Martha Jannet Rodríguez Melgoza
Expediente 787/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Martha Jannet Rodríguez Melgoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se sobreseyó y negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 787/2022, promovido por Martha Jannet Rodríguez Melgoza, contra actos del Congreso del estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Martha Jannet Rodríguez Melgoza, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Congreso del estado de Morelos "La sanción, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 94 ter al 94 - ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.". Gobernador Constitucional del estado de Morelos Secretario de Hacienda del Gobierno del estado de Morelos ".se reclama la ilegal recaudación y por ende la devolución del impuesto tildado de inconstitucional. II.- De las autoridades responsables señaladas como ejecutoras se reclama, dentro del ámbito de competencia de cada una la indebida aplicación de los artículos 94 ter al 94 ter-11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. III.- El indebido cobro sobre pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos registrales realizado a la parte quejosa, con motivo de la indebida aplicación de los artículos 94 ter al 94 ter-11 de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos". Subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos Presidenta municipal de Atlatlahuacan, Morelos Tesorero del ayuntamiento de Atlatlahuacan, Morelos SEGUNDO. El veinte de junio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 787/2022, y previa aclaración de demanda, el veintiocho del mismo mes y año, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: 1. Del Congreso y del Gobernador, ambos del estado de Morelos: La sanción, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 94 ter al 94 ter-11, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos. 2. Del Secretario de Hacienda del Gobierno del estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos, Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos, de la Presidenta municipal de Atlatlahuacan, Morelos y del Tesorero del ayuntamiento de Atlatlahuacan, Morelos: La recaudación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos registrales realizado con fundamento en los artículos 94 ter al 94 ter-11, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al respecto, se tiene que el Procurador Fiscal del estado de Morelos, en representación del encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Morelos y del Coordinador de Política de Ingresos de esa dependencia, negó el acto reclamado en razón de que esas autoridades no están facultadas para aplicar o ejecutar impuestos que corresponden a las autoridades municipales. Asimismo, el encargado del despacho de la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos, negó el acto reclamado, debido a que esa dependencia tiene por objeto dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley, deben surtir efectos contra terceros, de manera que no tiene el carácter de ente recaudador. Dicha negativa no fue desvirtuada por la parte quejosa a pesar de que se le dio vista con esos informes para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Por lo anterior, resulta inexistente el acto que se atribuyó a las mencionadas autoridades y por ende, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martha Jannet Rodríguez Melgoza, únicamente por cuanto a los actos reclamados a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Morelos y del Coordinador de Política de Ingresos; así como por el Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o.72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". CUARTO. Certeza de los actos reclamados a las restantes autoridades responsables. Se tiene que las representaciones del Congreso y del Gobernador, ambos del estado de Morelos, aceptaron el acto reclamado. Dicha afirmación se corrobora con base en el contenido de sus informes justificados, por lo que se tienen por ciertos los actos que se atribuyeron a esas autoridades. Por otra parte, la Presidenta municipal y el tesorero, ambos del ayuntamiento de Atlatlahuacan, Morelos, negaron el acto reclamado. Sin embargo, esa negativa se desvirtúa con base en la representación impresa del comprobante fiscal digital por internet que exhibió el quejoso; documental a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. De ese documento, se desprende que la notaría pública número Dos de la Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos -ante la cual se celebró el acto jurídico de compraventa-, retuvo a la quejosa, la cantidad de $87,000.00 (ochenta y siete mil pesos 00/100 m.n.), con motivo del "impuesto por adquisición de bienes inmuebles", previsto en los artículos 94 ter, 122 y 123, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos. Esto debido a la compraventa del bien inmueble descrito en la escritura pública número trescientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta, de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, pasada ante la fe de Hugo Salgado Castañeda, titular de la mencionada notaría. En virtud de lo anterior, debe tenerse por cierto el acto atribuido a las autoridades responsables municipales. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional. 1. Es infundada la causal de improcedencia invocada por el Congreso del estado de Morelos, consistente en la falta de interés de la parte quejosa para reclamar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles En primer término se tiene que el Congreso del estado de Morelos invocó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, por considerar que no se afecta el interés jurídico de la parte quejosa para acudir al juicio de amparo. Dicha causal resulta infundada, pues contrario a lo argumentado por la autoridad responsable, la parte quejosa cuenta con tiene interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo, para reclamar el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En primer lugar, debe acudirse al contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Los preceptos transcritos prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, esa último disposición establece que el quejoso es aquella persona que aduce ser titular de derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto normativo, este órgano jurisdiccional advierte que la quejosa tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo. En efecto, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Así, si se toma en consideración que la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, reclamó el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles previsto en los artículos 94 Ter a 94 Ter 11, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, la parte quejosa sí tiene un interés jurídico para promover el juicio de amparo, el cual en el presente caso se traduce en la facultad que tiene para reclamar el cobro de ese tributo, por considerar que le causa perjuicio en su esfera jurídica. De ahí que se estime infundada la causal de improcedencia invocada por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". 2. Se sobresee en el presente juicio por cuanto al Gobernador del estado de Morelos Dilucidado lo anterior, se tiene que el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del estado de Morelos, en representación del Gobernador del estado de Morelos, sostuvo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que en el escrito de demanda, la parte quejosa no combate por vicios propios el acto de publicación del decreto impugnado. Dicha causal es fundada y para sustentar lo anterior se transcribe el contenido de los preceptos que invoca la responsable, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) VIII. Los conceptos de violación." Del análisis sistemático de los artículos antes transcritos, se desprende que si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación respecto de los actos reclamados, ello traerá consigo la actualización de una causal de improcedencia, ya que si no existen conceptos de violación las personas juzgadoras se encuentran impedidas jurídicamente para hacer pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar porque se considera así, tales afirmaciones, tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar el acto de autoridad combatido, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negarse el amparo." Así como la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INEXISTENCIA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Aun cuando el juzgador se limite a decretar el sobreseimiento del juicio de garantías por considerar que la afectación del predio que se precisa en la demanda, para fines agrarios, no lesiona los intereses jurídicos de los quejosos, perdiendo de vista que, además de la resolución dotatoria, se reclaman los actos de ejecución de la misma por vicios propios, dicho sobreseimiento no irroga ningún agravio a los quejosos en caso de que al mencionar como actos reclamados los relativos a la ejecución incorrecta de la resolución presidencial, los únicos conceptos de violación que hagan valer en la demanda estén enderezados a impugnar dicha resolución, en sí misma, y no los referidos actos de ejecución; motivo por el cual, ante la falta de conceptos de violación, el a quo no está obligado a analizar la constitucionalidad de dichos actos." Y la emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FALTA DE. La falta de conceptos de violación no puede determinar la constitucionalidad de los actos reclamados, que es la conclusión obligada de una negativa de amparo, esencialmente, porque no se ha hecho ni podido hacer, por la deficiencia indicada, el estudio tendiente a definir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. De tal manera, si la acción constitucional fue ejercitada defectuosamente, por falta de conceptos de violación, se está en presencia de la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 116 del mismo ordenamiento, sin que sea atendible la pretensión del quejoso en el sentido de que el Juez debió señalar las omisiones existentes en la demanda, ya que la ley sólo permite las previstas en sus artículos 120 y 146, o sean, las de orden formal, ya que las de orden jurídico como es la relativa a falta de conceptos de violación, sólo pueden ser apreciadas en la sentencia, y precisamente por ello, la Ley de Amparo en la fracción I de su artículo 95 establece el recurso de queja cuando se admita una demanda notoriamente improcedente, sin que obste, que posteriormente, en la sentencia, se admita la improcedencia del juicio por la omisión correspondiente." En ese sentido, de la lectura que se realiza al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa no esgrimió razonamientos jurídicos a fin de combatir la publicación de las disposiciones reclamadas. De ahí que en el presente caso se actualice la causal de improcedencia en estudio. En las relacionadas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio, respecto del Gobernador estado de Morelos, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en las fracción XXIII, del artículo 61, esta última en relación con el diverso artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. 3. El juicio de amparo es improcedente por cuanto al artículo 94-Ter-3, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos El suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del artículo 94 Ter-3, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, debido a que esa norma es de naturaleza heteroaplicativa. Es conveniente el contenido del precepto tildado de inconstitucional, el cual a la letra dice: "ARTÍCULO *94 Ter-3.- Los Municipios, por conducto de las autoridades fiscales, se reservan el derecho de revisar los avalúos que se emitan por la celebración de los actos que grava esta Ley. En consecuencia las autoridades fiscales quedan facultadas para practicar u ordenar se practique avalúo sobre el o los inmuebles materia de los actos debiendo referirlo a la fecha de celebración; este nuevo avalúo deberá ser tomado en cuenta por la autoridad fiscal y prevalecerá sobre los avalúos anteriores y aun sobre el precio pactado en los siguientes casos: A).- Cuando el valor resultante de dicho acto de fiscalización exceda en más de un diez por ciento de aquel o aquellos que hayan servido originalmente para determinar la base gravable de este impuesto, la autoridad fiscal con base en el nuevo avalúo procederá a determinar Ias diferencias del impuesto que resulten. B).- Cuando por el avalúo practicado, ordenado o tomado en consideración por las Autoridades Fiscales, resulten diferencias de impuesto, los fedatarios no serán responsables solidarios por las mismas, siempre y cuando el avalúo original no hubiere sido tramitado por dichos fedatarios". El precepto analizado contempla una facultad discrecional para los municipios, consistente en la revisión de los avalúos que se emitan por la celebración de los actos gravados por esa ley. Para tal efecto, las autoridades fiscales se encuentran facultadas para practicar u ordenar se practique avalúo sobre el o los inmuebles materia de los actos. Ese nuevo avalúo deberá ser tomado en cuenta por la autoridad fiscal y prevalecerá sobre los avalúos anteriores y aun sobre el precio pactado en los siguientes casos: Cuando el valor resultante de dicho acto de fiscalización exceda en más de un diez por ciento de aquel o aquellos que hayan servido originalmente para determinar la base gravable de este impuesto, la autoridad fiscal con base en el nuevo avalúo procederá a determinar Ias diferencias del impuesto que resulten. Cuando por el avalúo practicado, ordenado o tomado en consideración por las Autoridades Fiscales, resulten diferencias de impuesto, los fedatarios no serán responsables solidarios por las mismas, siempre y cuando el avalúo original no hubiere sido tramitado por dichos fedatarios. Al analizar el contenido del artículo mencionado, resulta indudable que se trata en la especie de una ley heteroaplicativa y no de una autoaplicativa, por lo siguiente. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa es que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza. Ahora bien, el precepto en estudio no constituye una disposición autoaplicativa porque no obligan al quejoso, por su sola entrada en vigor, a hacer o dejar de hacer, ni le causan perjuicio en forma inmediata, ya que para que se actualice ese supuesto se requiere que las autoridades fiscales ordenen la práctica de un avalúo sobre el o los inmuebles materia de los actos; y que ese nuevo avalúo sea tomado en cuenta por la autoridad fiscal y prevalezca sobre los avalúos anteriores y aun sobre el precio pactado en los casos ahí previstos. En ese orden de ideas, al establecer que se trata de una ley heteroaplicativa y no de una autoaplicativa como lo estima la quejosa, es necesario que se dé un acto de aplicación posterior a la entrada en vigor de la ley -individualización-, con las condiciones antes señaladas para que en el caso resulte obligatoria al quejoso. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Las consideraciones anteriores encuentran soporte en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". En ese sentido, el supuesto contenido en el artículo 94 Ter-3, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, no surge en forma automática con su sola entrada en vigor o con el solo hecho de encontrarse prevista en un ordenamiento, sino que se requiere, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, que en el caso es el ejercicio de la facultad de comprobación ahí prevista. Por tal motivo, el artículo reclamado no causa afectación a los intereses jurídicos de la quejosa. Con base en lo anterior, se refuerzan las consideraciones en el sentido de que la ley reclamada en este juicio requiere de un acto de aplicación para poder ser impugnada. En consecuencia, ante la inexistencia del primer acto de aplicación del artículo impugnado, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Del precepto anterior se destaca que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando, de las constancias de autos, no se demostrara la existencia del acto reclamado. Por tal motivo, al no existir acto de aplicación respecto de las normas reclamadas, procede el sobreseimiento en el presente juicio respecto del artículo 94 Ter-3, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 71/2000, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En consecuencia, al no existir alguna otra causal de improcedencia y sobreseimiento que hubiere sido invocada por las partes, ni tampoco que se advierta de oficio, este órgano jurisdiccional procede al estudio y análisis de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Es importante mencionar que, para el estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Sin perjuicio de lo anterior, se considera que, para un mejor entendimiento de este asunto, debe realizarse una síntesis de los conceptos de violación expuestos en la demanda, a fin de proceder, posteriormente al estudio y análisis respectivo. 1. Síntesis del concepto de violación Primero. Considera que el impuesto sobre adquisición de inmuebles contenido en la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, viola el principio de legalidad tributaria, debido a que no prevé la base gravable para su determinación. Expone que se somete al ciudadano a un procedimiento administrativo, a efecto de determinar la base del impuesto, pues si bien el artículo 94-Ter de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos indica que el impuesto se calculará aplicando la tasa del dos por ciento al valor del inmueble, y el artículo 94 Ter-2 prescribe los tres valores posibles entre los cuales se elegirá el más alto, lo cierto es que ninguno de ellos garantiza certeza al ciudadano en el cálculo e individualización de sus obligaciones considerando las facultades otorgadas a la autoridad en el artículo 94 Ter-3. Aduce que la "reserva de derechos" prevista para las autoridades municipales, en el artículo 94 Ter-3, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, es una facultad inconstitucional que puede ser ejercicio de forma arbitraria. Esto, debido a que no limita los casos específicos para su ejercicio, aunado a que puede ordenar el pago del tributo con base en la rectificación que resulte de su revisión, misma que no contempla principios, parámetros, método o sistema de reglas generales que deba usar la autoridad recaudadora en su proceso de revisión. Segundo. Refiere que el decreto 952 que contiene la adición de los artículos 94 ter al 94 ter-11, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos violan el principio de legalidad tributaria. Sobre todo porque el artículo 94 ter-2, de la mencionada ley, establece que las tesorerías municipales deberán publicar las reglas para la práctica de avalúos, pero actualmente no existen. Esto se traduce en la falta de uno de los elementos de la contribución consistente en la base gravable. En virtud de lo anterior, considera que no puede tomarse en cuenta el avalúo del inmueble presentado para la compraventa, como base para el impuesto reclamado. Por otro lado, expresa que no se sabe a ciencia cierta quién debe pagar el impuesto, ya que el artículo 94 Ter de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, establece que será quien adquiera el inmueble dentro del municipio y por otro lado, el diverso 91 Ter-1, del mismo ordenamiento, contempla que será aplicable a todos los actos por los que se transmita la propiedad, por lo que considera que no se encuentra claramente determinado el objeto. Tercero. Reitera que los artículos 94 Ter-2 y 94 Ter-3, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, son inconstitucionales, debido a que no se han publicado las reglas correspondientes para la práctica de avalúos, lo que se traduce en que el elemento de la base no se encuentre integrado, y viola el principio de legalidad tributaria. Por otra parte, el ordenar que la autoridad municipal practique un avalúo, no se ajusta a los mecanismos técnicos establecidos para que pueda aplicarse el artículo 94 Ter-3 de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos. 2. Estudio de los conceptos de violación De la síntesis anterior se advierte que la parte quejosa controvierte tres cuestiones sustanciales relacionadas con el impuesto reclamado: La supuesta falta de la base gravable para determinación del impuesto reclamado. La inexistencia de las reglas para la práctica de avalúos, que debía establecer la tesorería municipal. La supuesta indeterminación del sujeto del tributo. En ese sentido, el suscrito analizará los motivos de disenso expuestos por el quejoso, en el orden anterior. 2.1. Sí existe una base gravable para el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles Son infundados los argumentos de la parte quejosa consistentes en la falta de la base gravable relacionada con el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, pues, contrario a lo argumentado en su escrito de demanda, el Congreso local estableció un sistema de determinación alternativa de la base gravable del impuesto en cuestión. Para un mejor entendimiento del presente asunto, se considera pertinente transcribir el contenido de los artículos 94 Ter y 94 Ter-2, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo *94 Ter.- Son sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las Construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento". "ARTÍCULO *94 Ter-2.- El valor del inmueble que se considerará para los efectos del artículo 94 Ter de esta Ley, será el que resulte más alto de entre el valor de la adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. En la determinación del valor del inmueble, se incluirá el valor de Construcciones que en su caso tenga, independientemente de los derechos que sobre éstas tengan terceras personas. Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará sobre el valor más alto entre el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. Las Tesorerías Municipales, establecerán las reglas de carácter general para práctica de avalúos. Para los efectos de este impuesto, los avalúos que se emitan tendrán vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha que se realicen. No producirán efectos fiscales los avalúos que no reúnan los requisitos a que refiere este artículo". De la transcripción anterior, se advierten tres de los elementos esenciales del tributo: Sujetos: las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones en su caso, ubicados en el municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esa Ley se refiere. Base: el valor más alto del inmueble determinado ya sea, por la adquisición, el valor catastral o el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará sobre el valor más alto entre el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada Tasa: dos por ciento. Particularmente, respecto de la base gravable, la parte quejosa considera que es inconstitucional, porque no se da certeza a las personas gobernadas respecto de cuál de los tres supuestos será utilizado para la determinación del cálculo del impuesto a pagar. Sin embargo, ese argumento es infundado, debido a que el Congreso local estableció un mecanismo para la determinación de la base gravable a partir de tres factores: el valor de la adquisición, el valor catastral o el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. El que resulte más alto de esos tres valores, será la base gravable del tributo. Dicho principio es acorde a la legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución general. Conforme a dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes -órganos legislativos-, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Por lo tanto, si la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, estableció los supuestos de determinación de la base gravable, es claro que el tributo impugnado no resulta inconstitucional, pues, en todo caso, la autoridad únicamente aplicó las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad, al caso concreto de la causante quejosa. Asimismo, el suscrito no advierte que la redacción del artículo 94 Ter-2, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos dé un margen a la autoridad para actuar de forma arbitraria, ni tampoco se trata de un impuesto imprevisible, dado que las personas contribuyentes saben con antelación, la forma en cómo se determinará esa contribución. La decisión anterior es acorde a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida". 2.2. La inexistencia de las reglas de carácter general para la práctica de avalúos que debe emitir la el tesorero responsable no afecta el elemento de la base del tributo reclamado Es infundado que la inexistencia de las reglas de carácter general para la práctica de avalúos, cuya emisión corresponde al tesorero responsable impacte en la base del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos. Conviene citar el último párrafo del artículo 94 Ter-2, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, que dice: "ARTÍCULO 94 Ter-2.- [.] Las Tesorerías Municipales, establecerán las reglas de carácter general para práctica de avalúos. Para los efectos de este impuesto, los avalúos que se emitan tendrán vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha que se realicen. No producirán efectos fiscales los avalúos que no reúnan los requisitos a que refiere este artículo". El precepto citado dispone que las tesorerías municipales deben establecer las reglas de carácter general para práctica de avalúos. Ahora, si bien hasta la fecha del presente engrose no existen las mencionadas reglas para la práctica de los avalúos, esto no impacta en la base del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Como se precisó en líneas anteriores, la base del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles -valor del inmueble-, será el que resulte más alto de entre el valor de la adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. En consecuencia, ante la inexistencia de las mencionadas reglas que establecen las características de los avalúos, la determinación de la base de la contribución será aquella que libremente determine la o el perito en la materia, al tratarse de parámetros generales que se fundamentan, en esencia, en la objetividad del método, atendiendo al desarrollo económico, social y urbano que vive el Estado de Morelos, y sustentados en análisis exhaustivos de las características particulares del objeto del tributo, así como a las relaciones numéricas y factores de homologación necesarios para establecer el valor del terreno y construcción del inmueble de que se trate; sin que hasta este momento, se aprecie que esos avalúos deban cumplir con algún requisito específico para su validez. De ahí que la falta de las reglas que debe emitir la tesorería municipal no cause afectación alguna a la base del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Para robustecer lo anterior, se invoca por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 85/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO SISTEMA DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO EL AVALÚO PRACTICADO POR LA AUTORIDAD FISCAL O POR PERSONAS REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR ELLA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LEGALIDAD. De lo dispuesto en el numeral de referencia se advierte que el legislador estableció un sistema de determinación alternativa de la base gravable del gravamen en cuestión, en el que se prevé que el valor del inmueble que se considerará para tal efecto será el que resulte más alto entre el valor de la adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 del mismo ordenamiento jurídico o el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por ella; ahora bien, el avalúo constituye un método que no viola el principio tributario de legalidad, en atención a que en debida observancia a dicho principio, aquello que está reservado a la ley son los diferentes métodos para la fijación de la base gravable del impuesto, misma que conforma el eje sustancial en la cuantificación de la obligación tributaria, no obstante es jurídicamente válido que una vez predeterminado en la ley el método a utilizar, se deposite en la letra de menor jerarquía normativa emitidos por la autoridad fiscal los criterios, principios y procedimientos que sean más idóneos para medir la base, tomando en cuenta aspectos técnicos, especializados, datos y factores económicos, entre otros, que incidan en aquélla en virtud del lugar y momento en que se lleve a cabo el hecho imponible de la contribución, toda vez que por virtud de la naturaleza y dinámica de estos aspectos, requieren de una actualización permanente y conocimiento de las circunstancias que operan en el mercado inmobiliario; además, el hecho de que el Código Financiero del Distrito Federal encomiende la elaboración del manual de valuación y los lineamientos técnicos a la autoridad fiscal no implica, por sí mismo, que quede al arbitrio de ésta la determinación de la base del tributo, ya que aquéllos se realizan por peritos en la materia y deben ser observados por los entes públicos locales y cualquier otra persona autorizada o registrada para realizar los avalúos, al tratarse de parámetros generales que se fundamentan en esencia, en la objetividad del método, atendiendo al desarrollo económico, social y urbano que vive la Ciudad de México y sustentados en análisis exhaustivos de las características particulares del objeto del tributo, así como a las relaciones numéricas y factores de homologación necesarios para establecer, el valor del terreno y construcción del inmueble de que se trate, luego, la debida observancia de las directrices de mérito, incluso impiden la actuación arbitraria de la autoridad y, por ende, generan certidumbre al gobernado sobre los elementos que inciden en la cuantificación del hecho imponible que se realice bajo este método de determinación". 2.3. El sujeto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles se encuentra determinado por la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos Finalmente, se procede al análisis del argumento de la parte quejosa, dirigido a cuestionar la indeterminación del sujeto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Tal razonamiento resulta infundado, pues, contrario a lo argüido por la quejosa, la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, sí prevé quién es el sujeto de la contribución que se combate. Para ejemplificar lo anterior, se invoca de nueva cuenta el artículo 94 Ter, del ordenamiento en comento, que establece: "Artículo *94 Ter.- Son sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las Construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento". El artículo anterior claramente dispone que el sujeto obligado al pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles será la persona física y moral que adquiera inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esa ley se refiere. Sin embargo, la parte quejosa confunde al sujeto de la contribución con el objeto de la misma, es decir, los actos jurídicos que causan esa contribución, los cuales se encuentran catalogados en el diverso 94 Ter-1, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos; precepto que a continuación se transcribe para pronta referencia: ARTÍCULO *94 Ter-1.- Para los efectos de esta Sección, se entiende por adquisición la que se derive de: I.- Todos los actos por los que se trasmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte, la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; II.- La compraventa en la que el comprador se reserve la nuda propiedad, aun cuando la trasferencia de ésta opere con posterioridad; III.- La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias; IV.- La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente; V.- Fusión de sociedades; VI.- La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie, remates, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; VII.- Transmitir la nuda propiedad; VIII.- La que se derive de toda resolución judicial o administrativa de adjudicación de inmuebles; IX.- La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, así como la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios; X.- Las que se realizan a través del Fideicomiso, en los siguientes casos: a).- En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. b).- En el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos: a).- En el acto en que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. b).- En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos aún si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados de participación se considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales títulos. XI.- Toda adquisición por arrendamiento financiero; XII.- La extinción de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal por la parte que se adquiere en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge; y XIII.- La celebración del contrato de permuta, en cuyo caso se considerará que se efectúan dos Adquisiciones". El precepto anterior establece todos los supuestos que causan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles sin que de ninguna forma se prevea a un sujeto que deba pagarlo, distinto al previsto en el artículo 94 Ter de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos. De ahí que sea infundado el agravio en estudio. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justifica federal solicitado, y por tanto, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto promovido por Martha Jannet Rodríguez Melgoza, respecto de los actos y autoridades, y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Martha Jannet Rodríguez Melgoza, por los motivos y fundamentos razonados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Marisela Cruz Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de agosto de dos mil veintidós Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Procurador Fiscal del Estado de Morelos, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Presidenta y la Tesorera del Municipio de Atlatlahucan, Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por formuladas las causales de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer las autoridades oficiantes, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indican, por ser el oficial en el que residen dichas autoridades. Se tiene por señalada la dirección de correo electrónico y el número telefónico que proporciona la autoridad responsable como medio extraordinarios de comunicación, dado que este juzgado debe tomar las medidas necesarias a efecto de reducir el riesgo de contagio del virus SARS-Cov2 (COVID-19), en estricta observancia a lo dispuesto en el Acuerdo General 22/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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