Martha Leticia Arellano Fuentes
Expediente 213/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/06/2015
Partes del expediente
- Martha Leticia Arellano Fuentes
- Constanza Arellano Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
México, Distrito Federal, a uno de junio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y el estado actual de los autos, se advierte que el término de quince días previsto por el artículo 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para que la parte quejosa o tercero interesado, impugnaran el acuerdo en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 201, fracción primera y 202 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CONSENTIDO. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, toda vez que el mismo se ubica en el supuesto que alude el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del indicado acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en la propia fecha se ordenó el archivo del expediente en que se actúa; y de autos se aprecia que la parte quejosa, exhibió diversa documental; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo, del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado Federal a recogerla, haciendo el cotejo y certificación con la copia que deberá exhibir de la documental antes citada para que corra agregada en autos; lo anterior, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dicho documento será destruido junto con el expediente. Finalmente, ya que obra en autos copia certificada de diversas constancias que remitió el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Uno Sin Detenido de la Coordinación Territorial CUH-7 en la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc como apoyo a su informe justificado; y, ya que en esta fecha se ordenó el archivo en el presente expediente, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvanse a la responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos la determinación de veintinueve de abril del dos mil quince, al tercero interesado P.A.S.M., el cual en lo conducente dice:" México, Distrito Federal, veintinueve de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a Martha Leticia Arellano Fuentes por propio derecho y en representación de su menor hija, en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de derechos; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Uno, Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-7 de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional son los siguientes: 1. Oficios de 14 y 20 de diciembre de 2012; 11 de enero de 2013; y 3 de julio de 2013, emitidos por el agente del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/04068/12-12, dirigidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que no se le expedida pasaporte a la menor quejosa y para el caso de que ya se le hubiera expedido, se restringa la salida del país a dicha menor, hasta en tanto se terminen de realizar y diligenciar todas y cada de las pruebas testimoniales y científicas para la comprobación y reconocimiento de la paternidad denunciada. 2. Oficios de 11 de enero de 2013 y de 3 de julio de 2013, emitidos por el agente del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/04068/12-12, dirigidos al Instituto Nacional de Migración a fin de que se le impida a la menor quejosa la salida del país. Mediante sentencia de amparo terminada de engrosar el 10 de julio de 2014, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Uno, Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-7 de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, realizara lo siguiente. Dejará insubsistentes los oficios reclamados, a saber: 1. Oficios de 14 y 20 de diciembre de 2012; 11 de enero de 2013; y 3 de julio de 2013, emitidos por el agente del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/04068/12-12, dirigidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que no se le expedida pasaporte a la menor quejosa y para el caso de que ya se le hubiera expedido, se restringa la salida del país a dicha menor, hasta en tanto se terminen de realizar y diligenciar todas y cada de las pruebas testimoniales y científicas para la comprobación y reconocimiento de la paternidad denunciada. 2. Oficios de 11 de enero de 2013 y de 3 de julio de 2013, emitidos por el agente del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/04068/12-12, dirigidos al Instituto Nacional de Migración a fin de que se le impida a la menor quejosa la salida del país. Con plenitud de jurisdicción emita una nueva resolución, que incluso podrá ser en el mismo sentido pero purgando las violaciones aducidas, esto es, si la responsable decidiera emitir una nueva resolución deberá realizar lo siguiente: - Precisar por qué la sola denuncia de Pablo Aurelio Silva Mercado (tercero interesado y padre de la menor) arrojaba indicios suficientes para establecer que existe algún riesgo si Martha Leticia Fuentes Arellano (quejosa y madre de la menor) llega a sacar a su hija de este país. - Analizar la denuncia del referido tercero interesado a fin de determinar si ésta constituye indicio suficiente para emitir una medida cautelar de esa naturaleza y atienda los elementos objetivos que corresponden a la gravedad del asunto en particular, así como los subjetivos referidos a las circunstancias personales de la menor quejosa y de sus padres. - Tomar las precauciones necesarias a fin de garantizar el interés superior de la menor quejosa, en términos de los previsto por el artículo 4 constitucional; 3, 7, 9, 12, 18, 19, 20 y 27, estos últimos de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, considerando dos aspectos esenciales, el primero disminuyendo el riesgo de que la menor pudiera sufrir alguna agresión física o psicológica, y otro, reduciendo en la medida de lo posible la afectación de su derecho fundamental a convivir con sus padres. En el entendido que la medida cautelar no puede ser absoluta, sino que puede encontrar alguna excepción ante una circunstancia extraordinaria, como el hecho de que la menor tuviera que salir del país por una emergencia médica; o que tuviera que hacerlo en virtud de alguna cuestión laboral ineludible por la que su madre tuviera que salir del país y que por alguna razón de peso no fuera posible viajar sin la menor, por ejemplo que dicha menor estuviera en la etapa de lactancia. En ese orden de ideas, y atendiendo a que el diverso acuerdo consistente en la alerta migratoria con registro de control CM/PJ/000,011/2014, establecida a la menor quejosa, emitida por la Subdirección del Dentro Nacional de Alertas adscrita a la Dirección General Adjunta de Información e Investigación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en ejecución de los oficios girados por el Ministerio Público, se sustentó en la determinación contenida en los oficios reclamados, también la referida alerta es ilegal, al haberse emitido bajo una premisa ilegal (determinación del Ministerio Público) y en consecuencia, también se encuentra viciada su legalidad. Dicha concesión también se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Secretaria de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, pues dichos actos no fueron combatidos por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se hizo depender de los diversos actos atribuidos a la autoridad responsable ordenadora. La sentencia dictada el presente juicio de derechos causó ejecutoria el 06 de abril de 2015; por ello, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento: Por ello el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Uno, Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-7 de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, remitió el acuerdo de 13 de abril de 2015, en el que realizó lo siguiente: Dejó sin efectos los oficios de 14 y 20 de diciembre de 2012; 11 de enero de 2013, y 3 de julio de 2013, emitidos en la indagatoria FCH/CUH-7/T-3/4068/12-12 dirigidos a la Secretaria de Relaciones Exteriores e Instituto Nacional de Migración (foja 292) Determinó que por el momento no es procedente reiterar la solicitud de los oficio de antecedentes (foja 292) Por su parte el 14 de abril de 2015, la Directora Técnico Consultiva de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Delegaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, mediante oficio DGD5531/2015, informó que procedió a dar de baja en el catálogo de arraigos e impedimentos administrativos el impedimento administrativo número 59071 a nombre de la menor quejosa (foja 299) Por su parte el Director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración, informó que el 15 de abril de 2015, mediante oficio INM/DGJDHT/DAJ/AMP/0376/2015, la Directora General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia requirió al Subdirector del Centro Nacional de Alertas dar de Baja la alerta migratoria establecida a la menor quejosa (foja 311) Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes las responsables se ajustaron a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Sin que pase inadvertido que se conminó a la autoridad a purgar los vicios destacados en la sentencia, pero sólo para el caso que emitiera una determinación en el mismo sentido es decir que no se le expidiera pasaporte a la menor quejosa y para el caso de que ya se le hubiera expedido, se restringiera la salida del país a dicha menor, lo que no ocurrió pues no la dictó. Por tanto, como se adelantó, la sentencia amparadora ha quedado cumplida. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento del impetrante de garantías este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese personalmente.
- Principal
México, Distrito Federal, veintinueve de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a Martha Leticia Arellano Fuentes por propio derecho y en representación de su menor hija, en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de derechos; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Uno, Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-7 de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional son los siguientes: 1. Oficios de 14 y 20 de diciembre de 2012; 11 de enero de 2013; y 3 de julio de 2013, emitidos por el agente del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/04068/12-12, dirigidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que no se le expedida pasaporte a la menor quejosa y para el caso de que ya se le hubiera expedido, se restringa la salida del país a dicha menor, hasta en tanto se terminen de realizar y diligenciar todas y cada de las pruebas testimoniales y científicas para la comprobación y reconocimiento de la paternidad denunciada. 2. Oficios de 11 de enero de 2013 y de 3 de julio de 2013, emitidos por el agente del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/04068/12-12, dirigidos al Instituto Nacional de Migración a fin de que se le impida a la menor quejosa la salida del país. Mediante sentencia de amparo terminada de engrosar el 10 de julio de 2014, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Uno, Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-7 de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, realizara lo siguiente. Dejará insubsistentes los oficios reclamados, a saber: 1. Oficios de 14 y 20 de diciembre de 2012; 11 de enero de 2013; y 3 de julio de 2013, emitidos por el agente del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/04068/12-12, dirigidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que no se le expedida pasaporte a la menor quejosa y para el caso de que ya se le hubiera expedido, se restringa la salida del país a dicha menor, hasta en tanto se terminen de realizar y diligenciar todas y cada de las pruebas testimoniales y científicas para la comprobación y reconocimiento de la paternidad denunciada. 2. Oficios de 11 de enero de 2013 y de 3 de julio de 2013, emitidos por el agente del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/04068/12-12, dirigidos al Instituto Nacional de Migración a fin de que se le impida a la menor quejosa la salida del país. Con plenitud de jurisdicción emita una nueva resolución, que incluso podrá ser en el mismo sentido pero purgando las violaciones aducidas, esto es, si la responsable decidiera emitir una nueva resolución deberá realizar lo siguiente: - Precisar por qué la sola denuncia de Pablo Aurelio Silva Mercado (tercero interesado y padre de la menor) arrojaba indicios suficientes para establecer que existe algún riesgo si Martha Leticia Fuentes Arellano (quejosa y madre de la menor) llega a sacar a su hija de este país. - Analizar la denuncia del referido tercero interesado a fin de determinar si ésta constituye indicio suficiente para emitir una medida cautelar de esa naturaleza y atienda los elementos objetivos que corresponden a la gravedad del asunto en particular, así como los subjetivos referidos a las circunstancias personales de la menor quejosa y de sus padres. - Tomar las precauciones necesarias a fin de garantizar el interés superior de la menor quejosa, en términos de los previsto por el artículo 4 constitucional; 3, 7, 9, 12, 18, 19, 20 y 27, estos últimos de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, considerando dos aspectos esenciales, el primero disminuyendo el riesgo de que la menor pudiera sufrir alguna agresión física o psicológica, y otro, reduciendo en la medida de lo posible la afectación de su derecho fundamental a convivir con sus padres. En el entendido que la medida cautelar no puede ser absoluta, sino que puede encontrar alguna excepción ante una circunstancia extraordinaria, como el hecho de que la menor tuviera que salir del país por una emergencia médica; o que tuviera que hacerlo en virtud de alguna cuestión laboral ineludible por la que su madre tuviera que salir del país y que por alguna razón de peso no fuera posible viajar sin la menor, por ejemplo que dicha menor estuviera en la etapa de lactancia. En ese orden de ideas, y atendiendo a que el diverso acuerdo consistente en la alerta migratoria con registro de control CM/PJ/000,011/2014, establecida a la menor quejosa, emitida por la Subdirección del Dentro Nacional de Alertas adscrita a la Dirección General Adjunta de Información e Investigación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en ejecución de los oficios girados por el Ministerio Público, se sustentó en la determinación contenida en los oficios reclamados, también la referida alerta es ilegal, al haberse emitido bajo una premisa ilegal (determinación del Ministerio Público) y en consecuencia, también se encuentra viciada su legalidad. Dicha concesión también se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Secretaria de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, pues dichos actos no fueron combatidos por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se hizo depender de los diversos actos atribuidos a la autoridad responsable ordenadora. La sentencia dictada el presente juicio de derechos causó ejecutoria el 06 de abril de 2015; por ello, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento: Por ello el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Uno, Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-7 de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, remitió el acuerdo de 13 de abril de 2015, en el que realizó lo siguiente: Dejó sin efectos los oficios de 14 y 20 de diciembre de 2012; 11 de enero de 2013, y 3 de julio de 2013, emitidos en la indagatoria FCH/CUH-7/T-3/4068/12-12 dirigidos a la Secretaria de Relaciones Exteriores e Instituto Nacional de Migración (foja 292) Determinó que por el momento no es procedente reiterar la solicitud de los oficio de antecedentes (foja 292) Por su parte el 14 de abril de 2015, la Directora Técnico Consultiva de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Delegaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, mediante oficio DGD5531/2015, informó que procedió a dar de baja en el catálogo de arraigos e impedimentos administrativos el impedimento administrativo número 59071 a nombre de la menor quejosa (foja 299) Por su parte el Director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración, informó que el 15 de abril de 2015, mediante oficio INM/DGJDHT/DAJ/AMP/0376/2015, la Directora General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia requirió al Subdirector del Centro Nacional de Alertas dar de Baja la alerta migratoria establecida a la menor quejosa (foja 311) Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes las responsables se ajustaron a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Sin que pase inadvertido que se conminó a la autoridad a purgar los vicios destacados en la sentencia, pero sólo para el caso que emitiera una determinación en el mismo sentido es decir que no se le expidiera pasaporte a la menor quejosa y para el caso de que ya se le hubiera expedido, se restringiera la salida del país a dicha menor, lo que no ocurrió pues no la dictó. Por tanto, como se adelantó, la sentencia amparadora ha quedado cumplida. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento del impetrante de garantías este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese personalmente.
- Principal
México, Distrito Federal, veinte de abril de dos mil quince. Agréguese a los autos los oficios y anexo de las autoridades responsables que los signan, por medio de los cuales informan sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, con los oficios y anexos de cuenta, así como con los diversos agregados en autos el 13, 15 y 16 del mes y año en curso, dése vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, toda vez que transcurrido el plazo concedido, este Órgano Jurisdiccional resolverá lo conducente respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.Así, lo proveyó y firma Óscar Osorio Álvarez, Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, encargado del despacho, en términos del párrafo primero, del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/644/2015, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Dulce Margarita Campos Sámano, secretaria que autoriza y da fe.
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