Martín Alfonso Gómez Placencia y Otros.

Expediente 203/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
203/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Diego Navarro Gutiérrez
  • Martín Alfonso Gómez Placencia y Otros.
  • Martín Alfonso Gómez Placencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 203/2020, promovido por Gonzalo López Chávez en favor del directo quejoso Martín Alfonso Gómez Plascencia, contra actos del contra actos de la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero del año próximo pasado, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Gonzalo López Chávez, presentó demanda de amparo indirecto a favor de los quejosos Diego Navarro Gutiérrez, Héctor Manuel Vázquez Rodríguez y Natalí Guadalupe Guzmán Hernández y Martín Alfonso Gómez Plascencia, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veintisiete de febrero se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, únicamente por lo que ve al quejoso directo Martín Alfonso Gómez Plascencia, por así ratificar el contenido del escrito de demanda de veinticinco de febrero del año pasado, registrándose con el número de expediente 203/2020; se solicitó de la primera autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, mediante auto de tres de noviembre pasado, se tuvo al aquí quejoso por ampliando demanda que dio origen al presente asunto, respecto a la diversa autoridad Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de esta ciudad, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consisten en: A). La incomunicación y actos de tortura de que es objeto el impetrante directo. B). La privación de la libertad personal del quejoso directo fuera de todo procedimiento. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN EL INCISOS A). Al rendir su informe justificado la autoridad señalada como responsable Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos que el quejoso le atribuyó precisados en el inciso A), del considerando que antecede lo cual se corrobora con las constancias que al efecto acompañó a su informe la autoridad responsable. Pues bien, pese a lo manifestado por la autoridad responsable de referencia, la parte quejosa no aportó al presente juicio prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad del informe mencionado. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime que ante la negativa de la autoridad responsable, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados y no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Por ilustrativa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2001, que literalmente dice: Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." No es obstáculo para resolver lo anterior, lo asentado por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional mediante diligencia de veintiséis de febrero pasado, en el sentido de que el quejoso manifestó que desde el momento de su detención fue golpeado por los elementos policiacos que lo capturaron y refirió que fue despojado de la suma de catorce mil cuatrocientos pesos, y que al certificar en esa misma acta las condiciones físicas, del amparista haya anotado lo siguiente: ". a simple vista no apreció en la persona del quejoso, dato alguno de violencia física; sin embargo, el aquí agraviado, manifiesta estar golpeado y con dolor en la parte de las costillas.", toda vez que no existe en autos algún otro medio de convicción del cual se desprenda o se corrobore que en efecto fue golpeado por las autoridades responsables. Aunado a lo anterior, cabe destacar, que en auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional dio vista a la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, a fin de que hiciera del conocimiento de las autoridades competentes los posibles actos de tortura cometidos al ahora quejoso; asimismo, en proveído de treinta y uno de agosto pasado, se tuvo a la agente antes mencionada, informando que se giró oficio con número 04/2020, al Fiscal General de Justicia en el Estado, a efecto de que se realizaran las investigaciones correspondientes en torno a los presuntos actos de tortura que refiere el quejoso directo fue objeto. QUINTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO B). Ahora, el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de esta ciudad negó el acto reclamado precisado en el inciso B), del considerando que antecede. Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con las documentales que obran en autos de las cuales se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, sí existía dicho acto reclamado, privativo de libertad en contra de Gómez Plascencia, pues tuvo verificativo a las dieciocho horas con cincuenta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veinte, mismo que fue puesto a disposición en esa misma data ante el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de esta ciudad- Lo anterior se corrobora con las constancias que al efecto acompañaron las responsables Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, ambos con sede en esta ciudad, documentales que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En el presente asunto, el quejoso directo reclama de las autoridades responsables señaladas en el considerando que antecede, la privación de la libertad personal fuera de procedimiento. Por otro lado, de las constancias que remitió la responsable Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, se advierte que como lo manifestó la propia Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en su informe justificado, el veintisiete de febrero a las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, Martín Alfonso Gómez Plascencia, fue puesto en libertad, bajo investigación. Lo anterior, pone de manifiesto que el quejoso fue puesto en libertad, ante lo cual cesaron los efectos del acto reclamado, que hizo consistir en la detención ilegal, pues en el presente asunto, se creó una situación jurídica distinta que destruyó definitivamente la que dio origen al amparo y restituyó al promovente en el pleno goce de las garantías violadas, volviendo las cosas al estado que guardaban hasta antes de la violación constitucional reclamada; lo que pone de relieve que los efectos del acto reclamado precisado en el inciso B)., han cesado, virtud a lo cual se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Los criterios que anteceden se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se oponen a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Gonzalo López Chávez en favor del directo quejoso Martín Alfonso Gómez Plascencia, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintiuno. SE ACUERDA ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la vista dada mediante auto de quince de febrero del año en curso, manifiesta que la Fiscalía General de la República aceptó conocer de los hechos del ámbito de su competencia por lo que ve al delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; asimismo, informa que en data de trece de octubre pasado, la Agente del Ministerio Público Federal Anaid Estrada Sánchez, recibió la carpeta de investigación con número de caso 1003202007816, expediente MOR/053/23738/2020. Lo que este Juzgado de Distrito, toma de conocimiento para los efecto legales a que haya lugar. REQUERIMIENTO PARTE QUEJOSA En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días contados a partir de la legal notificación del presente auto, manifieste: a) Si es su deseo ampliar el libelo constitucional por lo que ve a la autoridad Agente del Ministerio Público Federal Anaid Estrada Sánchez, quien recibió la carpeta de investigación con número de caso 1003202007816, expediente MOR/053/23738/2020, adscrita a la Fiscalía General de la República de esta ciudad y de ser así, precise el acto que de ella le reclame. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se seguirá el juicio únicamente por el acto y autoridad señalada en el libelo constitucional. Cobra aplicación por similitud al respecto la jurisprudencia, cuya sinopsis se transcribe a continuación: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si el juicio de garantías se promueve por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, lo que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, porque aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se presentara la demanda de garantías, la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintiuno. SE ACUERDA ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la vista dada mediante auto de quince de febrero del año en curso, manifiesta que la Fiscalía General de la República aceptó conocer de los hechos del ámbito de su competencia por lo que ve al delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; asimismo, informa que en data de trece de octubre pasado, la Agente del Ministerio Público Federal Anaid Estrada Sánchez, recibió la carpeta de investigación con número de caso 1003202007816, expediente MOR/053/23738/2020. Lo que este Juzgado de Distrito, toma de conocimiento para los efecto legales a que haya lugar. REQUERIMIENTO PARTE QUEJOSA En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días contados a partir de la legal notificación del presente auto, manifieste: a) Si es su deseo ampliar el libelo constitucional por lo que ve a la autoridad Agente del Ministerio Público Federal Anaid Estrada Sánchez, quien recibió la carpeta de investigación con número de caso 1003202007816, expediente MOR/053/23738/2020, adscrita a la Fiscalía General de la República de esta ciudad y de ser así, precise el acto que de ella le reclame. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se seguirá el juicio únicamente por el acto y autoridad señalada en el libelo constitucional. Cobra aplicación por similitud al respecto la jurisprudencia, cuya sinopsis se transcribe a continuación: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si el juicio de garantías se promueve por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, lo que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, porque aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se presentara la demanda de garantías, la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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