Martín Álvarez Tzompa
Expediente 991/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Martín Álvarez Tzompa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Causa estado sentencia y archivo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de enero de dos mil diecinueve (fojas 121 a 141), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del diez de enero de dos mil diecinueve foja 119, vuelta, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 991/2018-VIII, promovido por Lino Gómez García y Martín Álvarez Tzompa; el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la declara abierta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante el secretario Christoper Rodríguez Escobar, y sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo de la parte quejosa y anexos (fojas 2 a 40); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 47); y, su alegato ministerial 617/2018, de seis de noviembre del año en curso (fojas 50 a 54); Los informes con justificación que rindieron: a Síndico Municipal y Representante del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, y anexos fojas 56 a 110; b Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y anexos fojas 62 a 64. Todo lo anterior obra en autos. El juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos, con lo que se cierra dicha etapa y se declara abierto el periodo de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, el Secretario da cuenta con las documentales que que remitieron las rsponsables Síndico Municipal y Representante del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala fojas 58 y 59 y Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala fojas 65 a 110, y 116, y con la instrumental de actuaciones, y presuncional legal y humana que ofreció la impetrante fojas 39. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza; por lo que, sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS En la que el secretario da cuenta con los que formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante su alegato ministerial 617/2018, de seis de noviembre del año en curso fojas 50 a . El Juez determina: se tienen por hechas las manifestaciones formuladas por las partes de referencia, y al no existir más alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 991/2018-VIII, promovido por Lino Gómez García y Martín Álvarez Tzompa; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, Lino Gómez García y Martín Álvarez Tzompa, demandron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES tiene ese carácter. 1.- PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA. 2.- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO, TLAXCALA (.)." (sic) ACTOS RECLAMADOS: IV.-ACTOS RECLAMADOS: 1.- DEL PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA. SE RECLAMA: LA OMISIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA EN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL LAUDO DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, DICTADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 298/2011-A, DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA VULNERACIÓN DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESPECÍFICAMENTE, LA SUB GARANTÍA DE LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES, PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA ABSTENCIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA EN ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EJECUTAR EL LAUDO DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, DICTADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 298/2011-A, DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA VULNERACIÓN DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESPECÍFICAMENTE, LA SUB GARANTÍA DE LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES, PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 17DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA ABSTENCIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA EN ADOPTAR, APLICAR Y EJECUTAR, LAS MEDIDAS NECESARIAS ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE APREMIO CORRESPONDIENTES, PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE ZACATELCO, TLAXCALA, PROCEDA A CREAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE LE HA SIDO ORDENADA EN MÚLTIPLES ACÚERDOS, Y CON EL CUAL SE DE CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, DICTADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 298/2011-A, DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA VULNERACIÓN DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESPECÍFICAMENTE, LA SUB GARANTÍA DE LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES. PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA ABSTENCIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN DICTAR Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE DEBERÁ RECAER, RESPECTO AL REQUERIMIENTO QUE POR AUTO DE FECHA 22 VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, LE FUE SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA, DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCRÁTICO NÚMERO 298/2011-A, Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA PARALIZACIÓN TOTAL DE DICHO PROCEDIMIENTO. LA ABSTENCIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN DICTAR Y NOTIFICAR LOS ACUERDOS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN RESPECTO DE LOS ESCRITOS SIGNADOS POR LOS AQUÍ PROMOVENTES, PRESENTADOS ANTES LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CONSECUTIVAMENTE LOS DÍAS 30 TREINTA DE AGOSTO, 5 CINCO Y 15 QUINCE DE OCTUBRE, TODOS DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL BUROCRÁTICO NÚMERO 298/2011-A, Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA PARALIZACIÓN TOTAL DE DICHO PROCEDIMIENTO. LA ABSTENCIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA EN IMPONER DE MANERA SEPARADA O CONJUNTAMENTE LAS MEDIDAS DE APREMIO CORRESPONDIENTES, PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE ZACATELCO, TLAXCALA, PROCEDA A CREAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE EN MÚLTIPLES OCASIONES LE HA SIDO REQUERIDO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL RESPONSABLE, Y CON EL CUAL SE DE CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, DICTADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 298/2011-A, DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA; Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA VULNERACIÓN DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESPECÍFICAMENTE, LA SUB GARANTÍA DE LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES, PREVISTA EN EL PARRAFO SEGUNDO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2.- DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO. TLAXCALA, SE RECLAMA: LA ABSTENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATELCO, TLAXCALA DE CUMPLIR CON LA CONDENA ESTABLECIDA EN SU CONTRA MEDIANTE LAUDO FIRME DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, DICTADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 298/2011-A, SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA; Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA VULNERACIÓN DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESPECÍFICAMENTE, LA SUB GARANTÍA DE LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES. PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA ABSTENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATELCO, TLAXCALA, DE ACTUAR CONFORME A SUS ATRIBUCIONES PARA EFECTO DE REALIZAR LOS ACTOS TENDENTES PARA LA CREACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE LE HA SIDO REQUERIDA EN MÚLTIPLES OCASIONES POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y CON EL CUAL SE DE CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, DICTADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 298/2011-A, DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA: Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA VULNERACIÓN DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESPECÍFICAMENTE, LA SUB GARANTÍA DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES, PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 17 DE U CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA ABSTENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATELCO, TLAXCALA, EN CONVOCAR A SESIÓN DE CABILDO PARA EFECTO DE QUE PROCEDA A CREAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE LE HA SIDO REQUERIDA EN MÚLTIPLES OCASIONES POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y CON EL CUAL SE DE CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, DICTADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 298/201 l-A, DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA; Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA VULNERACIÓN DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESPECÍFICAMENTE, LA SUB GARANTÍA DE LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES, PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA ABSTENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATELCO, TLAXCALA, EN OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO HACENDARIO PREVISTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS ASÍ COMO EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PARA LA CREACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE LE HA SIDO REQUERIDA EN MÚLTIPLES OCASIONES POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y CON EL CUAL SE DE CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, DICTADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 298/2011-A, DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA; Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO. DESEMBOCA EN LA VULNERACIÓN DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESPECÍFICAMENTE, LA SUB GARANTÍA DE LAPLENA EJECUCIÓN DELASRESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES, PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA ABSTENCIÓN EN ACTUAR CONFORME A SUS ATRIBUCIONES A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE AUTO DE FECHA 22 VEINTIDÓS DE AGOSTO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 298/2011-A DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA VULNERACIÓN DE NUESTRO DERECHO FUNDAMENTAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESPECÍFICAMENTE, LA SUB GARANTÍA DE LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES, PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA OMISIÓN Y NEGATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO, TLAXCALA ASÍ COMO DE SUS INTEGRANTES, EN DAR CUMPLIMIENTO A LOS MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS QUE LE HAN SIDO REQUERIDOS POR EL PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y CON EL CUAL SE DE CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DE2015 DOS MIL QUINCE, DICTADO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 298/2011-A, DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA; Y QUE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA DE ELLO, DESEMBOCA EN LA VULNERACIÓN DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESPECÍFICAMENTE, LA SUB GARANTÍA DE LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES, PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO YSEXTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DÉ LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS... sic SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 41 a 44), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de mérito (registrada bajo el expediente 991/2018-VIII), por lo que se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que se reclaman actos y omisiones a diversas autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" . En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, así como a las constancias integrantes del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: 1. Del Presidente Ejecutor del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala: a La omisión de dar cumplimiento al laudo de nueve de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral 298/2011-A de su índice. b La omisión de acordar y notificar el auto que recayó al requerimiento que le fue formulado al Ayuntamiento del Muncipio de Zacatelco, Tlaxcala, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dentro de los autos del juicio laboral 298/2011-A, de su índice. c La omisión de dictar y notificar el auto que recayó a sus escritos presentados el treinta de agosto, cinco y quince de octubre, todos de dos mil dieciocho, dentro del expediente 298/2011-A de su índice. d La omisión de dictar y ejecutar las medidas de apremio al Ayuntamiento del Muncipio de Zacatelco, Tlaxcala, para que dé cumplimiento al laudo de nueve de octubre de dos mil quince, en el juicilio laboral 298/2011-A, de su índice, esto es, crear la partida presupuestal. 2. Del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala: a La abstención de cumplir con la condena establecida en su contra mediente laudo de nueve de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral 298/2011-A del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, así como a los requerimientos posteriores que le han sido formiulados. bLa omisión de actuar conforme a sus atribuciones para convocar a sesión de cabildo y crear la partida presupuestal en cumplimiento al laudo de nueve de octubre de dos mil quince, en el juicio laboral 298/2011-A, del índice del Tribunal responsable. c La omisión de observar el procedimiento hacendario, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los previstos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala, a efecto de crear la partida presupuestal y dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen. d La abstención de dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio laboral 298/2011-A, del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. e La omisión de dar cumplimiento a los múltiples requerimientos a efecto de dar cumplimiento al aludo de nueve de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 298/2011-A, del índice de la responsable. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de la misma, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados que la parte quejosa atribuyó en los incisos a y d al Presidente Ejecutor del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (fojas 62 y 63); pues negó su existencia al rendir su informe justificado, ello sin que la parte peticionaria de garantías haya aportado alguna prueba para desvirtuar tales negativas. En efecto, tal como se advierte de las constancias que remitieron las autoridades responsables como anexo a su informe con justificación fojas 58, 59, 65 a 109, debe destacarse que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, exhibió copia certificada de diversas constancias dentro del expediente laboral 298/2011-A, de su índice, de las que se desprende que: ? El catorce de mayo de dos mil dieciocho, previa petición de la parte actora, respecto a que el ayuntamiento dio cumplimiento parcial a lo ordenado mediante proveído de dos de enero pasado, requirió por segunda ocasión a la parte demandada para que informara con documento fehaciente sobre las gestiones que se encontraba haciendo para la nueva partida presupuestal y diera cumplimiento al laudo de nueve de octubre de dos mil quince, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento, le sería impuesta la multa correspondiente foja 94. ? El veintidós de agosto de dos mil dieciocho foja 100, dictó el auto en el que no se acordó favorable la petición de la parte actora, pues el ayuntamiento demandado dio contestación al requerimiento realizado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, asimismo, la demandada le informó nuevamente las gestiones realizadas para el cumplimiento del laudo, requiriéndole por tercera ocasión informara con documento fehaciente respecto a la nueva partida presupuestal que deberá realizar, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento, le será impuesta la multa correspondiente; proveído que se notificó a la parte quejosa el dos de octubre de dos mil dieciocho foja 101. ? Mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho fojas 103 a 105, el Tribunal laboral dio contestación a los escritos de treinta de agosto, cinco y quince de octubre, todos de dos mil dieciocho, exhibidos por la parte actora, atento a sus contenidos el Tribunal responsable señaló que el Congreso del Estado de Tlaxcala no es parte en el citado juicio, para que se le requiera en ejecución forzosa del laudo; asimismo, tuvo a la parte demandada dando cumplimiento al requerimiento formulado el veintidós de agosto que antecede, e informando las gestiones respecto a la partida presupuestal solicitada al Congreso del Estado de Tlaxcala mediante oficios DJ/ZAC/2018/0263 y DJ/ZAC/2018/0219; notificación que le fue realizada a la parte demanda el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (foja 116). ? De igual forma, el Síndico Municipal y Representante del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, acreditó haber realizado la petición al Congreso del Estado de Tlaxcala, sobre la creación de la partida presupuestal para el pago de laudo a que fue condenado en el expediente laboral 298/2011-A, asimismo informó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, las gestiones que se encuentra realizando (fojas 58 y 59). Atento a lo anterior, las omisiones que se le atribuyen a dicha autoridad responsable Presidente Ejecutor del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala en los incisos a) y d); son inexistentes, pues como ha quedado de manifiesto, la responsable sí ha efectuado diligencias tendentes a dar cumplimiento al laudo de nueve de octubre de dos mil quince dictado en el expediente laboral 298/2011-A, de su índice. Tiene aplicación a lo anterior, por su idea jurídica substancial, la jurisprudencia 2a./J 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. De igual forma, respecto al acto que reclaman los quejosos marcado con el inciso b), y conforme al informe justificado que rindió el Tribunal responsable fojas 100 y 101, se obtiene su inexistencia consistente en la omisión de acordar y notificar el auto que recayó al requerimiento que le fue formulado al Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 298/2011-A; lo anterior se considera, pues con antelación a la fecha de la presentación de la demanda de amparo veinticuatro de ocubre de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente y se notificó a la parte quejosa y al aludido Ayuntamiento. En efecto, de un análisis al auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que no se acordó favorable la petición de la parte actora, pues el ayuntamiento demandado dio contestación al requerimiento realizado el catorce de mayo de dos mil dieciocho; asimismo, la demandada le informó nuevamente las gestiones realizadas para el cumplimiento del laudo, requiriéndole por tercera ocasión informara con documento fehaciente respecto a la nueva partida presupuestal que deberá realizar, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento, le será impuesta la multa correspondiente; proveído que se notificó a la parte quejosa el dos de octubre de dos mil dieciocho, y al Ayuntamiento demandado el tres siguiente (foja 101). Lo anterior se corrobora con las constancias que tal autoridad remitió como apoyo a su informe con justificación (fojas 62 a 109), las cuales cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, párrafo segundo. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, página 153, de título y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Bajo este contexto, este órgano jurisdiccional llega al convencimiento de que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de ocubre de dos mil dieciocho), es inexistente el acto reclamado; pues como quedó de manifiesto, la responsable el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, acordó lo conducente a su petición así como a las gestiones tendentes al cumplimiento del laudo 298/2011-A, de la estadística de la autoridad responsable. Por tanto, la omisión que se le atribuye a la autoridad responsable es inexistente. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto a los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y d), que la parte quejosa le atribuye al Presidente Ejecutor del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado marcado con el inciso c), que la parte quejosa atribuye al Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, pues éste aceptó su existencia al rendir su informe con justificación (fojas 62 a 64), por lo que se tiene por ciertos. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, respecto a los actos reclamados que la parte quejosa le atribuyó al Síndico Municipal y Representante del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, debe indicarse que al rendir su informe justificado negó su existencia (fojas 56 y 57), sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse pues a la fecha de presentación de la demanda de garantías, se advierte que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el laudo de nueve de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral 298/2011-A, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados que la parte quejosa atribuye al Síndico Municipal y Representante del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala. QUINTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. I. Causal de improcedencia respecto a los actos reclamados al Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala. En la especie por lo que respecta a los actos reclamados al Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley de amparo. Los arábigos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, primer párrafo, de la propia Ley de Amparo, establecen: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 116/2014, analizó el supuesto en que los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán son parte demandada dentro del juicio laboral, en su carácter de patrón, y se les reclama el incumplimiento a un laudo dictado por el Tribunal Burocrático, en el que se supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, por lo que actúan en un plano de igualdad que se extiende a la ejecución del laudo, y concluyó que el Ayuntamiento no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de dar cumplimiento al laudo dictado dentro de un procedimiento laboral, el cual se puede obtener a través de los instrumentos legales con que cuentan, tal y como se corrobora en la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), impresa en la página 699, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número Establecido lo anterior, cabe recordar que los quejosos Lino Gómez García y Martín Álvarez Tzompa, reclaman del Ayuntamiento del Muncipio de Zacatelco, Tlaxcala: a La abstención de cumplir con la condena establecida en su contra mediente laudo de nueve de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral 298/2011-A del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, así como a los requerimientos posteriores que le han sido formiulados. b La omisión de actuar conforme a sus atribuciones para convocar a sesión de cabildo y crear la partida presupuestal en cumplimiento al laudo de nueve de octubre de dos mil quince, en el juicio laboral 298/2011-A, del índice del Tribunal responsable. c La omisión de observar el procedimiento hacendario, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los previstos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala, a efecto de crear la partida presupuestal y dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen. d La abstención de dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio laboral 298/2011-A, del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. eLa omisión de dar cumplimiento a los múltiples requerimientos a efecto de dar cumplimiento al aludo de nueve de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 298/2011-A, del índice de la responsable. Sin embargo, el Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del amparo, en virtud de que es parte demandada dentro del juicio laboral 298/2011-A, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que supone que se ubica en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, el Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala demandado no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor, además de que el Tribunal laboral cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr su cumplimiento y ejecución, lo que los excluye del carácter de autoridad responsable, con lo que se patentiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que conlleva a decretar el sobreseimiento de este enjuiciamiento de garantías conforme al dispositivo 61, fracción V, Ibídem. Cimienta sobre el particular por identidad de razones el criterio que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, consultable en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), impresa en la página 1956, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación". Y finalmente la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la hoja 966, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. II. Causal de improcedencia respecto al acto reclamado al Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. De igual forma, respecto al acto reclamado marcado con el incico c), que la parte quejosa le atribuye al Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente:XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, respecto a la omisión de dictar y notificar el auto que recayó a sus escritos presentados el treinta de agosto, cinco y quince de octubre, todos de dos mil dieciocho, dentro del expediente 298/2011-A de índice del Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado exhibió copia certificada de diversas constancias dentro del expediente laboral, de las que se advierte que cesaron los efectos de la omisión reclamada. En efecto, en el caso se actualiza la causal de inerjecitabilidad invocada, debido a que si bien es cierto al momento en que los quejosos Lino Gómez García y Martín Álvarez Tzompa, presentaron su demanda de garantías (veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho), el Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, no había dictado acuerdo de constestación a sus escritos de treinta de agosto, cinco y quince de octubre, todos de dos mil dieciocho, en autos del expediente laboral 298/2011-A, de su índice; también lo es que por auto de veintiuno de noviembre del año próximo pasado (fojas 103 a 109) dictó el mismo y ordenó su notificación las partes. La aludida notificación, se efectuó a la parte actora ahora quejosa el dos de octubre de dos mil dieciocho (foja 116). Atento a lo anterior, se arriba a la conclusión de que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, puesto que la omisión reclamada dejó de existir, toda vez que como se señaló anteriormente, de las constancias que remitió el Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que ya dictó el acuerdo de contestación a sus escritos de treinta de agosto, cinco y quince de octubre, todos de dos mil dieciocho, y orden su notificación a las partes; lo cual aconteció el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Esto es así, porque los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento; ello al derivar la omisión reclamada de un procedimiento ventilado ante una autoridad que realiza funciones materialmente jurisdiccionales, como lo es el Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Además, es de mencionar que de la última de las disposiciones constitucionales se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por tanto, al ser dicho acto reclamado una abstención en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija (que el Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, acuerdo de contestación a sus escritos, en autos del expediente laboral 298/2011-A, de su índice, ordenara su notificación y esta se materialice); lo que ya ocurrió, pues el veintiuno de noviembre del año anterior (fojas 103 a 109) dictó el mismo y ordenó su notificación a la parte actora, ahora quejosa, lo cual fue cumplido el veintitrés de noviembre siguiente (foja 116), se practicó la notificación correspondiente. Ello, en atención a que esta autoridad debe delimitarse en función de las omisiones reclamadas y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. En consecuencia, válidamente se puede concluir que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado; pues la afectación de la que se dolía el peticionario de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso al quejoso en el goce de la garantía violada. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" . En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V, del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" . Al actualizarse la causa de improcedencia aludida, no se entra al estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa; es de invocarse la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio".6 Sin que sea el caso realizar pronunciamiento alguno respecto a los alegatos vertidos por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante intervención ministerial 617/2018 (fojas 50 a 54), ya que no forman parte de la litis en el juicio de amparo y, por ende, no es obligatorio para este juzgado entrar al estudio de los razonamientos expresados en su escrito, sin que esto implique transgresión a derecho procesal alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto.
- Principal
Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, otorgado en proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho (foja 117). En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 110 y 111) y al efecto remite copia certificada de la constancia de notificación del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Circunstancia que acredita con copia certificada de la constancia correspondiente, documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Con el oficio y constancia de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional.
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