Martín Eduardo Tacuba Balderas
Expediente 908/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Martín Eduardo Tacuba Balderas
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja laboral ****. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se CONFIRMA el acuerdo recurrido de cinco de julio de dos mil diecinueve." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. En otro orden, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, téngase al Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que admitió el recurso de queja, interpuesto por ***, por conducto de su apoderado ***, en contra del auto de cinco de julio del año en curso, emitido en el juicio de amparo ***, al que le fuera asignado el número de queja laboral ****.
- Principal
****** Visto el escrito de cuenta signado por ***********; por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, emitido por este órgano jurisdiccional. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero y 100 de la Ley de Amparo, téngase a Jesús Montalván Ramírez, autorizado legal de la parte quejosa Martín Eduardo Tacuba Balderas; interponiendo el citado RECURSO DE QUEJA en contra del acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, y ríndase informe justificado manifestando que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo 908/2019, se desechó la demanda de amparo, promovida por Jesús Montalván Ramírez, autorizado legal de la parte quejosa Martín Eduardo Tacuba Balderas, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a quien le reclamó, el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 153/2018. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas al presente juicio, solicitando el acuse de recibo correspondiente. *
- Principal
* Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende de la copia con formas autógrafas del auto de once de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen ******, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 908/2019 y fórmese expediente. De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo y anexo. De ello resulta, que el acto reclamado consiste en el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se señalan diez horas del veintiuno de octubre del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma con cargo a *******, dentro del expediente laboral ********. Dicho acto se fija en función de la etapa en que se encuentra el procedimiento natural. * El reclamo de la parte quejosa es porque estima que la data programada para las diez horas del veintiuno de octubre del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma con cargo a Ramón Aguilar Aceves, Moisés Olivares Mendoza, Guillermo Gutiérrez Paniagua, Margarita Bautista Peralta y Abel Zúñiga Escamilla, dentro del expediente laboral 153/2018, es excesivamente lejana. Ahora de la copia con firmas autógrafas del auto de dos de julio de dos mil diecinueve que adjuntó a su escrito de demanda el promovente, se advierte que la autoridad responsable señaló las diez horas del veintiuno de octubre del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma con cargo a Ramón Aguilar Aceves, Moisés Olivares Mendoza, Guillermo Gutiérrez Paniagua, Margarita Bautista Peralta y Abel Zúñiga Escamilla, dentro del expediente laboral 153/2018. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen a los agraviados una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevén que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. * En el caso, el promovente se duele de que la autoridad responsable señaló fecha para llevar a cabo el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma con cargo a Ramón Aguilar Aceves, Moisés Olivares Mendoza, Guillermo Gutiérrez Paniagua, Margarita Bautista Peralta y Abel Zúñiga Escamilla, dentro del expediente laboral 153/2018, diversa a los plazos establecidos en la legislación laboral; sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto que aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurre, pues en relación con la fecha en que se dictó el acuerdo que reclama (dos de julio de dos mil diecinueve) y la fecha señalada para el desahogo (diez horas del veintiuno de octubre del año en curso), es que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral. Lo anterior, en razón de que lo aquí determinado se sustenta en lo establecido en la jurisprudencia ************precitada de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, y la cual señala que por regla general el amparo interpuesto contra actos relativos a proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de violaciones intraprocesales no afectan derechos sustantivos, y por tanto resulta improcedente, a menos que el juez de amparo, de la propia demanda advierta que existe una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización total del mismo; hipótesis que a juicio de la suscrita no se actualiza conforme a lo expuesto con antelación. Máxime que, ningún fin práctico tendría la tramitación del presente juicio de amparo, porque de acuerdo a la experiencia de este órgano jurisdiccional, un juicio de amparo con las características de la demanda de cuenta, tarda en integrarse un promedio de tres meses, dado que se debe emplazar a juicio a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (antes Contraloría General del Estado), en su carácter de tercero interesado y requerir informe justificado a la autoridad responsable, quien disfruta de su primer periodo de vacaciones en el mes de julio, por lo que al momento de la integración del presente juicio de amparo sería a mediados del mes de septiembre y en caso de que se conceda el amparo y protección de la justicia federal causaría ejecutoria al inicio del mes de octubre; mes en que fue señalada la audiencia que refiere. Por tanto, en caso de admitir la demanda, al momento de estar en condiciones de emitir la sentencia de amparo correspondiente, la fecha que señaló el tribunal laboral para llevar a cabo el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma con cargo a Ramón Aguilar Aceves, Moisés Olivares Mendoza, Guillermo Gutiérrez Paniagua, Margarita Bautista Peralta y Abel Zúñiga Escamilla, dentro del expediente laboral 153/2018, ya no sería lejana, pues después de que cause ejecutoria se otorgan tres días más para que la autoridad responsable cumpla con la misma, por lo que, la audiencia aludida estaría próxima a desahogarse. Por tanto, no debe perderse de vista que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable al quejoso, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que no se lograría por el transcurso del tiempo al momento en que, de ser el caso sea exigible el cumplimiento de la ejecutoria. Motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda y, dada la materia del acto reclamado, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no son parte patronal. *
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