MARTÍN CLISERIO MEDINA CARBAJAL y Otros.
Expediente 700/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/11/2021
Partes del expediente
- MARTÍN CLISERIO MEDINA CARBAJAL y Otros.
- Martín Cliserio Medina Carbajal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Estado parcial Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó parcialmente la demanda de amparo por los quejosos ********** y *********, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley de la materia, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Glósese la razón de cuenta, de la que se advierte que Martín Cliserio Medina Carbajal, ratifica el escrito por medio del cual pretendió dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, contra actos y autoridades que en la misma se precisan, sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto a su contenido por las siguientes razones. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, que al efecto dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o. de la ley de la materia. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, no puede considerarse que exista voluntad de quien presentó la demanda para iniciar el juicio de amparo, toda vez que de las constancias que obran en autos, se aprecia lo siguiente: En el escrito inicial de demanda se asentó como firma el rasgo que se muestra a continuación: Por otra parte, ante la fe de la fedataria judicial de la adscripción al ser notificado el quejoso Martín Cliserio Medina Carbajal del auto del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, firmó con el rasgo que se advierte en la siguiente imagen: Esto es, su firma no coincide con los rasgos plasmados en el escrito inicial de demanda, toda vez que los trazos que se realizaron en su firma, son notoriamente discrepantes con los plasmados en segundo término. Además, que en el escrito registrado con número de promoción 15402, se asentó como firma, el siguiente rasgo: De las constancias antes señaladas, se aprecia que los rasgos de las firmas asentadas en la demanda y en el escrito registrado con número de promoción 15402, son notoriamente distintos a la que se observa en la constancia de notificación, pues es evidente que el trazo es completamente diferente, lo que denota una diversa forma caligráfica en su elaboración. De ahí que válidamente se puede concluir que la firma que obra en la demanda que dio origen al sumario en que se actúa, no fue plasmada por el quejoso de su puño y letra, ello tomando en consideración que la firma asentada en la constancia de notificación constituye un elemento indubitable, debido que fue trazada ante la fe de la Actuaria de la adscripción; máxime que, tampoco es coincidente con la diversa plasmada en la promoción 13456. En consecuencia, como se anunció con antelación, ante la ausencia de la firma del promovente de amparo Martín Cliserio Medina Carbajal en el escrito inicial de demanda, implica la inexistencia de la voluntad de éste y, como consecuencia, la falta de instancia de parte agraviada; por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o. de la ley de la materia, pues no puede considerarse que exista voluntad de quien presentó la demanda para iniciar el juicio de amparo que nos ocupa. Cabe señalar que la falta de firma en el escrito de demanda no es susceptible de convalidarse en caso de que se ordenara su ratificación, habida cuenta que esa actuación no supliría la voluntad que debió plasmarse en la misma, pues la firma con valor sería la que se emitiera ante fedatario judicial, por lo que al no corresponder ésta con la asentada en el escrito inicial de demanda, implica que exista ausencia en la expresión de la voluntad al presentarla. Se afirma lo anterior, al considerarse que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa; por tanto, la ausencia de firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal respecto de quien se dice quejoso. Lo anterior, en términos de la tesis siguiente: "FIRMAS NOTORIAMENTE DIFERENTES. SUPUESTO EN EL QUE EL JUEZ PUEDE DETERMINAR SU FALSEDAD SIN EL AUXILIO DE UN PERITO. La participación del perito en el procedimiento judicial tiene como finalidad asesorar al juzgador en determinada materia que es ajena a su función preponderante, en relación con ciertos hechos que para su explicación requieren de los conocimientos especializados de aquél, a fin de que el Juez los entienda y pueda valorar correctamente. En ese sentido, cuando la cuestión consiste en determinar si existen notorias diferencias entre las firmas que calzan ciertos documentos y de la mera observación de éstos se advierte que dichos signos son claramente distintos, resulta innecesaria la opinión técnica y especializada de un experto para arribar al convencimiento de que la firma cuestionada es falsa, debido a que la participación del perito, como auxiliar de la justicia, únicamente es imperante cuando el Juez, para entender y valorar correctamente la cuestión a dilucidar, requiere de conocimientos especializados sobre determinada ciencia o arte a fin de llevar a cabo una adecuada interpretación de sus causas, efectos, significado, relaciones, valoración, etcétera; lo cual no sucede cuando para determinar la falsedad de una firma basta con un simple análisis visual, debido a las burdas diferencias existentes entre las firmas. En suma, cuando las diferencias entre las firmas cuestionadas y la indubitada pueden advertirse mediante un mero análisis visual, el Juez puede determinar su falsedad sin necesidad de contar con la opinión técnica de un experto en la materia.". Así, la falta de firma en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una omisión que hace improcedente el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto; empero, no se realizó su valoración conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. En tales condiciones, se ordena la inmediata regularización del procedimiento en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a efecto de que se realice la valoración documental conducente, en los términos de la citada normatividad. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE SOBRESEYÓ en el juicio de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese por lista a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesados; sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia siguiente. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese.
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