Martha Patricia Mastranzo Bermudez

Expediente 1702/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1702/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Martha Patricia Mastranzo Bermudez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinden informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la referida autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe la autoridad oficiante en la comunicación de cuenta, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, de la constancia exhibida por la autoridad oficiante -misma que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el trece de octubre de dos mil veintitrés el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla radicó la demanda laboral presentada el quince de marzo de la presente anualidad por Martha Patricia Mastranzo Bermúdez -aquí quejosa-, bajo el número de expediente D-117/2023, previniendo a la actora, a efecto de que aclare dicha demanda. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo Martha Patricia Mastranzo Bermúdez señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo donde admita la demanda o prevenga por alguna irregularidad en el escrito inicial de demanda. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Martha Patricia Mastranzo Bermúdez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dictar el acuerdo donde admita la demanda o prevenga por alguna irregularidad en el escrito inicial de demanda, presentado en el mes de marzo de dos mil veintitrés; y, el trece de octubre de dos mil veintitrés el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla radicó la demanda laboral presentada el quince de marzo de la presente anualidad por Martha Patricia Mastranzo Bermúdez -aquí quejosa-, bajo el número de expediente D-117/2023, previniendo a la actora, a efecto de que aclare dicha demanda; lo que se acredita con la constancia recibida, mismas que se adjuntó al informe justificado respectivo. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados. Esto es así, porque el dos de octubre de dos mil veintitrés la quejosa promovió el presente juicio de amparo para reclamar al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla la omisión de dictar el acuerdo donde admita la demanda o prevenga por alguna irregularidad en el escrito inicial de demanda, presentado en el mes de marzo de dos mil veintitrés Sin embargo, el trece de octubre de dos mil veintitrés el dicho Tribunal radicó la demanda laboral presentada el quince de marzo de la presente anualidad por Martha Patricia Mastranzo Bermúdez -aquí quejosa-, bajo el número de expediente D-117/2023, previniendo a la actora, a efecto de que aclare dicha demanda. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (dos de octubre de dos mi veintitrés), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y dos minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinden informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la referida autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe la autoridad oficiante en la comunicación de cuenta, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, de la constancia exhibida por la autoridad oficiante -misma que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el trece de octubre de dos mil veintitrés el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla radicó la demanda laboral presentada el quince de marzo de la presente anualidad por Martha Patricia Mastranzo Bermúdez -aquí quejosa-, bajo el número de expediente D-117/2023, previniendo a la actora, a efecto de que aclare dicha demanda. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo Martha Patricia Mastranzo Bermúdez señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo donde admita la demanda o prevenga por alguna irregularidad en el escrito inicial de demanda. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Martha Patricia Mastranzo Bermúdez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dictar el acuerdo donde admita la demanda o prevenga por alguna irregularidad en el escrito inicial de demanda, presentado en el mes de marzo de dos mil veintitrés; y, el trece de octubre de dos mil veintitrés el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla radicó la demanda laboral presentada el quince de marzo de la presente anualidad por Martha Patricia Mastranzo Bermúdez -aquí quejosa-, bajo el número de expediente D-117/2023, previniendo a la actora, a efecto de que aclare dicha demanda; lo que se acredita con la constancia recibida, mismas que se adjuntó al informe justificado respectivo. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados. Esto es así, porque el dos de octubre de dos mil veintitrés la quejosa promovió el presente juicio de amparo para reclamar al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla la omisión de dictar el acuerdo donde admita la demanda o prevenga por alguna irregularidad en el escrito inicial de demanda, presentado en el mes de marzo de dos mil veintitrés Sin embargo, el trece de octubre de dos mil veintitrés el dicho Tribunal radicó la demanda laboral presentada el quince de marzo de la presente anualidad por Martha Patricia Mastranzo Bermúdez -aquí quejosa-, bajo el número de expediente D-117/2023, previniendo a la actora, a efecto de que aclare dicha demanda. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (dos de octubre de dos mi veintitrés), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y dos minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexos de la Jueza del Juzgado de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite lo siguiente: - Copia certificada del auto de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta digital de ********************, en el que tuvo a la Jefa de Departamento de Capital humano del Instituto Politécnico Nacional, campus Tlaxcala, informando que depositó a ******************** en representación de la menor ********************, la quincena 19/2023 (primera quincena de octubre), por concepto de pensión de alimentos. - Copia certificada del aviso de pago ********************, por la cantidad de $******************** (********************), a favor de ********************, en la cuenta bancaria********************. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con las constancias de cuenta, por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; se apercibe a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta que remite la Secretaria Auxiliar del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a través del cual remite copia certificada de todo lo actuado en el exhorto 694/2023 relativo al juicio ordinario reivindicatorio 526/2017, del índice del Juzgado de lo Civil de San Juan de los Llanos, Puebla. Atento a lo anterior, intégrense las constancias de mérito, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud que mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés se declaró cumplida la ejecutoria pronunciada en el presente sumario. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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