Martín Jiménez Juárez

Expediente 516/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
516/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Martín Jiménez Juárez
  • Luis Renato Cárdenas Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta presentado por *******, en su de apoderado legal de los quejosos **********, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, téngase a dicha parte procesal interponiendo recurso de queja en contra del auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta Ciudad, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de amparo al rubro indicado, se desechó su demanda de amparo. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por *****, quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de******, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con la documental que anexa a su escrito de demanda, y promueve contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 516/2022 y fórmese el expediente respectivo. De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo y anexo. De ello resulta, que el acto reclamado consiste en el auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, por el cual se señalan las once y trece horas del día veintidós de agosto de dos mil veintidós y trece horas del cinco de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas de inspección, confesional y testimonial, respectivamente, dentro del expediente laboral 678/2019. Dicho acto se fija en función de la etapa en que se encuentra el procedimiento natural. Lo anterior, de acuerdo con el criterio plasmado en la Tesis Aislada 2a. CV/2013 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la página 732, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, de número de registro 2005150, que a la letra dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." El reclamo de la parte quejosa es porque estima que las datas programadas para a las once y trece horas del día veintidós de agosto de dos mil veintidós y trece horas del cinco de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas de inspección, confesional y testimonial, respectivamente, dentro del expediente laboral 678/2019 resultan excesivamente lejanas. Ahora de la copia del auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se advierte que la autoridad responsable dictó el correspondiente auto de pruebas, procedió a señalar las once y trece horas del día veintidós de agosto de dos mil veintidós y trece horas del cinco de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas de inspección, confesional y testimonial, respectivamente, dentro del expediente laboral 678/2019. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen a los agraviados una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevén que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Los razonamientos anteriores se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011580, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1086, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En el caso, el promovente se duele de que la autoridad responsable señaló fechas para el desahogo de las pruebas de inspección, confesional y testimonial, respectivamente, dentro del expediente laboral 678/2019, diversa a los plazos establecidos en la legislación laboral; sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto que aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurre, pues en relación con la fecha en que se dictó el acuerdo que reclama (cuatro de mayo de dos mil veintidós), la fecha en que se presentó la demanda (dieciocho de mayo de dos mil veintidós) y las señaladas por la responsable, en dicho auto, es que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral. Lo anterior, en razón de que lo aquí determinado se sustenta en lo establecido en la jurisprudencia 2ª.J.48/2016 (10ª.), precitada de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, y la cual señala que por regla general el amparo interpuesto contra actos relativos a proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de violaciones intraprocesales no afectan derechos sustantivos, y por tanto resulta improcedente, a menos que el juez de amparo, de la propia demanda advierta que existe una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización total del mismo; hipótesis que a juicio de la suscrita no se actualiza conforme a lo expuesto con antelación. Máxime que, ningún fin práctico tendría la tramitación del presente juicio de amparo, porque de acuerdo a la experiencia de este órgano jurisdiccional, un juicio de amparo con las características de la demanda de cuenta, tarda en integrarse un promedio de tres meses, dado que se debe emplazar a juicio al tercero interesado, en este caso al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, y requerir informe justificado a la autoridad responsable. Por tanto, en el caso de admitir la demanda, al momento de estar en condiciones de emitir la sentencia de amparo correspondiente, las fechas que señaló el tribunal laboral para llevar a cabo el desahogo de las pruebas de inspección, confesional y testimonial, respectivamente, dentro del expediente laboral 678/2019, ya no sería lejana, y para cuando la sentencia de amparo cause ejecutoria, es factible que ya haya transcurrido. Por tanto, no debe perderse de vista que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a los quejosos, pueda producir la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la quejosa no es la parte patronal, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Asimismo, se tiene a la parte quejosa señalando los siguientes correos electrónicos *******, con número celular ******. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. De igual manera, téngase como autorizado para consultar el Expediente Electrónico a ******* con nombre de usuario de *****, en virtud que cumple con lo que establece el artículo 3º de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

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