Martin Alfredo Palomares Estrada

Expediente 191/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
191/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Martin Alfredo Palomares Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en la que se negó la Protección de la Justicia Federal el presente asunto, promovido por Martín Alfredo Palomares Estrada; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Así continuando con la revisión de los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, en consideración a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-191/2023, promovido por Martín Alfredo Palomares Estrada, en su carácter de Notario Público número 105, con ejercicio y residencia en esta ciudad, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Martín Alfredo Palomares Estrada, en su carácter de Notario Público número 105, con ejercicio y residencia en esta ciudad, promovió demanda de garantías contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de garantías, registrándola bajo el número VIII-191/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: La resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra del auto de veinticuatro de noviembre pasado, dictado en el juicio ordinario civil 1105/2019, en el que se requirió a los codemandados, entre los que destaca el promovente de garantías, para que cada uno haga el pago de la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde al monto de los honorarios del perito. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto exhibió las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que como el acto reclamado emana de una controversia de naturaleza civil y solo afecta la esfera patrimonial del quejoso, en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, por las razones que a continuación se precisarán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial se tramita el juicio ordinario civil número 1105/2019, que sobre nulidad de escrituras y otras prestaciones promueve Raúl Higareda Hernández, en contra del aquí quejoso y otros. Dentro de la etapa probatoria, el tres de marzo de dos mil veintidós, se admitió la prueba pericial en caligrafía, grafoscopía y documentoscopía, ofrecida por el actor. En ese mismo proveído, se requirió a los demandados para que dentro del término de tres días designaran perito de su parte, bajo apercibimiento que de no hacerlo el juzgado lo designaría en rebeldía. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se designó al experto Erick Arroyo Vergara, como perito en rebeldía de los codemandados Martín Cabezas Valdovinos, M. Alfredo Palomares Estrada, Manlio Gallegos Barragán y Oscar Aguilar Magallón (foja 33 a 36). Por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al citado perito aceptando y protestando el cargo conferido; asimismo, se requirió al notario, aquí quejoso, para que pusiera a su vista la escritura pública número 26,054, volumen 970, de dieciséis de noviembre de dos mil nueve a fin de que el experto pudiera rendir su dictamen dentro del término de tres días; y, en relación con el monto de los honorarios del perito, se precisó: ".Manifestando que el monto de sus honorarios, asciende a la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos, cero centavos, por cada uno de los codemandados que fue designado, la cual deberá ser cubierta por los codemandados citados." (foja 63). Mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al perito en cuestión emitiendo su respectivo dictamen, el cual se mandó poner a la vista de las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera; asimismo, se requirió a los codemandados, entre los que destaca el aquí quejoso, para que hicieran el pago de la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) por cada uno de los codemandados y que corresponde al monto de los honorarios del experto designado en rebeldía (foja 91). Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación (foja 123 a 126). Mediante resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el juez responsable declaró improcedente (sic) el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso (foja 145 a 148), bajo los siguientes argumentos: ". Preliminarmente, se deja establecido que no se converge con el recurrente en torno a no considerarse parte material del juicio, ya que el carácter de codemandado le deriva desde el momento en que con ese carácter fue presentada en su contra, y la de otros, la demanda de nulidad absoluta de una escritura pública por él confeccionada en ejercicio de la función pública que desempeña, y por lo que, precisamente, compareció a formular contestación, como se advierte del auto de 8 ocho de enero de 2020 dos mil veinte, de ahí que no existe motivo o razón legal para ahora señalar que no es parte material en el juicio. Por lo anterior, al formar parte material del controvertido donde se actúa, es que resulta fundado el requerimiento de pago realizado en el proveído impugnado, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombre o en cuyo defecto lo hubiere nombrado el juez, y el de tercero, por ambas partes; salvo el caso de que el litigante que no promovió la prueba pericial, renuncie expresamente al derecho de nombrar perito, pues entonces todos los honorarios serán cubiertos por el que promovió la prueba. Del contenido de la anterior disposición se advierte que las partes tienen la obligación de pagar los honorarios del perito que nombre, o como en el presente caso, el que hubiere nombrado el juez, pues al experto Erick Arroyo Vergara, fue nombrado en rebeldía de los codemandados, sin que el codemandado ahora recurrente, Martín Alfredo Palomares Estrada, haya ejercido el derecho de renunciar expresamente al derecho de nombrar perito, único supuesto por el que -en su caso-, se hubiera podido dispensar de pagar su parte proporcional al perito designado en su rebeldía; por lo que, si conforme a las constancias del juicio se desprende que el aquí recurrente no renunció a su derecho de nombrar perito, es que se encuentra obligado a sufragar los honorarios del experto. Luego, el recurso de revocación es improcedente además, porque no pasa desapercibido que el 7 siete de noviembre del año pasado, se dictó un auto mediante el cual, se tuvo al perito designado en rebeldía de la parte demandada, Erick Arroyo Vergara, aceptando y protestando el cargo conferido; a la vez que, se tuvo al citado diestro manifestando que el monto de los honorarios, ascendía a la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos, por cada uno de los codemandados. Y como se desprende en esencia del recurso planteado, que lo solicitado es que se acuerde favorablemente su petición a efecto de no cubrir los honorarios del perito que a su parte corresponde; entonces, para ello era menester que el inconforme hubiera recurrido el auto de 7 siete de noviembre del año pasado, en el que se tuvo al perito manifestando a cuánto ascendían sus honorarios; sin embargo, el inconforme no lo hizo así, en cuya virtud aquel auto a la fecha se encuentra firme, para todos los efectos legales a que haya lugar, pues dentro del lapso que la ley concede para impugnarlo no fue recurrido por las partes del juicio; de suerte que deben estar los contendientes a lo ahí acordado, por tratarse de un acto consentido, pues la firmeza del procedimiento es garantía de las partes de conformidad con los artículos 92 y 95, segundo párrafo, del supletorio Código de Procedimientos Civiles del Estado. Dicho de otro modo, para obtener, en su caso, resolución favorable acerca de no pagar ese numerario, era necesario recurrir el multicitado auto del 7 siete de noviembre, que fue en el que se determinó lo que tendrían que cubrir los codemandados por concepto de honorarios del perito designado en su rebeldía, pues el que impugnó del 24 veinticuatro de noviembre, sólo es una consecuencia jurídica, inmediata y directa, de aquél." Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Como se adelantó, los conceptos de violación expresados por el quejoso resultan infundados, por los motivos que a continuación se reseñan. En ellos quien se agravia señala: Que técnica y jurídicamente no tiene el carácter de parte material en el controvertido, ya que el carácter de partes corresponde únicamente a quienes intervinieron en la escritura tildada de ilegal, sin que baste para ello el hecho de que haya intervenido en cuanto fedatario público, tanto es así que opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, lo que se traduce en la inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario, pues no se le imputa algún ilícito en la confección de la escritura de la cual se demanda su nulidad, de tal modo que la sentencia solo afectará a las personas que intervinieron en la celebración del contrato de dación en pago y solo tendrá como único alcance legal la cancelación de la escritura en el protocolo del notario. Que el juez responsable aplicó de manera indebida el contenido del artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que al no ser parte material en el juicio no era su obligación renunciar expresamente al derecho de nombrar perito y tampoco sufragar sus honorarios; además, que del texto del citado precepto legal no se advierte el supuesto que señala el juez responsable. Que, contrario a lo señalado por la autoridad, no estaba obligado a recurrir el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, ya que de su contenido se advierte que en dicho acuerdo el juez responsable solo señaló lo manifestado por el perito, sin aprobar el pago relativo, de tal modo que el proveído recurrido de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, no puede considerarse una consecuencia del diverso de siete de ese mes y año. Ahora bien, contrario a lo que manifiesta el quejoso, le asiste razón al juez responsable al señalar que, en principio, sí tiene el carácter de parte en el juicio, ya que al ejercitarse la acción de nulidad de un instrumento otorgado ante él como fedatario público, ello provocó que el notario público fuera señalado y se admitiera la demanda en su contra con el carácter de parte demandada. De tal modo que, se llamó al juicio natural al quejoso como el notario que intervino en cuanto fedatario de ello; por tanto, en observancia a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 Constitucional, se le debía llamar al procedimiento en defensa de sus intereses y en virtud de que la resolución de que llegara a dictarse pudiera ocasionarle consecuencias jurídicas adversas de acuerdo con las normas que rigen su actuación. Pues si bien el propio notario señala que en mérito de sus alegaciones opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, tal aseveración no está probada en autos, a más de que ello, en todo caso, será motivo de análisis en el momento procesal oportuno; y, de resultar favorable su pretensión, se le excluirá tanto de la contienda como de sus consecuencias, pudiendo reclamar por concepto de costas la suma que erogó con motivo de los honorarios reclamados por el perito. De tal modo que, como bien lo destacó el juez responsable, su carácter de codemandado deriva, hasta este momento, del hecho de que así fue señalado en la demanda de nulidad. Máxime que hasta este momento no existe alguna determinación en contrario que así lo resuelva. Por otro lado, la designación de peritos en un juicio es una carga procesal que la ley concede a las partes, el cual pueden, o no ejercitar y, cuando no lo ejerciten, el juez en su rebeldía designará el perito que le corresponde a la parte omisa, lo cual significa una garantía a fin de que la parte omisa no quede a merced de la contraparte, atendiendo con ello a la naturaleza colegiada de la prueba pericial. Más aún que una vez admitida dicha prueba durante el juicio, en atención al principio de adquisición procesal, su desahogo atañe a todas las partes, con independencia de si les beneficia o les perjudica. En estas condiciones es claro que deben de dictaminar tanto el perito de la parte que hizo la designación, como el nombrado por el Juez en rebeldía de la otra parte y, en su caso, el perito tercero. Sin embargo, es factible que una de las partes renuncie expresamente al derecho de designar el perito, en cuyo caso no estaría obligada a pagar los honorarios, pues esto sería tanto como obligarla a utilizar servicios periciales que no desea que le presten y a pagarlos, ya que son de su cargo los honorarios de esos peritos, ello sin que estén sujetos a circunstancias que sean de mera apreciación individual de las partes, ya que en todo caso el pago de honorarios corresponde a los trabajos y a la técnica realizada. Bajo ese contexto, el artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado señala: "Artículo 474. El honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombre o en cuyo defecto lo hubiere nombrado el Juez, y el de tercero, por ambas partes; salvo el caso de que el litigante que no promovió la prueba pericial, renuncie expresamente al derecho de nombrar perito, pues entonces todos los honorarios serán cubiertos por el que promovió la prueba. Todo esto sin perjuicio de lo que disponga la sentencia definitiva sobre condenación en costas." Dicho precepto legal dispone que los honorarios y gastos de cada perito serán pagados por la parte que haya promovido la prueba pericial, ello sin perjuicio de lo que disponga la sentencia definitiva, sobre condenación en costas; por lo que, de acuerdo con este precepto, es indudable que el perito nombrado en rebeldía de la parte demandada, no debe considerarse como perito del juez, sino designado a favor de dicha parte rebelde. Ello en atención a que correspondía a esta designarlo, y el Juez no hizo más que sustituirse a la expresada parte para hacer la designación, siendo indudable que es la demandada, quien debe pagar los honorarios y gastos de dicho perito, en los términos claros y precisos de la primera parte del precepto legal citado. De tal modo que, atendiendo a lo expuesto, es infundada la alegación del quejoso al señalar que el juez hizo una incorrecta interpretación del citado artículo. Finalmente, el quejoso sí estaba obligado a recurrir oportunamente el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, ello en razón de que fue en dicho acuerdo en el que se determinó y se hizo del conocimiento de la parte demandada el monto al que ascendían los honorarios del perito designado en rebeldía, además de precisarse claramente que esa cantidad debería de ser cubierta por cada uno de los codemandados. Pues si bien es cierto que en dicho auto expresamente el juez no señala que aprueba tal cantidad, ello no constituye una obligación para el juez o un requisito acorde al Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por el contrario, al precisarse en dicho auto el monto de los honorarios que cada uno de los demandados debería cubrir aún se estaba dando oportunidad a la parte rebelde para que renunciara a su derecho, ello de manera previa a que se realizaran los trabajos respectivos o que de alguna manera se inconformaran con ello. Por lo que, al no haber sido así, se entiende que tácitamente aceptaron tanto la designación del perito como el pago de sus honorarios, los cuales se señaló debían ser cubiertos por los demandados. Y, por tanto, el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en ese aspecto sí constituye una consecuencia directa del diverso de siete de ese mismo mes y año. De modo que, como bien lo destacó el juez responsable, cualquier inconformidad relacionada con el monto o la forma de su cuantificación por parte del perito debió expresarse oportunamente y no esperar hasta el requerimiento de pago. No obstante, cabe precisar que resultan inaplicables las jurisprudencias invocadas por el quejoso y que aluden a que para el pago de honorarios es requisito que el perito presente la regulación respectiva y justifique el monto, ya que tales criterios son aplicables para el perito tercero designado en los juicios de amparo y para los cuales resulta de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo cual no acontece en el caso concreto, ya que el acto reclamado deriva de un juicio ordinario civil en el que se aplican las reglas previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual no prevé dicho requisito para la liquidación de los honorarios de los peritos designados en rebeldía de una de las partes, ni la aplicación supletoria del código federal. Por ello también es que resultan inatendibles en el presente juicio de amparo las manifestaciones vertidas por el quejoso en las que insiste en que el perito se limitó a señalar el monto de sus honorarios sin presentar la regulación respectiva, ya que como bien lo señaló el juez, cualquier inconformidad relativa a ese tema debió hacerla valer en el momento procesal oportuno. Luego, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Martín Alfredo Palomares Estrada, en su carácter de Notario Público número 105, con ejercicio y residencia en esta ciudad, en contra del acto que reclamó del Juez octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martín Alfredo Palomares Estrada, en su carácter de Notario Público número 105, con ejercicio y residencia en esta ciudad, en contra del acto que reclamó del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-191/2023, promovido por Martín Alfredo Palomares Estrada, en su carácter de Notario Público número 105, con ejercicio y residencia en esta ciudad, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Martín Alfredo Palomares Estrada, en su carácter de Notario Público número 105, con ejercicio y residencia en esta ciudad, promovió demanda de garantías contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de garantías, registrándola bajo el número VIII-191/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: La resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra del auto de veinticuatro de noviembre pasado, dictado en el juicio ordinario civil 1105/2019, en el que se requirió a los codemandados, entre los que destaca el promovente de garantías, para que cada uno haga el pago de la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde al monto de los honorarios del perito. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto exhibió las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que como el acto reclamado emana de una controversia de naturaleza civil y solo afecta la esfera patrimonial del quejoso, en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, por las razones que a continuación se precisarán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial se tramita el juicio ordinario civil número 1105/2019, que sobre nulidad de escrituras y otras prestaciones promueve Raúl Higareda Hernández, en contra del aquí quejoso y otros. Dentro de la etapa probatoria, el tres de marzo de dos mil veintidós, se admitió la prueba pericial en caligrafía, grafoscopía y documentoscopía, ofrecida por el actor. En ese mismo proveído, se requirió a los demandados para que dentro del término de tres días designaran perito de su parte, bajo apercibimiento que de no hacerlo el juzgado lo designaría en rebeldía. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se designó al experto Erick Arroyo Vergara, como perito en rebeldía de los codemandados Martín Cabezas Valdovinos, M. Alfredo Palomares Estrada, Manlio Gallegos Barragán y Oscar Aguilar Magallón (foja 33 a 36). Por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al citado perito aceptando y protestando el cargo conferido; asimismo, se requirió al notario, aquí quejoso, para que pusiera a su vista la escritura pública número 26,054, volumen 970, de dieciséis de noviembre de dos mil nueve a fin de que el experto pudiera rendir su dictamen dentro del término de tres días; y, en relación con el monto de los honorarios del perito, se precisó: ".Manifestando que el monto de sus honorarios, asciende a la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos, cero centavos, por cada uno de los codemandados que fue designado, la cual deberá ser cubierta por los codemandados citados." (foja 63). Mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al perito en cuestión emitiendo su respectivo dictamen, el cual se mandó poner a la vista de las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera; asimismo, se requirió a los codemandados, entre los que destaca el aquí quejoso, para que hicieran el pago de la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) por cada uno de los codemandados y que corresponde al monto de los honorarios del experto designado en rebeldía (foja 91). Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación (foja 123 a 126). Mediante resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el juez responsable declaró improcedente (sic) el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso (foja 145 a 148), bajo los siguientes argumentos: ". Preliminarmente, se deja establecido que no se converge con el recurrente en torno a no considerarse parte material del juicio, ya que el carácter de codemandado le deriva desde el momento en que con ese carácter fue presentada en su contra, y la de otros, la demanda de nulidad absoluta de una escritura pública por él confeccionada en ejercicio de la función pública que desempeña, y por lo que, precisamente, compareció a formular contestación, como se advierte del auto de 8 ocho de enero de 2020 dos mil veinte, de ahí que no existe motivo o razón legal para ahora señalar que no es parte material en el juicio. Por lo anterior, al formar parte material del controvertido donde se actúa, es que resulta fundado el requerimiento de pago realizado en el proveído impugnado, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombre o en cuyo defecto lo hubiere nombrado el juez, y el de tercero, por ambas partes; salvo el caso de que el litigante que no promovió la prueba pericial, renuncie expresamente al derecho de nombrar perito, pues entonces todos los honorarios serán cubiertos por el que promovió la prueba. Del contenido de la anterior disposición se advierte que las partes tienen la obligación de pagar los honorarios del perito que nombre, o como en el presente caso, el que hubiere nombrado el juez, pues al experto Erick Arroyo Vergara, fue nombrado en rebeldía de los codemandados, sin que el codemandado ahora recurrente, Martín Alfredo Palomares Estrada, haya ejercido el derecho de renunciar expresamente al derecho de nombrar perito, único supuesto por el que -en su caso-, se hubiera podido dispensar de pagar su parte proporcional al perito designado en su rebeldía; por lo que, si conforme a las constancias del juicio se desprende que el aquí recurrente no renunció a su derecho de nombrar perito, es que se encuentra obligado a sufragar los honorarios del experto. Luego, el recurso de revocación es improcedente además, porque no pasa desapercibido que el 7 siete de noviembre del año pasado, se dictó un auto mediante el cual, se tuvo al perito designado en rebeldía de la parte demandada, Erick Arroyo Vergara, aceptando y protestando el cargo conferido; a la vez que, se tuvo al citado diestro manifestando que el monto de los honorarios, ascendía a la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos, por cada uno de los codemandados. Y como se desprende en esencia del recurso planteado, que lo solicitado es que se acuerde favorablemente su petición a efecto de no cubrir los honorarios del perito que a su parte corresponde; entonces, para ello era menester que el inconforme hubiera recurrido el auto de 7 siete de noviembre del año pasado, en el que se tuvo al perito manifestando a cuánto ascendían sus honorarios; sin embargo, el inconforme no lo hizo así, en cuya virtud aquel auto a la fecha se encuentra firme, para todos los efectos legales a que haya lugar, pues dentro del lapso que la ley concede para impugnarlo no fue recurrido por las partes del juicio; de suerte que deben estar los contendientes a lo ahí acordado, por tratarse de un acto consentido, pues la firmeza del procedimiento es garantía de las partes de conformidad con los artículos 92 y 95, segundo párrafo, del supletorio Código de Procedimientos Civiles del Estado. Dicho de otro modo, para obtener, en su caso, resolución favorable acerca de no pagar ese numerario, era necesario recurrir el multicitado auto del 7 siete de noviembre, que fue en el que se determinó lo que tendrían que cubrir los codemandados por concepto de honorarios del perito designado en su rebeldía, pues el que impugnó del 24 veinticuatro de noviembre, sólo es una consecuencia jurídica, inmediata y directa, de aquél." Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Como se adelantó, los conceptos de violación expresados por el quejoso resultan infundados, por los motivos que a continuación se reseñan. En ellos quien se agravia señala: Que técnica y jurídicamente no tiene el carácter de parte material en el controvertido, ya que el carácter de partes corresponde únicamente a quienes intervinieron en la escritura tildada de ilegal, sin que baste para ello el hecho de que haya intervenido en cuanto fedatario público, tanto es así que opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, lo que se traduce en la inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario, pues no se le imputa algún ilícito en la confección de la escritura de la cual se demanda su nulidad, de tal modo que la sentencia solo afectará a las personas que intervinieron en la celebración del contrato de dación en pago y solo tendrá como único alcance legal la cancelación de la escritura en el protocolo del notario. Que el juez responsable aplicó de manera indebida el contenido del artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que al no ser parte material en el juicio no era su obligación renunciar expresamente al derecho de nombrar perito y tampoco sufragar sus honorarios; además, que del texto del citado precepto legal no se advierte el supuesto que señala el juez responsable. Que, contrario a lo señalado por la autoridad, no estaba obligado a recurrir el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, ya que de su contenido se advierte que en dicho acuerdo el juez responsable solo señaló lo manifestado por el perito, sin aprobar el pago relativo, de tal modo que el proveído recurrido de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, no puede considerarse una consecuencia del diverso de siete de ese mes y año. Ahora bien, contrario a lo que manifiesta el quejoso, le asiste razón al juez responsable al señalar que, en principio, sí tiene el carácter de parte en el juicio, ya que al ejercitarse la acción de nulidad de un instrumento otorgado ante él como fedatario público, ello provocó que el notario público fuera señalado y se admitiera la demanda en su contra con el carácter de parte demandada. De tal modo que, se llamó al juicio natural al quejoso como el notario que intervino en cuanto fedatario de ello; por tanto, en observancia a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 Constitucional, se le debía llamar al procedimiento en defensa de sus intereses y en virtud de que la resolución de que llegara a dictarse pudiera ocasionarle consecuencias jurídicas adversas de acuerdo con las normas que rigen su actuación. Pues si bien el propio notario señala que en mérito de sus alegaciones opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, tal aseveración no está probada en autos, a más de que ello, en todo caso, será motivo de análisis en el momento procesal oportuno; y, de resultar favorable su pretensión, se le excluirá tanto de la contienda como de sus consecuencias, pudiendo reclamar por concepto de costas la suma que erogó con motivo de los honorarios reclamados por el perito. De tal modo que, como bien lo destacó el juez responsable, su carácter de codemandado deriva, hasta este momento, del hecho de que así fue señalado en la demanda de nulidad. Máxime que hasta este momento no existe alguna determinación en contrario que así lo resuelva. Por otro lado, la designación de peritos en un juicio es una carga procesal que la ley concede a las partes, el cual pueden, o no ejercitar y, cuando no lo ejerciten, el juez en su rebeldía designará el perito que le corresponde a la parte omisa, lo cual significa una garantía a fin de que la parte omisa no quede a merced de la contraparte, atendiendo con ello a la naturaleza colegiada de la prueba pericial. Más aún que una vez admitida dicha prueba durante el juicio, en atención al principio de adquisición procesal, su desahogo atañe a todas las partes, con independencia de si les beneficia o les perjudica. En estas condiciones es claro que deben de dictaminar tanto el perito de la parte que hizo la designación, como el nombrado por el Juez en rebeldía de la otra parte y, en su caso, el perito tercero. Sin embargo, es factible que una de las partes renuncie expresamente al derecho de designar el perito, en cuyo caso no estaría obligada a pagar los honorarios, pues esto sería tanto como obligarla a utilizar servicios periciales que no desea que le presten y a pagarlos, ya que son de su cargo los honorarios de esos peritos, ello sin que estén sujetos a circunstancias que sean de mera apreciación individual de las partes, ya que en todo caso el pago de honorarios corresponde a los trabajos y a la técnica realizada. Bajo ese contexto, el artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles del Estado señala: "Artículo 474. El honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombre o en cuyo defecto lo hubiere nombrado el Juez, y el de tercero, por ambas partes; salvo el caso de que el litigante que no promovió la prueba pericial, renuncie expresamente al derecho de nombrar perito, pues entonces todos los honorarios serán cubiertos por el que promovió la prueba. Todo esto sin perjuicio de lo que disponga la sentencia definitiva sobre condenación en costas." Dicho precepto legal dispone que los honorarios y gastos de cada perito serán pagados por la parte que haya promovido la prueba pericial, ello sin perjuicio de lo que disponga la sentencia definitiva, sobre condenación en costas; por lo que, de acuerdo con este precepto, es indudable que el perito nombrado en rebeldía de la parte demandada, no debe considerarse como perito del juez, sino designado a favor de dicha parte rebelde. Ello en atención a que correspondía a esta designarlo, y el Juez no hizo más que sustituirse a la expresada parte para hacer la designación, siendo indudable que es la demandada, quien debe pagar los honorarios y gastos de dicho perito, en los términos claros y precisos de la primera parte del precepto legal citado. De tal modo que, atendiendo a lo expuesto, es infundada la alegación del quejoso al señalar que el juez hizo una incorrecta interpretación del citado artículo. Finalmente, el quejoso sí estaba obligado a recurrir oportunamente el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, ello en razón de que fue en dicho acuerdo en el que se determinó y se hizo del conocimiento de la parte demandada el monto al que ascendían los honorarios del perito designado en rebeldía, además de precisarse claramente que esa cantidad debería de ser cubierta por cada uno de los codemandados. Pues si bien es cierto que en dicho auto expresamente el juez no señala que aprueba tal cantidad, ello no constituye una obligación para el juez o un requisito acorde al Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por el contrario, al precisarse en dicho auto el monto de los honorarios que cada uno de los demandados debería cubrir aún se estaba dando oportunidad a la parte rebelde para que renunciara a su derecho, ello de manera previa a que se realizaran los trabajos respectivos o que de alguna manera se inconformaran con ello. Por lo que, al no haber sido así, se entiende que tácitamente aceptaron tanto la designación del perito como el pago de sus honorarios, los cuales se señaló debían ser cubiertos por los demandados. Y, por tanto, el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en ese aspecto sí constituye una consecuencia directa del diverso de siete de ese mismo mes y año. De modo que, como bien lo destacó el juez responsable, cualquier inconformidad relacionada con el monto o la forma de su cuantificación por parte del perito debió expresarse oportunamente y no esperar hasta el requerimiento de pago. No obstante, cabe precisar que resultan inaplicables las jurisprudencias invocadas por el quejoso y que aluden a que para el pago de honorarios es requisito que el perito presente la regulación respectiva y justifique el monto, ya que tales criterios son aplicables para el perito tercero designado en los juicios de amparo y para los cuales resulta de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo cual no acontece en el caso concreto, ya que el acto reclamado deriva de un juicio ordinario civil en el que se aplican las reglas previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual no prevé dicho requisito para la liquidación de los honorarios de los peritos designados en rebeldía de una de las partes, ni la aplicación supletoria del código federal. Por ello también es que resultan inatendibles en el presente juicio de amparo las manifestaciones vertidas por el quejoso en las que insiste en que el perito se limitó a señalar el monto de sus honorarios sin presentar la regulación respectiva, ya que como bien lo señaló el juez, cualquier inconformidad relativa a ese tema debió hacerla valer en el momento procesal oportuno. Luego, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Martín Alfredo Palomares Estrada, en su carácter de Notario Público número 105, con ejercicio y residencia en esta ciudad, en contra del acto que reclamó del Juez octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martín Alfredo Palomares Estrada, en su carácter de Notario Público número 105, con ejercicio y residencia en esta ciudad, en contra del acto que reclamó del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 191/2023 promovido por Martin Alfredo Palomares Estrada contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo existe tercero interesado, teniendo tal carácter Raúl Higareda Hernández, quien se encuentra debidamente emplazado, como se advierte de las constancias que obran en autos. Ahora bien, no obstante que de autos se advierte el emplazamiento al tercero interesado, también se observa que éste no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificar por lista al tercero interesado Raúl Higareda Hernández, las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: El Juez Octavo de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe de ley, copias certificadas de los autos originales del juicio de origen con número 1105/2019, documentales anteriores que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que tener por desahogadas, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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