Martin Fernadez Contreras

Expediente 590/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
590/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Martin Fernadez Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el acuerdo que desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Existencia de documentos: La parte quejosa no allegó documentos. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 15, aplicado en sentido contrario y 20, fracción IV, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, siete de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio que signa la Jueza segundo Civil de Partido, con residencia en Silao de la Victoria, Guanajuato, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos que reclama de tal autoridad. Acúsese recibo. REGISTRO De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 590/2023. En el caso, se da trámite a la demanda de amparo indirecto en los términos que correspondan, pues, no se inadvierte que en tal demanda se haya asentado que se presentaba como amparo directo y dirigido a la autoridad responsable, sin embargo, del contenido íntegro de ese ocurso se desprende que el quejoso lo que pretende es instar el juicio de amparo biinstancial, debido a que del fundamento que cita -artículo 107, fracciones III, VI y VII- así como el carácter de tercero extraño que ostenta, doliéndose de que no fue debidamente representado en juicio, confirman que la acción intentada por el promovente es en amparo indirecto y no directo. Motivo por el cual, resulta innecesario devolver el escrito de demanda a la autoridad responsable para que dé el trámite que estable el artículo 178 de la Ley de Amparo y, por ende, este juzgado se avoca a su conocimiento. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. En ese orden, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquéllos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. De modo que, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que le fue notificado el acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, o en su defecto, exista prueba que demuestre lo contrario. Ahora, en el caso, el acto que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional se hace consistir en: - La violación a sus derechos de audiencia y defensa de que, dice, fue objeto en el expediente ***** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Silao, donde siendo parte demandada no tuvo oportunidad de conocer lo actuado y acudir en su defensa, derivado de lo que él considera una mala o falsa representación; equiparándose a un tercero extraño a juicio. De la demanda en estudio no se advierte que el quejoso proporcione la fecha en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte que, una vez verificado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, se obtuvo la existencia del juicio de amparo radicado en este juzgado con el número 80/2023, en el que el aquí quejoso es tercero interesado, y el acto reclamado emana del expediente ****** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Silao, Guanajuato. Lo que constituye un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Luego, de las constancias del citado juicio de origen - ********** - que la jueza segundo civil de partido de Silao, Guanajuato, aportó en apoyo a su informe justificado en el diverso juicio de amaro, se desprende que ************* , personalmente mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós en la oficialía de partes del juzgado responsable, acudió a aquel sumario a presentar avalúo comercial del predio rústico embargado en ese asunto. Incluso, posteriormente acudió al citado juicio a desahogar una vista con motivo de un incidente de liquidación de intereses -escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintidós en la oficialía de partes común civil del partido judicial de Silao, Guanajuato y, turnado al juzgado responsable el treinta y uno siguiente- . Después, acudió a interponer recurso de apelación contra el auto de cinco de abril de dos mil veintidós y la sentencia interlocutoria de veintiocho de abril del mismo año -escritos presentados el dieciocho y diecinueve de abril de dos mil veintidós. Asimismo, interpuso recurso de apelación contra la audiencia de remate -escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós-. Además, se aprecia que promovió sendos juicios de amparo contra la falta de notificación al incidente de liquidación de intereses y contra la resolución de quince de julio de dos mil veintidós dictada en el toca ***** por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Así como también, interpuso recurso de revocación contra el auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, donde se ordenó la posesión del bien inmueble adjudicado. Entonces, si ahora el quejoso se ostenta como "extraño a juicio" sin haber tenido oportunidad de ser oído y vencido, incluso en la etapa de ejecución, según dice, por lo que alega una falsa y mala representación; lo importante es que de acuerdo a lo antes narrado, se advierte el quejoso tuvo conocimiento del sumario de origen (incluso de los actos posteriores a sentencia) que por lo menos desde el once de febrero de dos mil veintidós, en que, mediante escrito, acudió a presentar avalúo comercial del predio rústico embargado en ese asunto y a partir de ahí, su conocimiento de hace patente con la serie de intervenciones que personalmente tuvo. Por tanto, esa data debe tomarse como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones, de acuerdo a la ley de la materia, el cómputo para presentar este juicio de amparo, comenzó a correr a partir de que tuvo conocimiento del juicio respecto del que alega mala representación, que fue, al menos desde el once de febrero de dos mil veintidós, por lo que el término comenzó el catorce siguiente, y feneció el cuatro de marzo del mismo año, sin incluir los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil veintidós, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó el cinco de junio del presente año, en la oficialía de partes común a los juzgados de Distrito del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, es evidente que se encuentra fuera del plazo de quince días a que alude el numeral 17 en cita, según el cómputo señalado en el párrafo que antecede; de modo que, los actos que la quejosa pretende impugnar con la demanda de cuenta, deben considerarse consentidos tácitamente, con lo que el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. A mayor abundamiento, cabe señalar que el ocursante al tener la calidad de parte demandada en el juicio de origen, una vez que acudió a dicho procedimiento, se encontraba en aptitud de hacer valer lo que a sus intereses convenía, incluso pudo acudir a hacer valer lo que a su interés resultara favorable respecto de lo que denominó falta y mala representación; pero lo importante es que sus señalamientos en ese sentido no hacen procedente el amparo indirecto en términos del artículo 107 de la Ley de la materia cuando es evidente que ejerció su acción constitucional fuera de término. Aunado a que, contrariamente a lo que propone, la autoridad responsable no puede de manera oficiosa relevar de la representación otorgada por una de las partes a una persona que defenderá sus intereses, pues incluso iría en contra de la imparcialidad con que debe conducirse en el desarrollo del procedimiento; pues el conflicto tiene el carácter de privado, por lo que se encontraban en igualdad procesal, la cual no podía ser interrumpida por el juez natural. Entonces, aun cuando al amparo acuda alegando el falsa y mala representación, de que dice, fue objeto en el juicio de origen, es inconcuso que eso no torna procedente el amparo, en las condiciones explicadas a lo largo de este fallo. Al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, procede desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías. SE EXHORTA A LA PARTE QUEJOSA Por otro lado, se advierte que el promovente de la demanda de origen que da lugar al presente acuerdo, manifestó bajo protesta de decir verdad hechos y abstenciones que supuestamente le constan respecto del acto que reclama, pero omitió relacionar los antecedentes de manera completa y veraz, sobre todo, prescindió relacionar que en el juicio de origen compareció desde marzo de dos mil veintidós e impugnó diversas actuaciones. Tal y como se desprende de los hechos advertidos del juicio *****, relacionados con antelación. Así al no haber relacionado todos los antecedentes que al acto reclamado corresponden, faltó a la verdad y a la probidad con que debe conducirse al solicitar la protección constitucional; lo que se percibe entraña la intención de que ese desconocimiento opere en su beneficio. En ese orden de ideas, se apercibe al quejoso para que en lo subsecuente se conduzca con apego a la verdad y evite ese tipo de prácticas que, al menos de una primera vista, se advierte pretenden confundir y omitir datos a este órgano jurisdiccional en beneficio propio y en detrimento de la correcta impartición de justicia. Por tanto, se le conmina a que en lo sucesivo se conduzca con verdad y, en su caso, al promover, narre los antecedentes que puedan influir en la decisión del órgano jurisdiccional, pues además dicha situación está directamente relacionada con el análisis de las causas de improcedencia que pudieran suscitarse y cuyo estudio es de orden público; y en la inteligencia de que, de no hacerlo, podrá ser acreedor a una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, con apoyo en el artículo 236, en relación con el 249, ambos de la Ley de Amparo, incluso, puede darse vista al agente del ministerio público adscrito a este Juzgado para que investigue la posible comisión de un hecho que la ley señale como delito. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA La parte promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En atención a lo anterior, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, o bien, en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Se invita a la parte quejosa y al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.

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