Martin Fernando Ochoa Jaime
Expediente 632/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martin Fernando Ochoa Jaime
Actuaciones
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.... TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. Sobre esa base, se tiene que no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la negativa de que recibiera y diera trámite a la "Solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma", que el quejoso adujo haber pretendido presentar en sus oficinas el veintitrés de julio próximo pasado. Se afirma tal aserto, toda vez que dicha autoridad, al rendir su informe justificado, negó dicho acto; aunado a que, con independencia de lo que expuso en dicho informe, se precisa que de la documental que exhibió con éste, relativa al oficio********************, de once de enero del año en curso, se aprecia que emitió contestación a una diversa petición del quejoso, la cual se le notificó en la propia data. Y respecto de lo cual, la propia autoridad negó que tuviera algún antecedente de que el quejoso le hubiera formulado otra petición con posterioridad. Sobre esa base, se concluye que dicho inconforme no demostró que hubiera formulado la respectiva solicitud por escrito, ni menos aún que haya acudido a dichas instalaciones a fin de presentarla para que la respectiva autoridad la recibiera o le diera el trámite correspondiente, por lo siguiente. En efecto, el quejoso aduce que la responsable vulneró el numeral 8o de la Constitución Federal, que prevé: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El numeral transcrito impone la obligación a los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. De modo que, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En ese sentido, se colige que el derecho humano consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal, establece que cualquier gobernado puede presentar una petición ante una autoridad, respecto de la cual tiene la prerrogativa de recibir una respuesta, para que exista esa obligación, es requisito ineludible la existencia de la petición por escrito, la cual debe formularse de manera pacífica y respetuosa, sin mayores formalidades. Ello, pues no obstante que a la petición le falta algún requisito legal, la autoridad de ningún modo puede rehusarse a recibirla, sino que debe no violar ese derecho, debe recibirla y acordar negando o incluso aplazar el pronunciamiento correspondiente para cuando se cumpla con los requisitos exigidos por la ley, conforme con lo establecido en la tesis de rubro: "DERECHO DE PETICION". En cambio, en el supuesto de que no se demuestre que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, evidentemente no puede estar vinculada a dar trámite o emitir la resolución correspondiente. Ahora bien, se itera que el acto reclamado se hizo consistir en la negativa de la autoridad responsable de recibir y dar trámite a la "Solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma", que el quejoso adujo haber pretendió presentar en sus oficinas. Sobre esa base, para analizar los elementos que integran el derecho de petición, se considera necesario señalar que los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, establecen: "Artículo 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Artículo 82.- El que niega sólo está obligado a probar: I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y III.- Cuando se desconozca la capacidad". Los numerales transcritos establecen las cargas probatorias que asisten a las partes para demostrar sus hechos y, por regla general, la carga de la prueba corresponde al que afirma y no al que niega. Sin embargo, quien niega no está obligado a probar, salvo que su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En ese sentido, no obstante que el quejoso se duele de la negativa de la autoridad responsable de recibir y dar trámite a la "Solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma", que adujo haber pretendió presentar en sus oficinas; en el caso, de conformidad con los principios reseñados atinentes a las cargas probatorias, se concluye que, para poder analizar la conducta de la responsable, se tiene que constatar la existencia de la solicitud, o bien, que el quejoso acudió a las instalaciones de la responsable para presentarla. Esto, porque el inconforme, al aducir que formuló una solicitud y que acudió a las instalaciones de la responsable para presentarla, se tratan de hechos positivos, los cuales evidentemente preceden a la negativa reclamada. De ahí que, el quejoso debe demostrar la existencia de la solicitud, o bien, que acudió a las instalaciones de la responsable para presentarla. Ello, sin que el propio quejoso se encuentre constreñido a probar que intentó hacer la entrega de la solicitud, en tanto que al reclamarse la inobservancia de la responsable de la obligación impuesta en el artículo 8o de la Constitución Federal, corresponde a un hecho negativo, por lo que es a dicha autoridad a la que asiste la carga de probar que, en el ámbito de sus atribuciones, dio atención a la petición o solicitud que le fue formulada de acuerdo con las disposiciones que regulan su actuación. Tienen sustento a lo anterior, las tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 197269 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXLI/97 Página: 366 "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Amparo en revisión 2074/97. José Alcaraz García. 24 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Registro digital: 2003971 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: XXI.2o.P.A.11 A (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, página 1386 Tipo: Aislada "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 22/2013. José Santos Díaz Suárez. 21 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Zeus Hernández Zamora, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Vicente Iván Galeana Juárez. Sobre esa base, se concluye que el quejoso no demostró de manera plena que hubiera formulado la respectiva solicitud por escrito, ni menos aún, que haya acudido a las instalaciones de la Jefatura del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de presentarla, para que la respectiva autoridad la recibiera o procediera a iniciar el trámite correspondiente. Se afirma tal aserto, pues entre las probanzas que el quejoso ofreció para acreditar dicha circunstancia, se encuentran: Escrito de petición sin fecha; Copia de la resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez; Copia de la impresión de dudas atinentes a la "Solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma y por cambio de cuenta bancaria"; La presuncional en su doble aspecto, legal y humana; y, La instrumental de actuaciones. Tocante a la copia de la impresión de dudas atinentes a la "Solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma y por cambio de cuenta bancaria"; no es apta para demostrar la existencia del escrito de petición o que acudió a las oficinas de la responsable, porque solo demuestra cuál es el procedimiento que el interesado debe realizar y ante qué instancia, a fin de que se prepare y se admita el trámite que pretende. Por otra parte, en relación con la copia de la resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez, tampoco es idónea para acreditar la solicitud del quejoso ni que haya asistido a las instalaciones de la responsable, pues únicamente evidencia a cuánto asciendo el monto de dicha prestación a su favor, así como los cálculos que se realizaron para obtener dicho importe. Respecto del escrito de petición, con independencia de su contenido, se aprecia carece de fecha dado que al calce del documento se asentó que se signaba a la fecha de su presentación; por tanto, resulta insuficiente para demostrar, al menos de manera indiciaria, la existencia de la petición y, menos aún, sirve para probar que acudió a las instalaciones de la responsable. Esto, porque la citada autoridad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; aunado a que de la documental que exhibió con su informe, relativa al oficio********************, de once de enero del año en curso, se aprecia que emitió contestación a una diversa petición del quejoso, la cual se le notificó el once siguiente. Y respecto de lo cual, la propia autoridad negó que tuviera algún antecedente de que el quejoso le hubiera formulado otra petición con posterioridad. Por tanto, aun cuando la citada respuesta pareciera un acto diverso del impugnado dado que ello aconteció previo a que el quejoso pretendiera presentar la solicitud de modificación el veintitrés de julio del año en curso, se considera que dicha manifestación genera duda razonable sobre si el escrito que exhibió el quejoso corresponde a la solicitud a la que la responsable previamente dio respuesta, o bien, que sea diversa, dado que de la confronta del respectivo ocurso y de la contestación exhibida por dicha autoridad, se advierte que atiende lo ahí solicitado por el inconforme. De ahí que, procede conferir valor probatorio pleno a la respuesta remitida por la responsable, de conformidad con el artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, en tanto que fue omiso en acreditar la fecha de suscripción del respectivo documento. Además, por lo que ve a la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, se precisa que no se actualiza alguna en su favor, en tanto que le asiste la carga probatoria de demostrar que elevó la petición en la data que indica, o bien, que haya acudido a sus oficinas para presentarlo; lo que en la especie no acontece. Y, finalmente, en relación con la instrumental de actuaciones, no se advierte alguna actuación que beneficie a las pretensiones del quejoso. En consecuencia, aún concatenados los diversos documentos reseñados, el quejoso no acreditó que hubiera formulado alguna solicitud a la responsable en la fecha que indica en la demanda, pues ninguno demuestra en qué momento se suscribió la petición, y menos aún, que hubiera acudido a las instalaciones de la citada autoridad para que realizara su entrega, a efecto de que se iniciara el trámite correspondiente. Siendo insuficiente lo expuesto en la demanda, porque al no encontrarse robustecidas sus manifestaciones con diversos medios de convicción, solo resultan ser meras aseveraciones carentes de sustento. Por lo demás, el quejoso contaba con la disponibilidad de la prueba para evidenciar ese aspecto, a manera de ejemplo, con el ofrecimiento de testimonio de las personas que lo hubiesen acompañado a hacer el trámite que pretendía, o bien, en su caso, con el documento que acreditara que generó cita para el ingreso a las oficinas de la responsable, por mencionar algunos. De ese modo hubiera probado que la autoridad administrativa se negó a recibir el escrito y que, con ello, que quedara vinculada a contestar o dar atención a la respectiva petición. Así, se actualizada la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro digital: 265314 Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXII, Tercera Parte, página 39 Tipo: Aislada "PETICION, DERECHO DE. ABSTENCION DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIO LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." Amparo en revisión 1246/66. Manuel Valdés García. 9 de agosto de 1967. Cinco votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Al respecto, no se inadvierte que la responsable manifestó en su informe que el once de enero del año en curso, había dado contestación a diversa petición de la que aquí reclama el quejoso. Sin embargo, resulta improcedente dar vista al inconforme con dicha contestación para que formulara ampliación; cierto es que respecto tal acto sería improcedente la presente vía de amparo porque actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que la contestación no se emitió en un plano de supra a subordinación, porque la responsable no está revestida de imperio, ni del ropaje estatal, como una entidad pública, ni como un particular actuando como una autoridad estatal, sino en carácter de ente asegurador, en sustitución del patrón. Esto, porque la negativa de modificar el monto de la pensión que el quejoso percibe deriva de una relación entre sujetos en un mismo plano (ente asegurador-trabajador), en tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social está actuando como ente asegurador y en sustitución del que era su patrón, con motivo de un acto jurídico en que dicha institución se obligó a brindar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado, por lo que en este momento aquél se conduce en un plano de igualdad. Además, tampoco se desatiende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) que se considera aplicable por analogía, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", determinara que el juicio de amparo procedía cuando a una institución pública de salud se le reclamaba la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, que en el tema de estudio de ese criterio era el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ello, porque la Sala precisó que de sobrevenir una eventual respuesta, como en el caso acontece con la respuesta de seis de enero del año en curso, si el quejoso estimaba que no satisfacía sus intereses, se debía acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social, de conformidad con el numeral 295 de la Ley del Seguro Social. Así, se considera que dicha circunstancia implica que los actos de un ente asegurador, en caso de ser contrarios a los intereses de la parte quejosa, como puede suceder con la respuesta de once de enero de la presente anualidad, implica que deba acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social. En relatadas circunstancias, ante la inexistencia del acto impugnado, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis ubicada en la página seis mil seiscientos setenta y tres, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo LXXIX, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." CUARTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente; cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. QUINTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio suscrito por el delegado de la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual refiere que por un error mecanográfico señalaron de forma incorrecta el domicilio procesal de la citada autoridad, y proporciona uno nuevo. En ese sentido, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dos de septiembre de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Salamanca de Instituto Mexicano del Seguro Social, denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como: "Instituto Mexicano del Seguro Social Subdelegación Salamanca, Guanajuato", mediante el cual rinde informe justificado, en ese sentido, y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido. Hágase la precisión de la denominación de la autoridad señalada en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRUEBAS Por otra parte, ténganse a la aludida autoridad ofreciendo como pruebas1 la documental que exhibe, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para que se impongan del contenido del informe y de las documentales, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia respectiva. DELEGADOS Y DOMICILIO Por otra parte, téngase a la mencionada autoridad designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, y señalando como domicilio procesal el que refiere. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud que realiza la autoridad oficiante, respecto la autorización del uso de medios electrónicos, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el auto admisorio, en que se autorizó a las partes su utilización. INFORMACIÓN A LAS PARTES Finalmente, hágase saber a las partes que a partir del catorce de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Juan David Garcidueñas Cuevas, funge como secretario en funciones de Juez, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2873/2021, emitido en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo2. Notifíquese.
- Principal
... Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra el acto que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social Subdelegación Salamanca, Guanajuato, que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 632/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan a su desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan a este juzgado conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, SE ADMITE. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y otorgar la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con oficio que contenga transcripción del presente proveído, al que se acompañe copia simple de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, en virtud de no haber sido solicitado. INFORME JUSTIFICADO De conformidad con los artículos 115 y 117, párrafos primero y cuarto, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en un plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que se le notifique este acuerdo y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a la autoridad responsable que puede proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para que la práctica de notificaciones judiciales, dada la habilitación conferida en el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remita de manera física. Se apercibe que de no hacerlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se presumirá la certeza del acto reclamado y le será impuesta MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. Para efecto de lo anterior, remítase a la responsable copia de la demanda de amparo. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". OBLIGACIÓN DE INFORMAR CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán de comunicarlo de inmediato, en términos del numeral 64 de la Ley de Amparo; en el entendido que de ser omisas en realizarlo, se les impondrá una MULTA DE TREINTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las CATORCE HORAS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo; la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este Juzgado. Remita TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, en la presente instancia, a persona alguna le reviste dicho carácter. PRUEBAS Por otra parte, se tiene a la parte quejosa anunciando como pruebas las documentales que adjuntó con la demanda, así como las diversas que ofrece en el apartado correspondiente, consistentes en la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la Instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer relación de éstos en la audiencia de ley. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte quejosa proporcionó un nombre de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para que se le realicen las notificaciones por vía electrónica y se le permita la consulta del expediente electrónico. En consecuencia, se ordena realizarle las notificaciones de carácter personal por vía electrónica, a través del usuario proporcionado. Asimismo, se autoriza a dicha parte la consulta electrónica del presente expediente, así como las facultades que permite dicho sistema. FALLAS SOBRE EL SISTEMA E INFORMACIÓN SOBRE EL SOPORTE TECNICO Se informa a los usuarios que para la resolución de dudas sobre el uso del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, podrán contactarse al Escritorio de Soporte a través del correo electrónico escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx, o bien, comunicarse a los números telefónicos: (55) 5449 9500 extensión 1507. (55) 5647 6050. 800 836 95 25 (Lada sin costo). Por otra parte, en caso de que el Sistema presente fallas técnicas que impidan el envío de documentación y la consulta de las actuaciones judiciales, deberán informar sobre la respectiva problemática en el vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", o bien, de no poder utilizar dicha herramienta, levantar un reporte al correo electrónico: soportejuridicopslpjf@correo.cjf.gob.mx, para que el área correspondiente rinda un informe en que precise la existencia o no de la falla reportada y, de ser el caso, la causa, el momento a partir del cual se suscitó, su alcance y el día y la hora en que se subsanó, a efecto de que este juzgado provea lo conducente. De modo que, este juzgado no podrá pronunciarse sobre la existencia de fallas que llegaran a alegar las partes, sin que medie el informe que rinda el área correspondiente, por lo que es obligación del usuario dar aviso a dicha unidad administrativa en los términos señalados en el párrafo que antecede. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento que el expediente físico queda a su disposición para su consulta; en el entendido que para su revisión se deberá agendar una cita para que se permita el acceso a este juzgado, lo cual se tendrá que realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx . Además, se le comunica que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. AUTORIZADOS A ***, se le tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de lo asentado en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Por otra parte, el correo electrónico proporcionado por el quejoso en la etiqueta con la que presentó la demanda constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Sin embargo, se invita a las partes a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que tengan intervención en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento del ocursante que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese.
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