Martha Marcos Mendoza
Expediente 947/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Martha Marcos Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido.Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental.Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la documenta que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación de Tehuacán, Puebla, consistentes en el duplicado de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/TECAMI/006637/2022, de su índice (anexo I); devuélvasele la misma; y requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contados a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente.Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; por lista a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables y al fiscal Federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación de Tehuacán, Puebla, por medio del cual en cumplimiento al auto de veintidós de septiembre pasado, remite el duplicado de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/TECAM-I/006637/2022, de su índice, sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de veintiocho de septiembre de dos ml veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente sumario constitucional. Por otro lado, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las constancias remitidas, que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, se ordena integrarlas en un legajo por separado, y denominarlas anexo I, conservando el folio de origen. Notifíquese por lista a las partes.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ******, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. ALEGATOS Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ****, y, atento a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar. PRUEBA DE LA PARTE QUEJOSA. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la referida quejosa, la documental que anexa a su escrito de cuenta, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, con base en las constancias que remitió la autoridad responsable y al estado que guarda el expediente en que se actúa, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir de oficio que en la especie se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa , señaló como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público del Área de Investigación del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, así como otras autoridades y como acto reclamado, la omisión por parte de las autoridades responsables de entregar el cuerpo o los restos de su hijo, dentro de la indagatoria 6637/2022 del índice de la autoridad responsable. En ese sentido, la autoridad responsable 3. Agente del Ministerio Público del Área de Investigación del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que para corroborar su aseveración, la responsable remitió el oficio 595/2022 dirigido al Juez del Registro Civil de Tecamachalco, Puebla, por el que ordenó el traslado del cuerpo identificado como desconocido 27/2022/TECAMACHALCO; del que se advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -dos de septiembre de dos mil veintidós- aún no había ordenado la devolución del referido cuerpo identificado como desconocido; por tanto, la omisión reclamada se tiene como cierta. Cobra aplicación, por analogía, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes:"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." No obstante lo anterior, con esta fecha la hoy quejosa adjunto al escrito que se provee los oficios 593/2022, 594/2022, 595/2022 y 596/2022 de fechas trece y catorce de septiembre pasado, signados por la Agente del Ministerio Publico Investigador adscrita a la Región Judicial Poniente, con sede en Tehuacán, Puebla -Gilda Guadalupe Becerra Jiménez-, por los cuales se advierte las diligencias tendientes a la devolución del cuerpo identificado como desconocido 27/2022/TECAMACHALCO, quien ahora se sabe que en vida respondió al nombre de Julio Diego Marcos, documentales que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En tales condiciones, como ya se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades responsables de entregar el cuerpo o los restos del hijo de la hoy quejosa Martha Marcos Mendoza, dentro de la indagatoria 6637/2022 del índice de la autoridad responsable; al haberse entregado el mismo a la referida quejosa. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son:"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cuarenta y seis minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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