Martín Parral Avelino

Expediente 900/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
900/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/01/2019

Partes del expediente

  • Martín Parral Avelino

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  2. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 900/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Martín Parral Avelino, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "Consiste en la inactividad procesal de los juicios laborales naturales números 01311/2016 (principal) y 00253/2018 (acumulado), en virtud de que hasta la fecha, la autoridad responsable no ha tomado la mayor economía, concentración y sencillez, en ambos juicios laborales naturales, en no dar pronta tramitación a los mismos, es decir: a) Por cuanto hace al expediente principal laboral número 01311/2016, a la fecha no ha desahogado en su plenitud la audiencia bifásica en su totalidad en razón de que hasta la fecha ha omitido en notificar y emplazar a juicios a los terceros llamados a juicio INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, como esta ordenado en autos del natural principal. b) y por cuanto hace al diverso expediente laboral número 00253/2018 acumulado al principal, a la fecha ha omitido notificar y emplazar a juicios a todos los demandados COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A DE C.V.; LA FUENTE DE TRABAJO DE NOMINADA COMETRA.; COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V.; COMETRA SEGURIDAD PRIVADA, S.A DE C.V.; SANTIAGO GARZA BORDE; RICARDO RODRÍGUEZ TELLO; JUAN RODRIGUEZ SUAREZ HERRERA; LA PERSONA FISICA O MORAL QUE RESULTE SER PROPIETARIA O RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, con domicilio ubicado en CALLE ANDRÉS DE URDANETA NÚMERO 35, FRACCIONAMIENTO HORNOS, DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derecho violado el contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo la cual quedo registrada bajo el número 900/2018, se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto omisivo dentro de un juicio laboral que se considera de imposible reparación, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso Martín Parral Avelino, como actor en el juicio laboral número 1311/2016 y su acumulado 253/2018, comparece en esta vía de reparación constitucional, básicamente para reclamar de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad: a) La falta de emplazamiento al juicio laboral número 1311/2016, de los terceros llamados a juicio Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. b) La falta de emplazamiento al juicio laboral número 253/2018, de los demandados Compañía Mexicana de Traslado de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable; la fuente de trabajo denominada Cometra; Cometra Servicios Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable; Cometra Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable; Santiago Garza Borde; Ricardo Rodríguez Tello; Juan Rodríguez Suárez Herrera; y la persona física o moral que resulte ser propietaria o responsable de la fuente de trabajo ubicada en calle Andrés de Urdaneta número 35, fraccionamiento Hornos, de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero. Lo que afirma, constituye una lesión a su derecho constitucional de expeditez en la impartición de justicia, contenido en el artículo 17 Constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado por medio de su Presidenta aceptó los actos que se le atribuyen. Certeza, que se corrobora, con las actuaciones del juicio laboral 1311/2016 y su acumulado 253/2018, que adjuntó como apoyo a su informe con justificación y como complemento del mismo; a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Una vez verificada la certeza de los actos reclamados, en acatamiento a la técnica que rige en el juicio de amparo respecto del estudio preferente y oficioso de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tenemos que por lo que respecta a la falta de emplazamiento al juicio laboral número 1311/2016, de los terceros llamados a juicio Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mientras que de su acumulado número 253/2018 de los demandados Compañía Mexicana de Traslado de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable; la fuente de trabajo denominada Cometra; Cometra Servicios Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable; Cometra Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable; Juan Rodríguez Suárez Herrera; y la persona física o moral que resulte ser propietaria o responsable de la fuente de trabajo ubicada en calle Andrés de Urdaneta número 35, fraccionamiento Hornos, de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Luego, si el acto reclamado consiste en la falta de emplazamiento al juicio laboral 1311/2016 de los mencionados terceros llamados a juicio, mientras que de su acumulado 253/2018 de los demandados de referencia y mediante diligencias de catorce y nueve de noviembre pasado, la Actuaria adscrita a la Junta responsable, llevo a cabo su emplazamiento, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la parte quejosa quedó en una situación idéntica a la que habría existido, como si la omisión no hubiera existido, lo que imposibilita su examen constitucional, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo su efecto sería vincular a la responsable que respetara el acceso a la jurisdicción, materializada en las diligencias de emplazamiento, lo que ya realizó espontáneamente, lo que pone de manifiesto que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia. Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del mismo modo, respecto a la falta de emplazamiento de los demandados Santiago Garza Borde y Ricardo Rodríguez Tello en el juicio laboral 253/2018 acumulado al 1311/2016, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II, ambos de la ley de la materia, cuya literalidad establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija. (.)." Ahora bien, el quejoso señala en su concepto de violación que la junta responsable vulnera en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con motivo de la falta de emplazamiento de los demandados Santiago Garza Borde y Ricardo Rodríguez Tello en el juicio laboral 253/2018 acumulado al 1311/2016, lo que refiere impide la tramitación y resolución de dichos asuntos que promovió. Así, partiendo de la consideración de que en el caso se reclama un acto omisivo, y por tanto la prueba de su inexistencia corresponde a la autoridad responsable, procede ahora efectuar un análisis de las constancias que la junta responsable remitió con su informe con justificación y su diverso oficio 6989, las cuales fueron valoradas en el considerando que antecede, de las que se obtiene: 1. Mediante razón actuarial de ocho de noviembre del año en curso, la Actuaria adscrita a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje hizo constar, entre otras cosas, su imposibilidad para emplazar a los demandados Santiago Garza Borde y Ricardo Rodríguez Tello, dando cuenta a la junta responsable para los efectos a que hubiera lugar. 2. En acuerdo de veinte de noviembre siguiente la junta responsable dio vista al actor, aquí quejoso con lo asentado por la Actuaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, ante su falta de interés jurídico se tendría por no interpuesta su acción principal en contra de los mencionados demandados, proveído que le fue notificado el veinticinco del mismo mes. En ese orden de ideas, si se toman en consideración los antecedentes narrados con antelación, tenemos que la autoridad responsable ha dictado y realizado las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de los demandados Santiago Garza Borde y Ricardo Rodríguez Tello en el juicio laboral 253/2018 acumulado al 1311/2016, pues como se advierte de las constancias sujetas a examen, la junta responsable en acuerdo de veinte de noviembre del año en curso requirió al actor, aquí quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la imposibilidad que tuvo la Actuaria de su adscripción para emplazar a los citados demandados, proveído que le fue notificado el veinticinco de noviembre pasado; por lo que ahora la inactividad reclamada no puede ser atribuible al órgano laboral, sino que dependerá de la conducta que sobre el particular tome el propio quejoso. En ese sentido, como el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, y se considera que aún en el supuesto de emitirse una sentencia favorable al aquí disconforme por la violación en que la referida Junta pudiera haber incurrido respecto del derecho de expeditez en la administración de justicia en el citado expediente 253/2018 acumulado al 1311/2016, en forma alguna restablecería a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos individuales tal y como lo establece el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, ya que la omisión reclamada por el quejoso dejó de ser una conducta omisiva de la junta responsable, puesto que ésta dictó las medidas necesarias y ahora la continuación del asunto depende de que el quejoso desahogue el requerimiento formulado en acuerdo de veinte de noviembre pasado o manifieste su imposibilidad para hacerlo; lo que pone de manifiesto que en el caso opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el mencionado artículo 77, fracción II, con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la ley de la materia, ya que ante tales circunstancias a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal si como se indicó el emplazamiento de los citados demandados y como consecuencia la continuación en la tramitación de los expedientes acumulados ahora depende del propio quejoso. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Bajo ese contexto, al sobrevenir de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, esta última relacionada con el artículo 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma ley de la materia. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 900/2018, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad oficiante no remitió la totalidad de las constancias que constituyen los actos reclamados; por tanto, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, siguientes al en que le surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada del acuerdo recaído a la razón actuarial de ocho de noviembre actual, por el cual la actuaria de su adscripción, manifestó su imposibilidad, para notificar a los demandados Santiago Garza Borde y Ricardo Rodríguez Tello, así como de la notificación realizada al quejoso de dicho proveído, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. En el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con el artículo 259, en relación con el diverso 237, fracción I, de la Ley de Amparo; con independencia de aquélla que prevé el arábigo 260, fracción II, de la citada legislación.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Martín Parral Avelino, por su propio derecho, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco de Juárez, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 900/2018, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS Igualmente, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. NOTIFICACIÓN A LOS TERCEROS INTERESADOS Sin que haya lugar a tener como terceros interesados a las personas que menciona en su escrito de demanda, tomando en consideración que en la tesis de jurisprudencia 1ª./J.90/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página: 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO."; se determina que le reviste el carácter de tercero interesado a la contraparte del quejoso cuando el acto impugnado provenga de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, y en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8 y 17 de la Constitución Federal, específicamente por: a) la falta de acuerdo a una promoción y b) la omisión de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; y en el caso, el acto reclamado no se ubica en alguno de estos supuestos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; y dada la naturaleza del juicio por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que designa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.

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