Martín Ramón Espinoza Irra

Expediente 713/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
713/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Martín Ramón Espinoza Irra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente juicio de amparo la factura original con número de folio 7066; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo último del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se deja a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    VISTOS, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 713/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el veintisiete de agosto del año en curso, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Martín Ramón Espinoza Irra, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1) Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORA: 2) Tránsito Municipal. Ambos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "a).- De las ordenadoras. La ilegal orden verbal de detención librada en contra de mi vehículo (.). b).- DE las ejecutoras. El indebido cumplimiento que le dieron a la orden verbal de detención , librada en contra de mi vehículo (.)." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 713/2018; solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; en su oportunidad se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el quejoso reclama la afectación a su patrimonio, con motivo del embargo y posterior aseguramiento efectuado en un juicio ejecutivo mercantil que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, respecto del cual se ostenta tercero extraño en estricto sentido. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Martín Ramón Espinoza Irra el embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil número 189-1/2016 sobre el vehículo descrito como camioneta marca Jeep, tipo Grand Cherokee, color blanca, con placas de circulación 377YHP del Distrito Federal, y como consecuencia su secuestro mediante su detención para su guarda y custodia. Lo anterior, no obstante que el quejoso haya aducido que se trataba de un acto emitido verbalmente, ya que, como se expondrá en el apartado respectivo, la afectación del citado automotor consta por escrito en los autos del indicado juicio ejecutivo mercantil número 189-1/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación (foja 15) aceptó la existencia del acto reclamado, lo que constituye una confesión en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2; y que se corrobora con las copias certificadas del expediente 189-1/2016 que remitió en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva en cita. Documentales en las que consta que a virtud de la condena impuesta al demandado en el aludido expediente mercantil, por acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecisiete se ordenó girar despacho al Juez Paz en San Marcos, Guerrero, para que por conducto de quien correspondiera, en su auxilio se constituyeran en el domicilio del deudor y se requiriera al reo civil el pago de la condena o se le embargaran bienes de su propiedad, lo que en cumplimiento a tal mandamiento, la Actuaria de la adscripción del juzgado exhortado procedió a trabar embargo sobre el vehículo de la marca Jeep, tipo Grand Cherokee, color blanco, con placas de circulación 377YHP del Distrito Federal, y por diverso auto de ocho de noviembre anterior, se giró nuevo despacho al citado juzgador con sede en San Marcos, Guerrero, para que a su vez ordenara a la autoridad de seguridad pública correspondiente que hiciera la detención del vehículo en cuestión para ponerse a disposición del depositario judicial para su guarda y custodia, lo que se cumplimentó en diligencia de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Dicha certeza se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la responsable denominada "Tránsito Municipal", dado el carácter con el que fue designada y en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo por haber sido omisa en rendir su respectivo informe justificado. CUARTO.- Análisis oficio de causales de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, en atención a lo señalado por la parte tercera interesada, se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Para arribar a tal determinación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, fracción I de su Ley Reglamentaria, que en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causal de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Así, tratándose de actos emanados de tribunales judiciales, el interés jurídico aludido reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Luego, para que proceda el juicio de garantías es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto, siempre que el acto reclamado emane de un tribunal judicial. De igual modo, es importante destacar que el interés jurídico del quejoso es aquel con el que acredita la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona diversa. Por consiguiente, cuando un acto autoritario emanado de un tribunal judicial no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII del numeral 61 de la ley aplicable en estudio. Ahora bien, se sostiene que el amparista no acredita que los actos reclamados le causan agravio en virtud de que para acreditar la afectación al interés jurídico, se deben colmar ciertos requisitos, siendo éstos los siguientes: a) una persona determinada, b) un derecho legítimo de ésta, c) un acto de autoridad, y d) la afectación del citado derecho a través del acto autoritario. En el caso, se estima que no se actualiza el segundo de los requisitos antes expuestos. En efecto, para verificar cuál es el derecho legítimo que el quejoso estima trastocado con el acto reclamado, se tiene presente que Martín Ramón Espinoza Irra se ostenta como tercero extraño a una controversia ejecutiva mercantil, (entendiéndose por tal como aquella persona física o moral que no figura en el procedimiento como parte en sentido material -actor, demandado, tercero interesado, etc.-, pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas) en la se embargó el vehículo descrito en el considerando segundo de esta resolución; y funda su derecho para acudir a esta instancia, en la propiedad de ese automotor al tenor de la factura adjunta a su escrito de demanda. Es decir, lo que se busca es sustraer de una contienda y sus efectos, los derechos que hubieran sido afectados al gobernado precisamente porque la misma no se enderezó en su contra, de ahí que no sea el proceso la sustancia del debate en la sede constitucional, ya que los efectos de la sentencia que llegara a dictarse, no tendrían por consecuencia vincular a que se deje insubsistente todo lo ahí actuado, sino únicamente restituirle los derechos afectados. Así, para demostrar su interés jurídico respecto del vehículo descrito con antelación, la parte quejosa exhibió la factura relativa que fue expedida a favor de Norman Eddie Gurrion Matías, en cuyo reverso se aprecia lo siguiente: a).- Un endoso efectuado a favor de Elías Cortes López, con la certificación y sello del pago de la oficina recaudadora del impuesto de enajenación de vehículos, de veintiuno de octubre de dos mil diez. b).- Un endoso efectuado en favor de Jesús Camacho Morales, de doce de marzo de dos mil doce, en el que se aprecia únicamente una firma. c). Y el endoso con la siguiente leyenda: "CEDO LOS DERECHOS DE LA PRESENTE FACTURA AL SR Martín Ramon Espinoza Irra. 17/08/2015. UNA FIRMA ILEGIBLE. Luego, por regla general es factible atribuir -al menos indiciariamente-, el carácter de propietario a la persona física o moral a cuyo favor se expide una factura que ampara la propiedad de un vehículo; sin embargo, cuando la adquisición de tal bien se efectúa mediante un acto de comercio informal, su traslación de dominio se verifica a través del endoso suscrito por el anterior propietario, para ceder sus derechos en favor del nuevo adquirente. Sobre ese aspecto, el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia P./J. 7/2001, publicada en la página 9, del Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." De conformidad con el contenido del criterio jurisprudencial inserto, puede arribarse a la conclusión de que si bien, en principio, la factura es el documento idóneo para demostrar el derecho legítimamente tutelado trastocado con motivo de un embargo efectuado en una contienda de la que se es ajeno, cuando su adquisición se efectuó a través de un acto informal, debe comprobarse fehacientemente en la instancia constitucional la fecha en la que tuvo lugar el acto traslativo de dominio. Lo anterior, porque en tratándose de documentos, para que tengan eficacia probatoria y surtan efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos ante la autoridad registral correspondiente, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; de ahí que la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre ese bien realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien, garantizándose de esta manera la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones. Así pues, el valor probatorio que se otorga a los documentos privados no objetados-como las facturas-, pierde vigencia cuando éstos provienen de terceros y en ellos se consignan contratos o actos traslativos de dominio, ya que para surtir efectos probatorios plenos requieren ser de fecha cierta. Apoya en lo conducente, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/115 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 95, tomo VII, Abril de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." Por ende, en tratándose de documentos privados que consignan actos traslativos de dominio, a fin de que surtan efectos contra terceros, es requisito que consten en escritura expedida por fedatario público, que se hayan presentado en la oficina registral correspondiente o ante un funcionario en razón de su oficio, o bien, que hubiese fallecido alguno de los firmantes, lo que significa, a contrario sensu, que el documento privado no registrado en la oficina pública respectiva, sólo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga ni reproduce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Así pues, si la factura que exhibió el quejoso se equipara a un documento privado y de la misma se observa que fue expedida a una persona diversa en tanto que en su reverso se contiene el endoso que entraña un acto traslativo de dominio, el cual no reúne uno de los requisitos a que se ha hecho alusión en el cuerpo de la presente, esto es, ser de fecha cierta, por lo que carece de eficacia probatoria y, por tanto, con él no se acredita en autos la legitimación del solicitante del amparo para acudir ante este órgano constitucional a reclamar el embargo a que se refiere el vehículo descrito en dicho documento. Mas aun, dicha factura tampoco se adminiculó con algún medio de prueba a efecto de establecer evidencia sobre la presentación de la factura así endosada ante una autoridad en ejercicio de sus funciones, como por ejemplo, la tarjeta de circulación; a partir de la cual pudiera concluirse que el documento fundatorio de la acción constitucional ha sido reconocido como título de propiedad en favor de la parte quejosa desde determinada fecha, y por ende, pudiera otorgarse al endoso que obra al reverso de la factura en comento, aquella nota distintiva de ser de fecha cierta. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la improcedencia del juicio invocada, y por consiguiente, lo que procede es decretar el sobreseimiento del juicio en lo que a su persona se refiere, en términos de lo ordenado por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." También tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 853, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 581, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO.- SOBRESEE en el juicio de garantías 713/2018, promovido por Martín Ramón Espinoza Irra, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de septiembre actual, se tuvo por rendido el informe justificado del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, el veinticinco del presente mes, se notificó el inicio del presente juicio de amparo a la parte tercera interesada Impulsora de Lubricantes y Aditivos, Sociedad Anónima de Capital Variable; para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia de mérito para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta signado por Gustavo Serrano Zamacona, endosatario en procuración de la parte tercera interesada Impulsora de Lubricantes y Aditivos, Sociedad Anónima de Capital Variable; en atención a su contenido, y en razón, que de las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, se desprende que tiene acreditado ese carácter, por lo que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocido el mismo en el presente asunto; de igual forma, téngasele por apersonándose al presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, de la Ley Amparo, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en ubicado en calle Cuatro, número 3, colonia Vista Alegre, código postal 39560, en esta ciudad; asimismo, por objetando únicamente en cuanto a su alcance y valor probatorio se refiere, la documental consistente en la factura número 7066 de fecha uno de noviembre de dos mil nueve, en cuanto al endoso que aparece al reverso de la misma; por último, con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, se le tienen por hechas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, y con ellas dése cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano