Martha Patricia Flores Vega

Expediente 374/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
374/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Martha Patricia Flores Vega
  • Fernando Ávila Flores
  • Josefina Irela Ávila Lira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Magistrado de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y en atención a su contenido se le tiene acusando de recibo del diverso por el que se le informó que el presente asunto causó ejecutoria, asimismo, se le devolvieron los autos originales que remitió a este juzgado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase al Agente responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 374/2021, promovido por Fernando Ávila Flores, por conducto de su apoderado jurídico Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez y por Martha Patricia Flores Vega, por sí y en cuanto representante legal de su menor hija Paulina Ávila Flores; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en línea el once de mayo de dos mil veintiuno, Fernando Ávila Flores, por conducto de su apoderado jurídico Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez y por Martha Patricia Flores Vega, por sí y en cuanto representante legal de su menor hija Paulina Ávila Flores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró en el libro de gobierno con el número 374/2021; en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno -previo cumplimiento a requerimiento- se admitió la demanda; se ordenó dar la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Josefina Irela Ávila Lira y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en donde tiene jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios transcritos, el acto reclamado por la parte quejosa al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán es: La resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno dentro del toca I-61/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el apoderado jurídico de Josefina Irela Ávila Lira así como la adhesión a dicho recurso por Jorge Gustavo del Río Reséndiz, apoderado jurídico de Martha Patricia Flores Vega y de Fernando Ávila Flores, la primera por propio derecho y en cuanto representante legal de su menor hija Paulina Ávila Flores y el segundo por propio derecho y además en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de Luis Fernando Ávila Arredondo. En dicha resolución, modificó el auto impugnado [uno de marzo de dos mil veintiuno] únicamente para ahora tener a la apelante, por oponiéndose a que se lleve a cabo la partición del caudal hereditario, en la forma y términos que lo indicó. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la mencionada responsable a su informe justificado, consistente en el original del toca de apelación I-61/2021 [un tomo]. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º y de las que se advierte la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintiuno, Josefina Irela Ávila Lira, por conducto de su apoderado jurídico, manifestó que en el caso se actualizan las causas de improcedencia contenidas en las fracciones XII, XVI y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, expresando únicamente las razones por las cuales considera actualizadas las causales contenidas en las fracciones XII y XXI; sin embargo, al ser oficioso el estudio de las causales improcedencia este juzgador procede a analizarl la diversa prevista en la fracción XVI. Causales de improcedencia que son infundadas, por las razones que se expondrán en los incisos siguientes. Fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo [interés jurídico] Con relación a dicha causal, la tercera interesada manifiesta que el acto reclamado ya no causa una afectación a los intereses de los quejosos, particularmente por lo que ve a Martha Patricia Flores Vega, porque no tiene el carácter de heredera. Además -manifiesta- el acto reclamado no afecta sus derechos fundamentales porque fue dictado ajustado a derecho aunado a que los inmuebles materia de dicha resolución le fueron adjudicados en diversos juicios ejecutivos mercantiles, esto es, ya salieron del patrimonio del autor de la sucesión intestamentaria e ingresaron al de ella. La primera parte de dicho argumento debe desestimarse, porque, el hecho que afirme que el acto reclamado no le afecta toda vez que fue emitido conforme a derecho, está relacionado con el estudio de fondo del asunto; lo que impide analizarlo. Es aplicable la jurisprudencia P./J.135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes enero de 2002, Novena Época, registro 187973, que la letra dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Por otra parte, el hecho de que los bienes materia de la controversia le hayan sido adjudicados en diversos juicios ejecutivos mercantiles, tampoco hace improcedente el juicio de amparo, porque en el acto reclamado no se hizo pronunciamiento alguno relacionado con la propiedad de los bienes sino si fue correcta o no la determinación del juez de primera instancias consistente en no haber tenido a la aquí tercera interesada por oponiendo a que se llevara a cabo la partición del caudal hereditario. Además, al haber interpuesto los quejosos [Martha Patricia Flores Vega por propio derecho y en cuanto representante de su menor hija así como Fernando Ávila Flores] apelación adhesiva contra el auto de primero de marzo del año en curso, es inconcuso que tienen interés para promover el juicio de amparo en contra de la determinación que lo resolvió. Fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo [Actos consumados irreparablemente]. Es infundada la causal en estudio. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo. En esta tesitura, es evidente que la ejecución o consumación del acto reclamado puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, pues se podría dejar sin efecto la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno al considerar que es contraria a la ley. Fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo [Cuando cesaron los efectos del acto reclamado]. Respecto de dicha causa de improcedencia argumenta la tercera que han cesado los efectos del acto reclamado, puesto que los inmuebles materia del acto reclamado le fueron adjudicados en diversos juicios ejecutivos mercantiles, por lo que el anterior dueño, Luis Fernando Ávila Arredondo, perdió su propiedad y no cuenta más con la prerrogativa de seguir disfrutando de la misma ni de la posesión de dichos inmuebles. Razonamiento que es carente de razón y como consecuencia de ello, es infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Respecto de dicha causal, es pertinente establecer que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Ahora bien, este juzgador considera que no se actualiza la hipótesis contenida en el inciso a) porque en el caso no han desaparecido ni destruido en forma inmediata, total, incondicional y material los efectos del acto reclamado, pues la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno sigue vigente, por lo que no puede considerarse que se le haya restituido a los quejosos en el pleno goce de sus derechos. Respecto del inciso b), debe precisarse que tampoco se actualiza porque no ha sobrevenido un nuevo acto de autoridad que incida en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, pues para ello sería necesario que se hubiera dejado sin efectos el auto de veintiuno de abril del año en curso, lo que no acontece. No es impedimento a lo anterior, que lo argumentado por la tercera en el sentido de que como ya se le adjudicaron los actos reclamados en diversos juicios ejecutivos mercantiles, ello traía como consecuencia la cesación de efectos de la resolución reclamada en el presente juicio de amparo; porque ello no hizo desaparecer ni destruir en forma inmediata, total, incondicional material los efectos del acto reclamado; ni afecta su vigencia ni ejecutividad. Finalmente, toda vez que ninguna de las partes invocó otra causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En una parte de su "único" concepto de violación argumentan los quejosos que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos de firmeza del procedimiento, certeza jurídica y acceso a la jurisdicción previstos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en la parte en que determina no existe impedimento legal alguno para tener por realizada la oposición formulada por la aquí tercero interesada, con fundamento en el artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Lo anterior -argumentan los quejosos- porque la tercera interesada debió impugnar la interlocutoria de tres de noviembre de dos mil veinte, que resolvió la segunda sección del juicio de origen, para plantear cualquier oposición o modificación respecto al estatus legal de los bienes inmuebles que integran el caudal hereditario; y al estimar lo contrario el magistrado transgrede el artículo 95 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, conforme a los cuales, la firmeza del procedimiento es garantía de las partes y por lo mismo todo auto o sentencia que notificada en forma no haya sido recurrido, produce todos sus efectos y para invalidarla, sólo son procedentes los recursos plenamente establecidos. Argumento que es infundado, toda vez que contrario a precisado por los quejosos, la tercera interesada no tenía que impugnar la mencionada interlocutoria; en primer lugar, porque al no ser parte del juicio no le fue notificada dicha resolución; y en segundo lugar, porque si bien se advierte que se enteró de dicho expediente al haber solicitado -mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero del año en curso- se le reconociera el carácter de acreedora, estaba legalmente impedida para impugnar la citada resolución, ya que se insiste, no fue parte del juicio de origen. Aunado a lo anterior, a quien correspondía incluir las deudas mortuorias y hereditarias era al albacea de la sucesión, de conformidad con los artículos 1037, 1039 y 1044 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, pues de haberlo hecho así, la aquí tercera interesada hubiera estado en posibilidad de combatir lo determinado en la segunda sección del juicio sucesorio de origen. De ahí que el magistrado responsable tampoco haya violado el artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, que estipula entre otras cosas, la firmeza del procedimiento. En otra parte de sus conceptos de violación señala la parte quejosa que contrario a lo que determina la responsable, Josefina Irela Ávila Lira, no tiene el carácter de acreedora hereditaria legalmente reconocido y por ende no son aplicables lo artículos en que funda su oposición; ya que dicho carácter se adquiere forzosamente a través de la sentencia interlocutoria que se dicte dentro de la segunda sección del juicio; así como que debió, en toda caso, solicitar la exclusión de los bienes. Motivo de inconformidad que también es infundado, ya que contrario a lo señalado por la quejosa, sí le fue reconocido el carácter de acreedora hereditaria a la aquí tercera interesada en el proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno [acuerdo que fue materia de la apelación], aunado a que, como se determinó en párrafos anteriores, para que dicho carácter le fuera reconocido en la interlocutoria correspondiente a la segunda sección, correspondía a los aquí quejosos incluirla, en el apartado de deuda mortuoria y hereditaria. En ese contexto, también es infundado el concepto de violación en el que señala la parte quejosa que al no haber sido reconocido el carácter de acreedora hereditaria a la aquí tercera interesada en la interlocutoria de la segunda sección, no estaba obligada a impugnar dicho carácter en vía de apelación directa. Ello, porque se reitera, contrario a lo señalado por la parte quejosa, en el proveído de uno de marzo del año en curso, la juez de origen le reconoció el carácter de acreedora hereditaria a Josefina Irela Ávila Lira y como consecuencia de ello, también fue legal que el Magistrado responsable haya aplicado el artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo para tenerla por oponiéndose a la partición, pues tal numeral es claro en establecer que pueden hacerlo los acreedores hereditarios legalmente reconocidos; por lo que al ser Josefina Irela Ávila Lira acreedora hereditaria legalmente reconocida, podía oponerse a la partición. En ese contexto, al haber sido infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo conducente negar el amparo solicitado. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando Ávila Flores, por conducto de su apoderado jurídico Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez y por Martha Patricia Flores Vega, por sí y en cuanto representante legal de su menor hija Paulina Ávila Flores, en contra del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 374/2021. Enseguida el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta al Juez con las documentales ofertadas por la parte quejosa en el escrito de demanda de amparo, así como las que adjuntaron las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado y las anexadas por la parte tercera interesada. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que solo los formuló la parte tercera interesada. El Juez acuerda: Se tiene a la parte tercera con interés del por formulándolos y al resto de las partes les precluye su derecho para hacerlo. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán

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