Martha Sánchez Aranda

Expediente 2197/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2197/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
10/10/2016

Partes del expediente

  • Martha Sánchez Aranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 06 DE OCTUBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista concedida mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, respecto del oficio remitido por el 1. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa Tres de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte, sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento establecido en dicho auto, por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Se advierte en primer lugar, que el diecisiete de julio de dos mil catorce (fojas 403 a 418), se dictó sentencia en el presente asunto, misma que fue recurrida y resuelta en revisión por el Tercer Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito el trece de noviembre de dos mil catorce, en la que se revocó la sentencia sujeta a revisión y se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos (fojas 543 a 573): "1. Deje insubsistente el acto reclamado única y exclusivamente en la parte impugnada; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte bajo su más estricta responsabilidad, la determinación legal que en el caso proceda -en contestación a lo peticionado por el querellante-, purgando los vicios de forma destacados, esto es, debidamente fundado y motivado, sin que se le vincule a resolver en determinado sentido o acatando determinados lineamientos en cuanto al fondo del asunto.". En acuerdo de once de marzo de dos mil quince (fojas 746 a 748), se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos y se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Mediante proveído de diez de abril de dos mil quince (foja 773) se tuvo a la mandataria especial de la parte quejosa interponiendo inconformidad en contra del auto por el cual se tuvo por cumplida sentencia amparadora. Por razón de turno, correspondió conocer del medio de impugnación precisado en el párrafo anterior al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mismo que mediante ejecutoria dictada el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 14/2015, de su estadística, tuvo a bien resolver lo siguiente (fojas 896 a 922): "PRIMERO. Es infundado el incidente de objeción de firma del escrito por el que se interpuso el presente recurso de inconformidad, planteado por Inmobiliaria Santa Amalia S.A. de C.V., por conducto de su apoderado Emilio Yitani García (tercera interesada en el juicio de amparo), por las razones indicadas en el considerando tercero de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Se declara fundado el recurso de inconformidad interpuesto por Juan Sánchez Aranda, por conducto de su mandataria especial, Martha Sánchez Aranda. TERCERO. Dese aviso con la presente resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a su Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito." Cabe indicar, que el órgano colegiado en lo que interesa consideró lo siguiente (fojas 918 y 919): "Así pues, si como se dijo, el cumplimiento total de las sentencias de amparo -sin excesos ni defectos-, a que se refiere el primer párrafo del aludido artículo 196 de la Ley de Amparo, supone el análisis de los alcances y efectos de la ejecutoria en relación con la actuación desplegada por la responsable, se advierte que en el caso que nos ocupa la ejecutoria de amparo no se encuentra cabalmente cumplida, pues los alcances de la sentencia protectora fueron entre otros, que se dejara insubsistente el proveído dictado por la responsable el cinco de junio de dos mil trece, única y exclusivamente en la parte impugnada (relativa a la anotación marginal ordenada en el inmueble del quejoso), resultando entonces incorrecto que el agente del Ministerio Público responsable procediera a dejar sin efectos todo lo acordado en el proveído en comento, puesto que con ello se extralimitó en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional. Lo anterior adquiere trascendencia, en la medida que el proveído de cinco de junio de dos mil trece que la responsable dejó insubsistente en su totalidad, contenía la orden de realizar anotaciones marginales en múltiples bienes inmuebles de la ciudad de Puebla, respecto de los cuales, el quejoso solamente combatió la anotación atinente al predio número 248732, que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Puebla, bajo el número 81, a fojas 23, tomo 578, Libro Número Uno. Por tanto, la responsable no estaba constreñida a dejar sin efectos las anotaciones marginales del resto de inmuebles sobre los que se pronunció en el multicitado acuerdo de cinco de junio de dos mil trece, ya que ni siquiera fueron materia de la litis en el juicio de amparo en el que se emitió la ejecutoria a cumplir; lo que conlleva precisamente que tales partes del acuerdo en comento deban quedar incólumes. De ahí que se estime que la autoridad responsable no se ajustó a los lineamientos establecidos en la sentencia protectora, incurriendo en exceso al tratar de cumplir con la ejecutoria de amparo; resultando evidente entonces que no se ha cumplido con el fallo protector. (.)". Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 924 a 927), se tuvo por recibida la referida ejecutoria dictada en la inconformidad 14/2015; y, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa Tres de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte. Ahora bien, en atención al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se advierte que el Agente del Ministerio Público responsable el siete de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la averiguación previa 64/2013/DMZN de su índice, determinó lo siguiente (fojas 944 a 948): 1. Dejó sin efectos el proveído de cinco de junio de dos mil trece dictado dentro de la indagatoria 64/2013/DMZN de su índice (origen del acto reclamado) 2. Requirió al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Puebla, para que dejara sin efectos la anotación marginal solicitada por el Agente del Ministerio Público responsable, únicamente respecto del predio número 248732, perteneciente al aquí quejoso Juan Sánchez Aranda, mismo que se encuentra amparado con el instrumento notarial número catorce mil doscientos cuarenta y tres (14243), volumen doscientos setenta y tres (273), de seis de febrero de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Público Número Cincuenta de la ciudad de Puebla, debiendo dejar subsistentes las anotaciones realizadas respecto de los restantes bienes inmuebles asegurados en la averiguación previa 64/2013/DMZN de su índice. Remitiendo copia certificada de las constancias con las que acreditó haber dado cumplimiento a los términos planteados por la superioridad en la inconformidad 14/2015, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (fojas 974 a 997), de las que se advierte el Registrador responsable, dejó sin efectos la anotación marginal solicitada por el 1. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa Tres de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte, únicamente respecto del predio número 248732, perteneciente al impetrante de amparo Juan Sánchez Aranda, mismo que se encuentra amparado con el instrumento notarial número catorce mil doscientos cuarenta y tres (14243), volumen doscientos setenta y tres (273), de seis de febrero de mil novecientos noventa y seis, emitido por el Notario Público Número Cincuenta de la ciudad de Puebla, dejando subsistentes las anotaciones realizadas respecto de los restantes bienes inmuebles asegurados en la averiguación previa 64/2013/DMZN de su índice. En consecuencia, en virtud de lo expuesto anteriormente y toda vez que se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. En otro orden, agréguese a los presentes autos el escrito signado por MARTHA SÁNCHEZ ARANDA, en su carácter de mandataria especial del quejoso JUAN SÁNCHEZ ARANDA, y en atención a su contenido se provee: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del ocursante fotocopia certificada de las constancias que solicita, autorizando para tal efecto a las personas que menciona en su ocurso de cuenta, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente (y fotocopia simple de ésta). En el entendido de que dicho trámite deberá efectuarse dentro del horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, por así permitirlo las labores de este juzgado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por último, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009)"

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista concedida mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, respecto del oficio remitido por el 1. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa Tres de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte, sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento establecido en dicho auto, por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Se advierte en primer lugar, que el diecisiete de julio de dos mil catorce (fojas 403 a 418), se dictó sentencia en el presente asunto, misma que fue recurrida y resuelta en revisión por el Tercer Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito el trece de noviembre de dos mil catorce, en la que se revocó la sentencia sujeta a revisión y se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos (fojas 543 a 573): "1. Deje insubsistente el acto reclamado única y exclusivamente en la parte impugnada; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte bajo su más estricta responsabilidad, la determinación legal que en el caso proceda -en contestación a lo peticionado por el querellante-, purgando los vicios de forma destacados, esto es, debidamente fundado y motivado, sin que se le vincule a resolver en determinado sentido o acatando determinados lineamientos en cuanto al fondo del asunto.". En acuerdo de once de marzo de dos mil quince (fojas 746 a 748), se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos y se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Mediante proveído de diez de abril de dos mil quince (foja 773) se tuvo a la mandataria especial de la parte quejosa interponiendo inconformidad en contra del auto por el cual se tuvo por cumplida sentencia amparadora. Por razón de turno, correspondió conocer del medio de impugnación precisado en el párrafo anterior al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mismo que mediante ejecutoria dictada el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 14/2015, de su estadística, tuvo a bien resolver lo siguiente (fojas 896 a 922): "PRIMERO. Es infundado el incidente de objeción de firma del escrito por el que se interpuso el presente recurso de inconformidad, planteado por Inmobiliaria Santa Amalia S.A. de C.V., por conducto de su apoderado Emilio Yitani García (tercera interesada en el juicio de amparo), por las razones indicadas en el considerando tercero de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Se declara fundado el recurso de inconformidad interpuesto por Juan Sánchez Aranda, por conducto de su mandataria especial, Martha Sánchez Aranda. TERCERO. Dese aviso con la presente resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a su Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito." Cabe indicar, que el órgano colegiado en lo que interesa consideró lo siguiente (fojas 918 y 919): "Así pues, si como se dijo, el cumplimiento total de las sentencias de amparo -sin excesos ni defectos-, a que se refiere el primer párrafo del aludido artículo 196 de la Ley de Amparo, supone el análisis de los alcances y efectos de la ejecutoria en relación con la actuación desplegada por la responsable, se advierte que en el caso que nos ocupa la ejecutoria de amparo no se encuentra cabalmente cumplida, pues los alcances de la sentencia protectora fueron entre otros, que se dejara insubsistente el proveído dictado por la responsable el cinco de junio de dos mil trece, única y exclusivamente en la parte impugnada (relativa a la anotación marginal ordenada en el inmueble del quejoso), resultando entonces incorrecto que el agente del Ministerio Público responsable procediera a dejar sin efectos todo lo acordado en el proveído en comento, puesto que con ello se extralimitó en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional. Lo anterior adquiere trascendencia, en la medida que el proveído de cinco de junio de dos mil trece que la responsable dejó insubsistente en su totalidad, contenía la orden de realizar anotaciones marginales en múltiples bienes inmuebles de la ciudad de Puebla, respecto de los cuales, el quejoso solamente combatió la anotación atinente al predio número 248732, que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Puebla, bajo el número 81, a fojas 23, tomo 578, Libro Número Uno. Por tanto, la responsable no estaba constreñida a dejar sin efectos las anotaciones marginales del resto de inmuebles sobre los que se pronunció en el multicitado acuerdo de cinco de junio de dos mil trece, ya que ni siquiera fueron materia de la litis en el juicio de amparo en el que se emitió la ejecutoria a cumplir; lo que conlleva precisamente que tales partes del acuerdo en comento deban quedar incólumes. De ahí que se estime que la autoridad responsable no se ajustó a los lineamientos establecidos en la sentencia protectora, incurriendo en exceso al tratar de cumplir con la ejecutoria de amparo; resultando evidente entonces que no se ha cumplido con el fallo protector. (.)". Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 924 a 927), se tuvo por recibida la referida ejecutoria dictada en la inconformidad 14/2015; y, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa Tres de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte. Ahora bien, en atención al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se advierte que el Agente del Ministerio Público responsable el siete de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la averiguación previa 64/2013/DMZN de su índice, determinó lo siguiente (fojas 944 a 948): 1. Dejó sin efectos el proveído de cinco de junio de dos mil trece dictado dentro de la indagatoria 64/2013/DMZN de su índice (origen del acto reclamado) 2. Requirió al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Puebla, para que dejara sin efectos la anotación marginal solicitada por el Agente del Ministerio Público responsable, únicamente respecto del predio número 248732, perteneciente al aquí quejoso Juan Sánchez Aranda, mismo que se encuentra amparado con el instrumento notarial número catorce mil doscientos cuarenta y tres (14243), volumen doscientos setenta y tres (273), de seis de febrero de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Público Número Cincuenta de la ciudad de Puebla, debiendo dejar subsistentes las anotaciones realizadas respecto de los restantes bienes inmuebles asegurados en la averiguación previa 64/2013/DMZN de su índice. Remitiendo copia certificada de las constancias con las que acreditó haber dado cumplimiento a los términos planteados por la superioridad en la inconformidad 14/2015, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (fojas 974 a 997), de las que se advierte el Registrador responsable, dejó sin efectos la anotación marginal solicitada por el 1. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa Tres de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte, únicamente respecto del predio número 248732, perteneciente al impetrante de amparo Juan Sánchez Aranda, mismo que se encuentra amparado con el instrumento notarial número catorce mil doscientos cuarenta y tres (14243), volumen doscientos setenta y tres (273), de seis de febrero de mil novecientos noventa y seis, emitido por el Notario Público Número Cincuenta de la ciudad de Puebla, dejando subsistentes las anotaciones realizadas respecto de los restantes bienes inmuebles asegurados en la averiguación previa 64/2013/DMZN de su índice. En consecuencia, en virtud de lo expuesto anteriormente y toda vez que se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. En otro orden, agréguese a los presentes autos el escrito signado por MARTHA SÁNCHEZ ARANDA, en su carácter de mandataria especial del quejoso JUAN SÁNCHEZ ARANDA, y en atención a su contenido se provee: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del ocursante fotocopia certificada de las constancias que solicita, autorizando para tal efecto a las personas que menciona en su ocurso de cuenta, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente (y fotocopia simple de ésta). En el entendido de que dicho trámite deberá efectuarse dentro del horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, por así permitirlo las labores de este juzgado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por último, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público en Funciones del Titular adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte, y, en atención a su contenido, téngasele manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, pues al efecto remite copia certificada del auto dictado el ocho de septiembre del actual, dentro de la averiguación previa 64/2013/DMZN de su índice. En consecuencia, con su contenido y anexo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo texto y rubro, dice lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público en Funciones del Titular adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte, y, en atención a su contenido, téngasele manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, pues al efecto remite copia certificada del auto dictado el ocho de septiembre del actual, dentro de la averiguación previa 64/2013/DMZN de su índice. En consecuencia, con su contenido y anexo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo texto y rubro, dice lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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