Martin Alonso Santos Sauceda
Expediente 528/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martin Alonso Santos Sauceda
Actuaciones
- Principal
La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martín Alonso Santos Sauceda contra el acto de la autoridad responsable señalada en el considerando tercero, por las razones vertidas en el punto considerativo sexto de la presente resolución.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintisiete, con sede en Guasave, Sinaloa, mediante el cual rinde informe justificado y remite diversas documentales; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable mencionada y dese vista a las partes a fin de que se impongan de su contenido. De igual forma, téngase por recibidas en este acto las documentales allegadas por el tribunal responsable, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Pues bien, a efecto de que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado y de las documentales de cuenta, la audiencia constitucional programada para las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de octubre del año en curso, se transfiere para que tenga verificativo a las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Por similitud jurídica, cobra aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil ocho, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Por último, es aplicable la Jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".
- Principal
Vista la demanda con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; artículos 1, fracción I, 2, 3, 5, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117, todos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Martín Alonso Santos Sauceda, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, con sede en Guasave, Sinaloa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 528/2018-4A, sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Bajo ese contexto, requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por escrito, en medios magnéticos, a través del fax institucional al número telefónico 668 815 32 08 o al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el cual se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con el apercibimiento que de no rendir el informe justificado respectivo o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual modo, se precisa que cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, para el verificativo de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio constitucional al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial. Por otro lado, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Aquiles Serdán número 186, de la colonia Centro, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; de igual manera, téngase como sus autorizados legales para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Miguel Ángel Soto Izaguirre y Arturo Sánchez León. En virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y, a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
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