Martín Orozco Barrios

Expediente 853/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
853/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Martín Orozco Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL DOS DE ENERO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 853/2022, promovido por..., por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala y Juez Cuadragésimo Primero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. El once de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo de la Justicia Federal, contra actos que consideró contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 14 y 16. Segundo. Admisión. Previo desahogo de prevención, desechamiento parcial, el uno de septiembre posterior, se admitió la demanda; se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; se requirieron informes justificados; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley, la Agente del Ministerio Público adscrito no intervino, se emplazó a la parte tercera interesada y la audiencia constitucional tuvo lugar acorde al acta que antecede; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido en un juzgado del orden común, dentro de la jurisdicción donde este juzgador ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: ? La sentencia emitida el trece de julio de dos mil veintidós, en el toca . por la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, que confirmó el proveído dictado en el expediente . el cuatro de marzo previo por el Juez Cuadragésimo Primero de la propia especialidad y residencia, que acordó desfavorable la solicitud de aclarar la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil catorce, correspondiente al toca ... ? La ejecución de dicha resolución. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; y se corrobora con las documentales certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2º. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, Página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, se dictó la sentencia correspondiente al toca ., para resolver el recurso de apelación planteado por la parte actora contra la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil catorce, emitida por el Juez Vigésimo Sexto Civil del entonces Distrito Federal, en el juicio ordinario civil ., seguido por ., contra ... II. El dos de febrero de dos mil veintidós, el quejoso solicitó: "se corrija la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, bajo el Toca ." Dicha pieza se mandó aclarar por auto de nueve de febrero posterior, en cuanto a la personalidad con la cual se ostentó el solicitante. III. En su atención, el promovente aclaró que promovía en calidad de apoderado de la parte actora; dicha pieza se recogió en la siguiente determinación: "Ciudad de México, a cuatro de marzo del dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito presentado por el apoderado legal de la parte actora vistas las manifestaciones que hace valer se le tiene aclarando la personalidad con la que se ostenta, en la forma y términos que lo hace. Respecto a lo demás solicitado dígasele al promovente que no es procedente proveer toda vez que ha fenecido con demasía el término concedido por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para aclarar la misma, por lo que deberá estarse a constancias de autos, además que dicha sentencia fue dictada por la Alzada." IV. Contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación, que fue fallado el trece de julio de dos mil veintidós en el toca . por la Sala responsable, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO.- Resulta INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la parte ACTORA. SEGUNDO.- Se CONFIRMA el proveído de fecha CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS dictado por la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO." Esta última decisión y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Conceptos de violación. El acto reclamado contraviene las garantías de audiencia y legalidad tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 81, 82 y 402 del Código de Procedimientos Civiles local, por no reconocer las facultades conferidas al quejoso en el instrumento . otorgado por el Notario Público veintinueve del Estado de México, fechado el seis de diciembre de dos mil once. La autoridad dejó de considerar que se cumplieron con los fines de la representación, previstas en el documento, y que a partir de esos hechos se faculta a realizar actos jurídicos posteriores en nombre de su mandante, porque es un medio para cumplir con un fin, otorgado con anterioridad. Los conceptos de violación son inoperantes, como se verá a continuación, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder a temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.1" En la especie, los conceptos de violación se califican como inoperantes porque los argumentos que en éstos se desarrollan no confrontan directamente lo resuelto por la responsable, sino que se limitan, medularmente, a sostener que la representación legal implica la transmisión de derechos litigiosos, así como suponer que los derechos procesales no precluyen. Ello es así, porque las razones que informan la decisión de la autoridad quedan incólumes frente a las manifestaciones que se hacen como concepto de violación, siendo esto una carga que le corresponde a la quejosa para estar en condiciones de determinar la regularidad constitucional del pronunciamiento combatido. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, en la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de registro: 159947, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución cuestionada." En efecto, los argumentos debían encaminarse a cuestionar o combatir frontalmente aquello que la Sala dio como razones para emitir su fallo, pues al respecto sostuvo: - La pretensión de la parte actora consiste en aclarar la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil catorce, correspondiente al toca ., que es improcedente. - Ha fenecido el plazo concedido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles local, para pedir la aclaración. - Las autoridades judiciales no pueden variar sus resoluciones una vez emitidas, pero sí aclarar algún concepto o suplir una omisión que las primeras contengan sobre el punto discutido, o bien, los segundos cuando sean obscuros o imprecisos, sin alterar su esencia. - Dichas aclaraciones podrán hacerse dentro del tercer día hábil siguiente al de la publicación de la resolución correspondiente, o a instancia de parte presentada dentro del término del tercer día siguiente al de la notificación, para que la autoridad resuelva dentro del tercer día hábil siguiente de la solicitud. - La petición presentada se exhibió el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, respecto de la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil catorce, por lo cual es improcedente porque ha transcurrido en exceso el término que la ley concede. - La calidad de apoderado de la parte actora se ha reconocido al promovente, incluso en el proveído recurrido. - En cuanto a la calidad de cesionario que se pide reconocer, la sentencia susceptible de aclarar fue declarada insubsistente con motivo del amparo ... - Respecto del instrumento notarial ., únicamente se acredita que es apoderado de la actora, no que tenga la calidad de cesionario; por lo cual no procede corregir la sentencia dictada en segunda instancia. Por su parte, los planteamientos de la parte quejosa no apelan a desestimar las consideraciones de la sala responsable, en cuanto a la aplicación del principio de preclusión por cuanto hace a la pérdida del derecho que se tuvo para pedir la aclaración objeto del acto reclamado, menos los ámbitos sobre los cuales sería posible. De igual modo, la accionante dejó de impugnar las consideraciones relativas a la imposibilidad jurídica planteada por la sala responsable, relativa a la insubsistencia de la sentencia que se pidió aclarar, como obstáculo adicional para analizar la solicitud aclaratoria. La quejosa tampoco alegó contra el argumento donde se revisó e interpretó el contenido del documento referido por la autoridad, para concluir que no le correspondía el carácter de cesionario con el cual se pretendía ostentar, mediante el reconocimiento judicial. Lo cual es relevante en su conjunto porque el argumento toral del acto reclamado consiste en señalar que la parte quejosa ya tenía conocimiento de los términos del proceso, y que si bien contó con el derecho a pedir la aclaración que ahora requiere, lo cierto es que por el transcurso del tiempo lo perdió, y que ese evento por sí solo hace improcedente la solicitud presentada. Por lo tanto, la viabilidad de esa postura con que se desestimaron sus agravios es lo que debió atacar el quejoso; y al no haberse hecho, lo procedente es declararlos inoperantes en esta sede, pues lo que constituye la materia del acto reclamado, no se combate frontalmente, siendo un requisito que le corresponde a la quejosa y que así se ha reconocido en jurisprudencia obligatoria. Al efecto se invoca la jurisprudencia I.6o.C. J/15, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Así, se concluye que los conceptos de violación son inoperantes, y lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal; ya que en la especie corresponde a la parte quejosa la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad el acto reclamado, pues al tratarse de un asunto del orden civil, en que rige el estricto derecho y donde se ha tenido la oportunidad de entablar una defensa, no opera la suplencia de la queja. Al respecto se invoca la tesis 1a. VII/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época, en Materias(s): Constitucional, Civil, Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 654, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE ANTE VIOLACIONES EVIDENTES DE LA LEY QUE HAYAN DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Tanto la Constitución Federal como la Ley de Amparo establecen que tratándose de las materias en las que no opera oficiosamente la suplencia de la queja deficiente, la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso. De esta forma, no es posible que tratándose de las materias civil, mercantil o administrativa, las cuales se rigen por el principio de estricto derecho, los juzgadores deban, en todos los casos, suplir la queja deficiente; pues ello implicaría ir en contra de lo establecido en el propio texto constitucional, además de que conllevaría que la excepcionalidad de la cual está revestida esta institución se tornara una regla general, lo que desvirtuaría su teleología. De ahí que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al disponer que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en otras materias cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia ley, no viola el derecho de acceso a la justicia, pues no establece una negación de justicia ni impone una traba innecesaria para que el quejoso pueda acceder al juicio de amparo a defender sus intereses, ya que sólo se trata de un supuesto específico que el legislador incorporó para dar efectividad al medio de protección constitucional en aquellos casos en los que la violación a los derechos fundamentales es palpable y evidente, además de que no excluye una eventual aplicación de las demás fracciones previstas en el artículo 79 citado.". Negativa extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama, acorde a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto, fundado y acorde a los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ., por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala y Juez Cuadragésimo Primero, ambos de los Civil de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, en términos del diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 853/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los que las responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 853/2022, promovido por ., por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala y Juez Cuadragésimo Primero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. El once de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo de la Justicia Federal, contra actos que consideró contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 14 y 16. Segundo. Admisión. Previo desahogo de prevención, desechamiento parcial, el uno de septiembre posterior, se admitió la demanda; se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; se requirieron informes justificados; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley, la Agente del Ministerio Público adscrito no intervino, se emplazó a la parte tercera interesada y la audiencia constitucional tuvo lugar acorde al acta que antecede; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido en un juzgado del orden común, dentro de la jurisdicción donde este juzgador ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: ? La sentencia emitida el trece de julio de dos mil veintidós, en el toca . por la Tercera Sala Civil de la Ciudad de México, que confirmó el proveído dictado en el expediente . el cuatro de marzo previo por el Juez Cuadragésimo Primero de la propia especialidad y residencia, que acordó desfavorable la solicitud de aclarar la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil catorce, correspondiente al toca ... ? La ejecución de dicha resolución. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; y se corrobora con las documentales certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2º. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, Página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, se dictó la sentencia correspondiente al toca ., para resolver el recurso de apelación planteado por la parte actora contra la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil catorce, emitida por el Juez Vigésimo Sexto Civil del entonces Distrito Federal, en el juicio ordinario civil ., seguido por ., contra ... II. El dos de febrero de dos mil veintidós, el quejoso solicitó: "se corrija la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, bajo el Toca ." Dicha pieza se mandó aclarar por auto de nueve de febrero posterior, en cuanto a la personalidad con la cual se ostentó el solicitante. III. En su atención, el promovente aclaró que promovía en calidad de apoderado de la parte actora; dicha pieza se recogió en la siguiente determinación: "Ciudad de México, a cuatro de marzo del dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito presentado por el apoderado legal de la parte actora vistas las manifestaciones que hace valer se le tiene aclarando la personalidad con la que se ostenta, en la forma y términos que lo hace. Respecto a lo demás solicitado dígasele al promovente que no es procedente proveer toda vez que ha fenecido con demasía el término concedido por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para aclarar la misma, por lo que deberá estarse a constancias de autos, además que dicha sentencia fue dictada por la Alzada." IV. Contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación, que fue fallado el trece de julio de dos mil veintidós en el toca . por la Sala responsable, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO.- Resulta INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la parte ACTORA. SEGUNDO.- Se CONFIRMA el proveído de fecha CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS dictado por la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO." Esta última decisión y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Conceptos de violación. El acto reclamado contraviene las garantías de audiencia y legalidad tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 81, 82 y 402 del Código de Procedimientos Civiles local, por no reconocer las facultades conferidas al quejoso en el instrumento . otorgado por el Notario Público veintinueve del Estado de México, fechado el seis de diciembre de dos mil once. La autoridad dejó de considerar que se cumplieron con los fines de la representación, previstas en el documento, y que a partir de esos hechos se faculta a realizar actos jurídicos posteriores en nombre de su mandante, porque es un medio para cumplir con un fin, otorgado con anterioridad. Los conceptos de violación son inoperantes, como se verá a continuación, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder a temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.1" En la especie, los conceptos de violación se califican como inoperantes porque los argumentos que en éstos se desarrollan no confrontan directamente lo resuelto por la responsable, sino que se limitan, medularmente, a sostener que la representación legal implica la transmisión de derechos litigiosos, así como suponer que los derechos procesales no precluyen. Ello es así, porque las razones que informan la decisión de la autoridad quedan incólumes frente a las manifestaciones que se hacen como concepto de violación, siendo esto una carga que le corresponde a la quejosa para estar en condiciones de determinar la regularidad constitucional del pronunciamiento combatido. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, en la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de registro: 159947, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución cuestionada." En efecto, los argumentos debían encaminarse a cuestionar o combatir frontalmente aquello que la Sala dio como razones para emitir su fallo, pues al respecto sostuvo: - La pretensión de la parte actora consiste en aclarar la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil catorce, correspondiente al toca ., que es improcedente. - Ha fenecido el plazo concedido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles local, para pedir la aclaración. - Las autoridades judiciales no pueden variar sus resoluciones una vez emitidas, pero sí aclarar algún concepto o suplir una omisión que las primeras contengan sobre el punto discutido, o bien, los segundos cuando sean obscuros o imprecisos, sin alterar su esencia. - Dichas aclaraciones podrán hacerse dentro del tercer día hábil siguiente al de la publicación de la resolución correspondiente, o a instancia de parte presentada dentro del término del tercer día siguiente al de la notificación, para que la autoridad resuelva dentro del tercer día hábil siguiente de la solicitud. - La petición presentada se exhibió el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, respecto de la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil catorce, por lo cual es improcedente porque ha transcurrido en exceso el término que la ley concede. - La calidad de apoderado de la parte actora se ha reconocido al promovente, incluso en el proveído recurrido. - En cuanto a la calidad de cesionario que se pide reconocer, la sentencia susceptible de aclarar fue declarada insubsistente con motivo del amparo ... - Respecto del instrumento notarial ., únicamente se acredita que es apoderado de la actora, no que tenga la calidad de cesionario; por lo cual no procede corregir la sentencia dictada en segunda instancia. Por su parte, los planteamientos de la parte quejosa no apelan a desestimar las consideraciones de la sala responsable, en cuanto a la aplicación del principio de preclusión por cuanto hace a la pérdida del derecho que se tuvo para pedir la aclaración objeto del acto reclamado, menos los ámbitos sobre los cuales sería posible. De igual modo, la accionante dejó de impugnar las consideraciones relativas a la imposibilidad jurídica planteada por la sala responsable, relativa a la insubsistencia de la sentencia que se pidió aclarar, como obstáculo adicional para analizar la solicitud aclaratoria. La quejosa tampoco alegó contra el argumento donde se revisó e interpretó el contenido del documento referido por la autoridad, para concluir que no le correspondía el carácter de cesionario con el cual se pretendía ostentar, mediante el reconocimiento judicial. Lo cual es relevante en su conjunto porque el argumento toral del acto reclamado consiste en señalar que la parte quejosa ya tenía conocimiento de los términos del proceso, y que si bien contó con el derecho a pedir la aclaración que ahora requiere, lo cierto es que por el transcurso del tiempo lo perdió, y que ese evento por sí solo hace improcedente la solicitud presentada. Por lo tanto, la viabilidad de esa postura con que se desestimaron sus agravios es lo que debió atacar el quejoso; y al no haberse hecho, lo procedente es declararlos inoperantes en esta sede, pues lo que constituye la materia del acto reclamado, no se combate frontalmente, siendo un requisito que le corresponde a la quejosa y que así se ha reconocido en jurisprudencia obligatoria. Al efecto se invoca la jurisprudencia I.6o.C. J/15, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Así, se concluye que los conceptos de violación son inoperantes, y lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal; ya que en la especie corresponde a la parte quejosa la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad el acto reclamado, pues al tratarse de un asunto del orden civil, en que rige el estricto derecho y donde se ha tenido la oportunidad de entablar una defensa, no opera la suplencia de la queja. Al respecto se invoca la tesis 1a. VII/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época, en Materias(s): Constitucional, Civil, Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 654, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE ANTE VIOLACIONES EVIDENTES DE LA LEY QUE HAYAN DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Tanto la Constitución Federal como la Ley de Amparo establecen que tratándose de las materias en las que no opera oficiosamente la suplencia de la queja deficiente, la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso. De esta forma, no es posible que tratándose de las materias civil, mercantil o administrativa, las cuales se rigen por el principio de estricto derecho, los juzgadores deban, en todos los casos, suplir la queja deficiente; pues ello implicaría ir en contra de lo establecido en el propio texto constitucional, además de que conllevaría que la excepcionalidad de la cual está revestida esta institución se tornara una regla general, lo que desvirtuaría su teleología. De ahí que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al disponer que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en otras materias cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia ley, no viola el derecho de acceso a la justicia, pues no establece una negación de justicia ni impone una traba innecesaria para que el quejoso pueda acceder al juicio de amparo a defender sus intereses, ya que sólo se trata de un supuesto específico que el legislador incorporó para dar efectividad al medio de protección constitucional en aquellos casos en los que la violación a los derechos fundamentales es palpable y evidente, además de que no excluye una eventual aplicación de las demás fracciones previstas en el artículo 79 citado.". Negativa extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama, acorde a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto, fundado y acorde a los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ., por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala y Juez Cuadragésimo Primero, ambos de los Civil de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, en términos del diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO

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