Martha Michimani Zúñiga
Expediente 1337/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1337/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 12/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Martha Michimani Zúñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad en proveído de nueve de julio de dos mil dieciocho, acusa recibo del oficio CUMP. 781-1 con el que se le devolvió la documental que remitió como apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de la averiguación previa 2753/2011/SPCHO de su índice con la que se formaron los anexos I y II; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por José Cuautle Bautista, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Martha Michimani Zúñiga; y, en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y firma que se otorgue en autos, las que podrán ser recibidas tanto por el promovente, como por Carmen Cuatle García o Andrea Salinas Romano, quienes fueron autorizados por la quejosa en el escrito de demanda de amparo; no así por el resto de las personas que pretende autorizar para tal efecto. Lo anterior es así, pues el ocursante pretende autorizar a las personas que refiere en el escrito que se acuerda para recoger las copias, en ese sentido, dígasele que con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en materia, según su numeral 2, no ha lugar de acordar favorable tal petición; ya que el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para imponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Sustenta lo anterior la tesis 2a. CXVIII/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS RESTRINGIDOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE AMPARO. CASO EN EL QUE TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN. El referido precepto legal establece, en primer término, que el agraviado y el tercero perjudicado pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del interesado, pero en las materias civil, mercantil o administrativa, el autorizado deberá acreditar encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado y proporcionar los datos correspondientes en el escrito en el que se le otorgue dicha autorización; y, en segundo término, que las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. Esto es, el ordenamiento legal de mérito prevé a favor del quejoso o del tercero perjudicado la facultad de otorgar autorización para oír notificaciones, en términos amplios o bien en términos restringidos. Ahora bien, en este último supuesto la persona designada, entre otras cosas, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión; sin embargo, tal supuesto admite un caso de excepción, que es el relativo a cuando en la sentencia de amparo por cualquier circunstancia se le impone una multa u otra sanción, pues es incuestionable que en esa hipótesis se le causa un agravio personal y directo, de ahí que la revisión que en contra de esa determinación interponga debe admitirse a trámite y no desecharse." Hágase saber al promovente, que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para la expedición de las copias es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de junio de dos mil dieciocho. Visto con conocimiento de las partes, intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Martha Michimani Zúñiga, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional a la ejecutoria de amparo; sin embargo, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno pues dicha promoción resulta extemporánea, en virtud de que mediante proveído de ocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 268 y 269), se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente controvertido constitucional.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 08 DE junio DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 248), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que la quejosa haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 188 a 206), se concedió el amparo a Martha Michimani Zúñiga para efecto que la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y que se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Determine, de acuerdo con la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa AP-2753/2011/SPCHO, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejerce la acción penal correspondiente. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la carpeta de investigación, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) Así mismo, en el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más pruebas para continuar la integración de la carpeta de investigación, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Hecho lo anterior, remita las constancias atinentes que lo justifiquen." Mediante acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 217 a 219), se declaró que la referida sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio sin número de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (foja 227), la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional remitió copia certificada del oficio sin número, de once de mayo del año que transcurre (foja 229), así como del pliego relativo a la averiguación previa AP-2753/2011/SPCHO (foja 231) y la determinación de ejercicio de la acción penal de la misma data (fojas 232 a 245). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional realizó lo siguiente: 1. El once de mayo de la presente anualidad, determinó la averiguación previa AP-2753/2011/SPCHO, y ejerció acción penal persecutoria contra Daniel Caballero Yahuitl y/o Daniel Caballero Yahui y/o Daniel Caballero Ganuil, como probable responsable en la comisión del delito de abandono de personas, previsto y sancionado por los artículos 347 y 348, en relación con los diversos ordinales 11, 12, 13, 18 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de Jonas Héctor, Juan y Daniel, todos de apellidos Caballero Michimani, representados por su madre Martha Michimani Zúñiga (foja 244). 2. El quince de mayo de dos mil dieciocho, remitió el original y duplicado de la indagatoria referida al encargado de despacho de la Unidad de Consignaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para revisión y consignación correspondiente (foja 229). Por otra parte, en relación con el escrito presentado por la quejosa ante este juzgado el cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual manifestó que considera existe defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo; pues afirma que en la querella que originó la averiguación previa de donde emana el acto reclamado, únicamente se refirió a alimentos a favor de dicha peticionaria de amparo, y no de sus hijos, por lo que considera que en la determinación emitida en cumplimiento de la sentencia de amparo, se debió establecer que la única agraviada es la ocursante y no sus hijos, quienes actualmente cuentan con la mayoría de edad. Tales manifestaciones son infundadas, en virtud de que están encaminadas a combatir el fondo de la determinación de ejercicio de la acción penal, dictada en cumplimiento al fallo protector, lo que no es susceptible de ser analizado en este expediente, en virtud de que en la sentencia de amparo se concedió libertad de jurisdicción a la representación social responsable para que determinara si existían pruebas pendientes por desahogar o, en su caso, determinar inmediatamente sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, como lo hizo, por lo que no se fijaron lineamientos a seguir para emitir tal determinación. Por ello, el fondo de la resolución ministerial aludida no puede ser analizado en este juicio de garantías, pues no formó parte de la litis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia..."
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