Martha Yolanda Portillo Castillo
Expediente 1243/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2022
Partes del expediente
- Martha Yolanda Portillo Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado, proporciona una cuenta de correo electrónico y un número telefónico. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante, rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora bien, para el mejor manejo de las copias certificadas del juicio ordinario civil 224/2013, remitidas por la autoridad responsable, éstas correrán por cuerda separada debidamente identificadas como cuaderno auxiliar I, conservando su folio, rúbrica y sello originales. Asimismo, dada la voluminosidad del cuaderno auxiliare I, existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que con fundamento en los artículos 91 y 92 del ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se hace del conocimiento de las partes que dicho cuaderno se encuentra a su disposición en el expediente impreso, en la secretaría del juzgado. Además, en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalada la dirección de correo electrónico y el número de teléfono que indica, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el diecinueve de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó el escrito de diez de junio de dos mil veintidós, presentado por Danton Huerta Morales y Denyn Arturo Huerta de la Llave, apoderados de la parte demandada Martha Yolanda Portillo Castillo -aquí quejosa-, en el juicio de origen 224/2013. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión acordar el escrito de diez de junio de dos mil veintidós, presentado por Danton Huerta Morales y Denyn Arturo Huerta de la Llave, en el juicio de origen 224/2013. Consecuentemente, el diecinueve de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó el escrito de diez de junio de dos mil veintidós, presentado por Danton Huerta Morales y Denyn Arturo Huerta de la Llave, apoderados de la parte demandada Martha Yolanda Portillo Castillo -aquí quejosa-, en el juicio de origen 224/2013; lo que se acredita con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el treinta de junio de dos mil veintidós la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo para reclamar de la autoridad responsable, la omisión acordar el escrito de diez de junio de dos mil veintidós, presentado por Danton Huerta Morales y Denyn Arturo Huerta de la Llave, en el juicio de origen 224/2013. Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes el diecinueve de julio de dos mil veintidós la autoridad responsable, acordó el escrito de diez de junio de dos mil veintidós, presentado por Danton Huerta Morales y Denyn Arturo Huerta de la Llave, apoderados de la parte demandada Martha Yolanda Portillo Castillo -aquí quejosa-, en el juicio de origen 224/2013. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y un minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado, proporciona una cuenta de correo electrónico y un número telefónico. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante, rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora bien, para el mejor manejo de las copias certificadas del juicio ordinario civil 224/2013, remitidas por la autoridad responsable, éstas correrán por cuerda separada debidamente identificadas como cuaderno auxiliar I, conservando su folio, rúbrica y sello originales. Asimismo, dada la voluminosidad del cuaderno auxiliare I, existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que con fundamento en los artículos 91 y 92 del ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se hace del conocimiento de las partes que dicho cuaderno se encuentra a su disposición en el expediente impreso, en la secretaría del juzgado. Además, en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalada la dirección de correo electrónico y el número de teléfono que indica, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el diecinueve de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó el escrito de diez de junio de dos mil veintidós, presentado por Danton Huerta Morales y Denyn Arturo Huerta de la Llave, apoderados de la parte demandada Martha Yolanda Portillo Castillo -aquí quejosa-, en el juicio de origen 224/2013. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión acordar el escrito de diez de junio de dos mil veintidós, presentado por Danton Huerta Morales y Denyn Arturo Huerta de la Llave, en el juicio de origen 224/2013. Consecuentemente, el diecinueve de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó el escrito de diez de junio de dos mil veintidós, presentado por Danton Huerta Morales y Denyn Arturo Huerta de la Llave, apoderados de la parte demandada Martha Yolanda Portillo Castillo -aquí quejosa-, en el juicio de origen 224/2013; lo que se acredita con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el treinta de junio de dos mil veintidós la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo para reclamar de la autoridad responsable, la omisión acordar el escrito de diez de junio de dos mil veintidós, presentado por Danton Huerta Morales y Denyn Arturo Huerta de la Llave, en el juicio de origen 224/2013. Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes el diecinueve de julio de dos mil veintidós la autoridad responsable, acordó el escrito de diez de junio de dos mil veintidós, presentado por Danton Huerta Morales y Denyn Arturo Huerta de la Llave, apoderados de la parte demandada Martha Yolanda Portillo Castillo -aquí quejosa-, en el juicio de origen 224/2013. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y un minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a quince de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el sobre que contiene el oficio número 9169/2022 en el que se anexaron los diversos 947/2022 de doce de enero de dos mil veintidós y 2027/2022 de veinticuatro de enero del dos mil veintidós, dirigidos al Juez de Paz de la Comunidad de San Miguel Acateno, perteneciente al Municipio de Huitzilán de Serdán del Estado de Puebla, perteneciente al Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Puebla, devuelto por segunda ocasión por el Administrador de la OSD del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial Siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla, con la siguiente leyenda: "No reclamada"; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación del citado oficio a la referida autoridad responsable, a partir de esta fecha. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós se remitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; y de acuerdo a la papeleta en turno se le remitió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito el cual lo recibió el trece de junio de dos mil veintidós; sin que a la presente fecha haya informado sobre la sustanciación del citado recurso de revisión, por tanto se le solicita atentamente a su Superioridad que de no tener inconveniente legal alguno informe a este Juzgado la radicación del mismo. ...
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