Martin Fernandez Contreras
Expediente 1398/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1398/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martin Fernandez Contreras
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso, por medio del cual, en cumplimiento a la prevención formulada el dos de diciembre último, amplía los antecedentes del acto reclamado, sin que se advierta su interés en señalar como autoridad responsable al actuario adscrito a la Central de Actuarios del Partido Judicial de Silao, Guanajuato. Atento a su contenido, se provee: ESTUDIO DE PROCEDENCIA En atención a lo anterior, se precisa que el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". de la que se advierte que se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, el quejoso reclama el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil M-47/2019 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Silao de la Victoria, Guanajuato, por el cual se ordenó poner en posesión el bien inmueble rematado, identificado como parcela 165 z 1 p2/2 del Ejido Loza de Barrera, con una superficie de 12-10-27.15 hectáreas, en dicha localidad. Sin embargo, respecto del referido acto deviene improcedente el juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar la presente demanda. Estos preceptos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primera regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento, la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Es aplicable la jurisprudencia 36/2044 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que por excepción es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Sobra aplicación la jurisprudencia 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora, con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene asentar los antecedentes del acto reclamado que se advierten tanto de las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realizó el quejoso en su escrito aclaratorio, como del juicio de amparo indirecto 1156/2022 del índice de este Jugado resuelto en sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, y que constituye un hecho notorio para este órgano federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo: *****, en su carácter de endosatario en procuración de *****, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a *****, el pago de pesos, con motivo de la suscripción de un pagaré, entre otras prestaciones. En auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, la Juez Segundo Civil del Partido Judicial de Silao de la Victoria, Guanajuato, admitió a trámite la demanda, registrándola con el número de expediente *****, ordenando requerir de pago, embargar y emplazar a la parte enjuiciada. Seguido el juicio por sus etapas, el veintitrés de junio de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en las que se determinó que el actor había acreditado los hechos constitutivos de su acción, por tanto, se condenó a la parte demanda a pagar en favor de su contraparte la cantidad de $**** (***** pesos 00/100), por concepto de suerte principal y el interés moratorio a razón del 5% (cinco por ciento) mensual sobre la suerte principal. En etapa de ejecución de sentencia, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se dictó interlocutoria en la que se condenó a la parte demandada al pago de $**** (***** pesos 00/100) por concepto de intereses moratorios. En ocho de abril de dos mil veintidós, se dictó diversa interlocutoria en la que se condenó a la parte demandada al pago de $**** (****** pesos 99/100) por concepto de intereses moratorios a razón del 5% (cinco por ciento) mensual sobre la suerte principal. En el procedimiento de remate, entre otras actuaciones, destaca el auto de tres de mayo de dos mil veintidós, en el que se ordenó el remarte en primer almoneda del inmueble consistente en la parcela número **** del Ejido Loza de Barrera en Silao de la Victoria, Guanajuato, se decretó la publicación de edictos por dos veces en el Periódico Oficial de Gobierno, Diario de Mayor Circulación en el Estado de Guanajuato y se señaló hora y fecha para su verificativo. El seis de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la diligencia de remate en primera almoneda, respecto del bien inmueble embargado en la cual, la Jueza Segundo Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato, declaró fincado el remate, por solicitud de la parte actora se le adjudicó el bien material de este y expresamente se requirió a la parte demandada para que una vez que causara estado esa determinación, otorgara a favor del adjudicatario la escritura correspondiente, con el apercibimiento respectivo de otorgar la escritura en rebeldía. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado bajo el número de toca *** del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y en sentencia de quince de julio de dos mil veintidós, se determinó confirmar la audiencia de remate combatida, sentencia de apelación que, por lo tanto, implicó la firmeza de las determinaciones asumidas en la audiencia de remate, incluyendo lo concerniente a la orden de escrituración. En contra de esta última resolución, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, que tocó conocer a este Juzgado Federal, registrándolo con el número de expediente 1156/2022, se admitió a trámite y se resolvió en sentencia pronunciada el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el sentido de negar la protección federal; pero lo importante ahora, es que en ese juicio de amparo, se partió de considerar que la sentencia que en apelación confirmó la diligencia de remate que contiene la orden de escrituración, fue la última resolución de ese procedimiento. Tanto así que por ese motivo el amparo se admitió y, en su oportunidad se resolvió de fondo, considerando ese fallo del recurso, como la última resolución del procedimiento de remate a través del cual el particular estuvo en aptitud de hacer valer su inconformidad, en contra del remate mismo y de los actos previos del procedimiento. Fue posterior a ese fallo del recurso, que se dictó el auto reclamado ahora, de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el cual ordena poner en posesión el bien inmueble rematado, identificado como parcela **** del Ejido ****, con una superficie de ***** hectáreas. Siendo así, este acto, es decir, el que ahora se reclama, no constituye la última resolución del procedimiento de remate para efectos de la procedencia del amparo. Esa última resolución fue -como se dijo- la del recurso de apelación que confirmó la diligencia de remate de seis de junio de dos mil veintidós que expresamente requirió a la parte demandada para que otorgara a favor del adjudicatario la escritura correspondiente, con el apercibimiento respectivo. Con el fallo que en apelación confirmó ese acto, concluyó la etapa de remate, tan es así que, como tal, fue materia de análisis en el juicio de amparo 1156/2022 de la estadística de este órgano federal a la luz de la jurisprudencia 57/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 110, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DELA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En ese sentido, el acto emitido con posterioridad, que ahora requiere la entrega material del inmueble ya no es la última resolución del procedimiento de remate que con esa característica de pauta a promover el amparo indirecto en contra del remate y todo lo actuado en el procedimiento. En realidad, el auto reclamado de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, es un acto posterior a la última actuación del procedimiento de remate que, si bien se relaciona con la etapa de ejecución, para efectos del amparo encuadra ya en el segundo párrafo del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Ese acuerdo que ahora ordena poner en posesión el bien inmueble rematado, identificado como parcela **** del Ejido ****, con una superficie de ***** hectáreas ya no reviste la característica de ser el último acto de procedimiento de remate en los términos que describe el tercer párrafo de la citada porción normativa, sino que se ubica en una etapa posterior que, por lo tanto, encuadra en el supuesto de que el amparo es procedente hasta que se dicte el acuerdo que tenga por cumplida la sentencia, declare imposibilidad para el cumplimiento u ordene el archivo. Incluso el propio quejoso refiere que el acto impugnado fue dictado en etapa de ejecución de sentencia, pero posterior al fallo que en apelación confirmó la diligencia de remate (donde se ordenó la escrituración del bien rematado). Por tanto, como se anticipó, el juicio de amparo en contra de tal acuerdo, resulta improcedente, toda vez que dicha actuación no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, sino que formando parte de la ejecución de la sentencia, tiene como finalidad, directa e inmediata, lograr su cumplimiento, pero sin ser la determinación que la tiene por cumplida, determina imposibilidad de cumplimiento u ordena el archivo. De manera que, en su caso, solo puede ser impugnado por la vía constitucional, hasta que se emita cualquiera de esas determinaciones. Y si bien el quejoso estima que con el acto que reclama se lesionan derechos sustantivos, ello no implica que pueda ser impugnado en amparo indirecto, porque se trata de un acto dictado en etapa de ejecución que que tiene como finalidad el cumplimiento de la sentencia de origen, que si bien pudiera estimarse afecta su derecho de propiedad -precisamente porque le requieren por el inmueble que aduce es de su propiedad- tal afectación no es ajena a la cosa juzgada, en tanto están encaminados a cubrir la condena que fue materia de la sentencia dictada en el juicio de origen. Como se dijo, en su caso, dicho acuerdo será impugnable por la vía del amparo indirecto, hasta la culminación del procedimiento relativo, es decir, la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tampoco se está en el caso de que lo reclamado constituya un acto que goce de autonomía destacada en relación con la emisión y ejecución del acto reclamado, lo que torna la improcedencia del amparo, de forma manifiesta. Esto porque los actos de autonomía propia y destacada en la fase ejecutiva, son aquellos que resuelven cuestiones accesorias a la propia ejecución, dictados con independencia del resultado final con que concluya dicha ejecución; mientras que, en el caso, como se dijo, el acto que se impugna guarda relación con la ejecución de la sentencia ejecutoriada, precisamente, porque se pretende el pago de pesos a que fue condenada la demandada, sin que estén dotados de autonomía destacada. Entonces, será hasta que mediante resolución definitiva se provea lo concerniente a la conclusión de la fase ejecutiva, es decir, hasta la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando se pueda activar el proceso judicial de amparo y reclamar, en su caso, las violaciones cometidas por la autoridad responsable. Sin que se desatienda lo que señala el quejoso en su escrito aclaratorio, en el sentido de que el acto que ahora reclama es el que ordena la entrega de la entrega de la posesión y que por eso debe considerarse como la última resolución del procedimiento de remate en contra de la cual procede el amparo indirecto. Sin embargo, no le beneficia ese señalamiento pues, como se ha explicado, de Ley de Amparo deriva que la última resolución del procedimiento de remate es la que ordene la escrituración o entrega del bien rematado y, en este caso, esa última resolución fue la que en definitiva definió lo relativo a la orden de escrituración, siendo que incluso el quejoso ya promovió amparo en contra de esa última resolución y, por ende, el posterior acuerdo que ordena la entrega del bien carece de esa característica de ser la última resolución del procedimiento de remate para efectos del amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. En el entendido de que la causa de improcedencia se actualiza de manera notoria y manifiesta porque aun admitiendo a trámite el juicio y recabando informes y pruebas, esto no modificaría el hecho de que el acto reclamado no es el último de la etapa de ejecución del juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dos de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********, contra actos que reclama del Juez Segundo Civil de Partido con sede en Silao, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno electrónico con el número 1398/2022. PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracción I en relación con el diverso numeral 108, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y, consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio: Amplíe los antecedentes del acto reclamado. En efecto, del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, que en el año dos mil diecinueve fue demandado por ***********, juicio que tocó conocer al Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Silao, Guanajauto, radicándolo con el número de expediente ******. Siguió diciendo, que en ejecución de sentencia, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó entregar la posesión del inmueble rematado, esto es, de la ***********del Ejido Loza de Barrera, con las hectáreas descritas en su demanda inicial. En ese sentido, se considera necesario requerir a la parte promovente para que, bajo protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes del acto reclamado, de tal manera que se advierta la etapa en la que se encuentra el juicio, desde el dictado de la sentencia definitiva hasta la emisión del acto reclamado. Siendo relevante que narre lo sucedido en etapa de remate (en la que aparentemente se encuentra, atendiendo a que así lo dio entender, de manera implícita, en sus conceptos de violación) resaltado los hechos más relevantes, por ser necesarios para fijar la litis constitucional y estar en condiciones de proveer lo conducente respecto del escrito que se recibe, debido a que constituye uno de sus requisitos formales. Manifieste si tiene interés en señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Partido Judicial de Silao, Guanajuato. Lo anterior, toda vez que a dicha autoridad es a quien le podría corresponder ejecutar la desposesión del inmueble que defiende, atendiendo a sus atribuciones; en el entendido que de hacerlo, deberá acompañar una copia de demanda y del escrito aclaratorio para correrle traslado. Sirven de apoyo las jurisprudencias con datos de localización, rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial. APERCIBIMIENTO Se apercibe al solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado en el inciso a), dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia. De dar cumplimiento a la referida prevención, pero no desahogar el requerimiento previsto en el inciso b), se proveerá la demanda en los términos planteados. En tanto que, de cumplir con ambos requerimientos, pero no exhibir las copias suficientes para tramitar el incidente de suspensión solicitado, se postergará el mismo hasta en tanto exhiba las copias necesarias para tal efecto. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA El promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. Por tanto, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, o bien, en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte promovente proporcionó una dirección de correo electrónico en la etiqueta de la demanda, la que constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerada para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Se invita a la parte quejosa a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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