Martin Hernandez Rivera

Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
576/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Martin Hernandez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio y anexos de cuenta, que remite el juez único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 246/2020, deducido del juicio de amparo en que se actúa, advirtiéndose de las constancias que anexa que el cinco de noviembre de dos mil veinte, notificó al quejoso Martín Hernández Rivera, el auto de treinta de octubre pasado. Firme desechamiento Po otro lado, vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Martín Hernández Rivera, interpusiera recurso de queja contra el auto treinta de octubre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha auto, queda FIRME para todos los efectos legales conducentes. Valoración de archivo Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Recepción del escrito Vista la demanda de amparo presentada por Martín Hernández Rivera, en contra de actos de la Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Apaseo el Grande, Guanajuato y otras autoridades. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 576/2020-VI. Desechamiento de la demanda. Del análisis de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Bajo ese contexto, de la lectura integral del libelo constitucional se advierte que el acto que reclama la quejosa es: la orden de baja del régimen obligatorio del Seguro Social, y todas sus consecuencias, como son: disminución de semanas cotizadas, disminución del monto de la pensión a la cual pudiera tener derecho y el posible rechazo a la atención médica y suministros de medicamentos. Al respecto, este juzgador estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, 5°, fracción II, y 11, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social actúan en su faceta de ente asegurador y, por ello, la conducta que se le reclama no reúne las características propias de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se explica: De acuerdo con los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados y sus beneficiarios, pueden recurrir cualquier acto emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es, dada la posición jurídica que hay entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social, las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante tribunales ordinarios, ya que la relación que hay entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus asegurados y beneficiarios no es de supra a subordinación y, por ende, frente a ellos no actúa como autoridad. En efecto, de acuerdo con los artículos 2°, 4°, 5°A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6°, 7°, 8°, 10, 11 y 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. La seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social se encuentra dirigida, en primer término, a la protección de los trabajadores y, después, a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores de las prestaciones de seguridad social deben satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario realiza actos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, relacionados con la seguridad social, previstos en la ley que lo rige, la determinación que emita será actuando como ente asegurador, porque lo hará con investido de la obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, o bien, como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. En la especie, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se evidencia lo siguiente: El quejoso se encuentra dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y tres. El quince de octubre de dos veinte, acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social, para realizar gestiones para tramitar su pensión. Dicho instituto en la misma data le informó que hubo un movimiento de baja en la constancia de semanas cotizadas por el periodo de 1 de noviembre de 2019 al 25 de marzo y dos de octubre de la misma anualidad. En ese sentido, la conducta que la quejosa reclama no es un acto de autoridad para efectos del amparo, porque el otorgamiento de prestaciones de seguridad social se ubica en una relación jurídica donde el instituto carece de imperio, ya que en el caso actúa en el marco del vínculo de asegurador-asegurado. Se insiste, los actos que emite el instituto en ese plano carecen de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad; ya que lo hace en un plano de igualdad con el asegurado, en virtud de que no actúa como órgano fiscal autónomo, sino como un ente asegurador, en virtud del pacto de voluntades celebrado con una particular. Por ello, de acuerdo con los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, las partes en conflicto deben acudir a los tribunales ordinarios para que resuelvan la controversia e impongan, aun coactivamente, las consecuencias jurídicas establecidas por la ley. En ese sentido, si el acto reclamado está relacionado con la baja del régimen obligatorio, que se traducen en cuestiones de seguridad social que presta el instituto a sus beneficiarios, en este momento no procede el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 consultable en la página 1511 del tomo XXXIV, septiembre de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". En similares términos se pronunció, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja número 224/2019, de su estadística. De ahí que, en el particular, al reclamarse actos de un ente que actúa en plano de igualdad con el agraviado, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu; consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por no haber proporcionado dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); sin perjuicio que en caso de acreditar tal extremo, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho precepto legal. Ahora bien, considerando que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Narciso Mendoza, número 501, colonia Centro de Apaseo el Grande, Guanajuato; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, gírese atento despacho al Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado notifique personalmente el presente auto al quejoso en el domicilio antes señalado. Asimismo lo requiera para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, y lo aperciba que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la ley de la materia y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Finalmente, dígasele a la autoridad requerida, que en el término de tres días, deberá remitir las constancias que demuestren la notificación a la parte quejosa, a la dirección electrónica 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o en caso, de no contar con los medios idóneos para ello, las podrá enviar en la vía tradicional al domicilio oficial de este órgano de control constitucional. En ese tenor, se instruye a los actuarios de la adscripción que hagan llegar la comunicación que derive del presente acuerdo, a través de los medios electrónicos correspondientes. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.Notifíquese en los términos indicados. Así lo proveyó y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano