOS CUADERNOS INCIDENTALES
- Principal
VIII. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia de dieciséis de junio anterior (fojas 48 a 56), en el cual se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación citada por disposición expresa de su artículo 2º, para todos los efectos procedentes, se declara que la misma ha causado estado. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la justicia federal (punto vigésimo primero, inciso I). 2 El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, (punto vigésimo primero, inciso IV). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
VIII) Visto para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 639/2016-VIII; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Martina Fernández Alvarado, mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis (fojas 2 a la 8), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, promovió demanda de amparo, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridades que a continuación se mencionan: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: El Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; La Resolución Administrativa de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, emitida en el Recurso de Revisión, número R.R. 7/16; por el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, la cual me fue notificada de forma personal, en fecha 15 de abril de 2016.' SEGUNDO. PRECEPTO CONSTITUCIONAL VIOLADO. La quejosa señaló como preceptos constitucionales violados, los contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción; asimismo, se señaló hora y día para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el acto reclamado proviene de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 255, Novena Época, Tomo XIX, del mes de Abril de 2004, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución administrativa dictada por el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, el cinco de abril de dos mil dieciséis, en el Recurso de Revisión R.R. 7/16, de su índice estadístico, donde confirma la multa impuesta mediante oficio OSFEM/UAJ/SCA/DCOP/MA/1133/2016, de veinticinco de enero del año en curso. La fijación de los actos antes señalados se realiza sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa realizó respecto su inconstitucionalidad, puesto que ello se realizará, en su caso, en el apartado relativo al estudio de fondo respectivo, de conformidad con la jurisprudencia definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 9 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 11, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, representante jurídico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que por esta vía se les reclaman. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe de mérito, consistentes en copia certificada del recurso de revisión R.R. 7/2016; a las cuales por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo fue presentada dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada se notificó al quejoso el quince de abril de dos mil dieciséis (foja 34); por tanto, en términos de lo previsto en el artículo 28, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México (ley aplicable de manera supletoria al procedimiento de donde deriva el acto reclamado), tal notificación surtió efectos al día siguiente, por lo cual el plazo transcurrió del diecinueve de abril al diez de mayo de dos mil dieciséis, sin contar los días veintitrés, veinticuatro y treinta de abril; así como uno, cinco, siete y ocho de mayo, todos de dos mil dieciséis, por haber sido sábados y domingos considerados inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ende, si la demanda se promovió el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, debe considerarse oportuna su presentación. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. No existe causa de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Las constancias de donde deriva el acto reclamado evidencian los antecedentes siguientes: 1. Mediante oficio OSFEM/UAJ/SCA/DCOP/MA/580/2015, de catorce de enero de dos mil quince, se requirió a Martina Fernández Alvarado, en su carácter de Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santo Tomás, México, a fin de que diera cumplimiento con sus obligaciones del ejercicio dos mil quince, específicamente la presentación del informe mensual de noviembre del mismo año, con el apercibimiento de que para el caso de no presentarlo a más tardar el trece de enero de dos mil dieciséis, se le aplicaría el medio de apremio consistente en multa, establecida en el artículo 59, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 2. Posteriormente, mediante diverso oficio de veinticinco de enero de dos mil dieciséis número OSFEM/UAJ/SCA/DCOP/MA/1133/2016, al no existir constancia de presentación oportuna del informe mensual de noviembre de dos mil quince, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el oficio referido en el párrafo anterior, por lo que se impuso a la quejosa una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el área geográfica en que labora la servidora pública. 3. Inconforme con la multa impuesta, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, la quejosa interpuso el recurso de revisión en contra de la determinación donde se impone la multa, mismo que fue admitido a trámite el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. 4. En ese contexto, el cinco de abril de dos mil dieciséis, se resolvió el recurso de revisión interpuesto mediante oficio OSFEM/UAJ/SCA/DCOP/288/2016, donde se declaró la validez del diverso OSFEM/UAJ/SCA/DCOP/MA/1133/2016, y como consecuencia se confirmó la multa impuesta a la quejosa Martina Fernández Alvarado. Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente asunto. SÉPTIMO. ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DEL ASUNTO. Tanto las consideraciones sustento del acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, es menester destacar que en sus conceptos de violación la quejosa sostiene, de manera substancial, lo siguiente: a) El Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, omitió observar las formalidades esenciales del procedimiento porque no realizó un análisis de las constancias que integran el expediente de donde emana el acto reclamado, lo cual trajo como consecuencia una falta de fundamentación y motivación. b) La autoridad responsable fundó y motivó la resolución impugnada en términos de lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Superior de Fiscalización del Estado de México y 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; sin embargo, el cumplimiento ahí establecido es competencia de las tesorerías municipales, por lo que el cumplimiento de lo solicitado por medio del oficio OSFEM/UAJ/SCA/DCOP/MA/580/2015, de catorce de enero de dos mil quince, correspondía al Tesorero del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santo Tomas, Estado de México. c) La autoridad responsable no realizó una correcta fundamentación y motivación, pues omite respetar lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Fiscalización del Estado de México, al no indicar por qué eligió como medida de apremio la multa y no alguno de los otros medios de apremio, así como el por qué imponer la multa más alta. Conceptos de violación que se estudian a la luz de lo argumentado estrictamente, es decir, no ha lugar a suplir la deficiencia de la queja, por imperar el principio de estricto derecho en términos del artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al no ubicarse en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, los argumentos sintetizados vertidos en los conceptos de violación son inoperantes, por los motivos que a continuación se expondrán. En primer lugar, por lo que hace al concepto de violación sintetizado en el inciso a), es inoperante, pues tal concepto de violación es repetitivo a los agravios que el quejoso planteó ante la autoridad responsable y omite impugnar los fundamentos de la resolución reclamada que dieron respuesta a tales agravios. Lo anterior pues, por una parte, en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino si los fundamentos de la resolución dictada en la revisión reclamada que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de derechos fundamentales; y por otra, si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen sin daño alguno para regir la sentencia que se reclama. En efecto, respecto al agravio que se analiza, la autoridad responsable, respondió lo siguiente: "Al respecto esta autoridad en ningún omento ha violentado en su perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en el requerimiento señalado en el primer resultando de la presente resolución, este órgano técnico señala los preceptos legales aplicables y los hechos que encuadran en la hipótesis normativa, como son los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México, que señalan que los informes mensuales los deberán presentar dentro de los vente días posteriores al término del mes correspondiente, asimismo, se indica también que omitir presentar la información de referencia constituye una conducta grave en razón de que impide a este órgano superior de fiscalización cumplir oportunamente con las atribuciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como en su reglamento interior, ya que el fin de su existencia es atender el interés de la sociedad, impulsando a que los servidores públicos rindan cuentas clara y fehacientes sobre el uso de los recursos públicos; en ese entendido, el medio de apremio que por esta vía se impugna cumple con la fundamentación y motivación correspondiente como lo señalan los artículos constitucionales de referencia ." Consideraciones que el quejoso no controvirtió, no obstante que dieron respuesta a los motivos de inconformidad hechos valer en el recurso y planteados nuevamente en los conceptos de violación en estudio. Al respecto, se cita la jurisprudencia II.1o. J/9, con número de registro 210137, publicada en la página 39 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 82, octubre de 1994, Octava Época, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Si el quejoso, substancialmente repite en sus conceptos de violación, los agravios hechos valer ante el tribunal responsable, pero omite impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes pues, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino si los fundamentos de la sentencia reclamada que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." Aunado a lo anterior, resultan inoperantes, toda vez que el solicitante del amparo no precisa cuáles son las constancias que aduce no fueron analizadas por la responsable y que integran el expediente de donde emana el acto reclamado, menos aún las razones por las cuáles arriba a tal circunstancia y, en su caso, cómo trascendería en su beneficio el análisis de las constancias a que hace alusión; lo cual se torna indispensable, pues sólo así esta potestad federal podría examinar si se causa algún perjuicio. Todo lo anterior ya que, como se dijo anteriormente, no ha lugar a suplir la deficiencia de la queja, al no ubicarse en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo; por ende, en el presente asunto no puede hacerse un examen general de la resolución impugnada para determinar cuáles violaciones resultan y qué cuestión planteada dejó de analizarse, y así, es menester que la parte solicitante del amparo, vía conceptos de violación, evidencie la ilegalidad del acto reclamado. Al respecto aplica la jurisprudencia I.4o.A. J/33, publicada en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2004, Tomo XX, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir." Y la diversa publicada con la clave 1a./J. 81/2002, en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2002 Tomo XVI, Novena Época, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Por otra parte, de la misma manera deviene inoperante el motivo de disenso reseñado en el anterior inciso b), pues contiene aspectos novedosos que no fueron planteados ante la autoridad responsable, por lo cual ésta no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto. Lo anterior es así, porque en el citado concepto de violación en estudio se formulan argumentos que no se plantearon ante la autoridad administrativa responsable que dictó la resolución que constituye el acto reclamado, por lo que los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la autoridad del conocimiento no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas, con lo cual, además, se traspasaría el principio de congruencia que rige para toda sentencia. Máxime que, en ninguna forma se advierte, de los agravios expuestos por la quejosa ante la autoridad responsable, que haya combatido el hecho de que la obligación que le fue requerida encaminada a la rendición del informe mensual relativo al mes de noviembre de dos mil quince, recayera en el ámbito de competencia de la tesorería municipal; de ahí su inoperancia. Es aplicable, la jurisprudencia de la Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52 que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida." Por último, respecto al concepto de violación especificado en el inciso c), es inoperante por las mismas consideraciones que el primero de los resumidos, pues tal concepto de violación es repetitivo a los agravios que el quejoso planteó ante la autoridad responsable al establecer que la ley obliga a la autoridad a fundar y motivar por qué se aplicó como medio de apremio una multa y no otro de los contemplados por el artículo 59 de la Ley de Fiscalización del Estado de México, así como por qué consideró como grave la falta en que incurrió. Ante ello, la autoridad responsable, dejó claro el hecho de que la omisión de presentar la información que fue requerida, constituía una falta grave porque impide al Órgano Superior de Fiscalización cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, que son las de fiscalizar revisar las cuentas públicas y actos relativos a la aplicación de los fondos o recursos públicos; además, el medio de apremio impuesto consistente en la multa de cien días de salario mínimo, derivó del apercibimiento decretado el catorce de enero de dos mil quince mediante oficio OSFEM/UAJ/SCA/DCOP/MA/580/2015, en el entendido de que el artículo 59, fracción II de la ley en comento, no establece un orden de prelación para la aplicación de los medios de apremio, por lo que queda al arbitrio de la autoridad elegir el que mejor contribuya y sea más efectivo para la satisfacción de su objeto en el ejercicio de sus facultades que le confiere la norma. Todo lo anterior, son las consideraciones expuestas por la responsable para declarar la validez de la multa impuesta, mismas que no fueron combatidas en los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo en estudio, por lo que deviene inoperante dicho motivo de disenso. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: UNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martina Fernández Alvarado, contra el acto atribuido a la autoridad precisada en el considerando segundo, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza, firma y da fe
- Principal
VIII) Toluca, Estado de México; dos de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las diez horas con treinta y cinco minutos, como se estableció en auto de nueve de mayo pasado (fojas 09 y 12); sin embargo, aún transcurre el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del informe rendido por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos representante Jurídico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el cual se tuvo por rendido mediante proveído de veinticuatro de mayo anterior (foja 44). En tales condiciones, a fin de integrar debidamente el sumario constitucional en que se actúa y no violar las reglas rectoras del juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con quince minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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