Martín Avila Ponce

Expediente 1133/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1133/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Martín Avila Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es destruible, motivo por el cual deberá destruirse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Martín Ávila Ponce, mediante el cual desahoga la prevención realizada por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en los términos que precisa en su escrito. Desechamiento. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte promovente reclama: "[.] 1.- Resolución suscrita por la dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, sección DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN, numero de oficio: CP-URB-465-2023, expediente VP-2377, FECHA 23 DE febrero DE 2023, ASUNTO: DICTAMEN TÉCNICO Y ORDENAMIETO. Detener en cuanto proceder a la demolición y/o referidos muros de bloque, muro de mampostería, así como reja de acero y cuarto de madera descrito, cualquier objeto que obstruya la libre circulación y uso de la vía publica propiedad a la de nombre MARTÍN AVILA PONCE a la legitima propietaria del mismo, y evitar así que se sigan violentando en mi perjuicio las garantías de propiedad, legalidad y seguridad jurídica así como que se me siga provocando un perjuicio al querer proceder a derribar por motivo de que la autoridad alega que es vía pública, así como que con el actuar de las arbitrarias autoridades. 2.- La omisión de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, sección DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN de no haber realizado el estudio socioeconómico ordenado por JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA que dictó en la sentencia definitiva bajo expediente 211/2021 JS de fecha 24 de noviembre de 2022, que trascribo a continuación: REFLEXIÓN FINAL.- Solamente es menester efectuar una precisión final, en fiel acatamiento al principio pro persona, y de respeto a la dignidad de las personas, atento lo dispone el artículo primero párrafo tercero de la Constitución Federal y su correlativo 7º. de la Constitución Local, el cual establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, y progresividad. En ese entendido, la parte actora en su escrito de demanda manifiesta bajo protesta de decir verdad en su segundo motivo de inconformidad que carece de los medios o recursos suficientes para contratar a un especialista en demoliciones para las construcciones que se encuentran dentro de la vía pública, foja 004 de su escrito de demanda. De la documental obrante a fojas 015 de autos, se aprecia que existen indicios que hacen presumir que se trata de una persona de la tercera edad, de manera tal, que en caso de que, la autoridad conforme el artículo 1º de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, compruebe que efectivamente carece de los medios económicos para hacerse cargo de tal obligación, deberá realizar conforme el precitado artículo 1° de la Constitución, las diligencias necesarias a fin de que, no le resulte gravoso al particular el [.]." Asimismo, del escrito aclaratorio de demanda, señala como actos reclamados: "[.] 1.- de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, sección DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN, la ORDENAMIENTO de la demolición de muros de bloque, muro de mampostería, así como reja de acero y cuarto de madera que se utiliza como local comercial propiedad del nombre MARTÍN AVILA PONCE a la legitima propietaria del mismo, y evitar así que se sigan violentando en mi perjuicio las garantías de propiedad, legalidad y seguridad jurídica así como que se me siga provocando un perjuicio al querer proceder, dicho acto reclamado recae en número de oficio: CP-URB-465-2023, expediente VP-2377, FECHA 23 DE febrero DE 2023, ASUNTO: DICTAMEN TÉCNICO Y ORDENAMIETO. 2.- De la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, sección DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN LA OMISIÓN de no haber realizado el estudio socioeconómico ordenado por JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA que dictó en la sentencia definitiva bajo expediente 211/2021 JS de fecha 24 de noviembre de 2022, que trascribo a continuación: REFLEXIÓN FINAL.- Solamente es menester efectuar una precisión final, en fiel acatamiento al principio pro persona, y de respeto a la dignidad de las personas, atento lo dispone el artículo primero párrafo tercero de la Constitución Federal y su correlativo 7º. de la Constitución Local, el cual establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, y progresividad. En ese entendido, la parte actora en su escrito de demanda manifiesta bajo protesta de decir verdad en su segundo motivo de inconformidad que carece de los medios o recursos suficientes para contratar a un especialista en demoliciones para las construcciones que se encuentran dentro de la vía pública, foja 004 de su escrito de demanda. De la documental obrante a fojas 015 de autos, se aprecia que existen indicios que hacen presumir que se trata de una persona de la tercera edad, de manera tal, que en caso de que, la autoridad conforme el artículo 1º de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, compruebe que efectivamente carece de los medios económicos para hacerse cargo de tal obligación, deberá realizar conforme el precitado artículo 1° de la Constitución, las diligencias necesarias a fin de que, no le resulte gravoso al particular el 3. de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, sección DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN, la omisión de la autoridad de tratarme con perspectiva de adulto mayor y la violencia patrimonial de la cual estoy siendo objeto ya que en fecha 12 de septiembre de 2023 derribaron un cuarto de mi propiedad que utilizo como local comercial. [.]." Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso de la demanda, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos b) y c) y fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" El juicio de amparo, en lo que interesa destacar, es un medio extraordinario y autónomo de defensa que permite a los gobernados impugnar normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos o las garantías previstas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de que México es parte, atribuibles a autoridades de los poderes públicos, y excepcionalmente a particulares, cuando éstos actúan en forma equivalente a la autoridad, conforme a funciones determinadas en una norma general. La procedencia del juicio de amparo está sujeta a ciertas restricciones o limitaciones, pues deben cumplirse los presupuestos exigidos por la ley, como requisitos de procedibilidad que hagan viable el examen de la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado; por ello, la procedencia del juicio de amparo se considera de orden público y de estudio oficioso, aun cuando las causas de improcedencia han de analizarse bajo un criterio de interpretación y aplicación estricta. Asimismo, el juicio de amparo es una acción constitucional en la que privan diversos principios, que le imprimen sus notas características, entre los más relevantes están: 1) El de iniciativa o instancia de parte agraviada; 2) El de existencia de agravio personal y directo; 3) El de relatividad de la sentencia; 4) El de estricto derecho; y, 5) El de definitividad. Aquí importa referirnos a este último. Con base en lo anterior, se precisa que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, los actos de autoridad, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. Cabe precisar que el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no opera en todos los casos ni en todas las materias, pues su aplicación y eficacia tienen excepciones importantes consignadas tanto en ley como en jurisprudencia, las cuales son de estricta aplicación como se precisa a continuación: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación. Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Por tanto, conviene precisar que el acto reclamado consiste en: La orden de la demolición de muros de bloque, muro de mampostería, así como reja de acero y cuarto de madera propiedad del nombre MARTÍN AVILA PONCE, contenida en el oficio CP-URB-465-2023, expediente VP-2377, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, relativo al dictamen técnico y ordenamiento. La omisión de realizar el estudio socioeconómico ordenado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad, en la sentencia definitiva bajo expediente 211/2021 JS de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. En ese contexto, conviene precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, es optativo para el particular agotar el medio de defensa o recurso administrativo que la Ley o reglamento de las distintas dependencias municipales establezcan para combatir el acto; o bien, intentar directamente el juicio contencioso administrativo. Artículo que a su letra establece: "Artículo 35.- Cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas Dependencias Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados establezcan medios de defensa o algún recurso administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio contencioso administrativo. De igual forma, podrán promover dicho juicio, dentro del plazo legal, cuando una vez interpuesto un recurso administrativo o medio de defensa, se hubieren desistido del mismo." Por tanto, en el caso particular que nos ocupa el quejoso conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, tiene la posibilidad de hacer valer el recurso de revocación en contra del oficio CP-URB-465-2023, expediente VP-2377, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, relativo al dictamen técnico y ordenamiento. Dicho artículo establece: "ARTICULO 74. RECURSO DE REVOCACION. Contra resoluciones dictadas por la aplicación de esta Ley y sus Reglamentos procederá el recurso de revocación, el cual deberá ser presentado por escrito en el término de quince días hábiles a la fecha de su notificación, ante el Titular de la Unidad Administrativa que hubiese dictado la resolución recurrida. El escrito en el que se interponga el recurso no tendrá mayor formalidad y solo contendrá los datos necesarios para identificar al Actor y el acto que se impugna, así mismo, deberá acompañarse de las pruebas documentales y periciales que se estimen convenientes. Al admitirse el recurso, se suspenderá la ejecución de la resolución administrativa o acto de autoridad. Admitido el recurso, se señalará el día y hora para la celebración de una audiencia en la que se desahogarán las pruebas levantándose al término de la misma acta suscrita por los que hayan intervenido. Una vez realizada la audiencia, la Autoridad Competente dictará resolución dentro de los 30 días hábiles siguientes, notificando por escrito y en forma personal al o los Recurrentes de dicha resolución. Contra la resolución que se dicte, no procederá recurso administrativo alguno." Asimismo, en contra del acto de autoridad que el quejoso reclamada, también puede hacer valer el juicio de nulidad, esto, con sustento en el artículo 1° de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 1°. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, es un Órgano Constitucional Autónomo, independiente de cualquier autoridad, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y de gestión presupuestal, e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, Entidades Paraestatales, Paramunicipales y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales. [.]" Del dispositivo transcrito se advierte que contra los actos administrativos que se dicten en agravio de los particulares, tal y como acontece en el presente caso, procede el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad; por tanto, se insiste, previo a la promoción del amparo, el acto administrativo reclamado puede ser combatido a través del juicio de nulidad cuya competencia corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, conforme a lo establecido en el precepto legal en cita, pues a través de él se procederá al análisis de procedencia o improcedencia del acto de que se trata, es decir, se determinará si esto fue realizado conforme a la ley aplicable. Por consiguiente, si contra el acto de molestia que combate la parte quejosa procede el juicio de nulidad que se promueva ante el referido Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa, el cual puede nulificar la determinación de la autoridad responsable, y en consecuencia, la impetrante del amparo podría obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es incuestionable que se satisface la diversa exigencia contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime, que la legislación que rige la suspensión dentro del juicio de que se trata, suspende los actos de molestia sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, pues en su capítulo séptimo la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, establece que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por la actora o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: "ARTÍCULO 49.- La demanda se admitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la admisión de la demanda. En el acuerdo que admita la demanda, se tendrán por ofrecidas las pruebas del actor, mismas que se admitirán o desecharán hasta que se fije la litis. [.] ARTÍCULO 56.- La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede. La suspensión definitiva se resolverá al acordarse la admisión de la contestación de la demanda o el acuse de rebeldía correspondiente de la autoridad demandada. ARTÍCULO 57.- La suspensión podrá solicitarla el demandante, en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. Si se solicita después de presentada la demanda, se tramitará en forma incidental. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular. ARTÍCULO 58.- La suspensión definitiva podrá ser revocada en cualquier momento del juicio si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó. ARTÍCULO 59.- No se otorgará la suspensión, si se sigue perjuicio a evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. ARTÍCULO 60.- Cuando los actos materia de impugnación, hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes, para preservar el medio de subsistencia del quejoso. Las medidas cautelares que dicten, no serán impugnables en procedimiento. ARTÍCULO 61.- Tratándose del cobro de créditos fiscales, procederá la suspensión, previa garantía del interés fiscal ante las autoridades exactoras o en su caso, deberá acreditarse que la garantía le fue dispensada por dichas autoridades. Procederá la suspensión sin otorgamiento de garantía del interés fiscal a juicio del Tribunal, siempre que la demandante acredite ser persona de escasos recursos económicos o que el crédito fiscal impugnado no rebase el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En el supuesto de que se impugnaren diversos créditos en un sólo juicio, si la suma de éstos excede el equivalente señalado, el demandante deberá garantizar el interés fiscal, para que subsista la suspensión obtenida previamente. ARTÍCULO 62.- En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. La suspensión dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes, a aquél en que surta efectos la notificación del auto que la conceda. Cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala fijará discrecionalmente el importe de la garantía. ARTÍCULO 63.- La suspensión otorgada conforme al Artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero otorga a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al demandante, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, en el caso del párrafo anterior, deberá cubrir el costo de la que hubiere otorgado el demandante." Ahora bien, en atención a que la parte quejosa solicita la suspensión del acto, conviene precisar que sobre ésta, la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." Ahora bien, al efectuar un examen comparativo entre los preceptos legales transcritos de las leyes invocadas, se aprecia claramente que en el caso, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, que rige la tramitación del juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de la misma entidad federativa, no impone mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para suspender los efectos de los actos reclamados y con los mismos alcances que los que prevé esta misma legislación, por lo que, indudablemente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que, previo a la presentación de la demanda que nos ocupa, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el citado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, cuyo resultado puede conducir a la modificación, revocación o nulidad de los actos que se combaten en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la Tesis de Jurisprudencia XV.4o. J/6, del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171590, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL. Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado" Y, por las razones que la integran, la Jurisprudencia 2a./J. 130/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." De la misma forma, no se alegan violaciones directas a la Constitución, y el recurso ordinario procedente se encuentra previsto en una ley secundaria, así como se contemplado un juicio contencioso en la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, cuyo conocimiento corresponde al propio Tribunal de Estatal de Justicia Administrativa de la entidad; aunado a que ambas opciones, establecen la suspensión del acto administrativo. En conclusión, si contra el acto de molestia que combate la parte quejosa procede el recurso de revocación ante el Titular de la Unidad Administrativa que emitió el acto reclamado, así como el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa a fin de nulificar la determinación de la autoridad responsable, y que dicha disposición prevé la suspensión del acto impugnado, sin requerir mayores requisitos que los previstos en la ley de amparo, en consecuencia, el impetrante del amparo podría obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es incuestionable que se satisface la diversa exigencia contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por todo lo antes expuesto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción III, incisos b) y c) y fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Martín Ávila Ponce, por su propio derecho; fórmese expediente y regístrese con el número 1133/2023-F. Prevención. Luego, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 110, 112, 114, en relación con el 108, todos de la Ley de Amparo, se requiere al directo promovente, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le haga del presente proveído y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio y anexos, cumpla con lo siguiente: Primero. Indique los actos que reclama a la autoridad que señala como responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en Tijuana Ello, toda vez que del escrito inicial de demanda se advierte que señala como autoridad responsable a la invocada en párrafo precedente; sin embargo, del capítulo de actos reclamados no manifiesta cuales son los actos que le reclama. Segundo. Precise de forma clara, precisa y concreta (sin calificativos ni otras circunstancias), y bajo protesta de decir verdad, los actos reclamados, así como los hechos y abstenciones que le constan de los antecedentes de los mismos; lo anterior, en virtud de que por una parte señala como actos los siguientes: "[.] 1.- Resolución suscrita por la dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, sección DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN, numero de oficio: CP-URB-465-2023, expediente VP-2377, FECHA 23 DE febrero DE 2023, ASUNTO: DICTAMEN TÉCNICO Y ORDENAMIETO. Detener en cuanto proceder a la demolición y/o referidos muros de bloque, muro de mampostería, así como reja de acero y cuarto de madera descrito, cualquier objeto que obstruya la libre circulación y uso de la vía publica propiedad a la de nombre MARTÍN AVILA PONCE a la legitima propietaria del mismo, y evitar así que se sigan violentando en mi perjuicio las garantías de propiedad, legalidad y seguridad jurídica así como que se me siga provocando un perjuicio al querer proceder a derribar por motivo de que la autoridad alega que es vía pública, así como que con el actuar de las arbitrarias autoridades. 2.- La omisión de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, sección DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN de no haber realizado el estudio socioeconómico ordenado por JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA que dictó en la sentencia definitiva bajo expediente 211/2021 JS de fecha 24 de noviembre de 2022, que trascribo a continuación: REFLEXIÓN FINAL.- Solamente es menester efectuar una precisión final, en fiel acatamiento al principio pro persona, y de respeto a la dignidad de las personas, atento lo dispone el artículo primero párrafo tercero de la Constitución Federal y su correlativo 7º. de la Constitución Local, el cual establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, y progresividad. En ese entendido, la parte actora en su escrito de demanda manifiesta bajo protesta de decir verdad en su segundo motivo de inconformidad que carece de los medios o recursos suficientes para contratar a un especialista en demoliciones para las construcciones que se encuentran dentro de la vía pública, foja 004 de su escrito de demanda. De la documental obrante a fojas 015 de autos, se aprecia que existen indicios que hacen presumir que se trata de una persona de la tercera edad, de manera tal, que en caso de que, la autoridad conforme el artículo 1º de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, compruebe que efectivamente carece de los medios económicos para hacerse cargo de tal obligación, deberá realizar conforme el precitado artículo 1° de la Constitución, las diligencias necesarias a fin de que, no le resulte gravoso al particular el [.]." Y por otra parte, en el punto petitorio tercero manifiesta, en lo que interesa, lo siguiente: ".Así mismo solicito que se me regrese la posesión material jurídica y material del bien inmueble descrito en múltiples ocasiones en este escrito de amparo por no haberme notificado de la infundada demanda de desalojo, radicado en algún Juzgado de lo Civil del partido judicial de Tijuana, B.C. [.]". Por tanto, se estima que tal circunstancia impide fijar correctamente la litis en el presente juicio, al no tener certeza de cuáles son las autoridades y los actos que se reclaman con la presente demanda, así como los hechos y abstenciones que le constan. Tercero. Indique lo resuelto en el juicio contencioso administrativo 211/2021, mediante sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós; es decir, deberá precisar cuáles son los puntos resolutivos que la conforman, a fin de dilucidar si los actos hasta aquí reclamados son consecuencia de la ejecución de dicha sentencia. En la inteligencia, que conforme lo establece el numeral 108, de la Ley de Amparo, la prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Agosto de 2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XXIV, correspondiente a la Novena Época, mes de julio de dos mil seis, visible a página trescientos cuarenta y ocho, misma que a la letra versa: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de la Materia. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Torres Limones y Gregorio Martínez Barrón; toda vez que sí cuentan con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Autorización de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente.

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