Martín Pérez Martínez
Expediente 930/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- MARTÍN PÉREZ MARTÍNEZ y Otros.
- Martín Pérez Martínez
- Segunda Sala Familiar del Ribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que, por un lado se sobreseyó el presente juicio y por otro se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que por un lado se sobreseyó el juicio y por otro se negó el amparo y la protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió diversos legajos de constancias en justificación de sus actos, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 930/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo 930/2021, promovido por ... y ... ambos de apellidos ..., por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Familiar, Congreso, Jefa de Gobierno y Director de la Gaceta Oficial, estos de la Ciudad de México, Cámaras de Diputados y Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. El siete de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: ".la sentencia de segunda instancia dictada por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México." Segundo. Admisión. Previa declinación de competencia legal del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y posterior desahogo de prevención, el trece de diciembre siguiente se admitió la demanda, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrito, requirieron informes justificados y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representación social adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes de ley, la parte tercera interesada fue emplazada y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se reclaman actos emitidos por autoridad judicial del orden familiar, con residencia dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, los actos reclamados son: La sentencia emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el toca 986/2021 por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó la determinación dictada en la junta de herederos efectuada el dos de marzo anterior, en el juicio testamentario ..., por el Juez Décimo Segundo de la propia especialidad y residencia, donde se tuvo como únicos y universales herederos a ... y ... ambos de apellidos ... . La inconstitucionalidad del artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, como norma heteroaplicativa y con motivo de su primer acto de aplicación. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La sala responsable rindió su informe justificado en sentido positivo, con lo cual se acredita la existencia del acto reclamado, y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por su parte, el Director de la Gaceta Oficial y Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México y Cámara de Senadores, negaron los actos reclamado, y la Cámara de Diputados fue omisa en rendir su informe de ley, no obstante haber sido notificada de tal deber; empero, tanto para el caso de la negativa como de la omisión, se debe presumir su intervención porque las normas generales no son objeto de prueba. Consideración que desestima la causa de sobreseimiento invocada en el informe del Director de la Gaceta Oficial y Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México y Cámara de Senadores, prevista en el artículo 63 fracción IV, de ley reglamentaria del juicio de garantías, consistente en la negativa de los actos reclamados, porque conforme a la propia naturaleza constitucional de tales órganos tienen injerencia en el proceso legislativo de la norma general reclamada. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. 1. El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso ... denunció la sucesión testamentaria a bienes de su progenitora ..., conforme a los hechos que narró y los anexos que exhibió. 2. El catorce de noviembre siguiente, se radicó el expediente, se requirieron los informes de ley, y se mandó notificar a las personas mencionadas por el solicitante. 3. Seguido el proceso, las partes comparecieron, se rindió el informe del Archivo General de Notarias al cual se adjuntó la disposición testamentaria requerida, que se ordenó agregar al expediente en auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte. 4. Previa solicitud, el juzgador instructor dictó la siguiente determinación: "(.) EXP.- ... CIUDAD DE MÉXICO A TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, se tiene a los C.C. ... (sic) ... ambos de apellidos ..., a través de su autorizado el Licenciado ...; Visto su contenido, y atento al estado procesal que guardan los presentes autos; para que tenga verificativo la JUNTA DE HEREDEROS a que se refiere el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las: NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, atento a las cargas de trabajo y a lo saturado de la agenda que se lleva en ésta Secretaría.." Determinación que se ordenó notificar personalmente únicamente a ... y ... ambos de apellidos ... el diez de noviembre de dos mil veinte por conducto de su mandatario, como fue declarado en proveído de doce de noviembre posterior. 5. Ante la solicitud de tener por realizadas las actuaciones necesarias y prescindir de la notificación de los ahora quejosos, el A Quo dictó la siguiente determinación: "(.) EXP.- ... . CIUDAD DE MÉXICO A DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, presentado por los C.C. ... y ... ambos de apellidos ...; visto su contenido, tomando en consideración el contenido del informe rendido por el Archivo General de Notarias del que se advierte que la última disposición testamentaria otorgada por la de cujus, fue la escritura número 12,555 de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Notario Público número 49 de esta Ciudad, Licenciado ..., misma que fue exhibida mediante escrito de fecha diez de marzo del año en curso por los ocursantes, por lo que mediante auto de fecha doce de noviembre del año en curso, se tiene a todos los interesados por notificados del proveído dictado con fecha treinta de octubre del presente año, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar." 6. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se hizo constar la imposibilidad de llevar a cabo la junta de herederos prevista en el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles, programada para el treinta de octubre de dos mil veinte, por lo cual se fijaron las once horas del dos de marzo de dos mil veintiuno para su desahogo. 7. El dos de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la junta respectiva donde comparecieron ... y ..., ambos de apellidos ..., los cuales no impugnaron el testamento, fueron declarados únicos y universales herederos, solicitaron la declaración de validez de la disposición testamentaria, aceptaron la herencia y la primera fue nombrada albacea. 8. Inconformes, los quejosos interpusieron recurso de apelación, que fue fallado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno por la sala responsable, en los siguientes términos: "R E S U E L V E : PRIMERO.- Resultan infundados los agravios ... . SEGUNDO.- Se confirma el auto impugnado dictado en audiencia de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno. (.)" Esta última determinación, integra la materia de los actos reclamados. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio del fondo procede analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 158, del Tribunal Pleno, consultable en la página 272 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, VIII Parte, 1917-1985, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En atención a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes, el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse de su acto de aplicación, de manera que por cuestión de orden y método, se atiende preferentemente la cuestión de inconstitucionalidad planteada. En ese orden, no se hará el estudio de la constitucionalidad de la norma general cuestionada, porque se actualiza una causal de improcedencia de estudio oficioso y preferente, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo. El artículo 61 fracciones XIII y XIV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". La causal de improcedencia referida prevé que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales, o actos consentidos tácitamente entendiéndose por esto último, aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo señalado el artículo 17 de la ley de la materia. El artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el ordinal 18 de la propia codificación dispone que el término para la presentación de la demanda se computara a partir del día siguiente de aquel en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; o, b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Lo cual implica que cuando se controvierte una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, que cause un perjuicio al quejoso, el plazo para interponer el juicio constitucional seguirá siendo de quince días. La causal que determina la improcedencia del juicio respecto de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, tiene su razón de ser en la falta de presentación oportuna de la demanda de amparo a partir del conocimiento de su primer acto de aplicación, porque el cómputo del plazo de presentación de la demanda en ese supuesto, debe tomarse en consideración la fecha en la que se conoció el primero de los actos de autoridad donde fue aplicado, y se materializó efectivamente un perjuicio contra la parte quejosa. En el caso, la parte quejosa reclama el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con motivo de su primer acto de aplicación en su perjuicio, que en su concepto sucedió en la junta de herederos el dos de marzo de dos mil veintiuno, ante el Juez Décimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, por no haberlos considerado interesados, que supuso un obstáculo injustificado al derecho de acceso a la jurisdicción. Ahora, el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, regula la parte del juicio testamentario originado con la expresión de la voluntad del difunto precisamente a través de un testamento, donde puede señalarse a quienes se les debe reconocer la calidad de herederos por estar nombrados, y en las porciones que les corresponden, porque la fuente de las obligaciones y derechos en la sucesión testamentaria, se constituye por la sola voluntad del testador, emitida solemnemente. La norma general señalada contiene lineamientos para el juzgador que deben realizarse para estimar que fue aplicada y generó consecuencias; el primero es determinar quiénes tienen interés en la instrucción del proceso y/o en el contenido del testamento, el segundo, citar a quienes determine que tienen dicha cualidad para informarlos de la identidad del albacea, o bien, que entre ellos lo elijan. También proporciona al juzgador la vía o instrumento para cumplir con sus obligaciones, porque respecto del primer punto, debe exigir al promovente del juicio la presentación del testamento del de cujus, para obtener la identidad de las personas involucradas, y depurar aquellas que no tenga interés. En cuanto al segundo aspecto, la norma impone el deber de notificar y/o cerciorarse de la notificación a los interesados, para que éstos puedan comparecer a la junta donde se habrán de tomar decisiones específicas, que es nombrar un albacea entre ellas, o bien, únicamente notificarles quien asumirá el cargo. De donde se sigue que la norma reclamada tiene un contenido imperativo que impone al operador jurídico, la obligación de conducir una función orgánica, e indica las condiciones para el ejercicio de la acción y requisitos de su procedencia, que cronológicamente deben agotarse necesariamente para permitir la conclusión, es decir, no están alternativamente disponibles para las partes. Que en los hechos debe leerse sucesivamente a partir del requerimiento y presentación del testamento que contiene la voluntad del causante, porque ese documento contiene la identificación e identidad de los interesados por ser herederos, para que el juzgador particularice a quienes serán así considerados, y les constituya la nota de validez de su convocatoria a la junta con sus pares, bajo la posibilidad de emitir sufragio o tomar nota del nombramiento del albacea; Esas características fueron aplicadas y/o desarrolladas el dieciocho de noviembre de dos mil veinte (hecho cinco de los antecedentes de esta sentencia) y no en el acto reclamado a la autoridad judicial, porque ahí el juez del proceso depuró el carácter de todas las personas involucradas, tanto por haberlo iniciado como por comparecer, analizó y calificó la disposición testamentaria ofrecida previamente, para excluir quienes no debían comparecer a la posterior junta de herederos y quienes sí son interesados. Esto es, se aplicó el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, porque el juzgador analizó el testamento de la causante de la sucesión, indicó quienes de entre las personas involucradas incluida aquella que denunció la sucesión, debían considerarse como interesados, bajo la condición de ser heredero por así haberlo dispuesto la de cujus, determinó que el expediente de origen demostraba la realización de las notificaciones que a su vez, permitía citarlos a la junta respectiva. Con dicha actuación judicial, se afectaron los derechos de los quejosos, porque ahí fue donde se les excluyó de aquellos considerados "interesados" para efecto de la sucesión, por su falta de reconocimiento como herederos, lo que incluye sustentar que a partir de ese pronunciamiento adolecieron de tal cualidad, además, el A Quo tampoco ordenó su presencia en la junta posterior, con fundamento en la norma general reclamada. Conforme a lo indicado debe entenderse que si la parte impetrante deseaba impugnar la constitucionalidad del precepto ahora reclamado, debió hacerlo con fundamento en la determinación dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Tiene aplicación la tesis aislada XIV/89, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, en la Octava Época, de registro 207395, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. ACTO DE APLICACION. PUEDE CONSISTIR EN UN ORDENAMIENTO GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo reclamándola como heteroaplicativa no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede serlo un acto normativo general dirigido a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, pero en virtud del cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada pueden dar lugar a que se considere por el quejoso que lo afectan en su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un acuerdo que establezca reglas de aplicación de un decreto constituya un acto de aplicación del mismo para efectos del juicio de amparo si en virtud de su expedición y vigencia surge la situación apuntada." En esa medida, una vez que se concretó el primer acto de aplicación del artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, los quejosos estaban legitimados para impugnarla, por lo que su inconformidad se debió plantear dentro de los quince días siguientes, pues si el gobernado controvierte los ulteriores actos de aplicación de ésta, el amparo resulta improcedente, por haberse consentido el primer acto de autoridad que le irrogó perjuicio. Como consecuencia tampoco debe estimarse como primer acto de aplicación de la norma cuestionada, la sentencia emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno en el toca ... por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, máxime que el quejoso ... ya había tenido conocimiento de su estatus jurídico en la sucesión, puesto que fue su denunciante. Por lo tanto, el término para promover el juicio de derechos fundamentales contra el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con motivo de su primer acto de aplicación, debe computarse a partir de que la parte quejosa tuvo conocimiento de que le fue aplicado dicho numeral, al menos desde el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Por lo que si hasta el siete de octubre de dos mil veintiuno, se presentó la demanda que motivó este juicio de amparo, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días establecido en el último precepto citado, para impugnar dicha ley; además, como se indicó, no constituye el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso. Es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis I.1o.A.21 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1520, Tomo XXX, Octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al no haberse interpuesto el juicio de garantías dentro del término que establece la Ley de Amparo, contra el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se actualiza la causal de improcedencia prevista por las fracciones XIII y XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y procede SOBRESEER el juicio por lo que hace a la inconstitucionalidad del artículo combatido. Dados los motivos de sobreseimiento actualizados es innecesario entrar al análisis de los conceptos de violación, así como a los criterios invocados para fundarlos, conforme a la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No impide el sentido de la presente determinación, que la demanda haya sido admitida y que se hubiese seguido su trámite hasta culminar con la audiencia constitucional, porque las causales de improcedencia son de orden público y deben estudiarse en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento lo señalado, en el criterio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional." No pasa inadvertido que algunas autoridades responsables invocaron la improcedencia del juicio constitucional, en términos de causales diversas a la actualizada, empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento, que comprende el reclamo de la parte quejosa. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Sexto. Conceptos de violación respecto de la sentencia reclamada. La sentencia reclamada contraviene el principio de congruencia, exhaustividad y la garantía de audiencia, porque la sala responsable dejó de analizar el agravio donde se alegó el desconocimiento del carácter de herederos, sin vista previa, lo cual ocasionó la imposibilidad de comparecer a la junta de herederos. El acto reclamado está incorrectamente fundado y motivado porque la sala responsable no indicó el fundamento, para determinar quienes pueden o no ser interesados en la sucesión. Es incorrecto entender como "interesados" únicamente a los herederos y decidir a quién citar a la junta respectiva, si es justo en esta diligencia donde se valida el testamento y se decide quien debe ser "heredero", por lo que antes de la diligencia judicial solo hay interesados y después de ésta se sabe formalmente quiénes son herederos. La resolución reclamada incorrectamente sostuvo que la audiencia de herederos es una determinación derivada de consentida, pues aunque entre las notificaciones y lo resuelto existe relación, la materia de ambas es diversa, tampoco se reproduce en ambos la misma situación, aunado a que el recurso de apelación se interpuso contra la última de las actuaciones judiciales. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder a temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no coincida con la forma planteada por la parte quejosa. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, garantiza el derecho fundamental relativo a que los gobernados gocen del acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales. El acceso efectivo a la jurisdicción se ha concebido como un derecho predominantemente formal, que en principio no afecta el fondo del asunto, sino que su contenido únicamente implica que quien se considere titular de un derecho que estima violado o menoscabado, o bien, que tal derecho no se le ha querido reconocer en forma extrajudicial, esté en aptitud de acudir a los tribunales previamente establecidos por el Estado, a fin de que el litigio respectivo sea sometido a la potestad jurisdiccional de los juzgadores competentes y éstos emitan la decisión correspondiente. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J.42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". No asiste razón a la parte inconforme en el concepto de violación donde alega falta de exhaustividad en lo relativo a la justificación, para desconocerle el carácter de heredero, porque la sala responsable sí atendió ese planteamiento, al sostener: - Es infundado alegar falta de notificación para comparecer a la junta de herederos, porque en los proveídos de treinta de octubre y dieciocho de noviembre ambos de dos mil veinte, se tuvo por notificados a lo únicos herederos, reconocidos en el instrumento notarial que contiene la última voluntad de la de cujus ... . - La falta de notificación personal a los quejosos de la ulterior hora y fecha de la junta de herederos, diferida por las políticas de salud pública en el Poder Judicial de la Ciudad de México, así como su práctica solo para ... y ..., ambos de apellidos ..., fue analizado en el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte que no fue impugnado, está firme y por ello los posibles vicios en la diligencia apelada, son actos derivados de otros consentidos. - Lo resuelto no transgrede a los apelantes pues aunque son descendientes de la de cujus, el proceso se depuró acorde a la disposición testamentaria para notificar solo a los interesados, el diferimiento de la junta no es razón para volver a notificar personalmente, y en caso de inconformidad con la falta de una actuación de ese tipo, la ley es clara en la forma de impugnar. - En cuanto a la falta de requerir garantía al albacea para caucionar su encargo, se cuenta con un plazo para exhibirla y no es una cuestión que necesariamente deba dilucidarse en la junta de herederos. Como se ve, contrario a lo alegado, la sala responsable sí contestó el agravio donde se impugnó el desconocimiento como herederos, porque dijo que esa cualidad se obtenía de la disposición testamentaria exhibida en el proceso, además, la Ad Quem sostuvo que si los apelantes y ahora quejosos no fueron incluidos por la testadora como herederos, tampoco podían ser interesados. Sobre esa base es claro que la alzada sí indicó el fundamento de su determinación porque se remitió al contenido del testamento, así como las consecuencias que éste generó entre los descendientes de la causante de la sucesión, para concluir a quién de entre los hijos habidos, debía asistir a la junta de herederos. Por tales motivos es infundado alegar falta de exhaustividad, así como la omisión de fundar el acto reclamado. Por otra parte, tampoco asiste razón a los inconformes al sostener que se les debió considerarlos interesados y facilitarles la intervención en la junta de herederos, lo anterior, porque carecen de legitimidad en la causa. En efecto, la legitimación en la causa, es una condición para obtener sentencia favorable, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el accionante estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, porque dicha legitimación atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva. Ahora, los quejosos carecen de legitimidad para demandar el reconocimiento de derechos sucesorios, porque el lazo familiar y vínculo jurídico que los une con la causante, no es suficiente para demostrar la exigibilidad de derechos comprendidos en la masa de bienes. Lo cual se obtiene de la propia naturaleza del testamento, que es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, conforme al artículo 1295 del Código Civil de esta ciudad. Por su parte, y como se sostuvo en el considerando previo, los ordinales 790 a 798 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México regulan el juicio testamentario que tiene como origen el testamento del difunto, acorde a los cuales el juzgador tiene la obligación de darle trámite al juicio y convocar a los interesados, que son los herederos designados en el testamento para que, si hubiere albacea, se los dé a conocer o procedan a elegirlo, o a falta de disposición en el testamento, se debe reconocer la calidad de herederos a los que están nombrados, en las porciones que les corresponden. Sobre esa base, se contesta al quejoso que es incorrecto esperar a la junta de herederos para determinar quién o quiénes son interesados en la sucesión, porque ese punto se resolvió de forma previa por la testadora al expresar su voluntad y nombrar con el apuntado carácter a una o varias personas, como beneficiarias de sus bienes, de modo que la sala responsable no efectuó una deducción o ejercicio judicial propio para depurar las partes involucradas, puesto que en realidad se remitió a la literalidad de la disposición testamentaria donde la autora enlistó a los interesados y se excluyó a los que no deben ser reconocidos con tal carácter, que es el fundamento del reconocimiento como interesado. Como se corrobora de las documentales allegadas relativas al proceso sucesorio que acreditan que los quejosos no fueron contemplados en el testamento de la de cujus como herederos, legatarios o albaceas, circunstancia que resulta de plano relevante como punto de partida porque los derechos que los impetrantes se quieren constituir, parten del vínculo familiar con la causante, como se advierte de la pieza de autos donde se denunció la sucesión, y no del acto jurídico generador de derechos a heredar. Empero, si la autora de la sucesión señaló como únicos herederos a ... y ... ambos de apellidos ..., designación que se complementó con diversas reglas en caso de el fallecimiento, falta, incapacidad o renuncia a alguno de los nombrados. Sin que de ninguna manera se nombrara como herederos a los quejosos. En este sentido, si la voluntad del testador no incluye a los ahora impetrantes, carecen de legitimación en la causa para obtener sentencia favorable, porque no se demostró el requisito para acceder a tal derecho que es la designación como herederos, y tampoco se demandó la nulidad del testamento. De esta manera, no se consideran conculcadas las garantías constitucionales de la parte impetrante al dejárseles de integrar a la causa; de ahí que es irrelevante si se acredita o no su pretensión en el sentido de demostrar vicios en la notificación de la determinación que difirió y fijó la hora y fecha definitiva, en que se celebró la junta de herederos, a partir de los cuales se busca construir el derecho a intervenir en la designación de los interesados u objetar los aspectos definidos en tal diligencia judicial, pues el principio que orienta esa regla en el proceso, es gozar de legitimación a la causa, por haber sido nombrado heredero, y ante su falta, se deduce que no hay afectación en los quejosos. En ese sentido son infundados los conceptos de violación. Apoya lo expuesto, en lo conducente, la tesis aislada I.12o.C.139 C (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2019793, que dice: "NULIDAD DEL TRÁMITE TESTAMENTARIO. SÓLO LOS HEREDEROS TIENEN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA DEMANDARLA, SI SE LES DESCONOCIÓ ESA CALIDAD, CUANDO SE SUSTENTE EN LA AUTENTICIDAD O EXISTENCIA DEL TESTAMENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La legitimación en el proceso es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o que acredite la representación a nombre de otro y ésta puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer por sí o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede comparecer en representación de otro. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. De esta forma, la legitimación en la causa atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva. Ahora bien, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte, de conformidad con el artículo 1295 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Por su parte, los artículos 790 a 798 del Código de Procedimientos Civiles para la misma entidad, regulan el juicio testamentario que tiene como origen el testamento del difunto; y establecen que el Juez tiene la obligación de darle trámite al juicio y convocar a los interesados, que son los herederos designados en el testamento para que, si hubiere albacea, se los dé a conocer o procedan a elegirlo; si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, debe reconocérseles la calidad de herederos a los que están nombrados, en las porciones que les corresponden; la impugnación de la capacidad del autor testamentario o la existencia del testamento tiene que versar sobre la voluntad del testador en cuanto a su capacidad o firma, o alteración del testamento en su continente o contenido; de ahí que solamente el heredero testamentario es quien puede tener legitimación en la causa para demandar la nulidad del trámite, si se le desconoció esa calidad, cuando se sustente en la autenticidad o existencia del testamento, dada su naturaleza, que se constituye por la sola voluntad del testador, emitida solemnemente y conforme a los requisitos legales, en términos del artículo 1295 citado." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, los alegatos formulados no se analizan porque no forman parte de la litis constitucional en el amparo indirecto, conforme a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 930/2021, promovido por ... y ... ambos de apellidos ..., por su propio derecho, contra actos del Congreso, Jefa de Gobierno y Director de la Gaceta Oficial, estos de la Ciudad de México, Cámaras de Diputados y Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación, en términos del quinto considerando de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... y ... ambos de apellidos ..., por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, indicados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese a las partes como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL 22 DE ABRIL DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN CON FECHA DE ENGROSE DE 19 DE ABRIL DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V I S T O S para resolver el juicio de amparo 930/2021, promovido por ... y ... ambos de apellidos ..., por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Familiar, Congreso, Jefa de Gobierno y Director de la Gaceta Oficial, estos de la Ciudad de México, Cámaras de Diputados y Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. El siete de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: ".la sentencia de segunda instancia dictada por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México." Segundo. Admisión. Previa declinación de competencia legal del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y posterior desahogo de prevención, el trece de diciembre siguiente se admitió la demanda, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrito, requirieron informes justificados y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representación social adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes de ley, la parte tercera interesada fue emplazada y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se reclaman actos emitidos por autoridad judicial del orden familiar, con residencia dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, los actos reclamados son: La sentencia emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el toca 986/2021 por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó la determinación dictada en la junta de herederos efectuada el dos de marzo anterior, en el juicio testamentario ..., por el Juez Décimo Segundo de la propia especialidad y residencia, donde se tuvo como únicos y universales herederos a ... y ... ambos de apellidos ... . La inconstitucionalidad del artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, como norma heteroaplicativa y con motivo de su primer acto de aplicación. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La sala responsable rindió su informe justificado en sentido positivo, con lo cual se acredita la existencia del acto reclamado, y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por su parte, el Director de la Gaceta Oficial y Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México y Cámara de Senadores, negaron los actos reclamado, y la Cámara de Diputados fue omisa en rendir su informe de ley, no obstante haber sido notificada de tal deber; empero, tanto para el caso de la negativa como de la omisión, se debe presumir su intervención porque las normas generales no son objeto de prueba. Consideración que desestima la causa de sobreseimiento invocada en el informe del Director de la Gaceta Oficial y Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México y Cámara de Senadores, prevista en el artículo 63 fracción IV, de ley reglamentaria del juicio de garantías, consistente en la negativa de los actos reclamados, porque conforme a la propia naturaleza constitucional de tales órganos tienen injerencia en el proceso legislativo de la norma general reclamada. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. 1. El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso ... denunció la sucesión testamentaria a bienes de su progenitora ..., conforme a los hechos que narró y los anexos que exhibió. 2. El catorce de noviembre siguiente, se radicó el expediente, se requirieron los informes de ley, y se mandó notificar a las personas mencionadas por el solicitante. 3. Seguido el proceso, las partes comparecieron, se rindió el informe del Archivo General de Notarias al cual se adjuntó la disposición testamentaria requerida, que se ordenó agregar al expediente en auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte. 4. Previa solicitud, el juzgador instructor dictó la siguiente determinación: "(.) EXP.- ... CIUDAD DE MÉXICO A TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, se tiene a los C.C. ... (sic) ... ambos de apellidos ..., a través de su autorizado el Licenciado ...; Visto su contenido, y atento al estado procesal que guardan los presentes autos; para que tenga verificativo la JUNTA DE HEREDEROS a que se refiere el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las: NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, atento a las cargas de trabajo y a lo saturado de la agenda que se lleva en ésta Secretaría.." Determinación que se ordenó notificar personalmente únicamente a ... y ... ambos de apellidos ... el diez de noviembre de dos mil veinte por conducto de su mandatario, como fue declarado en proveído de doce de noviembre posterior. 5. Ante la solicitud de tener por realizadas las actuaciones necesarias y prescindir de la notificación de los ahora quejosos, el A Quo dictó la siguiente determinación: "(.) EXP.- ... . CIUDAD DE MÉXICO A DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, presentado por los C.C. ... y ... ambos de apellidos ...; visto su contenido, tomando en consideración el contenido del informe rendido por el Archivo General de Notarias del que se advierte que la última disposición testamentaria otorgada por la de cujus, fue la escritura número 12,555 de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Notario Público número 49 de esta Ciudad, Licenciado ..., misma que fue exhibida mediante escrito de fecha diez de marzo del año en curso por los ocursantes, por lo que mediante auto de fecha doce de noviembre del año en curso, se tiene a todos los interesados por notificados del proveído dictado con fecha treinta de octubre del presente año, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar." 6. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se hizo constar la imposibilidad de llevar a cabo la junta de herederos prevista en el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles, programada para el treinta de octubre de dos mil veinte, por lo cual se fijaron las once horas del dos de marzo de dos mil veintiuno para su desahogo. 7. El dos de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la junta respectiva donde comparecieron ... y ..., ambos de apellidos ..., los cuales no impugnaron el testamento, fueron declarados únicos y universales herederos, solicitaron la declaración de validez de la disposición testamentaria, aceptaron la herencia y la primera fue nombrada albacea. 8. Inconformes, los quejosos interpusieron recurso de apelación, que fue fallado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno por la sala responsable, en los siguientes términos: "R E S U E L V E : PRIMERO.- Resultan infundados los agravios ... . SEGUNDO.- Se confirma el auto impugnado dictado en audiencia de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno. (.)" Esta última determinación, integra la materia de los actos reclamados. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio del fondo procede analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 158, del Tribunal Pleno, consultable en la página 272 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, VIII Parte, 1917-1985, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En atención a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes, el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse de su acto de aplicación, de manera que por cuestión de orden y método, se atiende preferentemente la cuestión de inconstitucionalidad planteada. En ese orden, no se hará el estudio de la constitucionalidad de la norma general cuestionada, porque se actualiza una causal de improcedencia de estudio oficioso y preferente, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo. El artículo 61 fracciones XIII y XIV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". La causal de improcedencia referida prevé que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales, o actos consentidos tácitamente entendiéndose por esto último, aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo señalado el artículo 17 de la ley de la materia. El artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el ordinal 18 de la propia codificación dispone que el término para la presentación de la demanda se computara a partir del día siguiente de aquel en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; o, b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Lo cual implica que cuando se controvierte una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, que cause un perjuicio al quejoso, el plazo para interponer el juicio constitucional seguirá siendo de quince días. La causal que determina la improcedencia del juicio respecto de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, tiene su razón de ser en la falta de presentación oportuna de la demanda de amparo a partir del conocimiento de su primer acto de aplicación, porque el cómputo del plazo de presentación de la demanda en ese supuesto, debe tomarse en consideración la fecha en la que se conoció el primero de los actos de autoridad donde fue aplicado, y se materializó efectivamente un perjuicio contra la parte quejosa. En el caso, la parte quejosa reclama el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con motivo de su primer acto de aplicación en su perjuicio, que en su concepto sucedió en la junta de herederos el dos de marzo de dos mil veintiuno, ante el Juez Décimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, por no haberlos considerado interesados, que supuso un obstáculo injustificado al derecho de acceso a la jurisdicción. Ahora, el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, regula la parte del juicio testamentario originado con la expresión de la voluntad del difunto precisamente a través de un testamento, donde puede señalarse a quienes se les debe reconocer la calidad de herederos por estar nombrados, y en las porciones que les corresponden, porque la fuente de las obligaciones y derechos en la sucesión testamentaria, se constituye por la sola voluntad del testador, emitida solemnemente. La norma general señalada contiene lineamientos para el juzgador que deben realizarse para estimar que fue aplicada y generó consecuencias; el primero es determinar quiénes tienen interés en la instrucción del proceso y/o en el contenido del testamento, el segundo, citar a quienes determine que tienen dicha cualidad para informarlos de la identidad del albacea, o bien, que entre ellos lo elijan. También proporciona al juzgador la vía o instrumento para cumplir con sus obligaciones, porque respecto del primer punto, debe exigir al promovente del juicio la presentación del testamento del de cujus, para obtener la identidad de las personas involucradas, y depurar aquellas que no tenga interés. En cuanto al segundo aspecto, la norma impone el deber de notificar y/o cerciorarse de la notificación a los interesados, para que éstos puedan comparecer a la junta donde se habrán de tomar decisiones específicas, que es nombrar un albacea entre ellas, o bien, únicamente notificarles quien asumirá el cargo. De donde se sigue que la norma reclamada tiene un contenido imperativo que impone al operador jurídico, la obligación de conducir una función orgánica, e indica las condiciones para el ejercicio de la acción y requisitos de su procedencia, que cronológicamente deben agotarse necesariamente para permitir la conclusión, es decir, no están alternativamente disponibles para las partes. Que en los hechos debe leerse sucesivamente a partir del requerimiento y presentación del testamento que contiene la voluntad del causante, porque ese documento contiene la identificación e identidad de los interesados por ser herederos, para que el juzgador particularice a quienes serán así considerados, y les constituya la nota de validez de su convocatoria a la junta con sus pares, bajo la posibilidad de emitir sufragio o tomar nota del nombramiento del albacea; Esas características fueron aplicadas y/o desarrolladas el dieciocho de noviembre de dos mil veinte (hecho cinco de los antecedentes de esta sentencia) y no en el acto reclamado a la autoridad judicial, porque ahí el juez del proceso depuró el carácter de todas las personas involucradas, tanto por haberlo iniciado como por comparecer, analizó y calificó la disposición testamentaria ofrecida previamente, para excluir quienes no debían comparecer a la posterior junta de herederos y quienes sí son interesados. Esto es, se aplicó el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, porque el juzgador analizó el testamento de la causante de la sucesión, indicó quienes de entre las personas involucradas incluida aquella que denunció la sucesión, debían considerarse como interesados, bajo la condición de ser heredero por así haberlo dispuesto la de cujus, determinó que el expediente de origen demostraba la realización de las notificaciones que a su vez, permitía citarlos a la junta respectiva. Con dicha actuación judicial, se afectaron los derechos de los quejosos, porque ahí fue donde se les excluyó de aquellos considerados "interesados" para efecto de la sucesión, por su falta de reconocimiento como herederos, lo que incluye sustentar que a partir de ese pronunciamiento adolecieron de tal cualidad, además, el A Quo tampoco ordenó su presencia en la junta posterior, con fundamento en la norma general reclamada. Conforme a lo indicado debe entenderse que si la parte impetrante deseaba impugnar la constitucionalidad del precepto ahora reclamado, debió hacerlo con fundamento en la determinación dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Tiene aplicación la tesis aislada XIV/89, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, en la Octava Época, de registro 207395, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. ACTO DE APLICACION. PUEDE CONSISTIR EN UN ORDENAMIENTO GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo reclamándola como heteroaplicativa no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede serlo un acto normativo general dirigido a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, pero en virtud del cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada pueden dar lugar a que se considere por el quejoso que lo afectan en su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un acuerdo que establezca reglas de aplicación de un decreto constituya un acto de aplicación del mismo para efectos del juicio de amparo si en virtud de su expedición y vigencia surge la situación apuntada." En esa medida, una vez que se concretó el primer acto de aplicación del artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, los quejosos estaban legitimados para impugnarla, por lo que su inconformidad se debió plantear dentro de los quince días siguientes, pues si el gobernado controvierte los ulteriores actos de aplicación de ésta, el amparo resulta improcedente, por haberse consentido el primer acto de autoridad que le irrogó perjuicio. Como consecuencia tampoco debe estimarse como primer acto de aplicación de la norma cuestionada, la sentencia emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno en el toca ... por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, máxime que el quejoso ... ya había tenido conocimiento de su estatus jurídico en la sucesión, puesto que fue su denunciante. Por lo tanto, el término para promover el juicio de derechos fundamentales contra el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, con motivo de su primer acto de aplicación, debe computarse a partir de que la parte quejosa tuvo conocimiento de que le fue aplicado dicho numeral, al menos desde el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Por lo que si hasta el siete de octubre de dos mil veintiuno, se presentó la demanda que motivó este juicio de amparo, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días establecido en el último precepto citado, para impugnar dicha ley; además, como se indicó, no constituye el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso. Es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis I.1o.A.21 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1520, Tomo XXX, Octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al no haberse interpuesto el juicio de garantías dentro del término que establece la Ley de Amparo, contra el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se actualiza la causal de improcedencia prevista por las fracciones XIII y XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y procede SOBRESEER el juicio por lo que hace a la inconstitucionalidad del artículo combatido. Dados los motivos de sobreseimiento actualizados es innecesario entrar al análisis de los conceptos de violación, así como a los criterios invocados para fundarlos, conforme a la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No impide el sentido de la presente determinación, que la demanda haya sido admitida y que se hubiese seguido su trámite hasta culminar con la audiencia constitucional, porque las causales de improcedencia son de orden público y deben estudiarse en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento lo señalado, en el criterio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional." No pasa inadvertido que algunas autoridades responsables invocaron la improcedencia del juicio constitucional, en términos de causales diversas a la actualizada, empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento, que comprende el reclamo de la parte quejosa. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Sexto. Conceptos de violación respecto de la sentencia reclamada. La sentencia reclamada contraviene el principio de congruencia, exhaustividad y la garantía de audiencia, porque la sala responsable dejó de analizar el agravio donde se alegó el desconocimiento del carácter de herederos, sin vista previa, lo cual ocasionó la imposibilidad de comparecer a la junta de herederos. El acto reclamado está incorrectamente fundado y motivado porque la sala responsable no indicó el fundamento, para determinar quienes pueden o no ser interesados en la sucesión. Es incorrecto entender como "interesados" únicamente a los herederos y decidir a quién citar a la junta respectiva, si es justo en esta diligencia donde se valida el testamento y se decide quien debe ser "heredero", por lo que antes de la diligencia judicial solo hay interesados y después de ésta se sabe formalmente quiénes son herederos. La resolución reclamada incorrectamente sostuvo que la audiencia de herederos es una determinación derivada de consentida, pues aunque entre las notificaciones y lo resuelto existe relación, la materia de ambas es diversa, tampoco se reproduce en ambos la misma situación, aunado a que el recurso de apelación se interpuso contra la última de las actuaciones judiciales. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder a temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no coincida con la forma planteada por la parte quejosa. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, garantiza el derecho fundamental relativo a que los gobernados gocen del acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales. El acceso efectivo a la jurisdicción se ha concebido como un derecho predominantemente formal, que en principio no afecta el fondo del asunto, sino que su contenido únicamente implica que quien se considere titular de un derecho que estima violado o menoscabado, o bien, que tal derecho no se le ha querido reconocer en forma extrajudicial, esté en aptitud de acudir a los tribunales previamente establecidos por el Estado, a fin de que el litigio respectivo sea sometido a la potestad jurisdiccional de los juzgadores competentes y éstos emitan la decisión correspondiente. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J.42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". No asiste razón a la parte inconforme en el concepto de violación donde alega falta de exhaustividad en lo relativo a la justificación, para desconocerle el carácter de heredero, porque la sala responsable sí atendió ese planteamiento, al sostener: - Es infundado alegar falta de notificación para comparecer a la junta de herederos, porque en los proveídos de treinta de octubre y dieciocho de noviembre ambos de dos mil veinte, se tuvo por notificados a lo únicos herederos, reconocidos en el instrumento notarial que contiene la última voluntad de la de cujus ... . - La falta de notificación personal a los quejosos de la ulterior hora y fecha de la junta de herederos, diferida por las políticas de salud pública en el Poder Judicial de la Ciudad de México, así como su práctica solo para ... y ..., ambos de apellidos ..., fue analizado en el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte que no fue impugnado, está firme y por ello los posibles vicios en la diligencia apelada, son actos derivados de otros consentidos. - Lo resuelto no transgrede a los apelantes pues aunque son descendientes de la de cujus, el proceso se depuró acorde a la disposición testamentaria para notificar solo a los interesados, el diferimiento de la junta no es razón para volver a notificar personalmente, y en caso de inconformidad con la falta de una actuación de ese tipo, la ley es clara en la forma de impugnar. - En cuanto a la falta de requerir garantía al albacea para caucionar su encargo, se cuenta con un plazo para exhibirla y no es una cuestión que necesariamente deba dilucidarse en la junta de herederos. Como se ve, contrario a lo alegado, la sala responsable sí contestó el agravio donde se impugnó el desconocimiento como herederos, porque dijo que esa cualidad se obtenía de la disposición testamentaria exhibida en el proceso, además, la Ad Quem sostuvo que si los apelantes y ahora quejosos no fueron incluidos por la testadora como herederos, tampoco podían ser interesados. Sobre esa base es claro que la alzada sí indicó el fundamento de su determinación porque se remitió al contenido del testamento, así como las consecuencias que éste generó entre los descendientes de la causante de la sucesión, para concluir a quién de entre los hijos habidos, debía asistir a la junta de herederos. Por tales motivos es infundado alegar falta de exhaustividad, así como la omisión de fundar el acto reclamado. Por otra parte, tampoco asiste razón a los inconformes al sostener que se les debió considerarlos interesados y facilitarles la intervención en la junta de herederos, lo anterior, porque carecen de legitimidad en la causa. En efecto, la legitimación en la causa, es una condición para obtener sentencia favorable, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el accionante estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, porque dicha legitimación atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva. Ahora, los quejosos carecen de legitimidad para demandar el reconocimiento de derechos sucesorios, porque el lazo familiar y vínculo jurídico que los une con la causante, no es suficiente para demostrar la exigibilidad de derechos comprendidos en la masa de bienes. Lo cual se obtiene de la propia naturaleza del testamento, que es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, conforme al artículo 1295 del Código Civil de esta ciudad. Por su parte, y como se sostuvo en el considerando previo, los ordinales 790 a 798 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México regulan el juicio testamentario que tiene como origen el testamento del difunto, acorde a los cuales el juzgador tiene la obligación de darle trámite al juicio y convocar a los interesados, que son los herederos designados en el testamento para que, si hubiere albacea, se los dé a conocer o procedan a elegirlo, o a falta de disposición en el testamento, se debe reconocer la calidad de herederos a los que están nombrados, en las porciones que les corresponden. Sobre esa base, se contesta al quejoso que es incorrecto esperar a la junta de herederos para determinar quién o quiénes son interesados en la sucesión, porque ese punto se resolvió de forma previa por la testadora al expresar su voluntad y nombrar con el apuntado carácter a una o varias personas, como beneficiarias de sus bienes, de modo que la sala responsable no efectuó una deducción o ejercicio judicial propio para depurar las partes involucradas, puesto que en realidad se remitió a la literalidad de la disposición testamentaria donde la autora enlistó a los interesados y se excluyó a los que no deben ser reconocidos con tal carácter, que es el fundamento del reconocimiento como interesado. Como se corrobora de las documentales allegadas relativas al proceso sucesorio que acreditan que los quejosos no fueron contemplados en el testamento de la de cujus como herederos, legatarios o albaceas, circunstancia que resulta de plano relevante como punto de partida porque los derechos que los impetrantes se quieren constituir, parten del vínculo familiar con la causante, como se advierte de la pieza de autos donde se denunció la sucesión, y no del acto jurídico generador de derechos a heredar. Empero, si la autora de la sucesión señaló como únicos herederos a ... y ... ambos de apellidos ..., designación que se complementó con diversas reglas en caso de el fallecimiento, falta, incapacidad o renuncia a alguno de los nombrados. Sin que de ninguna manera se nombrara como herederos a los quejosos. En este sentido, si la voluntad del testador no incluye a los ahora impetrantes, carecen de legitimación en la causa para obtener sentencia favorable, porque no se demostró el requisito para acceder a tal derecho que es la designación como herederos, y tampoco se demandó la nulidad del testamento. De esta manera, no se consideran conculcadas las garantías constitucionales de la parte impetrante al dejárseles de integrar a la causa; de ahí que es irrelevante si se acredita o no su pretensión en el sentido de demostrar vicios en la notificación de la determinación que difirió y fijó la hora y fecha definitiva, en que se celebró la junta de herederos, a partir de los cuales se busca construir el derecho a intervenir en la designación de los interesados u objetar los aspectos definidos en tal diligencia judicial, pues el principio que orienta esa regla en el proceso, es gozar de legitimación a la causa, por haber sido nombrado heredero, y ante su falta, se deduce que no hay afectación en los quejosos. En ese sentido son infundados los conceptos de violación. Apoya lo expuesto, en lo conducente, la tesis aislada I.12o.C.139 C (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2019793, que dice: "NULIDAD DEL TRÁMITE TESTAMENTARIO. SÓLO LOS HEREDEROS TIENEN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA DEMANDARLA, SI SE LES DESCONOCIÓ ESA CALIDAD, CUANDO SE SUSTENTE EN LA AUTENTICIDAD O EXISTENCIA DEL TESTAMENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La legitimación en el proceso es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o que acredite la representación a nombre de otro y ésta puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer por sí o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede comparecer en representación de otro. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. De esta forma, la legitimación en la causa atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva. Ahora bien, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte, de conformidad con el artículo 1295 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Por su parte, los artículos 790 a 798 del Código de Procedimientos Civiles para la misma entidad, regulan el juicio testamentario que tiene como origen el testamento del difunto; y establecen que el Juez tiene la obligación de darle trámite al juicio y convocar a los interesados, que son los herederos designados en el testamento para que, si hubiere albacea, se los dé a conocer o procedan a elegirlo; si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, debe reconocérseles la calidad de herederos a los que están nombrados, en las porciones que les corresponden; la impugnación de la capacidad del autor testamentario o la existencia del testamento tiene que versar sobre la voluntad del testador en cuanto a su capacidad o firma, o alteración del testamento en su continente o contenido; de ahí que solamente el heredero testamentario es quien puede tener legitimación en la causa para demandar la nulidad del trámite, si se le desconoció esa calidad, cuando se sustente en la autenticidad o existencia del testamento, dada su naturaleza, que se constituye por la sola voluntad del testador, emitida solemnemente y conforme a los requisitos legales, en términos del artículo 1295 citado." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, los alegatos formulados no se analizan porque no forman parte de la litis constitucional en el amparo indirecto, conforme a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 930/2021, promovido por ... y ... ambos de apellidos ..., por su propio derecho, contra actos del Congreso, Jefa de Gobierno y Director de la Gaceta Oficial, estos de la Ciudad de México, Cámaras de Diputados y Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación, en términos del quinto considerando de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... y ... ambos de apellidos ..., por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, indicados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese a las partes como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
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