Martin Alberto González Ferraez
Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Martin Alberto González Ferraez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que las autoridades responsables, no han dado continuidad al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es decir, no han acreditado estar continuando con el trámite para la expedición del título de propiedad de la parcela número **, localizada en el ejido **, en **, Yucatán, sin exceder el plazo previsto en el artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, hasta la entrega del título correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente; requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días siguientes al en que se les notifique este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no cumplir, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 1054/2023-IV, promovido por *******, contra actos del Juez Segundo Oral Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ****** promovió juicio de amparo contra los actos que reclama del Juez Segundo Oral Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión; se pidió a la responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, tiene verificativo la audiencia en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente, para conocer y decidir sobre la suspensión definitiva solicitada en este incidente, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, 128 y 144, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las resolución que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Ahora, en el capítulo de acto de acto reclamado, la parte peticionaria de amparo destacó como actos reclamados: La omisión de acordar el escrito de fecha diecisiete de marzo del presente año, presentado ante la autoridad responsable, en el que solicitó nueva fecha y hora para celebrar la audiencia preliminar en autos del expediente 523/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado turno matutino al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Ahora bien, los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, son: La medida cautelar debe solicitarse a petición de parte; Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión solicita; No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, Se realice un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Cobra aplicación sobre el tema, la jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, página 9, registro digital 2022619, cuyo rubro es "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO.." La medida cautelar se solicita a petición de parte. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. Existencia de los actos cuya suspensión solicita. El requisito se encuentra colmado, ya que para decidir sobre la suspensión definitiva debe atenderse a las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, por lo que el Juez debe partir del supuesto de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Aunado a que, la autoridad responsable aceptó el acto que se le reclama. III. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Debe precisarse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o, bien, le evite un trastorno o un mal público. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad. IV. Análisis ponderado del caso concreto entre la apariencia del buen derecho y la afectación al interés social. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Sobre la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en jurisprudencia P./J.15/96 que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente asunto, se reclaman actos de naturaleza omisiva. Sobre los actos de naturaleza omisiva la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no impiden la procedencia de la suspensión, cuando existe posibilidad de restituir provisionalmente a la parte quejosa. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Es decir, si con motivo de la medida cautelar se ordenara a la autoridad responsable dar contestación al escrito de fecha diecisiete de marzo del presente año, y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar en el juicio de origen, ello extinguiría el acto reclamado y restituiría en forma terminante el derecho transgredido, por lo tanto, no es posible conceder la suspensión definitiva, pues se desnaturalizaría el juicio de amparo, dejando sin materia el mismo. Además, a través de su informe justificado, la responsable podrá exponer las razones y fundamentos que permitan al juzgador de la sentencia definitiva emitir un fallo conforme al artículo 17º constitucional, en cuanto al derecho de impartición de justicia, lo cual no es materia de la suspensión. Por su contenido, apoya lo resuelto el precedente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU DISTINCIÓN PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. En los actos reclamados de naturaleza omisiva (como en el caso de la omisión del Congreso del Estado de Nuevo León de contestar un escrito de petición), es improcedente conceder la suspensión, ya que se darían efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que se emita en el juicio de amparo, aunado a que se dejaría sin materia el mismo. En cambio, en los actos reclamados de naturaleza omisiva con efectos positivos (como la omisión de dar cumplimiento a una resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León), sí es posible conceder la suspensión con efectos restitutorios, pues en una apariencia del buen derecho, debe ordenarse a la autoridad vencer su abstención y cumplir con las obligaciones que la ley le ordena. De ahí que no cualquier acto omisivo da lugar a conceder la suspensión con efectos restitutorios, sino sólo en los casos en que la omisión derive del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley." En ese sentido, con fundamento en el artículo 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a ********, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria del Juzgado, que autoriza y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
"Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Con la demanda de amparo promovida físicamente por *****, contra actos del Juez Segundo Oral Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1054/2023-IV. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Juez Segundo Oral Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de acordar el escrito de fecha diecisiete de marzo del presente año, presentado ante la autoridad responsable, en el que solicitó nueva fecha y hora para celebrar la audiencia preliminar en autos del expediente 523/2022. Admisión. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 33, fracción IV, 37, 108, 112, 115, 116, 117 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud que se trata de un acto omisivo de imposible reparación, se admite la demanda. Solicitud de informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE ABIL DE DOS MIL VEINTITRÉS; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios %2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con la demanda de amparo que se recibe. Vista al Ministerio Público. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Tercero Interesado. De una lectura integral de la demanda no se desprende que se actualice alguno de los supuestos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo cual se determina que a la fecha no existe tercero interesado, sin perjuicio de que con posterioridad se puede reconocer ese carácter a alguna persona, una vez que obren datos que comprueben esa situación. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tiene por ofrecidas la prueba documental exhibida por la parte quejosa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, para ser relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como sus autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***** y *****, en virtud de que no acreditaron el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE
- Incidental
Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo 1054/2023-IV, del que deriva este incidente de suspensión, promovido por *****, contra actos que reclama del Juez Segundo Oral Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado. Requerimiento de informe previo. Con apoyo en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a la autoridad responsable y requiérasele su correspondiente informe previo, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento. Sin que haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle en lo futuro el señalamiento de una nueva hora y fecha para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por tanto, si la audiencia incidental se difiere, la data acordada para ese efecto se podrá consultar en la página https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acto reclamado. En el presente asunto del escrito inicial de demanda se advierte que se señalan como actos reclamados: La omisión de acordar el escrito de fecha diecisiete de marzo del presente año, presentado ante la autoridad responsable, en el que solicitó nueva fecha y hora para celebrar la audiencia preliminar en autos del expediente 523/2022. Ahora bien, los requisitos para conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, son: I. La medida cautelar debe solicitarse a petición de parte; II. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión solicita; III. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, IV. Se realice un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Cobra aplicación sobre el tema, la jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, página 9, registro digital 2022619, cuyo rubro es "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO.." I. La medida cautelar se solicita a petición de parte. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. Existencia de los actos cuya suspensión solicita. El requisito se encuentra colmado, ya que para decidir sobre la suspensión provisional debe atenderse a las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, por lo que el Juez debe partir del supuesto de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. III. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Debe precisarse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o, bien, le evite un trastorno o un mal público. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad. IV. Análisis ponderado del caso concreto entre la apariencia del buen derecho y la afectación al interés social. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Sobre la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en jurisprudencia P./J.15/96 que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente asunto, se reclaman actos de naturaleza omisiva. Sobre los actos de naturaleza omisiva la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no impiden la procedencia de la suspensión, cuando existe posibilidad de restituir provisionalmente a la parte quejosa. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Es decir, si con motivo de la medida cautelar se ordenara a la autoridad responsable dar contestación al escrito de fecha diecisiete de marzo del presente año, y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar en el juicio de origen, ello extinguiría el acto reclamado y restituiría en forma terminante el derecho transgredido, por lo tanto, no es posible conceder la suspensión provisional, pues se desnaturalizaría el juicio de amparo, dejando sin materia el mismo. Además, a través de su informe justificado, la responsable podrá exponer las razones y fundamentos que permitan al juzgador de la sentencia definitiva emitir un fallo conforme al artículo 17º constitucional, en cuanto al derecho de impartición de justicia, lo cual no es materia de la suspensión. Por su contenido, apoya lo resuelto el precedente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU DISTINCIÓN PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. En los actos reclamados de naturaleza omisiva (como en el caso de la omisión del Congreso del Estado de Nuevo León de contestar un escrito de petición), es improcedente conceder la suspensión, ya que se darían efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que se emita en el juicio de amparo, aunado a que se dejaría sin materia el mismo. En cambio, en los actos reclamados de naturaleza omisiva con efectos positivos (como la omisión de dar cumplimiento a una resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León), sí es posible conceder la suspensión con efectos restitutorios, pues en una apariencia del buen derecho, debe ordenarse a la autoridad vencer su abstención y cumplir con las obligaciones que la ley le ordena. De ahí que no cualquier acto omisivo da lugar a conceder la suspensión con efectos restitutorios, sino sólo en los casos en que la omisión derive del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley." En ese sentido, con fundamento en el artículo 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por la parte quejosa. NOTIFIQUESE Así lo acordó y firma, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica
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