Martín Coronado Dávila

Expediente 851/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
851/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Martín Coronado Dávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICO: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del doce al veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, sin contar los días dieciséis y diecisiete, veintitrés y veinticuatro, por corresponder a sábado y domingo, respectivamente; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de diciembre del actual, dentro del juicio de amparo número 851/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Dentro del presente juicio de derechos sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó a los quejosos la suspensión definitiva de los actos reclamados. En el citado incidente no fue exhibido billete de depósito. No existe recurso alguno pendiente de resolver dentro del referido incidente. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para las partes el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de siete de diciembre del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de derechos; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 851/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas (foja 65); de igual forma se tiene por emplazada a juicio en su calidad de tercero interesada a Olivia Maldonado Martínez (foja 63) y Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en delitos de género del Distrito Judicial de Zacatecas (foja 87). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes, así como con las remitidas en apoyo a su informe justificado por el juez responsable consistentes en copias certificadas de la causa penal 810/2017 (fojas 68 a 71), así como con los discos en formato DVD que contienen las videograbaciones de las audiencias relativas a la citada carpeta (fojas 94 y 72). El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas la pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario relaciona los vertidos por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante pedimento 1145/2017 (fojas 88 y 89), así como los formulados por el tercero interesada (fojas 73 a 77); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 851/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Martín Coronado Dávila y Horacio Coronado López, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda, así como de la ampliación, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. De la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas: - La determinación de la audiencia de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 810/2017, en la que ratificó las medidas de protección impuestas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Género, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio natural, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el siete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 71 del juicio de amparo), surtiendo efectos dicha notificación al día siguiente, de conformidad con el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del once de septiembre al tres de octubre de dos mil diecisiete, con descuento de los días del catorce al diecisiete, veintitrés, veinticuatro, y treinta de septiembre, así como uno de octubre de este año, por haber sido días inhábiles; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 65 del juicio de amparo, respectivamente), aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con las copias certificadas de la causa penal 810/2017 (fojas 68 a 71 del juicio de amparo); así como con diversos discos en formato DVD que contienen las videograbaciones de las audiencia relativas a la citada carpeta administrativa; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. En cuanto a las videograbaciones, es aplicable el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, registro 2004362, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador, de manera oficiosa, estima que respecto al acto reclamado consistente en la determinación de la audiencia de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 810/2017, en la que ratificó las medidas de protección impuestas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Género, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama la parte quejosa se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 103 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, registro 917637, página 81, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora bien, en el presente juicio de amparo la parte quejosa señaló como acto reclamado la audiencia de siete de septiembre de dos mil diecisiete, llevada a cabo en la causa penal 810/2017, en la que el Juez responsable ratificó las medidas de protección decretadas en su contra por el Agente del Ministerio Público investigador, y además precisó que dichas medidas de protección tendrían una vigencia de sesenta días, plazo en el que el fiscal investigador debía de recabar todos los antecedentes de investigación para que pudiera formular imputación y solicitar la vinculación a proceso de los imputados, y entonces poder solicitar una medida cautelar. Al respecto, es necesario precisar los artículos 137 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia." "Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos." Del artículo anterior se desprende que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá ordenar de manera fundada y motivada, la aplicación de las medidas de protección idóneas (precisadas en el mismo artículo) cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Además, señala que dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Y finalmente, el numero 139 establece que dichas medidas tendrán un plazo de sesenta días naturales prorrogables hasta por otros treinta. Así, de lo anterior, de manera trascendente y en lo que interesa en la causal de sobreseimiento que en el caso se actualiza, podemos colegir que si bien es facultad del Agente del Ministerio Público imponer medidas de protección, lo cierto es que éstas son provisionales pues solo tienen una duración de sesenta días naturales, mismas que se podrán prorrogar por otros treinta, hasta en tanto se formule imputación y en su caso el fiscal le pueda solicitar la imposición de una medida cautelar al Juez de Control. Luego, de lo narrado podemos concluir que las medidas de protección tienen una vigencia (sesenta días) y que además éstas serán sustituidas una vez que se solicite al juez de control en la respectiva audiencia la imposición de alguna medida cautelar. Ahora bien, en el caso, el Juez de Control ratificó las medidas de protección impuestas por el Ministerio Público y además precisó que su duración sería de sesenta días naturales en audiencia de siete de septiembre de dos mil diecisiete, de lo que tenemos que a la fecha de presentación de la demanda (veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete) dichas medidas se encontraban vigentes. Sin embargo, durante el procedimiento éstas perdieron vigencia y ejecutividad, pues el plazo de vigencia establecido por el juez responsable (sesenta días naturales) venció el seis de noviembre de este año, día en el que cabe mencionar, se llevó a cabo la audiencia inicial en la causa penal de origen 810/2017, en la que, en lo que interesa, la Agente del Ministerio Público formuló imputación a los aquí quejosos, y el Juez de Control responsable, a petición de la fiscal, les impuso la medida cautelar prevista en la fracción VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prohibición de comunicarse, convivir o causar algún acto de molestia a la víctima y prohibición de enviar mensajes a una menor de edad hija de uno de los imputados y a la víctima. Así, del contenido de dichas constancias es posible establecer que el acto reclamado en este juicio -la ratificación de las medidas de protección impuestas por el Agente del Ministerio Público- a la fecha en que se dicta la presente sentencia, perdió su vigencia así como su ejecutividad, y por tanto, ya dejó de surtir efectos, al margen de que en audiencia de seis de noviembre de dos mil diecisiete, se impuso a los imputados una medida cautelar por el Juez de Control, lo que lleva a concluir que esta última determinación es la que rige y tiene vigencia en el caso concreto y no la diversa de protección impuesta por el fiscal, la que como fue precisado, perdió su vigencia durante el trámite del presente juicio de amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio, ya que no podría analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, pues se reitera, éste ha perdido vigencia así como ejecutividad derivado de la medida cautelar decretada por la responsable. En consecuencia, esta nueva resolución impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, porque es aquella determinación la que, en dado caso, pudo ser motivo de análisis en el juicio de amparo; sin embargo, este órgano jurisdiccional no está en aptitud de analizar su constitucionalidad en este juicio ya que no fue señalada por el quejoso como un acto reclamado destacado, además de que fue dictado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, de ahí que este juzgador se encuentre impedido para estudiarlo. Consecuentemente, de conformidad con la fracción V del artículo 63, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. SEXTO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Coronado Dávila y Horacio Coronado López, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo por las razones anotadas en el diverso quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido del Secretario Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que se encuentran señaladas las diez horas de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Que se encuentra transcurriendo la vista que se le dio a las partes por auto de quince de noviembre del actual, con las constancias (cinco discos de audio y video D.V.D.), remitidas por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la capital, término que transcurre del veintiuno al veintitrés del presente mes y año. En veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio; asimismo, se encuentra transcurriendo la vista que se le dio a las partes por auto de quince de noviembre del actual, con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la capital. Para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  4. Principal

    En quince de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 15176, con anexos que se acompañan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a quince de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad, al que adjunta cinco discos de audio y video (DVD), relativos a la audiencia inicial y de continuación de dicha audiencia, de seis y ocho de noviembre del actual, respectivamente; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la mencionada autoridad los indicados discos compactos, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la etapa procesal que corresponda, con las que se ordena dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. De igual forma, se da cuenta con las aludidas pruebas a las terceras interesadas dentro del presente sumario Olivia Maldonado Martínez y agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Género del Distrito Judicial de la capital, para lo cual a esta última deberá girársele el oficio respectivo a tal notificación. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

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