Martín Eliu Techalotzi Martínez

Expediente 603/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
603/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
  • Martín Eliu Techalotzi Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos interino adscrito a la tercera ponencia de la Sala-Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual acusa recibo del diverso 20554/2019 de diecinueve de julio del año en curso, por medio del cual le fue remitido el toca civil de apelación 57/2019-III, así como el relativo al juicio de usucapión 761/2015 y el cuaderno de pruebas de la parte actora deducido de éste último; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del ocho de julio del año en curso (fojas 25 a 31), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Martín Eliu Techalotzi Martínez en su carácter de albacea definitivo de la sucesión legitima de Santiago Techalotzi Mastrano y Carlota Juárez; se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos. Devolución de expedientes Finalmente, del estado que guardan los autos se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, remitió como anexo los expedientes relativos al toca civil de apelación 57/2019-III del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el relativo al juicio de usucapión 761/2015 del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl y el cuaderno de pruebas de la parte actora deducido del citado juicio de usucapión 761/2015, los cuales obran por separado en tres tomos de pruebas. En virtud de lo anterior, y toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, devuélvanse las constancias referidas a la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de julio de dos mil diecinueve. Se acepta competencia Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, comunica el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Martín Eliu Techalotzi Martínez en su carácter de albacea definitivo de la sucesión legitima de Santiago Techalotzi Mastranzo y Carlota Juárez, en los autos del juicio de amparo 544/2019 de su índice, por las razones expuestas. Radicación demanda de amparo En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 603/2019-VIII. Acúsese el recibo de estilo. Se desecha demanda de amparo Vista la demanda de amparo que promueve Martín Eliu Techalotzi Martínez en su carácter de albacea definitivo de la sucesión legitima de Santiago Techalotzi Mastranzo y Carlota Juárez, contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otra autoridad de quienes reclama: La resolución de segunda instancia, dictada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dentro de los autos del toca civil de apelación 57/2019 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en la que se determinó dejar insubsistente la sentencia de primer grado y se ordena la reposición del procedimiento respecto del juicio de usucapión 761/2015 del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución relativa al recurso de apelación 57/2019, interpuesto dentro de los autos del juicio de usucapión 761/2015 del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, en la que se determinó dejar insubsistente la sentencia dictada en dicho juicio y se ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de que se emplace correctamente a la sucesión intestamentaria de Brigido Filemón Techalotzi Juárez. Así, dicho acto no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Al respecto, en relación con los actos de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Lo anterior, es así, pues el acto reclamado en el presente juicio consistente en la resolución relativa al recurso de apelación 57/2019, interpuesto dentro de los autos del juicio de usucapión 761/2015 del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, en la que se determinó dejar insubsistente la sentencia dictada en dicho juicio y se ordenó la reposición del procedimiento. Determinación que sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Para mejor comprensión en el sentido de la presente determinación, se estima oportuno señalar los antecedentes respectivos, siendo los siguientes: El tres de julio de dos mil quince, María Lidoina Martínez Zavaleta promovió en la vía ordinaria civil, juicio de usucapión respecto del predio denominado "Cacahuatla" en contra de Santiago Techalotzi Mastranzo y Carlota Juárez Sánchez, demanda que se registró con el número 761/2015 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala. A través del escrito de veintidós de septiembre de dos mil quince, Rufino Catalino Techalotzi Juárez, en su carácter de albacea definitivo de Santiago Techalotzi Mastranzo y Carlota Juárez Sánchez, dio contestación a la demanda instaurada en contra de éstos últimos; asimismo, en la vía reconvencional promovió juicio ordinario civil reivindicatorio respecto del citado predio, en contra de María Lidoina Martínez Zavaleta y/o Lidoina Martínez Zavaleta y Bartolomé Castillo Martínez. Posteriormente, a través del escrito de seis de abril de dos mil diecisiete, Martín Eliu Techalotzi Martínez se apersonó al juicio de origen, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión de Santiago Techalotzi Mastranzo y Carlota Juárez, en sustitución de Rufino Catalino Techalotzi Juárez. Seguido el trámite correspondiente, el once de junio de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia definitiva en el juicio de origen, al tenor de los puntos resolutivos siguientes: ".PRIMERO. Ha sido tramitado legalmente el Juicio de USUCAPIÓN, promovido por MARÍA LIDOINA MARTÍNEZ ZAVALETA, en contra de SANTIAGO TECHALOTZI MASTRANZO y CARLOTA JUÁREZ SÁNCHEZ a través de su albacea definitivo RUFINO CATALINO TECHALOTZI JUÁREZ, y de QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO, y acción reconvencional de JUICIO REIVINDICATORIO promovido por RUFINO CATALINO TECHALOTZI JUÁREZ en su carácter de Albacea definitivo de SANTIAGO TECHALOTZI MASTRANZO y CARLOTA JUÁREZ SÁNCHEZ, en contra de MARÍA LIDOINA MARTÍNEZ ZAVALETA Y/O LIDOINA MARTÍNEZ ZAVALETA y del señor BARTOLOMÉ CASTILLO MARTÍNEZ. SEGUNDO. La parte actora MARÍA LIDOINA MARTÍNEZ ZAVALETA, no probó su acción de usucapión, los demandados SANTIAGO TECHALOTZI MASTRANZO y CARLOTA JUÁREZ SÁNCHEZ a través de su albacea definitivo, probaron sus excepciones hechas valer; los demandados quien o quienes se crean con derecho no comparecieron al presente juicio. TERCERO. En consecuencia se absuelve a los demandados principales SANTIAGO TECHALOTZI MASTRANZO y CARLOTA JUÁREZ SÁNCHEZ a través de su albacea definitivo de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda de Usucapión. CUARTO. En atención a la acción reconvencional Reivindicatoria promovida por SANTIAGO TECHALOTZI MASTRANZO y CARLOTA JUÁREZ SÁNCHEZ a través de su Albacea Definitivo, en contra de MARÍA LIDOINA MARTÍNEZ ZAVALETA Y/O LIDOINA MARTÍNEZ ZAVALETA y del señor BARTOLOMÉ CASTILLO MARTÍNEZ, debe precisarse que no probaron su acción; por las manifestaciones que ya quedaron descritas en el último considerandos de la presente resolución; en tanto que los demandados reconvencionales probaron sus excepciones de falta de personalidad del actor reconvencional. QUINTO. En consecuencia, se absuelve a los demandados reconvencionales MARÍA LIDOINA MARTÍNEZ ZAVALETA y BARTOLOMÉ CASTILLO MARTÍNEZ, de las prestaciones demandadas en el escrito de demanda reconvencional, se condena a los actores reconvencionales a través de su albacea definitivo, al pago de gastos y cosas que se hayan erogado por la tramitación de este asunto, mismos que deberán hacer valer en la vía y forma legal correspondiente." En contra de dicha determinación, tanto María Lidoina Martínez Zavaleta como Martín Eliu Techalotzi Martínez, interpusieron recurso de apelación, los cuales se resolvieron el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de dejar insubsistente la sentencia definitiva de trece de noviembre de dos mil dieciocho y ordenar la reposición del procedimiento sólo para el efecto de que se emplace correctamente a la sucesión intestamentaria de Brígido Filemón Techalotzi Juárez a través de su representante legal; de igual forma, se dejó subsistente todo lo actuado hasta alegatos en ambas acciones, por lo que hace a las partes comparecientes. Dicha determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De lo anterior se desprende que, la materia del acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, toda vez que si bien, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, ordenó dejar insubsistente la sentencia dictada en los autos del juicio de usucapión 761/2015 del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl y reponer el procedimiento, lo cierto es que expresamente determinó que subsiste todo lo actuado hasta alegatos en las acciones reclamadas en el juicio de origen, por lo que hace a las partes comparecientes; por tanto, no genera un acto de imposible reparación, ni tampoco tiene ejecución grave o de efectos exorbitantes que amerite sujetarlo a control constitucional inmediato. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Tomos Por otra parte, se ordena integrar las constancias que remitió la autoridad oficiante, en tres tomos por separado respecto de los cuales deberán elaborarse las carátulas respectivas. Domicilio y autorizados Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda, teniéndose como autorizados en términos amplios a Francisco Gustavo Méndez Pérez y Luis Ángel González Otero, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Humberto Bernabe Martínez, por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley antes citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma oficios Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Oposición de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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