Martín Colín Granados

Expediente 347/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
347/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Martín Colín Granados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo, promovido por Martín Colín Granados, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6144/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. SE REITERA DETERMINACIÓN EN TORNO A EXPEDICIÓN DE COPIAS. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, que suscribe Santiago Orozco Valencia, representante especial de los menores de edad María Fernanda Colín Bravo y Martín Colín Bravo, en atención a su contenido, en lo relativo a que se le informe si alguna de las partes ha interpuesto recurso de revisión, dígasele que el expediente en que se actúa se encuentra en la secretaría de este juzgado a su disposición para consulta. En relación a su solicitud de que se le expida copias del expediente, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintiocho de marzo de la presente anualidad, en el que se autorizó a las partes, en todo momento, la expedición de copias simples y certificadas del expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. SE ORDENA PRACTICAR NOTIFICACIONES A TERCERA INTERESADA POR MEDIO DE LISTA. Vista la razón levantada por el actuario de la adscripción, en la que manifiesta que no le fue posible notificar personalmente a la tercera interesada Vanessa Melitsa Cazarez Pahua, tutora de los menores de edad María Fernanda Colín Bravo y Martín Colín Bravo, la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en virtud a que no compareció a juicio ni señaló domicilio para recibir notificaciones, en el término que se le concedió para tal efecto, no obstante habérsele requerido; por tanto, en términos de lo establecido por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle la notificación de la sentencia y del presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para recibir notificaciones. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 347/2019-IX, promovido por Martín Colín Granados, por propio derecho, contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad capital. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió a este órgano de control constitucional, Martín Colín Granados solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que precisó de la siguiente manera: ".Lo es fundamentalmente, el acuerdo de fecha quince de marzo del año dos mil diecinueve, en el que determina en mi contra medidas cautelares dentro del expediente número 263/2019 C.V." Acto que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó registrar el asunto como el expediente 347/20190-IX; y, se requirió al promovente del amparo, para que aclarase su demanda. Solventado lo anterior, mediante proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el doce de junio pasado, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además, porque el acto que se combate podría tener ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, es el siguiente:  El proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad capital, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 263/2019, a través del cual, se impusieron diversas medidas cautelares respecto del aquí quejoso, Martín Colín Granados, con el propósito de salvaguardar tanto la integridad física de la tercera interesada Gloria Estela Bravo Dominguez, como la manutención de sus menores hijos María Fernanda y Martín, ambos de apellidos Colín Bravo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Juez responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. A propósito de ello, resulta aplicable la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias que en copia certificada remitió el Juez responsable, como sustento de su informe justificado; documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS.". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Ángeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". En ese orden de ideas, de oficio, este juzgador considera que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo , al haber cesado los efectos del acto que se combate. Del artículo citado, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del promovente del amparo, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, de manera que se destruyan todas sus consecuencias en forma total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Improcedencia que se justifica debido a que el examen constitucional se volvería ocioso frente a la paralización o destrucción del acto de autoridad, por lo que en tal aspecto la justicia federal se torna innecesaria. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia Emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". (Lo subrayado es añadido). Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dispone: "Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano.". Sentado lo anterior, conviene destacar que los artículos 260, 261 y 857 a 866, todos del Código Familiar para el Estado de Michoacán, son del tenor siguiente: "Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: I. Separar a los cónyuges, considerando para tal efecto, las circunstancias personales de cada uno; II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; III. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad; IV. La forma en que el cónyuge que no tenga la guarda y custodia deberá convivir con sus hijos menores de edad o con discapacidad; V. Las necesarias para que no se causen daño en su persona o en sus bienes; y, VI. Las demás que considere necesarias el juez. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos legalmente previstos." "Artículo 261. Si en el procedimiento de divorcio, también se deben determinar cuestiones inherentes a hijos menores de edad o con discapacidad, se les designará un tutor especial desde el auto admisorio, quien tendrá el carácter de parte. Con independencia de que se le designe tutor especial, en la medida en que los hijos menores de edad o con discapacidad puedan emitir una opinión, ésta se escuchará, la que no obligará al juzgador, pero podrá ser orientadora." "Artículo 857. El cónyuge que intente demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar la separación al juez de instrucción." "Artículo 858. La solicitud puede ser escrita o verbal, y en ella se señalarán las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores de edad o con discapacidad y las demás circunstancias del caso. "Artículo 859. El juez podrá decretar el desahogo de los medios de prueba y practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de decretar la medida." "Artículo 860. Presentada la solicitud, el juez sin más trámite, con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, resolverá sobre su procedencia, y de concederla, atendiendo las circunstancias particulares del asunto, dictará las medidas pertinentes para que se practique, la que se notificará al otro cónyuge, previniéndole para que se abstenga de impedir la separación o les cause molestias, bajo apercibimiento que de no acatar dichas disposiciones se dará vista al ministerio público para que proceda legalmente." "Artículo 861. En la resolución en que la medida se decrete o en la diligencia en que se practique, el juez podrá decidir cuál de los cónyuges, hijos menores de edad o con discapacidad permanecerán en el domicilio conyugal. Asimismo, determinará con quién de los cónyuges se quedan los hijos en custodia provisional, estando siempre a su interés superior. Levantará un inventario de las pertenencias personales que el cónyuge que es separado se lleve, incluyendo las necesarias para el ejercicio de su profesión, arte u oficio, así como de todos los bienes que se queden en el domicilio conyugal." "Artículo 862. El juez podrá dictar, de estimarlo pertinente, otras medidas, atendiendo a las circunstancias del caso, o variar las decretadas, en virtud de causa justa o superveniente, petición o acuerdo de los interesados." "Artículo 863. En la resolución en que se decrete la separación, se señalará el término de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda, denuncia o querella, que no deberá ser mayor de ocho días contados a partir del siguiente de efectuada aquella. A juicio del juez, podrá concederse por una sola vez, una prórroga hasta por igual término." "Artículo 864. Si al vencimiento del plazo concedido no se acredita al juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la separación, debiendo el cónyuge regresar al domicilio conyugal dentro de los tres días naturales siguientes. Pudiendo solicitar al juez su reincorporación al mismo. Observándose en ella lo previsto, en lo conducente, para la separación. Cualquier dificultad que surgiere en la reincorporación, el juez la resolverá de plano y sin más trámite." "Artículo 865. El juez, de oficio o a petición de parte, señalará y asegurará las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda." "Artículo 866. También podrá decretar las medidas que estime convenientes para evitar que los cónyuges se causen perjuicios en sus respectivos bienes y en los de la sociedad conyugal, en su caso. Asimismo, podrá ordenar cuando existan bienes que puedan pertenecer a los cónyuges, la anotación preventiva de la demanda y auto que la admita en el Registro Público de la Propiedad y de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes, con el fin de que no se transmitan, graven, modifiquen o extinga su dominio, posesión o demás derechos reales sobre los mismos." De los preceptos legales reproducidos con antelación, se obtiene que el cónyuge que desee demandar o querellarse contra su símil, puede solicitar al juzgador que corresponda la separación de personas, para lo cual deberá expresar las causas en que se funda, la existencia de hijos menores de edad o con discapacidad, así como las demás circunstancias del caso. Antes de dictar la medida, de oficio o a solicitud de parte, el juez que conozca del asunto puede ordenar el desahogo de las pruebas que estime pertinentes; posteriormente, en caso de considerar que dicha solicitud resulta procedente, deberá indicar cuál de los cónyuges deberá permanecer en el domicilio; mientras que respecto del que sea separado deberá inventariar aquellos bienes que podrá llevarse consigo. Además de lo anterior, el juzgador podrá implementar todas las medidas que estime pertinentes, con el propósito de salvaguardar los derechos fundamentales tanto del cónyuge solicitante, como de los menores hijos (si los hubiere). En la misma determinación en la que se decrete la medida cautelar, se establecerá el término del que dispondrá el solicitante para presentar la demanda atinente; pues, de no hacerlo dentro del término previsto para ello, la medida provisional dejará de surtir sus efectos, lo cual implica que el cónyuge separado podrá reincorporarse a su domicilio. Finalmente, se obtiene que una vez admitida a trámite la demanda de divorcio, el juez que conozca del asunto deberá ordenar la implementación de las medidas cautelares que estime pertinentes, con el propósito de asegurar el bienestar tanto de los cónyuges como de los menores de edad involucrados. Ahora, de las constancias que integran el expediente del que deriva el acto reclamado se obtiene lo siguiente: 1. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil diecinueve, la aquí tercera interesada, Gloria Estela Bravo Domínguez solicitó la implementación de medidas cautelares (la reincorporación al domicilio conyugal, la separación de personas, así como el establecimiento de una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos), respecto del ahora peticionario del amparo Martín Colín Granados; por estimar que el trato desplegado por el mencionado en último lugar era violento. Para acreditar dichas circunstancias, la solicitante ofreció diversas probanzas, entre las que destacan los testimonios de Roxana Espinoza Pichardo, Karina Viridiana Bravo Sánchez y Belem Ambriz Parra, así como los de sus menores hijos María Fernanda y Martín, ambos de apellidos Colín Bravo; 2. Por razón de turno, el conocimiento de la solicitud referida le correspondió al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad capital, el cual, por acuerdo de doce de marzo siguiente, radicó el asunto como el expediente 263/2019 de su índice; admitió a trámite la indicada solicitud; y, señaló fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la solicitante; 3. Solventado lo anterior, mediante proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgador del conocimiento ordenó la reincorporación de la solicitante y sus menores hijos al domicilio conyugal; emitió una orden de restricción respecto de Martín Colín Granados, para: ".que se abstenga de causar molestias, amenazar, o cometer actos de violencia hacia la señora Gloria Estela Bravo Domínguez."; apercibió al reticente para que: ".no acuda al domicilio que habita la citada Gloria Estela Bravo Domínguez, ni a su lugar de trabajo debiendo siempre permanecer a una distancia mayor de 100 metros de dicha persona en el lugar donde ella se encuentre.". Además, fijó una pensión alimenticia a cargo de Martín Colín Granados y a favor de sus menores hijos María Fernanda y Martín, ambos de apellidos Colín Bravo; y estableció un régimen de convivencia entre los citados menores y su progenitor (este proveído constituye el acto reclamado en el presente asunto); 4. Dicha determinación fue notificada, de manera personal, al aquí peticionario del amparo, el veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve; 5. Posteriormente, el representante de Gloria Estela Bravo Domínguez hizo del conocimiento al Juez señalado como responsable en el presente asunto, que el interpelado voluntariamente abandonó el domicilio conyugal; motivo por el cual, solicitó que tanto Gloria Estela Bravo Domínguez, como sus menores hijos María Fernanda y Martín, ambos de apellidos Colín Bravo, fueran incorporados al domicilio de mérito; lo cual ocurrió por diligencia de veintinueve de marzo siguiente; 6. El nueve de abril de dos mil diecinueve, ante el juzgado del conocimiento, Gloria Estela Bravo Domínguez presentó un escrito mediante el cual informó lo siguiente: ".con data 04 cuatro de abril del año en curso presenté ante la oficialía de partes y turno de este Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, demanda oral familiar sobre divorcio incausado, en contra del C. Martín Colín Granados, el cual por razón de turno fue radicada en el Juzgado Segundo Oral en Materia Familiar de este Distrito Judicial, para lo cual me permito exhibir documental consistente en escrito que contiene el acuse de recibo de dicha oficialía, y así dar cumplimiento con el artículo 863, y demás relativos del Código Familiar vigente en el Estado." 7. En respuesta, por auto de doce de abril de dos mil diecinueve, se determinó que: "Visto el escrito presentado por la compareciente Gloria Estela Bravo Domínguez, se le tiene exhibiendo en tiempo el turno de la demanda que presentó con motivo de las medidas cautelares aquí concedidas; por tanto, dada cuenta con el estado que guardan las presentes actuaciones, se advierte que al momento se encuentran cumplidas las medidas decretadas en este asunto, en virtud de que se ha notificado a Martín Colín Granados, las restricciones impuestas a su persona, de ahí que por tratarse de un asunto concluido, envíese en su oportunidad el expediente al archivo del Poder Judicial del Estado para su guarda y custodia definitivas, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno que se lleva en este tribunal; dejándose a disposición de la compareciente los documentos originales que exhibió al realizar su comparecencia." Lo expuesto hasta el momento patentiza la improcedencia del juicio que se resuelve, por haber cesado los efectos de la determinación que se combate. Es así, porque ya se estableció que el artículo 863 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, prevé que la medida de separación de personas cuenta con una vigencia determinada, es decir, que sus efectos sólo perdurarán en tanto no sea presentada la demanda respectiva; pero incluso que de no presentarse dicha demanda, dentro del término máximo de ocho días, los efectos de la medida cautelar dejarían de surtir, pudiendo el cónyuge separado reincorporarse al domicilio conyugal; de igual manera, quedó precisado que el artículo 260 de la misma codificación familiar estatal, prevé que al admitirse la solicitud de divorcio, el juez que conozca del asunto implementará las medidas cautelares que estime necesarias, para salvaguardar la integridad tanto de los cónyuges, como de los menores hijos, si los hubiera, tales como la separación de personas, fijar alimentos, así como establecer un régimen de convivencia, entre otras. De hecho, en el proveído que aquí se combate (quince de marzo de dos mil diecinueve), al proveer lo relativo a la pensión alimenticia, se enfatizó que: "Medida que tendrá vigencia durante la tramitación de la presente medida cautelar." ; de igual manera, en la parte final del acuerdo de mérito, se asentó lo siguiente: "Temporalidad Así también, hágase del conocimiento a las partes que las medidas establecidas, son con el ánimo de prevenir conductas agresivas entre los familiares antes indicados y se encontrarán vigentes de la siguiente manera: Por el término de ocho días hábiles lo relativo a la restricción, alimentos y convivencia contados a partir de la notificación personal y requerimiento que se haga a Martín Colín Granados. Mientras que por lo que ve a la reincorporación y separación de cónyuges, será por el término de ocho días hábiles mismos que serán contados a partir de la materialización de las mismas." Luego, si en el caso, Gloria Estela Bravo Domínguez promovió demanda de divorcio incausado, contra Martín Colín Granados, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad capital; válidamente puede afirmarse que cesaron los efectos del proveído combatido; precisamente porque es obligación del juzgador que conozca de la contienda de divorcio establecer las medidas cautelares que se estimen pertinentes para la salvaguarda de los derechos de los contendientes. Esto quiere decir, que lo que en su caso afectaría actualmente la esfera jurídica del aquí peticionario del amparo sería el proveído que recayó a la demanda de divorcio formulada por Gloria Estela Bravo Domínguez; no así la determinación emitida por el juez responsable a través del proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria 263/2019; porque, se insiste, las medidas cautelares adoptadas en el expediente indicado en último lugar tenían supeditada su vigencia a la presentación de la demanda de divorcio y porque es en la contienda de divorcio donde deberán adoptarse aquellas providencias tendentes a salvaguardar la integridad de los involucrados en dicho proceso. Tan es así, que al tener noticia de la presentación de la demanda de divorcio, el juzgador señalado como responsable en el presente asunto decretó el archivo del expediente del que deriva el acto reclamado, por considerar que dicho proceso se encontraba totalmente concluido. No es óbice, que al admitirse la solicitud de divorcio formulada por Gloria Estela Bravo Domínguez, eventualmente podrían reiterarse las medidas adoptadas por el juez responsable, la jurisdicción voluntaria previa; porque en ese caso tales providencias cautelares que irrogarían sus efectos, se generarán ahora con motivo de la determinación de reiterarlas emitida por el juzgador que conoce del juicio de divorcio, en el caso, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad de Morelia. Máxime, que es en aquella contienda donde realmente podrá desplegar una adecuada defensa respecto de las medidas cautelares solicitadas por la aquí tercera interesada. En suma, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia anunciada con antelación, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio de amparo, respecto del segundo de los actos reclamados. La anterior determinación impide que este órgano de control constitucional examine los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contra el acto combatido en primer término, porque dicha acción se encuentra íntimamente vinculada con el análisis del fondo del asunto. Es aplicable, al caso concreto, la tesis del siguiente contenido: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra". QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Martín Colín Granados, contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad capital, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza y da fe, hoy diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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