Martín Flores Xochipa

Expediente 138/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 29 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
138/2021
Año
2021
Actuaciones
29
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Martín Flores Xochipa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de marzo de dos mil veintidós. Se autorizan copias certificadas. Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado León García Flores, y en atención al contenido del escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, teniendo como autorizado para recogerlas a la persona que señala en el ocurso de cuenta. El QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Asimismo, dígasele que en caso de generar la cita a través del código QR, deberán presentarse debidamente identificados con credencial oficial y vigente. Finalmente, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias de mérito, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1308 (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado, una vez que realice la cita mencionada en el párrafo que antecede. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de febrero de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Devolución de constancias. Finalmente, de estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, remitió copia certificada del expediente 46/2010; en consecuencia, devuélvanse mediante oficio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de enero de dos mil veintidós. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 138/2021-VI, promovido por Martín Flores Xochipa; por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno (fojas 2 a 8), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Martín Flores Xochipa, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE AMPARO "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- En su carácter de Autoridad responsable y Ordenadora señalo al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, actualmente C. Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, (.) Así mismo señalo como Autoridades Ejecutoras: Al Secretario de Acuerdos de los expedientes pares, del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, actualmente Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (.) Al Diligenciario, de los expedientes pares, del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, actualmente Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (.)" "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: El acto reclamado a las Autoridades citadas con antelación, de mi parte, lo hago consistir en la Sentencia definitiva dictada por el Ciudadano Juez del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, dentro de los autos del expediente 46/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil de Usucapión, promovido fraudulentamente por el tercero interesado LEÓN GARCÍA FLORES, aclarando que el Ciudadano Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, que al dictar la referida resolución del año 2010, actualmente por el cambio de la sede de dichos Juzgados en materia Civil dicha Autoridad responsable se identifica como Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, establecido en Ciudad Judicial, Tlaxcala. Así mismo, las Autoridades ejecutoras por ser parte del actual Juzgado Cuarto de lo Civil, también se encuentran con residencia en la actual, Ciudad Judicial del Estado de Tlaxcala." ESCRITO ACLARATORIO "(.) también señalo como Acto Reclamado la falta del debido emplazamiento personal del auto de radicación del Juicio de Usucapión dentro de las actuaciones del Expediente número 46/2010 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, actualmente Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Ciudad Judicial Apizaco, Tlaxcala. Señalando como autoridad responsable al C. Diligenciario par del actual Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (.)" SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente del amparo manifestó que se violó en su perjuicio el derecho humano consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, de dicha demanda tocó conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de diez de marzo de dos mil veintiuno (44 a 48), la radicó bajo el número 138/2021-VI. Previo desahogo de prevención en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y señaló fecha para la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se otorgó a la parte quejosa el termino de quince días para que manifestara si es su deseo ampliar su demanda, lo que no aconteció por lo que diverso de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, por lo que, la presente resolución se hará a la luz del acto reclamado de su escrito inicial de demanda. Seguida la secuela procesal en proveído de dos de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Amparo, se suspendió el procedimiento por el plazo de sesenta días, a fin de que interviniera la sucesión a bienes de la referida tercera interesada Cecilia Natalia Flores Xochipa, en virtud de su fallecimiento; asimismo, se requirió al Procurador General de Justicia del Estado, para que por su conducto ordenara al Agente del Ministerio Público de la localidad correspondiente, a fin de que realizara la denuncia del juicio sucesorio a bienes de la extinta Cecilia Natalia Flores Xochipa. Así en proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; informando haber denunciado la sucesión intestamentaria a bienes de la extinta Cecilia Natalia Flores Xochipa Por otra parte, en auto de tres de junio de dos mil veintiuno, por el que se dejó de tener como tercero interesados a León García Meneses y Elvia García Meneses. En proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó levantar la suspensión decretada en auto de dos de junio de dos mil veintiuno. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, informando que Gloria García Flores fue señalada como albacea provisional a bienes de Cecilia Natalia Flores Xochipa, dentro del expediente 568/2021 relativo al juicio sucesorio intestamentario, por lo que, se ordenó su emplazamiento. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución material donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito y, la demanda de amparo se presentó, por razón de turno, ante este órgano jurisdiccional. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos dentro de juicio que considera le afectan en su carácter de persona extraña a juicio. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: A. Del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc: Todo lo actuado en los autos del expediente 46/2010, relativo al juicio ordinario civil de usucapión, promovido por León García Flores. La Sentencia de uno de diciembre de dos mil diez, dictada en dicho juicio. B. Del [1] Diligenciario par del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y [2] Secretario de Acuerdos de los expedientes pares, del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc: La falta de emplazamiento al citado juicio. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. (Existencia del acto reclamado). Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, ya que su existencia fue admitida expresamente al rendir sus informes justificados, por tanto se tiene por ciertos los actos reclamados. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Lo anterior se corrobora, con las documentales que anexó el juez responsable (con las que se formó un tomo de pruebas); a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio causas de improcedencia. En términos de lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. Causal de improcedencia. En el caso que nos ocupa este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la actual Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010, de registro digital 163172, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Al respecto, debe precisarse que el acto reclamado que se estudia en este apartado del presente controvertido constitucional, lo constituye: Todo lo actuado en los autos del expediente 46/2010, relativo al juicio ordinario civil de usucapión, promovido por León García Flores. La falta de emplazamiento al citado juicio. Actos que no se encuentran previstos dentro de los casos de excepción previstos en el numeral 17 de la Ley de Amparo, entonces es inconcuso que si la demanda de amparo respectiva no se promueve en el término de quince días como lo dispone el numeral 18 del último ordenamiento legal citado, contado desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo, entonces deberá declararse extemporánea, esto es, fuera del término previsto por la ley. Hechos al caso. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente 46/2010, relativo al juicio ordinario civil de usucapión, promovido por León García Flores, se advierte lo siguiente: i. En auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por apersonada al juicio de origen a Claudia Juárez Ortiz, como apoderada de Martín Flores Xochiapa (foja 192 y 193 del tomo de pruebas). ii. En diligencia de once de julio de dos mil diecinueve, Claudia Juárez Ortiz, como apoderada de Martín Flores Xochiapa, le fue entregado copia certificada de todo lo actuado en integran el expediente 46/2010, relativo al juicio ordinario civil de usucapión, promovido por León García Flores (foja 197 del tomo de pruebas). Por tanto, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a contarse el día hábil siguiente al en que se hizo sabedora del mismo, esto es el doce de julio de dos mil diecinueve, al haber recibido la apoderada del aquí quejoso copia certificada de todo lo actuado en el juicio de origen el once de julio de dos mil diecinueve, momento en el que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 42/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 5, Novena Época, materia común, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Así, el término para promover el juicio de amparo comenzó a computarse el doce de julio de dos mil diecinueve y feneció el uno de agosto de ese año; sin embargo, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, se presentó la demanda de amparo, es decir un año ocho mes después. Por tanto, se considera su presentación de forma extemporánea, pues no fue presentada dentro del plazo genérico de quince días. No se soslaya la circunstancia que en el juicio de origen compareció la apoderada del quejoso, a recoger las copias del juicio de origen, sin embargo, el quejoso al haber otorgado las facultades como apoderada, es la persona facultada para defender los derechos a nombre de éste, máxime que el quejoso no objeto dicho documento. Apoya lo anterior por su contenido la tesis de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORANEA. CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS A PARTIR DE LA FECHA DEL PODER OTORGADO. Si desde la fecha en que se otorgó el poder, los actos que realizaron los apoderados y que se relacionan con el juicio del que se deriva el acto reclamado, fueron por cuenta y a nombre de la quejosa, de ello se sigue que ésta, a través de su mandatario, tuvo conocimiento de la existencia del juicio del que se derivan los actos que combate en vía constitucional desde el día en que fueron entregadas las copias fotostáticas certificadas de las constancias en que se transcriben las principales actuaciones deducidas del juicio." Conclusión. En consecuencia -respecto a los actos reclamados anteriormente citados-, al acreditarse que el presente juicio de amparo se promovió fuera del plazo de quince días que señala la ley de la materia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la cual procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Al actualizarse la causa de improcedencia aludida, no se entra al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso; lo cual encuentra apoyo en la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio".6 QUINTO. Jurisdicción escalonada. La quejosa reclama el emplazamiento, en vía de consecuencia, todo lo actuado en el expediente 46/2010, relativo al juicio ordinario civil de usucapión, promovido por León García Flores. No obstante, no procede declarar incompetencia ni escindir la demanda en relación con la sentencia definitiva de ese juicio, porque si bien la menciona en el capítulo de actos reclamados, es consecuencia del emplazamiento, y no se le alegan vicios propios. SEXTO. Alegatos. No realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por las partes, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 42, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del Tomo VI, Parte SCJN, página 27, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo." SÉPTIMO. Jurisprudencias y tesis. Los criterios invocados en la presente sentencia, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 74, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Flores Xochipa, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada Gloria García Flores, como albacea provisional a bienes de Cecilia Flores Xochipa y personalmente al tercero interesado León García Flores. Así lo resolvió y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/4426/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Arturo Sánchez Analco, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día dieciocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Flores Xochipa, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto de esta sentencia.

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