Martín Lopez Jaimes

Expediente 207/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
207/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Martín Lopez Jaimes

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo propuesta, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos de los diversos artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por *******, por su propio derecho, quien promueve demanda de amparo contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 207/2022 y fórmese expediente. DESECHAMIENTO Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por no contraponerse al texto vigente de la ley de amparo, la jurisprudencia número I.6O.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca de origen por la Sala Civil responsable en la cual determinó que la abogada patrono sí puede articular o formular posiciones en términos del artículo 282 fracción II, del Código Procesal Civil, y como consecuencia de ello, confirmó la declaración de declarar confeso al demandado aquí quejoso de las posiciones calificadas de legales en el juicio de origen. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no que solamente tenga una consecuencia de índole procesal. En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, en razón de que se trata de una resolución que modificó una determinación dictada durante la secuela del juicio; de manera que solo incide en afectar derechos adjetivos o procesales vinculados con el desarrollo del juicio natural y, la parte quejosa puede obtener al finalizar el juicio respectivo, una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. Al no contraponerse al texto vigente de la Ley de Amparo, se cita en forma ilustrativa, así como por las razones que la integran, la tesis I.3o.C.82 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable con el registro 170463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, novena época, página 2812, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indi recto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." A mayor abundamiento, cabe señalar que en el caso, se trata de una cuestión que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que se trata de una violación intraprocesal, la que puede ser resarcida en la sentencia que se llegue a dictar en el procedimiento natural; o bien, de no ser así, éste es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo directo que en su momento se promueva, en términos de lo establecido en la ley de la materia, a través del cual puede combatir como violación procesal cuando se coarten sus derechos que la ley le otorga. Lo anterior se pone de relieve que en los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que, en su caso y oportunidad, se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de amparo en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de la parte quejosa, pues hay casos en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia es favorable a aquél en contra de quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. En ese orden de ideas, es evidente que la determinación reclamada no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como ya se estableció, la violación que alega es susceptible de ser resarcidas al dictarse la sentencia en el juicio natural y, en caso de ser desfavorable a sus intereses, puede ser reclamado mediante el juicio de amparo directo, que en su caso promueva contra dicha resolución, lo que hace improcedente el juicio de amparo intentada. Por tanto, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista *******, toda vez que cuenta con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, debidamente registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a la restante persona que menciona en el ocurso de cuenta, sin gozar de las demás facultades que tiene el autorizado en términos amplios, en virtud de que no cuenta con su cédula registrada en el sistema aludido, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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