Martín de Jesús Adame Ortiz
Expediente 1575/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 56 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1575/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 56
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martín de Jesús Adame Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 56.
- Principal
El trece de septiembre de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifico: Que el término de diez días que establece el artículo 86 de La Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiocho de agosto al diez de septiembre actual, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el veintidós de agosto citado. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión provisional. Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto dictado en este juicio el veintidós de agosto del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General y el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es DEPURABLE el cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez de que se concedió la suspensión provisional; por tanto, guárdese por separado; por otra parte en cuanto al duplicado del incidente, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, conforme al punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Finalmente, devuélvanse a la agente del Ministerio Público Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Fiscalía General de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas de la carpeta de investigación 3650/2018, que en su momento remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
- Principal
El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 12612. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, en términos de los artículos 77 a 81 del Acuerdo General número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario viridiana.avalos, a consultar el expediente electrónico. Notifíquese. Lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
- Principal
"... Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días concedido al quejoso en auto de treinta y uno de julio del año en curso (foja 237), para que acreditara con documento idóneo haber realizado la publicación de los edictos a efecto de emplazar a Inés Colunga Montes por sí y como progenitora del finado Iván Espino Colunga y representante legal de los menores A.E.C. y Y.Z.L., así como de Antonio Rivera Reyes y Liliana Castorena Serrano, transcurrió del catorce al dieciséis del propio mes y año, sin que haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa en el indicado proveído y se procede al análisis del juicio de amparo en que se actúa, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos advierte que durante la tramitación del presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.", por las razones que a continuación se exponen. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: 1. En auto de catorce de febrero del presente año (foja 113) se ordenó el emplazamiento de Inés Colunga Montes por sí y como progenitora del finado Iván Espino Colunga y representante legal de los menores A.E.C. y Y.Z.L., así como de Antonio Rivera Reyes y Liliana Castorena Serrano, y para tal efecto se giró despacho al juez de primera Instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zacatecas, (foja 115). 2. El veintiocho de febrero citado, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por la juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho 99/2019, con número de origen 44/2019, toda vez que no le fue posible realizar los emplazamientos que le fueron encomendados, en razón de que la oficial notificadora adscrita a dicho juzgado, fue informada por el delegado de la Comunidad de La Unión de San Antonio, perteneciente al Municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, que los primeros ya no viven en dicha comunidad, ya que iba a ser como un año que se fueron de la misma y que no sabía a dónde, y por lo que respecta a los dos últimos manifestó que no las conoce (fojas 117 a 128). 3. En auto de quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 141 y 142) se procedió a la investigación del domicilio actual de los antes nombrados y se giraron oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal, titular de Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), gerente de Teléfonos de México, director de Catastro y Registro Público en el Estado de Zacatecas, director General de la Policía Ministerial del Estado, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, todos con sede en esta ciudad, a efecto de que informaran a este Tribunal Federal el domicilio que tuvieran registrado en la base de datos de los referidos Inés Colunga Montes, Antonio Rivera Reyes y Liliana Castorena Serrano (fojas 141 y 142). 4. De la investigación realizada se obtuvo domicilio de Antonio Rivera Reyes, por lo que en auto de uno de abril de la presente anualidad (fojas 174 y 175), se giró despacho al juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, para que llevara a cabo el emplazamiento del antes nombrado, diligencia que debería llevarse a cabo únicamente si la persona buscada tenía el carácter de víctima en el proceso penal 75/2018 del índice de Control del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas (foja 176). 5. Asimismo, de Inés Colunga Montes, proporcionaron como su domicilio el mismo en el que ya se había ordenado su emplazamiento, sin que haya sido localizada; los cuales respecto de Liliana Castorena Serrano, informaron que no se encontraron registros, motivo por el cual en el indicado proveído de uno de abril citado, se requirió al quejoso para que en el término de tres días, proporcionara el domicilio actual y correcto de las antes nombradas. 6. El veintiséis de abril de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por el juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Loreto, Zacatecas, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho 227/2019, con número de origen 94/2019, toda vez que no le fue posible realizar el emplazamiento de Antonio Rivera Reyes, en razón de que la secretaria auxiliar del área penal en funciones de oficial notificador, adscrita al citado juzgado, fue atendida por quien dijo llamarse Antonio Rivera Reyes, quien le informó que no tiene la calidad de víctima dentro de la causa penal 75/2018 del índice del Juzgado de Control del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas. 7. Posteriormente, del contenido del informe rendido por la jefa de la sección cobranza de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, con sede en esta ciudad se obtuvieron dos domicilios del mencionado tercero interesado; por tanto, en auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (foja 198), se ordenó su emplazamiento por conducto del actuario judicial, el cual fue practicado el seis de mayo del propio año (fojas 200 a 202). 8. Con motivo de lo anterior, en auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 203), se determinó que Antonio Rivera Reyes, ya había sido emplazado al presente juicio de amparo; por tanto, a fin de evitar dilaciones innecesarias, como se estableció en proveído de uno de abril del año en curso (fojas 174 a 175), se comisionó al actuario judicial adscrito, para que se constituyera en el domicilio del antes nombrado ubicado en calle Vialidad Virgen del Patrocinio número mil cuatrocientos cuarenta y nueve, Colonia Las Quintas, en Guadalupe, Zacatecas, y le preguntara si él tenía el carácter de víctima en la causa penal 75/2018, del índice del Juzgado de Control del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, a efecto de constatar que no se haya emplazado a un homónimo; circunstancia que debería asentar en el acta respectiva. 9. De ahí que, en acuerdo de diecisiete de mayo de la presente anualidad (fojas 206 y 207), se acordó la razón asentada por el actuario judicial, en la que asentó que se constituyó en el domicilio señalado como del tercero interesado Antonio Rivera Reyes, esto es, el ubicado en calle Vialidad Virgen del Patrocinio número 1449, colonia Las Quintas en Guadalupe, Zacatecas, a efecto de notificarle personalmente el proveído de ocho de mayo del año en curso y requerirlo en los términos ahí indicados, fue atendido por Andrea Monserrat Rivera Lechuga, quien dijo ser hija del antes nombrado, por lo que una vez que le hizo saber el motivo de su visita y requerirla por la presencia del citado tercero interesado, ésta le informó que no se encontraba, que lo ve cuando la visita en ese domicilio, ya que él no vive ahí e ignora dónde radique actualmente, dado que su relación es distante, e incluso desconoce si se trate de la misma persona que se busca, así como ignora si su padre fue parte en el proceso penal 75/2018, del índice del Juzgado de Control del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas; además, informó que a la fecha no le había hecho entrega del citatorio de emplazamiento. Asimismo, de autos se desprendió que el seis de mayo del presente año, se tuvo emplazado por medio de lista al tercero interesado Antonio Rivera Reyes; sin embargo, como se apuntó en el párrafo que antecede, el citatorio dirigido a éste, a fin de que compareciera a este juzgado para ser emplazado al juicio de derechos en que se actúa, no le fue entregado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se regularizó el procedimiento, por lo que se dejó sin efecto el emplazamiento antes indicado. 10. De igual forma, en el indicado auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, al obrar en el expediente en que se actúa diverso domicilio del tercero interesado Antonio Rivera Reyes, se ordenó su emplazamiento por conducto del actuario de la adscripción, el cual no pudo efectuar, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, fue atendido por una persona del sexo femenino quien se negó a proporcionar su nombre, tratándose de una persona de aproximadamente cuarenta años de edad, complexión delgada, tez blanca, pelo negro lacio, quien indicó que no conoce al antes nombrado e ignora si fue uno de los anteriores dueños de esa finca, y que desconoce dónde pueda ser localizado pues nunca había escuchado de él. 11. En consecuencia de lo anterior, en acuerdo de veintidós de mayo citado, se requirió al quejoso para que en el plazo de tres días proporcionara el domicilio actual y correcto de los referidos Inés Colunga Montes, Antonio Rivera Reyes y Liliana Castorena Serrano (foja 214). Atendiendo a que el peticionario del amparo no cumplió con ese requerimiento, y dado que ya se había agotado la investigación respecto del domicilio de los mencionados terceros interesados, en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, se determinó continuar con el trámite que establece el precepto 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, y se ordenó el emplazamiento de la mencionada parte tercero interesada por medio de edictos a costa del quejoso; y se le requirió para que compareciera a fin de hacerle entrega de dichos edictos para que procediera a su publicación; bajo apercibimiento que de no acreditar su publicación en el plazo de veinte días siguientes, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa (fojas 218 y 219). Posteriormente, el tres de julio pasado (foja 236) compareció ante el personal de este Juzgado el licenciado Jorge Armando Villalobos Sánchez, autorizado del quejoso, a fin de recoger los edictos derivados del juicio de amparo en que se actúa. En proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (foja 237), al no obrar en autos la publicación de los edictos de mérito, se requirió al quejoso para que en el término de tres días acreditara con documento idóneo haber realizado la publicación de los mismos. Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción II, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio de Inés Colunga Montes, Antonio Rivera Reyes y Liliana Castorena Serrano, a fin de emplazarlos al presente juicio de amparo, sin que se lograra por los motivos precisados en párrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el tres de julio de dos mil diecinueve, compareció el autorizado del quejoso ante el personal de este Juzgado a recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los referidos terceros interesados, sin que haya acreditado la publicación de los mismos, lo que genera la paralización del juicio de amparo en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, establece: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b), de la citada Ley Reglamentaria, consigna: Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . . . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . . . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso d) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . . . . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción II, señala: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . . . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;". Pues bien, en el presente juicio de derechos se tuvieron como terceros interesados Inés Colunga Montes por sí y como progenitora del finado Iván Espino Colunga y representante legal de los menores A.E.C. y Y.Z.L., así como de Antonio Rivera Reyes y Liliana Castorena Serrano, y no obstante que se requirió al peticionario del amparo, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de los antes nombrados, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, concretamente el relativo a la investigación de su paradero. Siendo por ello que en auto de veinte de junio del año en curso, se ordenó emplazarlos por medio de edictos a costa del quejoso; y el tres de julio del propio año, compareció ante el personal de este Juzgado el autorizado del quejoso, a recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los referidos terceros interesados, sin que haya acreditado la publicación de los mismos, lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se erige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión de la promovente del amparo genera la paralización del juicio de derechos en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es los propios impetrantes. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo vigente, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción II, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. ...
- Principal
El seis de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de julio del año en curso, se requirió al quejoso para que dentro del término de tres días, contado al siguiente en que surtiera efectos la notificación del indicado auto, acreditara ante este juzgado con documento idóneo haber realizado la publicación de los edictos a fin de emplazar a los terceros interesados Antonio Rivera Reyes, Inés Colunga Montes y Liliana Castorena Serrano, sin que se haya ordenado la notificación personal. Por tanto, túrnense los autos al actuario judicial adscrito para que proceda a practicar al quejoso en forma personal la notificación del proveído de treinta y uno de julio del año en curso. Notifíquese; personalmente al quejoso el auto de treinta y uno de julio del año en curso. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2770/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
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