Martha Ibarra Martínez

Expediente 1568/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 53 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1568/2022
Año
2022
Actuaciones
53
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Vicente Leal Segura
  • Martha Ibarra Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 53.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la boleta de turno, remitida por correo electrónico, a través de la cual la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en el Estado de Morelos, informa que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en autos, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento y queda en espera de la resolución que emita la superioridad respecto la admisión o desechamiento del medio de impugnación intentado. Notifíquese. Así lo acordó Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa Martha Ibarra Martínez; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que el pasado treinta de octubre de este año, se ordenó notificar a las autoridades Titular de la Subgerencia de Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos y al Titular de la Gerencia de Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, el proveído por el cual se admitió el recurso de revisión interpuesto con el fin de que, una vez que se cuenten con las constancias de notificación, se remitirá el medio de impugnación aludido al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito que por turno corresponda. Notifíquese. Así lo acordó Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Glósense a los autos dos sobres devueltos por el Servicio Postal Mexicano, dirigidos al Titular de la Subgerencia de Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos y al Titular de la Gerencia de Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, que contienen los oficios 24255/2023 y 24256/2023, respectivamente, para notificar la sentencia de seis de septiembre de este año, por los motivos que expone. Por otra parte, de los autos se advierte que tales autoridades señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones los usuarios del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación "********************" y "********************". Por lo tanto, con el fin de evitar dilaciones innecesarias, notifíquese por cualquiera de dichos medios digitales a las autoridades en comento, la resolución en comento así como la diversas de veintiséis de septiembre de este año, en la cual se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión. Precisando que el escrito relativo a dicho medio de impugnación se encuentra su disposición en el expediente electrónico de este juicio de amparo al cual tienen acceso con anterioridad. Lo anterior, para estar en aptitud de dar trámite a los recursos de revisión interpuestos. Notifíquese vía electrónica a las autoridades responsables mencionadas por conducto de los usuarios del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ********************" y "********************". Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LAS AUTORIDADES TITULAR DE LA SUBDELEGACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y AL TITULAR DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS DE PETROLEOS MEXICANOS LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES: VISTO para resolver el juicio de amparo 1568/2022, promovido por ********************,********************y ********************, contra actos de Petróleos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************,********************y ********************, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Acto reclamado: Petróleos Mexicanos. Pemex Logística. Gerencia de Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos. Sub Gerencia de Servicios Médicos Subrogados de Petróleos Mexicanos. Todas estas autoridades con sede en la Ciudad de México. Superintendente de la Terminal de Almacenamiento y Reparto. Supervisor Médico Sectorial Zona Sur. Estas dos autoridades con sede en el "Parque Industrial Cuautla", del Municipio de Ayala, Morelos. ".la negativa de las autoridades responsables Petróleos Mexicanos, Pemex Logística; Gerencia de Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos; Subgerencia de Servicios Médicos Subrogados de Petróleos Mexicanos; Superintendente de la Terminal de Almacenamiento y Reparto y del Supervisor Médico Sectorial Zona Sur, a continuar con la contratación de un servicio médico subrogado que incluyera los servicios de laboratorio, radiografía, ultrasonografía, servicio médico de urgencias, un hospital para ser intervenidos en caso de emergencia, servicio de farmacia y las diversas especialidades médicas, en la ciudad de Cuautla, Morelos, como había sido otorgado hasta diciembre de dos mil veintiuno, pues les han informado que para recibir ese servicio médico integral, deberán trasladarse a la ciudad de Cuernavaca o la de México..." SEGUNDO. El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito radicó el asunto con el número 1568/2022 y desechó la demanda. Inconformes los quejosos con esa determinación, interpusieron recurso de queja del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien por resolución de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el toca 474/2022, resolvió declarar fundado dicho medio de impugnación, En auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la resolución de la Superioridad, este Órgano Jurisdiccional admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se precisaron los fundamentos y los motivos por los cuales no era procedente tener como terceros interesados a los propuestos por los quejosos en su demanda de amparo. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Tocante a la temporalidad en que se promovió la acción constitucional, cabe destacar que la negativa u omisión de brindar el servicio médico subrogado a los quejosos se da de momento a momento, por lo que se estima presentada conforme al plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la negativa de las autoridades responsables Petróleos Mexicanos, Pemex Logística, Gerencia de Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, Subgerencia de Servicios Médicos Subrogados de Petróleos Mexicanos, Superintendente de la Terminal de Almacenamiento y Reparto y Supervisor Médico Sectorial Zona Sur, a continuar con la contratación de un servicio médico subrogado que incluya los servicios de laboratorio, radiografía, ultrasonografía, servicio médico de urgencias, un hospital para ser intervenidos en caso de emergencia, servicio de farmacia y las diversas especialidades médicas, en la ciudad de Cuautla, Morelos, como había sido otorgado hasta diciembre de dos mil veintiuno, pues les han informado que para recibir ese servicio médico integral, deberán trasladarse a la ciudad de Cuernavaca o la de México. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las siguientes autoridades responsables rindieron su informe justificado: ? El Gerente Jurídico Región Pacífico Bajío de Petróleos Mexicanos, en representación del Director General de Petróleos Mexicanos. ? El titular de la Gerencia de Servicios Médicos. ? El Gerente Jurídico Región Pacífico Bajío de Petróleos Mexicanos, en representación del Director General de Pemex Logística. ? El Titular de la Subgerencia de Servicios Médicos Subrogados. ? El Supervisor Médico Sector Cuernavaca. Dichas autoridades rendir el informe justificado negaron el acto reclamado y remitieron constancias de donde se advierte la forma en que se han coordinado para brindar atención médica a los quejosos, que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a dichas autoridades. Soporta la consideración precedente, la tesis de rubro y texto, siguiente: "acto reclamado, existencia del. debe tenerse por cierta, aun cuando la nieguen las autoridades responsables, si del informe resulta lo contrario. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis de rubro y texto siguientes: "acto reclamado. debe tenerse por cierto cuando la autoridad en su informe lo niega, y a continuación hace manifestaciones que evidencian su certeza. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." El Superintendente de la Terminal de Almacenamiento y Reparto, con sede en el "Parque Industrial Cuautla", del Municipio de Ayala, Morelos, omitió rendir su informe justificado, no obstante estar notificado del auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, según constancia de notificación que obra en autos; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Asiste razón a las autoridades responsables que rindieron su informe justificado, cuando estiman actualizada la causa de improcedencia relativa a que no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. En la especie, se advierte que se actualiza la citada causa de improcedencia que se obtiene de los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el numeral 103, fracción I, de la Constitución Federal, lo cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. [.]" De los citados preceptos se aprecia que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional de los actos del poder público, que se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a la Constitución Federal, así como a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de manera que a través de éste sólo se pueden reclamar actos u omisiones que provengan de "autoridad". El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación, que son aquéllas que están entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, y que se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, en contraposición a las relaciones de coordinación, que son las que se dan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias que se susciten entre ellos. Tales consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 2ª/J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto cita: "autoridad para los efectos del juicio de amparo. notas distintivas. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo -tres de abril de dos mil trece- para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un organismo del Estado, con independencia de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que le confiera una norma jurídica, u omita hacerlo; y, c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Precisado lo anterior, en la especie los quejosos acuden solicitando la protección constitucional como jubilados de Petróleos Mexicanos, exigiendo de dicha autoridad y otras, la omisión de contratar un servicio médico subrogado que incluya los servicios de laboratorio, radiografía, ultrasonografía, servicio médico de urgencias, un hospital para ser intervenidos en caso de emergencia, servicio de farmacia y las diversas especialidades médicas, en la ciudad de Cuautla, Morelos, para brindar a los quejosos un servicio médico integral en el lugar donde residen. Sin embargo, tales autoridades no pueden considerarse como responsables para efectos del juicio de amparo, pues las omisiones en la prestación del servicio médico atribuidas no tienen las características de actos de autoridad, pues se advierte que tal prestación es de índole laboral, no obstante la calidad de jubilados que ostentan los quejosos, pues de acuerdo al capítulo XIV, intitulado "Servicios Médicos" del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los quejosos cuentan con la protección de seguridad social prestada por Petróleos Mexicanos. En ese sentido, la omisión reclamada por los quejosos, a juicio de este órgano jurisdiccional, se refiere a un conflicto derivado de una prestación laboral de seguridad social por violación al contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en la que Petróleos Mexicanos actúa como ente asegurador de los quejosos, y el resto como auxiliares en la prestación de dichos servicios médicos y no como autoridades que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, derivado de las facultades que les confieren las normas. Por lo anterior, resulta válido concluir que en contra del acto de que se duelen los quejosos, no procede el juicio constitucional, ya que no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, toda vez que la omisión reclamada no se encuentra investida de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad, de manera que como ente asegurador, no está revestido de imperio. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados corresponden al ámbito competencial de los Tribunales Laborales de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal y el diverso 899-A de la Ley Federal del Trabajo vigente. Circunstancias que revelan la concurrencia en el particular de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como con el numeral 103, fracción I, de la Constitución Federal. Se estima aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la tesis aislada I.6° T.26 L, del rubro y texto siguientes: "autoridades responsables para los efectos del amparo, no lo son los órganos o funcionarios de las dependencias del estado cuando actúan como patrones. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Sin que sea óbice a lo que antecede, los argumentos esgrimidos en la demanda en los que se aduce que Petróleos Mexicanos, como empresa productiva del Estado y propiedad exclusiva del gobierno, es autoridad para efectos del juicio de amparo; por lo tanto, en su carácter de autoridades responsables han llevado a cabo actos de autoridad que violan los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1° y 4º constitucionales; máxime que los quejosos pertenecen a un grupo vulnerable al ser mayores de edad. Se afirma ello, pues cuando una empresa productiva del Estado no obra en ejercicio de sus atribuciones propias de orden público, las cuales están revestidas de imperio y obligatoriedad, sino como persona moral de derecho privado, esto es, un simple particular, sus actos no son reparables por medio del juicio de amparo, sino por la aplicación de leyes comunes que interprete y aplique la autoridad judicial competente. Por tanto, al tratarse de un vínculo como pensionado derivado de la relación laboral que hubo entre patrón (PEMEX) y trabajador (quejoso), resulta inconcuso que las partes se encuentran en una relación de coordinación, misma que se establece entre particulares o entre una autoridad y un particular que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que, para resolver las controversias suscitadas entre éstos, las normas generales establecen procedimientos ordinarios, tal como el juicio laboral, al que en su caso pueden acudir los aquí quejosos. Incluso los quejosos sustenta motivos de disenso en el incumplimiento a cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, lo que pone de manifiesto que se trata de una relación de coordinación; lo anterior se muestra en la siguiente transcripción obtenida del capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo: ".pero a los jubilados de petróleos mexicanos y de Pemex logística, en este caso la hoy y los hoy quejosos, únicamente estamos inscritos en el censo médico de las hoy autoridades responsables, y es esta la que tiene la obligación de respetarnos el derecho a la protección de la salud, y así se establece en la Cláusula 135 del Contrato Colectivo que rige las relaciones laborales entre PETRÓLEOS MEXICANOS y sus trabajadores, que entre otras cosas mandada que 'El Patrón se obliga a que el incremento anual en el importe de las pensiones de los jubilados sea el índice de precios al consumidor hasta el incremento que se otorgue a los activos. ........... b) Atención médica y medicinas para él y sus derechohabientes.' Por otro lado en la Cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo, dispone que: '.patrón y sindicato convienen, conforme a las estipulaciones de este contrato, en prevenir mediante las medidas adecuadas, la pérdida de la salud, así como conservarla y mejorarla. En el caso de enfermedades y accidentes ordinarios, así como riesgos de trabajo, tratándose de trabajadores jubilados o derecho-habientes de ambos, el patrón proporcionará atención médica integral oportuna eficiente y humanitaria en los términos de este contrato, con todos los elementos médicos-quirúrgicos y terapéuticos que la ciencia indique, agotando todos los recursos de que disponga el medio científico, a fin de lograr la recuperación del enfermo y la rehabilitación laboral de los trabajadores. El patrón proporcionará el servicio médico integral oportuno empleando personal técnico competente, instalaciones, equipo y recursos terapéuticos de la mejor calidad, en las dependencias de que disponga directamente como regla general y optará por los servicios subrogados cuando las necesidades técnico asistenciales así lo justifiquen, informando oportunamente al Sindicato por escrito de la designación de tales servicios.' En el caso concreto, a pesar de tener derecho al goce del derecho fundamental de acceso a la protección de la salud, y de estar garantizado este derecho, las hoy autoridades responsables, nos han privado en forma arbitraria de este derecho, sin razón ni fundamento legal alguno, violentando con ello. el contrato colectivo de trabajo. celebrado entre Petróleos Mexicanos y sus Empresas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y a pesar de que las hoy autoridades responsables saben de éstas disposiciones y están conscientes de que su proceder es arbitrario y violatorio de los derechos humanos, siguen siendo omisas al negarnos el acceso a los servicios médicos en su totalidad." Se estima aplicable la jurisprudencia III.4° T. J/3, del rubro y texto siguientes: "autoridad para efectos del amparo. no tiene ese carácter el ente de la administración pública o el organismo público descentralizado que es omiso en el pago del salario o que incumple prestaciones de índole laboral, al actuar como patrón en una relación de coordinación. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Por otra parte, no es obstáculo a la anterior determinación que el tema planteado en cuanto al fondo de la litis constitucional se relacione con el derecho a la salud, pues, además de que los quejosos tienen expeditos sus derechos para hacerlos valer mediante la vía laboral correspondiente, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo la litis no constituye, en sí mismo, una violación al derecho de acceso a la justicia, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas, las que se encuentran establecidas por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas. Es orientativa de la conclusión anotada la jurisprudencia 1ª/J. 22/2014, del rubro y texto siguientes: "derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación de aquél. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Si bien, a virtud de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, todas las autoridades están constreñidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en específico, los órganos jurisdiccionales deben preferir la aplicación más favorable a los derechos de los particulares, eso no implica que los argumentos propuestos por las partes automáticamente deban resolverse conforme a sus intereses o permita la inobservancia de los requisitos de procedencia. Tiene exacta aplicación la jurisprudencia 1ª/J. 104/2013, que indica: "principio pro persona. de éste no deriva necesariamente que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª/J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.', reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." De tal guisa que, si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el dos mil once implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, tal circunstancia no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas. En efecto, el Alto Tribunal concluyó que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre jurídica para los propios destinatarios de ese ejercicio. Las consideraciones en cita dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2ª/J. 56/2014, que se transcribe: "principio de interpretación más favorable a la persona. su cumplimiento no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales, al ejercer su función, dejen de observar los diversos principios y restricciones que prevé la norma fundamental. Si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Por lo hasta aquí señalado se estima que en el caso se estima que se actualiza la causal de improcedencia estudiada, y por ende la hipótesis de sobreseimiento contemplada en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, precepto que literalmente establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En virtud de lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************,********************y ********************, respecto del acto y contra las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy seis de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el escrito firmado por Martha Ibarra Martínez, representante común de los quejosos, y el diverso quejoso Luis Lino Guevara Sepúlveda, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el escrito firmado electrónicamente por la delegada de las autoridades responsables, por medio del cual interpone recurso de revisión adhesiva. Al respecto, una vez que se remita el recurso de revisión interpuesto por los quejosos, envíese copia del escrito de cuenta con su evidencia criptográfica, a la Superioridad, para que determine lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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