Martín Huerta Govea

Expediente 271/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
271/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Martín Huerta Govea

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en razón de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de quince de marzo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto queda FIRME para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Desahogo de prevención. Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ********************; atento a su contenido, se tiene desahogada la prevención formulada en auto de dos de marzo del año en curso, dado que manifiesta bajo protesta de decir verdad que: Señala como único acto reclamado: "LA POSIBLE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR JUDICIAL Y/O PRESENTACIÓN Y/O INDAGATORIA INICIADA Y GIRADA en mi contra por las autoridades señaladas como responsables". Y como fecha de conocimiento del mismo, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Desechamiento de demanda. A efecto de proveer lo que en derecho corresponde, se debe considerar lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la interpretación armónica de dichos preceptos, se tiene que el juicio de amparo resulta procedente cuando alguna responsable emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces necesariamente que, para examinar a través de la instancia constitucional el proceder de la responsable, se requiere como presupuesto, que sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernado, esto es, que el acto u omisión de que se trata pueda, de suyo, violentarlas, pues de no suceder así, se acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En el caso concreto, se precisa que el quejoso acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado la integración de una indagatoria en su contra.. Sin embargo, el acto reclamado no le causa daño o perjuicio; lo anterior obedece en función que la investigación de delitos es de orden público. Y es que aun en el supuesto de que tenga calidad de indiciado, no afectaría su interés jurídico, en virtud de que es una potestad del Ministerio Público ordenar que se reciba su declaración o no; además, con esa calidad puede acudir con los fiscales a solicitar lo que estime pertinente, lo que también puede realizar si tiene calidad de agraviado; tampoco afectaría su interés jurídico si es llamada a declarar como testigo; motivo por el cual, resulta improcedente el juicio de amparo. Cobra puntual aplicación a lo dicho la jurisprudencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible con el número 564, en la foja 448, tomo II, materia Penal, del Apéndice 2000, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." También cobra aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia número 1ª./J. 154/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Mayo de 2006, Novena Época, consultable en la página 49, bajo el texto y rubro siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Dada la vinculación que guarda con los actos aquí reclamados, resulta aplicable la tesis 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 351, tomo XX, materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado en diciembre de 2004, en que se lee: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." No es óbice de lo anterior, el criterio contenido en la Jurisprudencia 1a./J.7/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 780, del libro 5, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2014, de rubro: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO INDIRECTO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2009)."; así como la diversa tesis 1a./J.7/121/2009, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 36, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 2010, de rubro: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO.", toda vez que en las mismas se prevé la procedencia del amparo directo e indirecto cuando se reclamen actos respecto de los cuales proceda el juicio uniistancial y biistancial, lo que en la especie no acontece, habida cuenta que como se ha asentado en párrafos que anteceden el acto combatido en este asunto se ciñen al reclamo autónomo y abstracto de la investigación preliminar judicial. Por otra parte, tampoco resulta aplicable lo dispuesto en el criterio jurisprudencial 1a./J.7/138/2011 (9a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 2056, del libro 3, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2011, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO."; en virtud de que en el caso que nos ocupa, no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el citado criterio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."

  3. Principal

    Recepción y registro de demanda. Agréguese la demanda de amparo promovida por *************; en contra de los actos de la agencia número 1 del Ministerio Público adscrito en Tramitación de Zona Común A de Celaya, Guanajuato y otras autoridades; por violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales. Fórmese expediente físico y digital y regístrese en el libro de gobierno con el número 271/2022-6. Prevención de demanda. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, legalmente computado y bajo protesta de decir verdad: ? Aclare, cuál es el acto reclamado en el presente asunto, si lo es, la integración de una averiguación en su contra, o bien, la orden de presentación girada en su contra. ? Diga la fecha en que tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama. Dicha prevención se formula, en razón de que por un lado, en el capítulo respectivo, manifiesta que reclama: "LA POSIBLE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR JUDICIAL Y/O PRESENTACIÓN Y/O INDAGATORIA"; mientras que en el capítulo de conceptos de violación refiere como tal: "CONSIDERO INJUSTO E ILEGAL SE HAYA LIBRADO UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O PRESENTACIÓN Y/O INDAGATORIA EN CONTRA DEL QUEJOSO, YA QUE NO HE REALIZADO CONDUCTAS ILÍCITAS QUE ENCUADREN EN FIGURA TÍPICA ALGUNA DE NUESTRA LEGISLACIÓN PENAL. POR LO QUE AL HABERSE INICIADO UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y DE GIRARSE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EN MI CONTRA PARA PRIVARME DE MI LIBERTAD, CONSIDERO QUE DICHO ACTO RECLAMADO Y SU INMINENTE EJECUCIÓN VIOLAN MIS DERECHOS HUMANOS QUE TUTELAN LOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONALES PRECEDENTES." Ahora bien, respecto a la fecha de conocimiento del acto reclamado, únicamente se limitó a establecer que: "PRIMERO.- Es el hecho que el quejoso he sido alertado por varios vecinos y familiares de mi Comunidad en Municipio de Cortázar, Guanajuato, que tengo una investigación judicial en mi contra en esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, que he sido denunciado por el mes de diciembre del año 2021 y que van a venir por el suscrito la judicial, para una investigación de la cual el suscrito desconoce, y que si les daba su gana y con la autoridad como se presentan pueden hasta privarme de mi libertad personal.", sin embargo, no lograr especificar cuando tuvo conocimiento del acto que pretende sea estudiado en esta instancia constitucional. Cuestiones que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo. En el entendido de que la prevención deberá ser desahogada por la parte promovente del amparo, ya que los hechos relacionados forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Máxime que de tenerse conocimiento de actos realizados en la tramitación del presente juicio constitucional que puedan resultar constitutivos de alguno de los delitos previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la invocada ley, se dará vista al agente del Ministerio Público Federal, a fin de que los investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRÁMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGÚN DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para el traslado a las partes; en la proporción establecida en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, novena época, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica en su demanda. No ha lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones en el correo electrónico y número telefónico, que refiere la promovente, ya que tales medios no están contemplados en la Ley de Amparo como forma de notificación; no obstante lo anterior, se le tiene proporcionando los mismos a efecto de establecer comunicación, en caso de ser necesario. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en razón de que no se proporcionaron mayores datos para verificar si tienen registrada su cédula en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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