Martín Ivan Torres Vázquez

Expediente 219/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
219/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Martín Ivan Torres Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, del que se desprende que aceptó la competencia planteada por esta autoridad y acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 219/2021-II, promovida por el quejoso *************** Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, una vez transcurridos seis meses, a partir del presente proveído, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, trece de abril de dos mil veintiuno. Aspectos Generales (I) Vista la demanda promovida por **************** quien se ostenta como defensora pública federal de ****************, regístrese con el número de juicio de amparo 219/2021-II. Competencia Este juzgador federal estima carecer de competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto, en atención las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse (...)". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". En ese tenor, del análisis de tal precepto, se obtienen tres hipótesis para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; supuestos que se puntualizan en el orden siguiente: La primera hipótesis se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el numeral en estudio, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera de las hipótesis, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En la última de las hipótesis se prevé que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda de amparo. En ese sentido, se advierte que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado requiere ejecución material, por lo que la competencia por territorio para conocer del presente juicio biinstancial, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica el centro de reclusión donde se haya interno el peticionario de derechos fundamentales. En efecto, el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en los autos del expediente SD67/2021-IV, en el que se determinó desechar el incidente de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena; determinación que es evidente tiene ejecución material sobre los derechos del quejoso. Por lo cual, a consecuencia de la emisión del acto destacado, el justiciable permanecerá privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Once, "CPS-Sonora", con residencia en Hermosillo. En esa tesitura, es competente por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro de reclusión donde se encuentra interno el quejoso; esto es, el Centro Federal de Readaptación Social Número Once, "CPS-Sonora", con residencia en Hermosillo. Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido.". "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario.". Sin que en la especie se pueda afirmar que la presentación de la demanda ante este juzgador puede generar competencia a prevención, en razón de que en este Distrito no tuvo ni tendrá ejecución el acuerdo reclamado sino que como lo establecen los criterios invocados ello acontecerá en el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso; máxime que la competencia no se fija en el lugar en donde se emite la determinación respectiva, sino donde tenga ejecución el acto. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 37, párrafo I y 30 de la ley de la materia, párrafo primero, de la Ley de la Materia y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta autoridad judicial se declara legalmente incompetente en razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo, declinando competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno; por ende, remítase el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de ese circuito, para que, por su conducto, sea enviado al órgano jurisdiccional correspondiente, para los efectos de su competencia; solicitándole a la autoridad judicial respectiva el acuse de recibo pertinente, así como que informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Con las constancias respectivas, fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.

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