Martín Ordaz Martínez

Expediente 175/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
175/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Martín Ordaz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del diverso artículo 18, debiendo conservarse la demanda, auto admisorio, sentencia, el presente proveído y la resolución que concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Por cuanto al disco compacto y la copia certificada de la causa penal 382/2020, con la que se formó por separado un tomo de prueba, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado, devuélvanse al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, quien los remitió con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA ELECTRONICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VISTOS; los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 175/2021. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, y remitido el mismo día por razón de turno, al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, residente en Tepic, Martín Ordaz Martínez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora:1) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con domicilio en Acapulco, Guerrero. Ejecutoras: 2) Subdelegación de Procedimientos Penales B, Fiscalía General de la República, con domicilio en Acapulco, Guerrero. 3) Delegación de la Fiscalía General de la República en Nayarit, con domicilio en Tepic, Nayarit. ACTOS RECLAMADOS "De la Autoridad señalada como ordenadora: Reclamo, la ilegal orden de Aprehensión dictada en contra del suscrito, dentro de la causa penal 382/2020, por hechos constitutivos de delitos que ignoro, puesto que en ningún momento se me ha citado a declarar por los medios legales conducentes y desconozco el delito o los delitos que se me pretendan imputar. De las Autoridades señaladas como ejecutoras: Reclamo, la ejecución de la orden de Aprehensión dictada por la Responsable Ordenadora en contra del suscrito, dentro de la causa penal 382/2020, por hechos constitutivos de delitos que ignoro, puesto que en ningún momento se me ha citado a declarar por los medios legales conducentes y desconozco el delito o los delitos que se me pretendan imputar." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, admitió a trámite la demanda de garantías registrándola bajo el número 657/2020, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal correspondiente, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el citado juicio y mediante sentencia de la misma fecha el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, declaró carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del asunto, declinando la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero en turno, con residencia en esta ciudad de Acapulco. QUINTO. Por oficio recibido el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad de Acapulco y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, se enviaron los autos originales del juicio de amparo 175/2021, por lo que por acuerdo de veintitrés de marzo siguiente este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto; ordenó dar la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como notificar a la parte quejosa y dado que el Juez de Distrito declinó la competencia durante la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al principio de unidad de la audiencia, se reconoció la validez de la misma, dejándose listos los autos para pronunciar sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso Martín Ordaz Martínez reclama por esta instancia constitucional la orden de aprehensión librada en su contra el seis de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 382/2020, que se le instruye por el delito contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción II; párrafo primero, del Código Penal Federal, con la agravante en pandilla prevista en el artículo 164 bis del Código Punitivo Federal y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que se atribuye al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad, en virtud de que así lo reconoció expresamente al rendir su informe con justificación, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal número 382/2020, que acompañó a su informe justificado (tomo I de prueba), así como con el disco óptico de audio y video, mismo que se reprodujo por este órgano jurisdiccional para su valoración, advirtiéndose en él los registros de los archivos ópticos y acústicos de la audiencia para solicitar el mandato de captura reclamado, que el método empleado para su grabación fue el idóneo, es accesible para su consulta, por lo que se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación. Elementos de convicción que adquieren valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nayarit, con domicilio en Tepic, y el Agente del Ministerio Público Federal Encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B" de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, negaron el acto que se les atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter de autoridades ejecutoras con el que fueron señalados en el presente juicio e independientemente de que conozcan o no la orden de captura combatida, es evidente que en ejercicio de las facultades legales que les son propias, se encuentran en posibilidad de ejecutar tal mandato, cuya certeza respecto de la autoridad ordenadora se verificó en párrafos que anteceden. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso mismos que no se transcribirán por no existir en la Ley de Amparo dispositivo legal que así lo ordene. Así tenemos que son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, sin que la obligación de suplir la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, conduzca a una conclusión distinta, como se expone a continuación. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que a solicitud presentada por oficio ACAP-IV-1261/2020 por el Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Agencia Cuarta Investigadora Acapulco en el Estado de Guerrero, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, por auto de seis de noviembre de dos mil veinte, ordenó la apertura de la causa penal 382/2020 y señaló las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos de la misma fecha para que tuviera verificativo la audiencia de solicitud de orden de aprehensión en contra del aquí quejoso y otros, a quienes se les atribuía el hecho que la ley califica como delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción II; párrafo segundo, del Código Penal Federal, con la agravante de pandilla prevista en el artículo 164 bis del Código Punitivo Federal, relacionado con la carpeta de investigación FED/GRO/ACAP/0001152/2020. En la hora y fecha indicadas el juez responsable libró orden de aprehensión en contra de Héctor Guillermo Monago Preciado, Brumell Ricardo Rodríguez Borbor, Santiago Paz Torres, Jairo Camacho Micolta, Emerson Abian Páez Sánchez, Fabián Ortiz Miramontes y Martín Ordaz Martínez (aquí quejoso), por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción II; párrafo primero, del Código Penal Federal, con la agravante en pandilla prevista en el artículo 164 bis del Código Punitivo Federal. Ahora bien, conviene precisar que la implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad. Razón por la cual, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de una orden de aprehensión, porción normativa que ya no exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a los antecedentes y datos expuestos por el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión y los que fueron ponderados por el Juez responsable, en razón de que el Ministerio Público puede solicitar el libramiento de la orden de aprehensión del imputado, por cualquier medio que garantice su autenticidad, en el que expondrá ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión y, en el caso, esto último fue mediante audiencia privada. Así, tenemos que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, señala: "Artículo. 16. (.) (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." Por su parte, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que se considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." Luego, de la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos, se advierte que para emitir una orden de aprehensión se debe cumplir con los requisitos siguientes: Que sea librada por autoridad judicial competente. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que el ilícito se encuentre sancionado con pena privativa de la libertad; Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; La necesidad de cautela. El grado de ejecución del hecho, forma de intervención y naturaleza de la conducta (dolosa o culposa). Exigencias que en la resolución reclamada se advierten colmadas. Es así, pues el requisito señalado en el inciso a), se satisface plenamente, en la medida en que el mandato de captura de seis de noviembre de dos mil veinte emana del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, en su carácter de juez de control. Asimismo, su competencia se surte en términos de los artículos 20, fracción II, 141, 142, 143 y 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los Acuerdos 36/2014 y 32/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el hecho punible es del orden federal y se cometió en el territorio que comprende el Estado de Guerrero. Continuando con el análisis del acto combatido acorde con los lineamientos reseñados, el requisito señalado en el inciso b) también se encuentra satisfecho, dado que al mandato de captura reclamado precede la denuncia que ante la autoridad ministerial realizaron los elementos de la Marina Rogelio Iván García Maldonado, José Antonio Morales Camarena y Martín Carlos Cardiel Landa, integrantes del buque Usumacinta, mediante informe policial homologado de catorce de octubre de dos mil veinte, en el sentido de que a las dieciocho horas del nueve de octubre del año pasado, al navegar en aguas nacionales, recibieron un primer reporte de la aeronave AMX-1120 de la Armada de México, en el que les señalaron que habían avistado unos bultos flotando en el mar en situación geográfica latitud 13º06´Norte y longitud 99º10´Oeste, a ciento ochenta y tres millas náuticas de la costa más cercana entre las costas de Oaxaca y Guerrero, que el doce de octubre de dos mil veinte al atender el reporte localizaron un total de noventa y cinco bultos negros y tres bidones envueltos en una bolsa de plástico que ayudaba a flotar a los paquetes, que abrieron un bulto que tenía paquetes confeccionados en cinta canela y al aperturar uno observaron que contenía polvo blanco, con la sustancia de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron puestos a disposición de la fiscalía, asimismo que el nueve de octubre de dos mil veinte la patrulla Costera Mitla localizó una embarcación con siete personas a bordo, cuatro eran extranjeros mismos que fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración por no tener un estancia legal en el país y los tres mexicanos fueron puestos en libertad mientras que la embarcación fue puesta a disposición de la capitanía de puertos, iniciándose con ello la carpeta de investigación FED/GRO/ACAP/0001152/2020. Asimismo, se cumple el requisito señalado en el inciso c), pues el hecho que se atribuye al aquí quejoso, se encuentra tipificado como delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, el cual se sanciona con pena privativa de libertad de conformidad con el artículo 194, fracción II, párrafo primero, del Código Penal Federal, con la agravante en pandilla prevista en el artículo 164 bis del mismo ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: (.) II. Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito. Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el presente artículo; (.)." "Artículo 164 bis. Cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta una mitad más de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos. Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito. Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policiaca, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes de las penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se le impondrá además, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro." Por lo que se refiere al requisito señalado en el inciso d), consistente en que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión se encuentra acreditado, pues en la carpeta de investigación obran los siguientes datos de prueba: 1. Informe policial homologado de catorce de octubre de dos mil veinte, signado por los elementos de Marina Rogelio Iván García Maldonado, José Antonio Morales Camarena y Martín Carlos Cardiel Landa, integrantes del buque Usumacinta. 2. Entrevistas de catorce de octubre de dos mil veinte, practicadas por la Agente del Ministerio Público de la Federación Ana Leslie Fernández Esquivel, a los elementos de la Marina Rogelio Iván García Maldonado, José Antonio Morales Camarena y Martín Carlos Cardiel Landa, donde reiteran las circunstancias por las cuales fueron localizados los paquetes. 3. Inspección ocular de quince y dieciséis de octubre de dos mil veinte, practicada por el Policía Federal Ministerial Isaí Linares Trejo, quien señaló que eran noventa y cinco bultos, de los cuales noventa y tres contienen veinte paquetes, otro contiene veintidós paquetes y el restante cuenta con dieciocho paquetes todos confeccionados en cinta canela, haciendo un total de mil novecientos paquetes. 4. Dictamen en materia de química suscrito por el perito Trinidad Salazar Aguilar, quien señaló que la sustancia asegurada resultó ser clorhidrato de cocaína con un peso de mil novecientos cinco kilos, seiscientos setenta y cinco gramos. 5. Informe de once de octubre de dos mil veinte, por parte de la capitanía de puerto, suscrito por los elementos de la Secretaría de Marina Rogelio Garfias Guzmán y Carlos Eduardo Adame, en el que señalaron que aproximadamente a las nueve horas del nueve de octubre pasado, al estar patrullando a bordo de la patrulla costera ARM Mitla recibieron una llamada de auxilio en la situación geográfica en la latitud 13º06´-99º 10´Oeste, por lo que a las doce horas con treinta minutos localizaron una embarcación menor al pairo en la que estaban cuatro extranjeros y tres mexicanos (entre ellos el quejoso) quienes no contaban con documentación que acreditara la propiedad de la lancha, permiso de pesca, ni artes de pesca, equipo de comunicación, seguridad, no contaban con matricula ni empadronamiento, por lo que al estar en calidad de náufragos fueron trasladados a esta ciudad, posteriormente los extranjeros fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración y los mexicanos fueron puestos en libertad. 6. Entrevista practicada el treinta de octubre de dos mil veinte por la Agente del Ministerio Público de la Federación Ana Leslie Fernández Esquivel, al elemento de la Secretaria de Marina Rogelio Garfias Guzmán. 7. Entrevista practicada el treinta de octubre de dos mil veinte por la Agente del Ministerio Público de la Federación Ana Leslie Fernández Esquivel, al elemento de la Secretaria de Marina Carlos Eduardo Adame. 8. Oficio 926/2020 de veinte de octubre del año pasado, por el cual el capitán de altura puso a disposición del Ministerio Público la embarcación. 9. Inspección de veinticuatro de octubre de dos mil vente practicada por el elemento de la Policía Federal Ministerial, Isaí Linares Trejo a la embarcación. 10. Dictamen en materia de criminalística de campo con número de folio 4457 de veinticinco de octubre de dos mil veinte, practicado por el perito Aarón Campos Pineda a la embarcación. 11. Dictamen en materia de fotografía con número de folio 5446 de veinticuatro de octubre de dos mil veinte, suscrito por Jaqueline Aguilar Rendón a la embarcación. 12. Oficio 1858/2020 de diecinueve de octubre del año pasado, suscrito por el Comandante de la Octava Región Naval por el que proporcionó tres fotografías de la embarcación, un video de recuperación de los veinticinco bultos, cuatro videos del avistamiento de una embarcación con siete personas con bultos negros, y diecinueve fotografías de las siete personas localizadas en la embarcación cuando llegaron al puerto de Acapulco, videos que fueron tomados el siete del mismo mes por la aeronave Persuader ANX 1122 y el avión ANX 1193 operados por Emilio González Delgado y Miguel Echevarría Valdez. 13. Declaración realizada por Emilio González Delgado, ante la Agente del Ministerio Público de la Federación Blanca Mireya Robles Navarrete. Luego, los elementos del hecho que la ley considera como delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, precisó se acreditaba dado que de los elementos de prueba quedaba de manifiesto que el doce de octubre de dos mil veinte elementos de la marina a bordo del buque Usumacinta, en la situación geográfica 11º31.5´Norte y longitud 98º localizaron noventa y cinco bultos que contenían en su totalidad mil novecientos paquetes con polvo blanco que resultó ser clorhidrato de cocaína, los cuales fueron puestos a disposición de la fiscalía, asimismo que en la misma situación geográfica la patrulla costera Mitla auxilió una embarcación que estaba al pairo con siete personas a bordo (cuatro extranjeros y tres mexicanos), destacando que uno de ellos portaba un impermeable amarillo, y que de los videos proporcionados por la Octava Región Naval se advertía que se trataba de la misma embarcación que aparecía en los videos ya que se observa el impermeable amarillo que de estos videos también se observa el momento en que dicha embarcación arroja al mar los bultos sin saber porque (es decir si se hizo con la finalidad de que otra embarcación los recogiera o sí tuvieron algún percance y se quedaron sin gasolina a la deriva, evitando así ser descubiertos por las autoridades al momento de ser rescatados), aunado a que es un hecho notorio que parte de esa ruta del pacifico es usada por los traficantes como zona de paso para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo la conducta se consuma ya que se justifica que el narcótico venía de otro país y se introdujo al territorio mexicano dado que tanto éste como los imputados fueron localizados a ciento ochenta y tres millas náuticas de la costa, lo que se considera como territorio mexicano. De los datos de prueba reseñados y valorados en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como lo consideró el juez responsable, se acredita el hecho que la ley considera como delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína. En relación a la agravante prevista en el artículo 164 bis del Código Punitivo Federal, relativa a que el delito se cometa por pandilla, la misma se tiene por demostrada con plenitud, ya que el delito como se advierte fue realizado por siete personas (cuatro extranjeros y tres mexicanos), quienes responden a los nombres de Héctor Guillermo Monago Preciado, Brumell Ricardo Rodríguez Borbor, Santiago Paz Torres, Jairo Camacho Micolta, Emerson Abian Páez Sánchez, Fabián Ortiz Miramontes y Martín Ordaz Martínez (aquí quejoso). En las narradas circunstancias fue correcta la determinación del Juez responsable de tener por demostrado con los datos de prueba relacionados el hecho considerado como delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción II; párrafo primero, del Código Penal Federal, con la agravante en pandilla prevista en el artículo 164 bis del mismo ordenamiento legal; con lo cual se lesionó el bien jurídico protegido por la norma penal que lo es, en el caso que nos ocupa la salud pública en general y de los individuos en particular. Por otro lado, el juez responsable estimó con base en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, la probable participación del aquí quejoso Martín Ordaz Martínez, en el hecho que la ley señala como delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción II; párrafo primero, del Código Penal Federal, con la agravante en pandilla prevista en el artículo 164 bis del mismo ordenamiento legal, principalmente por ser una de las personas que se encontró en la embarcación. En consecuencia, dada la mecánica de cómo sucedieron los hechos se advierte que el quejoso Martín Ordaz Martínez probablemente ha desplegado junto con otros una conducta de hechos señalados por la ley como delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína. Conviene señalar que los datos de prueba mencionados por el juez natural en la resolución reclamada son los únicos que tomó en cuenta el ministerio público para solicitar la orden de captura en contra del aquí quejoso y otros, en términos de lo previsto por el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al requisito señalado en el inciso e) para poder emitir la orden de aprehensión reclamada, el juez responsable precisó que de conformidad con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína amerita prisión preventiva oficiosa, por tanto, existía la presunción razonable de que si se citaba a los investigados en libertad por la consecuencia de la medida cautelar no comparecieran de manera voluntaria, de ahí que resultaba evidente la necesidad de cautela, por haber evidencia de la posibilidad de que los inculpados se evadieran de la acción de la justicia, aunado a que se tenia conocimiento que por lo que hace a los extranjeros éstos iban a ser repatriados a su país de ahí la urgencia de la medida. En atención a lo anterior, el juez responsable a petición de la fiscalía dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso y otros, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción II; párrafo primero, del Código Penal Federal, con la agravante en pandilla prevista en el artículo 164 bis del mismo ordenamiento legal. Por último respecto del requisito precisado en el inciso f), también se encuentra colmado ya que se observa que el juez responsable en la resolución reclamada estableció que en el caso la naturaleza de la conducta fue dolosa de conformidad con el artículo 9, primer párrafo del Código Penal Federal, dado que los investigados conocían el hecho y los alcances de su conducta, asimismo que la forma de intervención de los investigados (entre ellos el quejoso) en el hecho es de coautoría de conformidad con el artículo 13, fracción III de la ley penal federal, y que el grado de ejecución del hecho es instantáneo. Por lo expuesto, como se indicó resulta infundado el concepto de violación consistente en que la orden de aprehensión reclamada vulnera lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, por no estar debidamente fundada ni motivada, en razón de que no existen datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, en el caso el de contra la salud en la modalidad de introducción al país del narcótico denominado clorhidrato de cocaína y que exista la probabilidad de que el quejoso lo cometió o participó en su comisión, pues en criterio de quien ahora resuelve son adecuados los fundamentos y razones que invocó el juez responsable en la orden de captura combatida, en virtud de que así lo evidencian los datos de pruebas integrantes de la carpeta de investigación FED/GRO/ACAP/0001152/2020, a los cuales se refirió en la resolución reclamada. Ello es así porque el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando, como en el caso, se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Así, en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de la orden de aprehensión, se expusieron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que se advierta que corresponda una apreciación diversa a la establecida en el acto reclamado, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para librar una orden de aprehensión, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y que sólo son reseñados por el agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el inculpado participó en su comisión, para justificar la emisión de una orden de aprehensión. Del mismo modo, contrario a lo que alega el quejoso la orden de aprehensión reclama no transgrede en su perjuicio la garantía contemplada en el artículo 14 Constitucional, esto es así porque la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento a las que alude dicho precepto, solo son aplicables para actos privativos y no para actos de molestia, ya que cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, como en el particular acontece, debe tenerse en cuenta el artículo 16 Constitucional, que establece los requisitos que se deben satisfacer para la emisión de un mandamiento de esa naturaleza y que como se indicó en el caso sí se cumplen. Aunado a ello debe decirse que en el nuevo sistema de justicia penal, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar no sólo la emisión de una orden de aprehensión, sino también de citación o de comparecencia. En efecto, una vez que el Ministerio Público recabe los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación, para el caso de que el imputado no se encuentre retenido, solicitará al Juez de control que lo cite para la audiencia inicial, en la cual, conforme a lo dispuesto por el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado será informado de sus derechos constitucionales y legales, y se resolverá sobre la legalidad de su detención -de ser el caso-; se le formulará la imputación, se le dará oportunidad de declarar; asimismo, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Sobre esto último, es importante destacar que hasta antes de la audiencia inicial, no existe precepto constitucional o legal alguno que imponga al Ministerio Público la obligación de citar al imputado para hacerle de su conocimiento sobre el inicio o integración de una investigación efectuada a su persona, ya que ello acontecerá precisamente con motivo de la citación a la diligencia a la que se refiere el invocado artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, para el caso de que el imputado no comparezca a dicha audiencia inicial, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el Juez de control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública, cuya evasión podrá derivar en el dictado de una orden de aprehensión. Así, de la redacción del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales se destacan las dos hipótesis señaladas en líneas precedentes en las que el Juez de control está facultado para librar orden de aprehensión en contra del imputado: a) El primer supuesto deriva de la exposición que haga el Ministerio Público sobre la necesidad de cautela; es decir, que no sea viable ordenar la citación o comparecencia por medio de la fuerza pública del imputado, deduciéndose que ello pende de las características o circunstancias del hecho punible o del imputado. b) El segundo supuesto deriva de la resistencia o evasión de la orden de comparecencia judicial, siempre que el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. Esto es, cuando a pesar de haberse ordenado la comparecencia del imputado a través de la fuerza pública, el Juez de control determine que se ha evadido o resistido a dicho mandamiento, entonces podrá girar orden de aprehensión. Y en el caso, como se advirtió se actualizó el primer supuesto, al haberse justificado que existía necesidad de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que el quejoso se evada a la acción de la justicia, de ahí que resultaba innecesario la existencia de cita previa u orden de comparecencia, lo que no contraviene los principios de oralidad e inmediación que rigen el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral. En consecuencia al no haberse desvirtuado la eficacia de los medios de prueba habidos en la causa penal 382/2020 y al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso Martín Ordaz Martínez, lo procedente es negarle el amparo y protección que de la Justicia de la Unión solicitó. Dicha negativa se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nayarit, con domicilio en Tepic, y al Agente del Ministerio Público Federal Encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B" de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Martín Ordaz Martínez, por los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta sentencia, en términos de lo expuesto en el último de sus considerandos. Notifíquese personalmente. LO QUE SE NOTIFICA CONFORME A LO ORDENADO POR AUTO DE SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto, téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, a través del cual informa que archivo de manera definitiva el juicio de amparo 657/2020-IV de su índice, de lo que queda enterado este juzgado federal. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio enviado vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto número 128/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, que fue enviado para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, notificara al quejoso Martín Ordaz Martínez el proveído de veintitrés de marzo pasado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado, sin que haya lugar a acusar el recibo de estilo correspondiente por no haberse solicitado. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad. Notifíquese.

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