Martha Patricia Cortes Juarez

Expediente 1414/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1414/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Martha Patricia Cortes Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite en alcance el informe justificado de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora, del estado de autos se advierte que el trece de noviembre del año en curso, el titular de este órgano federal se declaró impedido para conocer de la demanda que originó este asunto, por los motivos expuestos en dicho acuerdo; por tanto, se reserva acordar en cuanto al fondo del informe justificado de cuenta hasta en tanto se resuelva el impedimento planteado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. 1. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo directo civil número 835/2023, promovido por ********************, en contra de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, así como las constancias que integran el toca ********************. Asimismo, se advierte que dicho tribunal de alzada se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo antes mencionada; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro electrónico respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número Ill-1414/2023-AP. 2. IMPEDIMENTO. Ahora bien, específicamente del escrito demanda que dio origen a este asunto, el suscrito Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, manifiesto que me excuso de conocer de este juicio de amparo, por las razones que enseguida se exponen. Inicialmente, debe destacarse que la peticionaria de amparo señaló como autoridad responsable a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a quien le atribuye la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación I-********************. Asimismo, cabe hacer notar que en materia de amparo, el artículo 51 de la ley de la materia, ha establecido diversos supuestos expresos de impedimento, en que se generan conflictos de interés en perjuicio de imparcialidad del juzgador. Uno de los supuestos o causas de impedimento lo constituye el previsto en la fracción VII, del artículo 51, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 51.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VII. Si tuviere amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y; [.]" Es pertinente señalar que el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado en un aspecto por la competencia propia del órgano, y, por el otro, por lo que a la persona del juzgador se refiere; ésta última se encuentra limitada objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez; y, subjetivamente, por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto y/o animadversión, e incluso un interés directo en el negocio, relaciones a las que se les denomina genéricamente impedimentos." Del mismo modo, resulta pertinente indicar que del análisis del invocado precepto de la Ley de Amparo, se advierte que una de las hipótesis normativas que dan lugar a que un funcionario judicial federal deba considerarse impedido para conocer de un juicio de amparo, es que se encuentre en una situación que implique elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Pues bien, la hipótesis destacada se actualiza en el presente caso, ya que se presentan las siguientes circunstancias: l. Tengo una relación de concubinato desde hace varios años con la licenciada ********************, con quien he procreado dos hijos varones, uno de ellos menor de edad; ll. Mi concubina tiene una hermana de nombre ******************** quien se desempaña como Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y quien tiene dos hijos (varón y mujer), uno de ellos menor de edad; lll. Derivado de ese parentesco, la Lic. ******************** fue elegida para ser madrina de bautizo de uno de mis hijos, dado que aun cuando el suscrito no profese la religión católica, la familia de mi concubina sí práctica dicha religión, y se llevan a cabo los eventos que la religión católica reconoce; y, lV. Como resultado de que ambas parejas tenemos hijos los que vienen siendo primos hermanos, y de la participación del sacramento católico de referencia se ha creado desde hace aproximadamente unos dieciocho años una relación de estrecha y manifiesta de amistad, y afecto entre el suscrito y la Lic. ******************** (hermana de mi pareja), participando muy seguido - fines de semana- de actividades sociales propias de la familia, entre otras, convivir ambas familias, recurrir constantemente a lugares públicos de manera conjunta, verbigracia: restaurantes. Bajo esas circunstancias, resulta que la autoridad ordenadora en el presente juicio de amparo, lo es precisamente la Magistrada ******************** profesional de la cual se ha hecho referencia en los puntos anteriores. En ese panorama, el suscrito declara tener amistad estrecha con una de las partes del juicio, la autoridad responsable (ORDENADORA) que señaló la parte quejosa, lo que implica la existencia de elementos que ponen en riesgo su objetividad en la imparcialidad para resolver en cierto sentido. Entonces, en mi opinión se encuentra actualizada dicha causal de impedimento, que someto a calificación de la superioridad. Igualmente, se estima que la excusa tiene como finalidad primordial asegurar la garantía de neutralidad exigida por el numeral 17 constitucional, por lo que inconcuso es que cuando el juzgador reconoce expresamente que su imparcialidad pudiera verse afectada al resolver el asunto, tal aspecto basta para eximirlo, porque el resolutor acepta que no tiene certeza en su fuero interno para analizarlo ecuánimemente, ni para adoptar una decisión judicial imparcial. Orienta tal criterio la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal". En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 54, fracción VII, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a fin de que califique el impedimento legal del suscrito, por lo que ve a la demanda de cuenta. 3. NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. En los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido en el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones personales o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. 4. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS. Con sustento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, etcétera. 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

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