Martha Rivera Hernandez

Expediente 1101/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1101/2015
Año
2015
Actuaciones
28
Última actuación
07/03/2016

Partes del expediente

  • Martha Rivera Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a siete de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Tehuacán, Puebla, por medio del cual remite copia certificada de las cédulas de notificación a las partes dentro del juicio laboral. En atención a su contenido, intégrese sin mayor pronunciamiento, en virtud que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciséis (foja 249), se archivó el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Emilio Carmona Díaz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta, del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Tehuacán, Puebla, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciséis. En atención a su contenido, intégrese sin mayor pronunciamiento, en virtud que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciséis (foja 249), causó ejecutoria y archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Aarón Noel Reyes Chaires, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, (que deroga el diverso 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, únicamente por lo que se refiere al tratamiento de los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito) y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace la indicación de que el expediente principal en que se actúa, es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". En términos del citado Acuerdo, se hace la indicación, de que el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Emilio Carmona Díaz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1101/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, y remitida por razón de turno el mismo día al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla; y posteriormente, por auto de uno de junio de dos mil quince fueron recibidos los autos por este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla en razón de la especialización, Martha Rivera Hernández solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Ostenta este carácter; A)LA H. JUNTA ESPECIAL NUMERO SIETE DE LAS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA, como cuerpo colegiado, con domicilio para que sea notificada el ubicado en INTERIOR DEL PRIMER PISO DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EN CARRETERA PUEBLA-TEHUACÁN KILOMETRO 114 PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO DE ESTA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA IV.- ACTO RECLAMADO: Lo es la omisión en que incurre la H. Junta Especial Número Siete de las de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de Tehuacán, Puebla, al no cumplir con los plazos que marca la ley federal del trabajo, pues tal y como se desprende del expediente antes citado la hoy autoridad responsable incurre en una dilación procesal en perjuicio de la hoy quejosa; pues como se desprende de las actuaciones con fecha seis de octubre del año dos mil catorce, fue celebrada la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin que hasta la fecha exista acuerdo de calificación de pruebas que fueron ofrecidas en dicha audiencia, debido a la omisión en que incurre la autoridad responsable; perjudicando a la hoy quejosa mi garantía de audiencia y derechos que establece la ley federal del trabajo en sus artículos 685, 686, 771 y 880 y 883 y demás relativos y aplicables, así como violando los principios rectores de la ley federal de trabajo particularmente el de celeridad en el procedimiento. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de veinte de abril de dos mil quince, se registró la demanda en el libro de gobierno bajo el número 568/2015 actual 1101/2015; se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados (foja 7); se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y, se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferido tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdos Generales 8/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el segundo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, pues se reclama una omisión atribuida a una autoridad laboral con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Sentado lo anterior, se tiene que el acto reclamado es: La omisión en que incurre la Junta Especial Número Siete de las de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con residencia en Tehuacán, Puebla, dentro del expediente laboral D-7/241/2013, al no cumplir con los plazos que establece la ley federal de trabajo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Siete de las de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con residencia en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado (foja 12 y 13 a 55). Lo anterior se corrobora con las constancias que integran el expediente laboral D-7/241/2013, que remitió la junta responsable en apoyo a su informe, a las que se les concede pleno valor probatorio, por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º, de éste último ordenamiento, de las que se advierte la tramitación de tal controversia. CUARTO. Causa de sobreseimiento en el juicio. Establecida la existencia de los actos reclamados, este órgano jurisdiccional estima que no es dable en el presente asunto pronunciarse sobre la constitucionalidad o legalidad de los mismos, ni sobre la responsabilidad de las autoridades responsables al actualizarse una causal de sobreseimiento, lo que impide realizar los anteriores pronunciamientos. Lo anterior encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización". Se estima de esa forma, pues en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó". Bajo esa premisa, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se advierte que, a la fecha presente, ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa por auto de dieciocho de noviembre de dos mil quince (fojas 227 y 228), para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos ordenados para efectuar el emplazamiento a juicio del tercero interesado Alberto Garragán Sánchez y/o negociación mercantil comercialmente conocida como Novaera; lo que se decretó de esa forma como resultado de las infructuosas investigaciones que se realizaron a fin de obtener el domicilio de la citada parte. El referido acuerdo se le notificó a la quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil quince (foja 233), por medio de lista; corriendo su término del veintisiete de noviembre al veinticuatro de diciembre de dos mil quince; por ende, a la presente fecha, ha transcurrido en exceso el término otorgado, debiéndose hacer efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de dieciocho de noviembre de dos mil quince. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 64/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita, no obstante que desarrolle preceptos contenidos en la Ley de Amparo abrogada, pues las razones y motivos que la sustentan, continúan cobrando aplicación en términos del texto actual de la legislación de la materia; jurisprudencia que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso" (el subrayado es de este juzgado). En efecto, en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento que se invoca, pues al no comparecer a recoger los edictos ordenados para su publicación, la parte quejosa demuestra su falta de interés en la debida tramitación del juicio, trayendo como consecuencia de su actuar que el procedimiento de amparo se paralice a su arbitrio, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al Órgano Jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, como establece el citado criterio de jurisprudencia. Por tanto, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión constitucional planteada. Por último, cabe destacar que la parte quejosa fue omisa en manifestar y probar su posibilidad o imposibilidad para cubrir el gasto que genera el emplazamiento por edictos de la citada tercero interesada. En las relatadas condiciones, procede decretarse el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo ambos de la Ley de Amparo. QUINTO. Publicidad. Si bien de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, de conformidad con el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial la que, de acuerdo con los artículos 18 de la citada ley y 8 del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3°, fracción I, de la citada legislación. Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquélla cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Martha Rivera Hernández, en contra de los actos que reclaman de la Junta Especial Número Siete de las de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con residencia en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de la parte final del considerando quinto, se realiza la publicación respectiva con supresión de datos. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese. Así lo acordó y firma Maribel Camacho Fuentes, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil quince y comunicada mediante oficio CCJ/ST/6299/2015; ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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