Martín Guadalupe Arellano Resendiz

Expediente 114/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
114/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2016

Partes del expediente

  • Martín Guadalupe Arellano Resendiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el doce de febrero de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por el quejoso **********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó ncidente de suspensión.

  2. Principal

    Agreguese a sus autos el escrito de cuenta, por el cual el quejoso **********, cumple el requerimiento formulado en auto de diez de feberero de dos mil dieciséis, aclarando su demanda de amparo, para lo cual manifiesta, bajo protesta de decir verdad: a) Que es parte demandada en el juicio ordinario civil C477/2014 de la estadistica del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato (controversia de origen). b) Que se apersonó en dicha contienda por medio de recurso de apelación de doce de enero de dos mil quince, promovido en contra de la sentencia dictada. c) Que el juicio de origen que se encuentra en ejecución de sentencia. d) Que el acto reclamado en la presente instancia es la la desposesión del bien inmbueble ubicado en calle ***, Apaseo el Grande, Guanajuato. e) Que el cuatro de febrero de dos mil dieciséis se hizo de su conocimiento el auto de tres del mes y año corriente, dictado dentro del juicio de origen, mismo que contiene el acto que reclama. f) Que en contra de dicho provéido no promovió ningún recurso ordinario de defensa. g) Que no existe monto al que se le haya condenado en la controversia de origen. De la precisión hecha con anterioridad, se desprende que el quejoso tuvo acceso al expediente, compareciendo incluso, por lo que se encontraba en aptitud de imponerse de lo ahí actuado e inconformarse, es decir adquirió la calidad de parte formal y material. Ahora bien, el quejoso se duele de manera medular, de la desposesión del bien inmueble ubicado en la calle Apatzeo esquina con calle ***, de la Ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato, mismo que aduce es de su posesión. Que dicho acto de autoridad, se encuentra contenido en auto de tres de febrero de dos mil dieciseis, dictado dentro del juicio ordinario civil C477/2014 del Juzgado Unico Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 113, 61 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano. Es así porque se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Entonces, si como se destacó en lineas anteriores el quejoso es parte dentro del juicio de origen, compareció dentro de éste, y en la presente instancia se duele de la privación de la posesión, desposesión o despojo del inmueble objeto de la controversia; resulta insoslayable que debió agotar, previo al juicio que nos ocupa, el recurso de revocación que prevee el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en su artículo 232 del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio" Lo anterior, en tanto que no se está en ninguno de los supuestos que establece el artículo 236 de la disposición en cita, para la procedencia del recurso de apelación. De ahí que en el particular, al reclamarse la actuación (privación de la posesión) respecto la cual procede un medio de defensa mediante el cual podrían nulificarse o revocarse, trae como consecuencia, que la demanda planteada resulte improcedente, al actualizarse en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de la materia y conforme lo dispuesto en el numeral 145 de la citada Ley, se desecha de plano. No es obice, para la determinacion anterior la relevancia del proveído que se impugna; sin embargo, no existe disposicion legal, ni razon juridica o interpretativa que permita forjar una excepcion al principio de definitividad que rige la materia iusfundamental. De igual manera, no es válido formular una analogía con algun otro supuesto previsto en la normatividad, dado que resulta juridicamente inaceptable en tanto que el tópico representaría una excepción y el mecanismo de integración normativa para colmar una laguna o vicio legislativo, únicamente es factible utilizarse en aquellas disposiciones que por su naturaleza puedan aplicarse de manera más extensiva, es decir, tratándose de disposiciones de aplicación estricta, como sucede en las excepciones, solamente podrán aplicarse a los supuestos para los que fueron creadas; sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón, ya que se dejaría de acatar la voluntad del creador de la norma. Así, lo ha sostenido el Alto Tribunal ,a través de diversos criterios que datan desde la quinta época. Se cita uno de ellos, visible en el tomo XIX, pagína 754, del Semanario Judicial de la Federación, con registro IUS 282725, de rubro y texto: "LEYES DE EXCEPCIÓN. Las leyes que establecen excepciones, son de estricta interpretacion y, por tantom no pueden aplicarse por analogía, a caso alguno no comprendido e ellas." Entonces, si existe certeza de que contra la resolución reclamada en el juicio de amparo procede medio de defensa ordinario para lograr su nulidad, modificación o revocación -que vía de consecuencia también se reclaman- dentro del procedimiento del que deriva, en términos de lo previsto en la porción normativa en cita, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la demanda en términos del diverso numeral 113 de la propia Ley. Sirve de sustento -dada la similitud que existe entre las hipótesis de improcedencia de la derogada la Ley de Amparo y la vigente, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se expidió-, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, página mil seiscientos sesenta y cinco, registro 175964, titulada: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA." Con fundamento, también, en la jurisprudencia I.13º.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."

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