Martín Coronado Dávila

Expediente 798/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
798/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2017

Partes del expediente

  • Martín Coronado Dávila

Actuaciones

  1. Principal

    El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno, en sesión celebrada por el propio día, acordó la adscripción del licenciado IVÁN OJEDA ROMO, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete. Que el término de tres días concedido a los terceros interesados Jesús Hurtado del Toro y Ma. de los Ángeles Zúñiga Juárez, por auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete (fojas 74-77), para que señalaran domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, transcurrió del doce al dieciséis del mismo mes y año, sin que lo haya hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes, el dos de octubre de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta al Juez con la certificación y la razón actuarial que anteceden. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la razón asentada el veintiocho de septiembre del año actual, por el actuario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que no le fue posible notificar a los terceros interesados Jesús Hurtado del Toro y Ma. de los Ángeles Zúñiga Juárez, la resolución del veintiséis del mismo mes y año, dictada por este órgano jurisdiccional, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; no obstante de haber sido emplazados al presente juicio de amparo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento señalado en proveído de cuatro de enero del año que transcurre y se ordena notificarle la citada sentencia, así como las subsecuentes de carácter de personal, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  2. Principal

    CUENTA. El veinte de septiembre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el folio 12579 con anexo y seis copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de septiembre de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos Horacio Coronado López y Martín Coronado Dávila, por el que a fin de dar cumplimiento a las prevenciones realizadas en auto de ocho de septiembre del año en curso, manifiestan que en la audiencia de cancelación, ratificación o modificación de medidas de protección celebrada el siete de septiembre del año en curso, en el expediente 810/2017, la juez de Control ratifico las medidas de protección decretadas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Genero de esta ciudad; y por otra parte, manifiestan expresamente que no es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: Autoridad responsable ordenadora: Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Género, con sede en esta ciudad: Acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, en las que se decretaron en favor de Olivia Maldonado Martínez, medidas de protección siguientes: "a. Deberán separarse inmediatamente el (sic) domicilio ubicado en calle SIETRA MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas. b. Se le prohíbe acercarse a la C. OLIVIA MALDANODO MARTINEZ, o comunicarse con ella; c. Se le informa que deberá limitarse a salir o acercarse al domicilio en el que estará viviendo, que cual es el ubicado en Calle SIERRA MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas, o a cualquier lugar en donde ella se encuentre. d. Se le informa que se han girado instrucciones a diversas instituciones policiales a efecto de que presten auxilio inmediato a la C. OLIVIA MALDONADO MARTÍNEZ a su domicilio o al lugar en el que ella se encuentre en caso de así lo solicite con motivo de algún acto de molestia que usted le cause. e. Además una vez separado del domicilio MARTÍN CORONADO DÁVILA Y HORACIO CORONADO LÓPEZ, ubicado en Calle SIERRA DE MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas, se reingresa a la víctima OLIVIA MALDONADO MARTÍNEZ, junto con su menor hija MARÍA FERNANDA CORONADO MALDONADO, su domicilio en Calle SSIERRA MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas". Cédula de notificación de siete de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se les informa que deberán comparecer a las once horas del día ocho de septiembre del año en curso, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Genero, a fin de dar cumplimiento a las medidas de protección decretadas en favor de Olivia Maldonado Martínez. Autoridades responsables ejecutoras: De J. Inés Ortiz Becerra, Comandante de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Genero, con sede en esta ciudad, y De Horacio Cordero Flores, agente de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Genero, con sede en esta ciudad, reclama: El cumplimiento de las medidas de medidas de protección decretadas en favor de Olivia Maldonado Martínez, emitidas por la autoridad responsable ordenadora. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues de las constancias del citado procedimiento se advierte que han cesado los efectos de la determinación reclamada, por sustitución procesal. El artículo y la fracción antes mencionados de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Ahora, respecto al tema de cesación de efectos por sustitución procesal existen diversos criterios de rubros y datos siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta". "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Bajo ese contexto, de la interpretación del normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y de las tesis citadas revelan que debe desecharse el juicio de amparo cuando se reclama una determinación que fue recurrida y respecto de la cual recayó una nueva resolución, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio, de modo que será la última decisión y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, ello, siempre que no se actualice una diversa causa de inejercitabilidad. En la especie del capítulo de acto reclamado de la demanda de amparo se advierte que los quejosos impugnan el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se decretó en favor de Olivia Maldonado Martínez las siguientes medidas de protección: "a. Deberán separarse inmediatamente el (sic) domicilio ubicado en calle SIETRA MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas. b. Se le prohíbe acercarse a la C. OLIVIA MALDANODO MARTINEZ, o comunicarse con ella; c. Se le informa que deberá limitarse a salir o acercarse al domicilio en el que estará viviendo, que cual es el ubicado en Calle SIERRA MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas, o a cualquier lugar en donde ella se encuentre. d. Se le informa que se han girado instrucciones a diversas instituciones policiales a efecto de que presten auxilio inmediato a la C. OLIVIA MALDONADO MARTÍNEZ a su domicilio o al lugar en el que ella se encuentre en caso de así lo solicite con motivo de algún acto de molestia que usted le cause. e. Además una vez separado del domicilio MARTÍN CORONADO DÁVILA Y HORACIO CORONADO LÓPEZ, ubicado en Calle SIERRA DE MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas, se reingresa a la víctima OLIVIA MALDONADO MARTÍNEZ, junto con su menor hija MARÍA FERNANDA CORONADO MALDONADO, su domicilio en Calle SSIERRA MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas". Las anteriores medidas fueron ratificadas por la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad el siete de septiembre de dos mil diecisiete, como se advierte en el audio y video de la audiencia de cancelación, ratificación o modificación de medidas de protección dentro de la causa 810/2017. Por tanto, es evidente que el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Género de esta ciudad, no subsiste, dado que fue substituida procesalmente por la diversa determinación de siete de septiembre del año en curso, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad. Es decir, la resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada en la audiencia de cancelación, ratificación o modificación de medidas de protección, sustituyó procesalmente a la diversa de cuatro de septiembre pasado que ahora se impugna, lo que produce la cesación del acto primigenio. En efecto, el ejercicio de los medios ordinarios de defensa incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida, motivo por el que ésta tendrá ejecutividad y firmeza una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el Tribunal de alzada. Así, la decisión recaída a la revisión de medidas cautelares, como en el caso, sustituyó a la resolución impugnada, por virtud del análisis de legalidad que se hizo de ella, por lo que es la nueva determinación la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales. En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar la demanda de amparo, promovida por Martín Coronado Dávila y Horacio Coronado López. Desechamiento que se hace extensivo a la cédula de notificación de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en razón a que no es combatida por vicios propios, sino en vía de consecuencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  3. Principal

    CUENTA. El once de septiembre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Martín Coronado Dávila y Horacio Coronado López, registrada con el folio 12196 con anexos y siete copias que se adjuntan La circunstancia de que los licenciados Darío Gamón Rodríguez, Álvaro Ávila Fonseca y Blanca Cecilia Raudales Palma, tienen registrada su cédula profesional 4213972, 4545165 y 08711542, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así el diverso profesionista Roberto Valencia Torres. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de septiembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martín Coronado Dávila y Horacio Coronado López, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Genero, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 21 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 798/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado;". De las fracciones I y IV del referido numeral 114 de la ley de la materia, se deduce que es motivo de prevención la existencia de alguna irregularidad en el escrito de demanda o la inexacta precisión del acto reclamado en la instancia constitucional, es decir, que no se advierta con claridad el acto que se estima transgresor de los derechos del quejoso y, en ese caso, se debe de requerir para que éste aclare la demanda y el acto reclamado y estar en condiciones de proveer lo que a derecho corresponda. Del ocurso de demanda se desprende que en los apartados de autoridades responsables y de actos reclamados los quejosos señalan como autoridad responsable ordenadora a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Género, con sede en esta ciudad, a quien le atribuyen como acto reclamado el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se decretaron en favor de Olivia Maldonado Martínez las siguientes medidas de protección: "a. Deberán separarse inmediatamente el (sic) domicilio ubicado en calle SIETRA MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas. b. Se le prohíbe acercarse a la C. OLIVIA MALDANODO MARTINEZ, o comunicarse con ella; c. Se le informa que deberá limitarse a salir o acercarse al domicilio en el que estará viviendo, que cual es el ubicado en Calle SIERRA MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas, o a cualquier lugar en donde ella se encuentre. d. Se le informa que se han girado instrucciones a diversas instituciones policiales a efecto de que presten auxilio inmediato a la C. OLIVIA MALDONADO MARTÍNEZ a su domicilio o al lugar en el que ella se encuentre en caso de así lo solicite con motivo de algún acto de molestia que usted le cause. e. Además una vez separado del domicilio MARTÍN CORONADO DÁVILA Y HORACIO CORONADO LÓPEZ, ubicado en Calle SIERRA DE MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas, se reingresa a la víctima OLIVIA MALDONADO MARTÍNEZ, junto con su menor hija MARÍA FERNANDA CORONADO MALDONADO, su domicilio en Calle SSIERRA MAPIMI NÚMERO 906 COLONIA DEL PADRE SEGUNDA SECCIÓN, Zacatecas, Zacatecas". Así como también reclaman la cédula de notificación de siete de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se les informa que deberán comparecer a las once horas del día ocho de septiembre del año en curso, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Genero, a fin de dar cumplimiento a las medidas de protección decretadas en favor de Olivia Maldonado Martínez. Y como autoridades ejecutoras al Comandante de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Genero, con sede en esta ciudad, y agente de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Genero, con sede en esta ciudad. Sin embargo, en el capítulo único de hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, se advierte en la hoja tres de, primer párrafo al terminar el cuarto renglón que el acuerdo de cuatro del mes y año en curso se les notificó el siete siguiente en el desahogo de la audiencia de revisión de las medidas de protección. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere a los demandantes del amparo para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Manifiesten qué se resolvió en la audiencia de revisión de medidas de protección con número 810/2017 celebrada el siete de septiembre de dos mil diecisiete. Si señalan como acto reclamado lo resuelto en la citada audiencia, y de ser así, si también precisan como autoridad responsable al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. Lo anterior, a fin de establecer la litis constitucional en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, deberá exhibir siete copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes; a saber, una para cada una de las autoridades responsables que son cuatro (en caso de que señale como autoridad responsable al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la capital responsable), dos más para integrar el incidente de suspensión que solicita y la última para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Se hace del conocimiento de los quejosos que son ellos quienes deben de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que son los promoventes quien bajo protesta de decir verdad, deben expresar los actos que reclamen de las autoridades responsables, por ser los afectados con estos, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a los peticionarios de garantías, que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido a las prevenciones indicadas, se proveerá lo concerniente respecto a los actos y por las autoridades señaladas en su escrito de demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tienen como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Darío Gamón Rodríguez, Álvaro Ávila Fonseca y Blanca Cecilia Raudales Palma, toda vez que tienen registrada su cédula profesional 4213972, 4545165 y 08711542, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por no acreditar la anterior circunstancia, se tiene únicamente como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos al diverso profesionista Roberto Valencia Torres, así como a Ahyde Sarahí Ramírez Tovanche y Samuel Cruz Herrera; y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Las Margaritas número cincuenta y tres, interior "A" (53-A), en Cieneguillas, Zacatecas (sobre carretera federal 54, tramo Villanueva-Zacatecas). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a los quejosos.. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy

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