Martin Ramon Aguilera Mendoza

Expediente 511/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
511/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Martin Ramon Aguilera Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese el oficio de la Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de lo que refiere, de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el numeral 86 de la Ley de la materia, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversos legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 511/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 511/2021, promovido por ..., contra actos de la Sexta Sala y Juez Quincuagésimo Quinto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El primero de julio de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por razón de turno, el suscrito admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió informes justificados, señaló parte tercera interesada, quien fue emplazada, y se señaló hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe de ley; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza civil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es: La resolución emitida el cuatro de junio de dos mil veintiuno, en el toca 721/2020 por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la interlocutoria de tres de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación de sentencia cuantificación de intereses ordinarios y moratorios, derivado del juicio especial hipotecario 871/2015 por el Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, donde condenó a la parte quejosa a pagar $4,056,758.37 (cuatro millones cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho pesos 37/100 moneda nacional); y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable como sustento de su informe justificado: 1. El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva condenatoria en el juicio especial hipotecario de origen; determinación que se confirmó en apelación. Sus puntos resolutivos fueron: "RESUELVE PRIMERO.- Ha sido procedente la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA en donde la parte actora probó los hechos constitutivos de su acción; y la parte demandada no acreditó sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del crédito en virtud del incumplimiento de las obligaciones contraídas por el demandado, de conformidad con lo pactado en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del mismo contrato. TERCERO.- Se condena a la parte demandada ..., al pago de la cantidad de 159,152.67 UDIS (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PUNTO SESENTA Y SIETE UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto de suerte principal, en la inteligencia de que dicho importe quedará sujeto a actualización en el incidente respectivo que se tramitará en ejecución de sentencia. CUARTO.- Se condena a la parte demandada al pago de los INTERESES ORDINARIOS los cuales deberán calcularse, según lo pactado por las partes en la CLÁUSULA SEXTA del contrato base de la acción, cuyo cómputo deberá efectuarse a partir del momento en que la parte demandada incurrió en mora y hasta el pago finiquito del adeudo, lo que se cuantificará en ejecución de sentencia. QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago de los INTERESES MORATORIOS, los cuales deberán calcularse, según lo pactado por las partes en la CLÁUSULA OCTAVA del contrato base de la acción, cuyo cómputo deberá efectuarse a partir del momento en que la parte demandada incurrió en mora y hasta el pago finiquito del adeudo, lo que se cuantificará en ejecución de sentencia. SEXTO.- Se declara que para el caso de no efectuarse el pago de los conceptos mencionados se procederá al trance y remate del bien inmueble dado en garantía y con su producto se haga pago a la actora de todas y cada una de las prestaciones que se reclaman en el presente juicio. SÉPTIMO.- Se condena a la parte demandada al pago de las costas causadas en esta instancia. OCTAVO.- NOTIFÍQUESE [.]" 2. El veintidós de enero de dos mil veinte, la actora planteó incidente de liquidación de sentencia y cuantificación de intereses ordinarios y moratorios por $4'056,758.37 (cuatro millones cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho pesos 37/100 moneda nacional). 3. Admitida dicha incidencia y seguido su trámite, el tres de marzo de dos mil veinte, se resolvió fundado y se aprobó la planilla exhibida por la cantidad reclamada, respecto del periodo del uno de noviembre de dos mil ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 4. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala responsable, y el veintiséis de octubre de dos mil veinte, confirmó la interlocutoria impugnada. 5. En desacuerdo, el accionante promovió juicio de amparo indirecto, del cual conoció el suscrito con el número 682/2020, en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal. 6. En cumplimiento al fallo protector, la sala responsable dictó la resolución de cuatro de junio de dos mil veintiuno, la cual determinó lo siguiente: "Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.- Se deja insubsistente la sentencia dictada en el presente toca, de veintiséis de octubre de dos mil veinte. SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia interlocutoria de fecha tres de marzo de dos mil veinte. TERCERO.- No se hace especial condena en costas. CUARTO.- En cumplimiento al Reglamento de Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se hace saber a las partes que una vez concluido el juicio, éste toca se destruirá, por lo que en su caso y de ser procedente deberán recoger los documentos exhibidos antes esta Sala en un término no mayor de Seis Meses contados a partir de la notificación de este proveído. QUINTO.- Notifíquese y comuníquese al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cumplimiento que se ha dado a la sentencia pronunciada en el juicio de amparo indirecto 682/2020. SEXTO.- Con testimonio de la presente resolución, hágase del conocimiento de A quo y en su oportunidad archívesele el toca como asunto concluido." Esa determinación y su ejecución constituyen los actos reclamados. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso sostiene que la sentencia reclamada vulnera los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo siguiente: a) Se valoraron incorrectamente las pruebas ofrecidas por las partes, pues la tercera interesada presentó su liquidación de sentencia por el periodo comprendido del primero de noviembre de dos mil ocho, al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, y exhibió una copia simple del Diario Oficial de la Federación, de veinticuatro de enero de dos mil veinte, y no de veintinueve de ese mes y año, como lo refirió en su escrito inicial, la cual no es prueba plena. La Ad quem suplió la queja pues determinó que esa probanza no incidía en lo resuelto por el juez natural, al constituir un hecho notorio por aparecer en páginas electrónicas oficiales. b) La liquidación de la sentencia debió calcularse año con año, y no solamente con el valor correspondiente al último día del periodo respectivo, y al no haberse efectuado de esa forma, es incongruente y conlleva a un resultado erróneo. c) Incorrectamente se cuantificaron ciento treinta y tres meses, cuando transcurrieron ciento treinta y cuatro, lo cual conlleva un resultado erróneo en la liquidación. Los motivos de disenso a) y c) son infundados y b) es inoperante. Entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad. En torno al principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Para respetar el derecho constitucional de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar los preceptos legales que servirán de sustento a la determinación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión. Con relación a los motivos de disenso a) y b), donde se alegan aspectos relacionados con los cálculos de la planilla de liquidación, es importante precisar que para las autoridades constituye una obligación, el verificar que los datos contenidos en la planilla se ajusten a lo resuelto en el juicio. El derecho fundamental a la ejecución previene a favor de quien se decretó una condena no liquida, la garantía de reclamar la satisfacción de las obligaciones sentenciadas, previa cuantificación en los casos donde se dejó para la ejecución tal actividad, conjuntamente con la intervención de la parte contraria para componer esa litis, y permitir al juez resolver. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la intervención conferida a la condenada, conlleva la carga procesal de controvertir en tiempo la liquidación que presente su contraparte; empero, la falta de objeción no da lugar a aprobar la liquidación presentada por el actor. Consideró que los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, para perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Conforme a ello, adujo que el Juez, como director del proceso, es a quien corresponde precisarla, esto es, el juzgador no está impedido para examinar oficiosamente que la planilla de liquidación presentada por la parte que obtuvo se ajuste a la condena decretada, en cuanto a la congruencia con la ejecución y los términos de la sentencia definitiva que constituyó el derecho a condenar por cuanto hace a la obligación que se demanda ejecutar. Lo anterior, al margen de la falta de oposición del perjudicado, pues aun ante una eventual conducta omisiva no puede suplir las condiciones formales y sustantivas de que requiere la atención de la pretensión formulada en la planilla, para constituirse como coadyuvante, sino como órgano regulador. Conforme a tales premisas, no es adecuado aprobar automáticamente los conceptos demandados, sin el previo análisis de su procedencia, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente las bases que para ese fin se desprendan del fallo principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 35/97, de la Novena Época, en Materia Civil, de rubro: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA." Como se ve, la revisión oficiosa de la planilla de liquidación, impone al juzgador la obligación de, previo a su aprobación, constatar que se ajuste a lo decidido en sentencia, porque debe esa facultad en realidad es una obligación frente al proceso en general, ejecutada una condición sustantiva de la regularidad y congruencia entre lo sentenciado y el proceso incidental instado. Ahora bien, en el caso la sentencia definitiva condenó a la parte demandada al pago de un número determinado de unidades de inversión, las cuales tienen un valor en moneda nacional que actualiza el Banco de México, en atención a factores inflacionarios. Se cita al respecto, en su parte conducente, la tesis I.12o.C.144 C (10a.), de la Décima Época, del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "UNIDADES DE INVERSIÓN. SI EN UN JUICIO SE RECLAMA EL PAGO DE CIERTO NÚMERO DE ÉSTAS, EN REALIDAD SE TRATA DE UNA CANTIDAD LÍQUIDA PORQUE BASTA CON ACTUALIZARLA PARA DETERMINAR SU VALOR EN PESOS. Las unidades de inversión (UDIS) son una unidad de cuenta cuyo objetivo es actualizar la cantidad a pagar en moneda nacional, según el ritmo de la inflación. Por tanto, siempre tienen un valor en moneda nacional que actualiza el Banco de México, en atención a factores inflacionarios. Así, la unidad de mérito surgió como una forma de actualizar el valor pecuniario de las obligaciones y su valor siempre puede ser expresado en moneda nacional, por lo cual, si en un juicio se reclama el pago de cierto número de unidades, en realidad se trata de una cantidad líquida porque basta con actualizarla para determinar su valor en pesos. El 1 de abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta", en el que se establecieron obligaciones denominadas unidades de inversión, cuyo artículo segundo transitorio indica que las obligaciones previstas en esas unidades se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional y que, para ello, debe multiplicarse el monto de la obligación expresado en las unidades por el valor de éstas al día en que se efectúe el pago." Esto es, contrario a lo alegado por la quejosa, la verificación del valor correspondiente a la unidad de inversión, efectuada por la autoridad responsable, no constituye una suplencia a favor de su contraparte, sino el cumplimiento de una obligación de constatar que la liquidación de sentencia sea congruente con lo establecido en dicho fallo, y la revisión oficiosa a la página oficial la forma idónea para constatar la base gravable sobre la cual debe cuantificar las cantidades. Con tales elementos la Sala responsable adujo que el valor de la unidad de inversión constituye un hecho notorio, y al verificarlo al día veintinueve de enero de dos mil veinte, advirtió que era el equivalente a 6.438072, lo cual sirvió para determinar el monto de $1'024,636.34 (un millón veinticuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 34/100 moneda nacional). Ese aspecto coincide con lo determinado en la sentencia definitiva, que en su resolutivo tercero, condenó a la quejosa a pagar 159,152.67 UDIS (ciento cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y dos punto sesenta y siete unidades de inversión), multiplicados por su valor al día veintinueve de enero de dos mil veinte, fecha en que se presentó el incidente de liquidación de sentencia y cuantificación de intereses ordinarios y moratorios. Con relación al número de meses transcurridos entre el primero de noviembre de dos mil ocho y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, es cierto que son ciento treinta y cuatro, y no ciento treinta y tres, como lo refirió la parte tercera interesada en su planilla de liquidación, empero aun ante esa medida temporal el acto reclamado no deja de acusar regularidad con el proceso. Para la cuantificación del interés ordinario anual, explicó el procedimiento para su obtención, porque expuso que multiplicó $1'024,636.34 (un millón veinticuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 34/100 moneda nacional), por la tasa fijada de 10.68%, del resultado obtenido dividió entre 100, dando como resultado final $109,431.16 (ciento nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos 16/100 moneda nacional). Posteriormente determinó el interés mensual, y para obtenerlo dividió el monto anual anterior por doce, que es la cantidad de meses que tiene el año, dando como resultado $9,119.11 (nueve mil ciento diecinueve pesos 11/100 moneda nacional). Después de tener la cantidad de interés mensual, se multiplicó por ciento treinta y tres meses que habían transcurrido al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, dando un total de $1,212,841.63 (un millón doscientos doce mil ochocientos cuarenta y un pesos 63/100 moneda nacional). Por otro lado, para obtener el interés moratorio anual, multiplicó $1'024,636.34 (un millón veinticuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 34/100 moneda nacional) por la tasa fijada de 16.02%, del resultado obtenido se dividió por 100, dando como resultado final $164,146.74 (ciento sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis pesos 74/100 moneda nacional). Después determinó el interés mensual, que obtuvo al dividir el monto anual anterior por doce que es la cantidad de meses que tiene el año, dando como resultado $13,678.89 (trece mil seiscientos setenta y ocho pesos 89/100 moneda nacional). Y la cantidad de interés mensual lo multiplicó por ciento treinta y tres meses que han transcurrido al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, dando un total de $1'819,292.37 (un millón ochocientos diecinueve mil doscientos noventa y dos pesos 37/100 moneda nacional). Finalmente, con los resultados de los intereses ordinarios y moratorios se sumaron para obtener el resultado final equivalente a $4'056,758.36 (cuatro millones cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional). Como se advierte, las operaciones fueron efectuadas conforme al plazo de ciento treinta y tres meses, que es menor al realmente transcurrido, y por ello no se considera una alteración que afecte lo decidido en la sentencia definitiva; incluso dicha circunstancia puede considerarse en beneficio para la quejosa, al no reclamarle el monto que correspondería al último mes transcurrido. Lo anterior tiene su fundamento en el principio de congruencia previsto por el numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. El mencionado principio, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico jurídicos de su decisión. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia con número de registro 195706, Materia(s): Administrativa, Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Tesis: I.1o.A. J/9, Página: 764. "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." De ahí lo infundado del motivo de disenso. Con relación al concepto de violación b) donde afirma que para el cálculo de las cantidades adeudadas, debió efectuarse la liquidación año con año, es inoperante. Lo anterior es así, pues en la sentencia definitiva se precisó que los montos relativos a la suerte principal, así como intereses ordinarios y moratorios, quedaban supeditados a su cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia, pero sin establecer que su actualización debía efectuarse año con año, como lo sugiere la quejosa, por ende, la ejecución de esas condenas quedaba sujeta a las condiciones propias de la obligación. Lo cual se justifica porque la cuantificación de una condena no puede modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e incorrecto, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general. Apoya lo anterior la jurisprudencia, número I.11o.C. J/10, aprobada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2381, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio." Lo anterior es así, pues la sentencia definitiva constituye cosa juzgada, que es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Dicho postulado ha sido previsto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 85/2008, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En esas condiciones, es inoperante el concepto de violación en el que pretende incorporar un aspecto que no fue parte de lo decidido en la sentencia definitiva, que es cosa juzgada y no puede ser modificada. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/58, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado e inoperante de los motivos de disenso, lo procedente es negar el amparo y protección solicitada. Negativa que se hace extensiva al reclamo atribuido al Juez responsable, pues no se reclama por vicios propios. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia II.1o.J/12, de la Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, tomo 82, Octubre de 1994, consultable en la página 41, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos de la Sexta Sala y Juez Quincuagésimo Quinto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy siete de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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