Martin Aguilar Romero
Expediente 935/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Martin Aguilar Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del acuerdo dictado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 31 DE enero DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos este juzgador advierte de oficio, la actualización de diversas causales de improcedencia, las cuales, como se verá más adelante, permiten decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional En principio, conviene señalar que de la lectura de la demanda de amparo presentada por Martín Aguilar Romero (fojas 2 a 6), así como de su escrito aclaratorio (fojas 18 a 19) se aprecia que dicho quejoso reclamó: De la autoridad ordenadora 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora (en su denominación correcta): - La dilación para determinar si ejerce o no acción penal en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP de su índice Y, de las ejecutoras 2. Director General de Investigación Especializada de Sistema Tradicional y 3. Fiscal General del Estado de Puebla: La falta de vigilancia y supervisión del actuar de la responsable ordenadora. Sin embargo, como de las documentales remitidas por la autoridad ordenadora, se advirtió que el cinco de octubre de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla, determinó el no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP; en proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 61 y 62), se ordenó requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, refiriera si era su deseo ampliar su demanda de amparo, y señalar como acto reclamado la determinación antedicha y su notificación Así, en su escrito de ampliación de demanda presentado el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 81 a 86), el quejoso reclamó del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora: - La determinación del no ejercicio de la acción penal emitida el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP, y su falta de notificación Ahora, como se adelantó, del análisis de las constancias allegadas a este expediente por parte de la representación social, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se aprecia la actualización de diversas causales de improcedencia del juicio de amparo, que se analizan como sigue: I. Respecto del acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora, consistente en: La dilación para determinar si ejerce o no acción penal en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP de su índice Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Justamente, el precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se explica, el quejoso acudió inicialmente a esta instancia constitucional a reclamar de la autoridad responsable ordenadora la dilación para determinar si ejercía o no acción penal en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP de su índice Al respecto, del informe justificado rendido por la responsable y de las constancias remitidas, se obtiene que el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en autos de la indagatoria 2055/2015/NORTE/DGSP, determinó el no ejercicio de la acción penal, por obstáculo material insuperable (fojas 41 y 42). Por tanto, al haber emitido la responsable tal determinación, es inconcuso que ha destruido la omisión reclamada en forma total e incondicional de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el mencionado acto no hubiera dejado huella en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional, respecto del acto mencionado en este punto. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado al 2. Director General de Investigación Especializada de Sistema Tradicional y 3. Fiscal General del Estado de Puebla, en virtud de que la ejecución del acto reclamado, no se reclama por vicios propios Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de rubro y texto son: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." II. En relación con el diverso acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora: - La determinación del no ejercicio de la acción penal emitida el cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitida en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP, y su falta de notificación. Quien esto provee estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]" El artículo transcrito, revela que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado Así, las únicas condiciones que enuncia el artículo transcrito para la actualización de la improcedencia en análisis, radican en la expectativa de que el acto reclamado en el juicio de garantías pueda ser modificado, revocado o nulificado por el recurso o medio de defensa legal que se encuentre en trámite, y que haya sido interpuesto precisamente por el propio quejoso; sin que delimite que el recurso o medio de defensa sea promovido contra el mismo acto reclamado en el juicio de amparo Incluso, aun cuando el medio de defensa o recurso no se haya interpuesto contra los actos reclamados, debe estimarse actualizada tal causal de improcedencia cuando los posibles efectos de aquéllos tengan como consecuencia legal y necesaria que al dejar de surtir efectos el acto cuestionado en el medio de impugnación ordinario, también los actos reclamados en el juicio de garantías puedan ser modificados, revocados o nulificados Para ello, es necesario que exista, entre los actos reclamados en el juicio de garantías y los diversos impugnados en el recurso o medio de defensa ordinario, una vinculación tal, que necesariamente la suerte de aquéllos incida en éstos, es decir, que a virtud de la modificación, revocación o nulificación de los impugnados en el procedimiento ordinario, obligatoriamente dejen de existir o se modifiquen los reclamados en el juicio de garantías Destacado lo anterior, resulta necesario señalar que el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, alude a la circunstancia de que el recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado, cuando esté pendiente de resolución, excluye la procedencia del juicio de amparo, o dicho de otro modo, la causa de improcedencia del juicio constitucional se actualiza por la existencia simultánea del recurso o medio de defensa ordinario y el juicio de amparo De tal suerte que es evidente que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción del amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los citados medios de defensa, podrían culminar con resoluciones contradictorias De modo que, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos fundamentales; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso particular, la jurisprudencia P/J.144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Además, resulta aplicable, la tesis jurisprudencial VI.2o. J/133, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." Así, en el particular, el primer requisito señalado en el inciso a), consistente en que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicitó el amparo, se cumple en razón que de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se advierte que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, el quejoso presentó un escrito en el que se inconformó contra la resolución de cinco anterior, en la que como ya se asentó, se determinó el no ejercicio de la acción penal por obstáculo material insuperable en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP, y su archivo (foja 155) Por lo anterior, es evidente que se acredita el requisito en mención, ya que la inconformidad fue planteada por el aquí quejoso En relación con requisito marcado con el inciso b), atinente a que el recurso se haya admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos, también se encuentra acreditado, cuenta habida que en acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo por recibido el referido escrito y ordenó su remisión al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, a efecto de que previo estudio y análisis de la indagatoria, determinara la procedencia o improcedencia de la determinación en comento (foja 155). Lo que se verificó a través del oficio UIHCST-II/822/2018, de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, recibido en la Dirección General Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos, el treinta y uno siguiente (foja 156). De lo anterior, se aprecia que a la fecha en que esto se provee, la inconformidad citada se encuentra pendiente de resolver, toda vez que de las constancias que obran en autos y que fueron allegadas por la autoridad responsable, no se advierte que el peticionario de derechos hubiera desistido de tal medio de impugnación Tiene aplicación, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 1a./J. 19/94, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "APELACIÓN EN MATERIA PENAL, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XIV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, establece la causal de improcedencia del juicio de amparo, en la hipótesis de que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; por otra parte, la jurisprudencia número 942, visible a fojas 1541 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, establece que tal causal debe estar plenamente demostrada y no inferirse a base de presunciones; en esas condiciones, si al notificarse al procesado y luego quejoso, el auto de formal prisión, manifiesta escuetamente "APELO", sin existir ninguna otra constancia de que se admitió o esté en trámite tal recurso ordinario, resulta incuestionable que esta causal no está acreditada plenamente; con mayor razón, si de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 149 de la ley de la materia, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, debió acompañar las constancias necesarias para apoyar la improcedencia del juicio, ya que el trámite del recurso no debe justificarse sólo con la constancia de que se interpuso el mismo, sino con todas aquellas que justifiquen su admisión para su trámite." De igual forma, se cita la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad Finalmente, se satisface el requisito citado en el inciso c), relativo a que el medio de defensa legal constituya la vía de impugnación idónea en contra del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo, porque es a través de la oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal (inconformidad), que el quejoso puede obtener la modificación o revocación del acto reclamado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 Ter, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que indica: "Artículo 30 ter.- En los casos en que se acuerde el archivo de la Averiguación Previa, el Agente del Ministerio Público, deberá informar el contenido de la determinación adoptada al denunciante o querellante a través de cédula de notificación personal, otorgándole al denunciante quince días naturales para que exprese por escrito o por comparecencia, lo que a su derecho convenga, luego de lo cual se acordará lo que proceda Sólo en casos de que exista oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal, el Agente del Ministerio Público deberá enviar el original de la Averiguación Previa al Ciudadano Procurador, a efecto de que se realice el estudio y análisis de la misma y se determine la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma." Por tal motivo, resulta incuestionable que, si el quejoso manifestó su oposición en contra de la determinación de cinco de octubre de dos mil dieciocho, y se remitieron los autos para la substanciación de la inconformidad interpuesta, aun cuando se encuentre pendiente de resolver, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, pues a través de dicho medio ordinario de defensa, se puede confirmar, modificar o revocar el acto combatido en el presente asunto. En esa tesitura, es evidente que al actualizarse -respecto del acto analizado en este punto- la mencionada causal de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional. Y, por ende, se dejan sin efecto las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 159 vuelta); pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos este juzgador advierte de oficio, la actualización de diversas causales de improcedencia, las cuales, como se verá más adelante, permiten decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional En principio, conviene señalar que de la lectura de la demanda de amparo presentada por Martín Aguilar Romero (fojas 2 a 6), así como de su escrito aclaratorio (fojas 18 a 19) se aprecia que dicho quejoso reclamó: De la autoridad ordenadora 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora (en su denominación correcta): - La dilación para determinar si ejerce o no acción penal en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP de su índice Y, de las ejecutoras 2. Director General de Investigación Especializada de Sistema Tradicional y 3. Fiscal General del Estado de Puebla: La falta de vigilancia y supervisión del actuar de la responsable ordenadora. Sin embargo, como de las documentales remitidas por la autoridad ordenadora, se advirtió que el cinco de octubre de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla, determinó el no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP; en proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 61 y 62), se ordenó requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, refiriera si era su deseo ampliar su demanda de amparo, y señalar como acto reclamado la determinación antedicha y su notificación Así, en su escrito de ampliación de demanda presentado el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 81 a 86), el quejoso reclamó del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora: - La determinación del no ejercicio de la acción penal emitida el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP, y su falta de notificación Ahora, como se adelantó, del análisis de las constancias allegadas a este expediente por parte de la representación social, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se aprecia la actualización de diversas causales de improcedencia del juicio de amparo, que se analizan como sigue: I. Respecto del acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora, consistente en: La dilación para determinar si ejerce o no acción penal en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP de su índice Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Justamente, el precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se explica, el quejoso acudió inicialmente a esta instancia constitucional a reclamar de la autoridad responsable ordenadora la dilación para determinar si ejercía o no acción penal en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP de su índice Al respecto, del informe justificado rendido por la responsable y de las constancias remitidas, se obtiene que el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en autos de la indagatoria 2055/2015/NORTE/DGSP, determinó el no ejercicio de la acción penal, por obstáculo material insuperable (fojas 41 y 42). Por tanto, al haber emitido la responsable tal determinación, es inconcuso que ha destruido la omisión reclamada en forma total e incondicional de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el mencionado acto no hubiera dejado huella en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional, respecto del acto mencionado en este punto. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado al 2. Director General de Investigación Especializada de Sistema Tradicional y 3. Fiscal General del Estado de Puebla, en virtud de que la ejecución del acto reclamado, no se reclama por vicios propios Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de rubro y texto son: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." II. En relación con el diverso acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora: - La determinación del no ejercicio de la acción penal emitida el cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitida en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP, y su falta de notificación. Quien esto provee estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]" El artículo transcrito, revela que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado Así, las únicas condiciones que enuncia el artículo transcrito para la actualización de la improcedencia en análisis, radican en la expectativa de que el acto reclamado en el juicio de garantías pueda ser modificado, revocado o nulificado por el recurso o medio de defensa legal que se encuentre en trámite, y que haya sido interpuesto precisamente por el propio quejoso; sin que delimite que el recurso o medio de defensa sea promovido contra el mismo acto reclamado en el juicio de amparo Incluso, aun cuando el medio de defensa o recurso no se haya interpuesto contra los actos reclamados, debe estimarse actualizada tal causal de improcedencia cuando los posibles efectos de aquéllos tengan como consecuencia legal y necesaria que al dejar de surtir efectos el acto cuestionado en el medio de impugnación ordinario, también los actos reclamados en el juicio de garantías puedan ser modificados, revocados o nulificados Para ello, es necesario que exista, entre los actos reclamados en el juicio de garantías y los diversos impugnados en el recurso o medio de defensa ordinario, una vinculación tal, que necesariamente la suerte de aquéllos incida en éstos, es decir, que a virtud de la modificación, revocación o nulificación de los impugnados en el procedimiento ordinario, obligatoriamente dejen de existir o se modifiquen los reclamados en el juicio de garantías Destacado lo anterior, resulta necesario señalar que el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, alude a la circunstancia de que el recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado, cuando esté pendiente de resolución, excluye la procedencia del juicio de amparo, o dicho de otro modo, la causa de improcedencia del juicio constitucional se actualiza por la existencia simultánea del recurso o medio de defensa ordinario y el juicio de amparo De tal suerte que es evidente que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción del amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los citados medios de defensa, podrían culminar con resoluciones contradictorias De modo que, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos fundamentales; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso particular, la jurisprudencia P/J.144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Además, resulta aplicable, la tesis jurisprudencial VI.2o. J/133, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." Así, en el particular, el primer requisito señalado en el inciso a), consistente en que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicitó el amparo, se cumple en razón que de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se advierte que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, el quejoso presentó un escrito en el que se inconformó contra la resolución de cinco anterior, en la que como ya se asentó, se determinó el no ejercicio de la acción penal por obstáculo material insuperable en la averiguación previa 2055/2015/NORTE/DGSP, y su archivo (foja 155) Por lo anterior, es evidente que se acredita el requisito en mención, ya que la inconformidad fue planteada por el aquí quejoso En relación con requisito marcado con el inciso b), atinente a que el recurso se haya admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos, también se encuentra acreditado, cuenta habida que en acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo por recibido el referido escrito y ordenó su remisión al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, a efecto de que previo estudio y análisis de la indagatoria, determinara la procedencia o improcedencia de la determinación en comento (foja 155). Lo que se verificó a través del oficio UIHCST-II/822/2018, de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, recibido en la Dirección General Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos, el treinta y uno siguiente (foja 156). De lo anterior, se aprecia que a la fecha en que esto se provee, la inconformidad citada se encuentra pendiente de resolver, toda vez que de las constancias que obran en autos y que fueron allegadas por la autoridad responsable, no se advierte que el peticionario de derechos hubiera desistido de tal medio de impugnación Tiene aplicación, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 1a./J. 19/94, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "APELACIÓN EN MATERIA PENAL, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XIV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, establece la causal de improcedencia del juicio de amparo, en la hipótesis de que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; por otra parte, la jurisprudencia número 942, visible a fojas 1541 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, establece que tal causal debe estar plenamente demostrada y no inferirse a base de presunciones; en esas condiciones, si al notificarse al procesado y luego quejoso, el auto de formal prisión, manifiesta escuetamente "APELO", sin existir ninguna otra constancia de que se admitió o esté en trámite tal recurso ordinario, resulta incuestionable que esta causal no está acreditada plenamente; con mayor razón, si de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 149 de la ley de la materia, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, debió acompañar las constancias necesarias para apoyar la improcedencia del juicio, ya que el trámite del recurso no debe justificarse sólo con la constancia de que se interpuso el mismo, sino con todas aquellas que justifiquen su admisión para su trámite." De igual forma, se cita la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad Finalmente, se satisface el requisito citado en el inciso c), relativo a que el medio de defensa legal constituya la vía de impugnación idónea en contra del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo, porque es a través de la oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal (inconformidad), que el quejoso puede obtener la modificación o revocación del acto reclamado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 Ter, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que indica: "Artículo 30 ter.- En los casos en que se acuerde el archivo de la Averiguación Previa, el Agente del Ministerio Público, deberá informar el contenido de la determinación adoptada al denunciante o querellante a través de cédula de notificación personal, otorgándole al denunciante quince días naturales para que exprese por escrito o por comparecencia, lo que a su derecho convenga, luego de lo cual se acordará lo que proceda Sólo en casos de que exista oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal, el Agente del Ministerio Público deberá enviar el original de la Averiguación Previa al Ciudadano Procurador, a efecto de que se realice el estudio y análisis de la misma y se determine la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma." Por tal motivo, resulta incuestionable que, si el quejoso manifestó su oposición en contra de la determinación de cinco de octubre de dos mil dieciocho, y se remitieron los autos para la substanciación de la inconformidad interpuesta, aun cuando se encuentre pendiente de resolver, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, pues a través de dicho medio ordinario de defensa, se puede confirmar, modificar o revocar el acto combatido en el presente asunto. En esa tesitura, es evidente que al actualizarse -respecto del acto analizado en este punto- la mencionada causal de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional. Y, por ende, se dejan sin efecto las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 159 vuelta); pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de enero del año en curso (158), se dio vista a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Ahora bien, tomando en consideración que a la fecha de la audiencia constitucional diez horas con diez minutos del siete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 94 a 96), no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista del informe y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere, y en su lugar se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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