Martha Ortiz Hernandez
Expediente 1272/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1272/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martha Ortiz Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase al Presidente de la Sala Regional del Pacífico - Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del oficio 2607, mediante el cual se le notificó la sentencia de catorce de febrero del año en curso. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 14 de febrero de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1272/2022, promovida por Martha Ortiz Hernández; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Martha Ortiz Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala Regional Pacifico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado de Distrito, en donde se registró con el número 1272/2022 y en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, lo admitió a trámite, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Luego, el catorce de diciembre de dos mil veintidós se reconoció el carácter de tercero interesado a Delegado Estatal de Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por figurar como parte demandada dentro del juicio administrativo de origen. Finalmente, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional con sede en esta ciudad, en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la quejosa a la Sala Regional Pacifico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, en: La resolución pronunciada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de queja interpuesto por la parte actora, por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de la resolución de negativa ficta 997/21-21-01-2-OT, promovido por Martha Ortiz Hernández. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Sala Regional Pacifico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la citada autoridad, consistentes en copia certificada del expediente 997/2021 [constante de un tomo]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que la quejosa no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que la quejosa es la actora en el juicio de nulidad de donde deriva el acto reclamado, respecto de quién se determinó que no existía porcentaje de incremento alguno de su pensión para la anualidad de mil novecientos noventa y nueve, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Por tanto, toda vez que no se hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora, la quejosa en el único concepto de violación aduce esencialmente, que la autoridad responsable vulnera su esfera de derechos, toda vez que, al resolver el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, determinó que en la anualidad de mil novecientos noventa y nueve, no se aplicó ningún incremento en el salario mínimo general. Lo que estima erróneo, en razón que el salario mínimo a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho era de $30.20 y que de la publicación del Diario Oficial de la Federación de dos de diciembre de la citada anualidad, se observaba que a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, se fijó el de $34.45. Concepto de violación que deviene infundado. Para determinar lo anterior, resulta necesario traer a glosa el contenido del Diario Oficial de la Federación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y siete, así como el de dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, de los cuales deriva lo siguiente: Diario oficial de la Federación de 23 de diciembre de mil novecientos noventa y siete "SEGUNDO. Los salarios mínimos generalers que tendrán vigencia a partir del 1o. de enero de 1998 en las áreas geográficas a que se refiere el punto anterior, como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria de trabajo, serán los que se señalan a continuación: Pesos Area geográfica "A" $30.20 Area geográfica "B" $28.00 Area geográfica "C" $ 26.05 Diario Oficial de la Federación de dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho De las imágenes anteriores se observa lo siguiente: Que el salario mínimo a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, era de $30.20 (treinta pesos 20/100). Que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, revisó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, estimando pertinente otorgar un incremento anticipado estableciendo que el general que debían regir a partir del tres de diciembre de la citada anualidad, era de $34.45. De igual forma, que el citado Consejo de Representantes, determinó que el salario mínimo general que tendría vigencia a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, sería el de $34.45. Ahora, de la sentencia definitiva de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se determinó lo siguiente: La situación jurídica respecto del cálculo de los incrementos a la cuota diaria de pensión para cada año, por lo que, el método de incremento aplicable es el establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que estuvo vigente en enero de 1993 [foja 76 vuelta del tomo de pruebas]. Que la pensión otorgada debía incrementarse a partir del año de mil novecientos noventa y nueve, conforme al artículo 57 en comento, ya que los incrementos se daban año con año a partir del 1º, de enero, lo que significaba que, si la pensión se otorgó a partir del 16 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, entonces los incrementos debían comenzar a aplicarse hasta el año siguiente, o sea, en mil novecientos noventa y nueve [foja 77 del tomo de pruebas]. Precisado lo anterior, tenemos que si en la especie se otorgó al quejoso la pensión el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y se ordenó a la autoridad demandada que efectuara su aumento acorde al salario mínimo general vigente para cada año, con la precisión de que dicho incremento se aplicaría obligatoriamente a partir de mil novecientos noventa y nueve; es indudable que la autoridad responsable obró con acierto al considerar que no existía porcentaje de incremento que debiera aplicar para dicha autoridad, en razón de que el salario mínimo en esa anualidad no sufrió variación alguna. Es así, pues si bien es cierto que a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, se fijó como salario mínimo general el de $30.20; también lo es que tuvo un aumento anticipado con efectos a partir del tres de diciembre de la citada anualidad, fijándose el de $34.45; y es el caso que para el año de mil novecientos noventa y nueve, no sufrió incremento alguno, de ahí que no exista aumento que debiera ser aplicado para esta última anualidad como lo pretende la peticionaria. Sin que impida estimar lo anterior la manifestación de la quejosa, en el sentido de que si la autoridad demandada en el oficio 2.11.15.5/1849/2022, al dar cumplimiento a la sentencia, reconoció que en el año de mil novecientos noventa y nueve, el salario mínimo aumentó un 14.07%, y que por ello está obligada a observar y aplicar en la cuota pensionaria dicho porcentaje, lo que debe tenerse como confesión expresa. Se dice de este modo, en virtud de que como se observó en párrafos precedentes, en realidad en la anualidad de mil novecientos noventa y nueve no existió un aumento del salario mínimo, dado que éste se efectuó de manera anticipada desde el tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; por lo que aun y cuando la demandada hubiese aceptado su existencia, es el caso que la quejosa no puede valerse del error de la enjuiciada para obtener un beneficio, sino que debe ajustarse a lo resuelto en sentencia definitiva, en la que se precisó que su pensión debía incrementarse a partir de mil novecientos noventa y nueve, conforme al salario mínimo general vigente para cada año; por lo que se insiste, si este no sufrió aumento en esa data no existe porcentaje de incremento que debiese aplicar. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos por la quejosa y no advertir queja que suplir al tenor de lo dispuesto por el artículo 79 fracción V, de la ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martha Ortiz Hernández, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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