Martha Ivette Martínez Muñoz
Expediente 1086/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Martha Ivette Martínez Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, delegado de las responsables Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y Subdirección del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros del citado instituto, mediante el cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, en atención al contenido del oficio de cuenta, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga a la autoridad responsable, por lo tanto, requiérase a la Subdirección del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros y al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, para que en el término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que queden legalmente notificados del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, siguiendo los lineamientos en ella establecidos. Se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de ser omisas y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó el incidente de suspensión, y toda vez que se negó de manera definitiva la medida cautelar, procédase a su destrucción, a partir de que se cumpla con la temporalidad señalada en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mientras ello ocurre glósese dicho cuaderno al expediente principal del que deriva. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos la boleta de turno remitida por la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa que el incidente de inejecución planteado en el juicio de amparo 610/2019, fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta Ciudad; al respecto téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1086/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Martha Ivette Martínez Muñoz, por propio derecho, reclama del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, Titular de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales a Través de la Subdirección del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y Titular de la Subdirección del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, la omisión de dar trámite al recurso de reconsideración en contra de la resolución administrativa de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de cuatro de agosto del dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. La autoridad responsable Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, al rendir su respectivo informe previo negó la existencia del acto que se le reclama. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Segundo. Las autoridades responsables Titular de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales a Través de la Subdirección del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y Titular de la Subdirección del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Estudio sobre el otorgamiento de la suspensión: La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que ".Se suspenda la ejecución de los actos que podrían llevar a una imposible reparación por emisiones de actos posteriores, para con ello asegurar la materia del presente juicio federal, toda vez que la continuación de los actos administrativos derivados de la convocatoria implicaría un perjuicio de imposible reparación, lo anterior con la intención de poder mantener la materia del presente asunto hasta la determinación que emita este H. Juzgado Federal." En ese sentido, procede verificar si se otorga o no la providencia suspensiva solicitada. Primero, resulta importante destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, en conservar la materia de la litis y evitar a la parte quejosa la materialización de daños irreparables. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados éstos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables a la parte quejosa está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, el cual en esencia establece lo siguiente: a) El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados. b) El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar: 1. El perjuicio del interés social. 2. La contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora Es decir, a la posibilidad que tiene la parte quejosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. Ahora bien, por cuanto a la suspensión solicitada para el efecto de que ".Se suspenda la ejecución de los actos que podrían llevar a una imposible reparación por emisiones de actos posteriores, para con ello asegurar la materia del presente juicio federal, toda vez que la continuación de los actos administrativos derivados de la convocatoria implicaría un perjuicio de imposible reparación, lo anterior con la intención de poder mantener la materia del presente asunto hasta la determinación que emita este H. Juzgado Federal." En ese sentido, el artículo 108 de la Ley de Amparo el cual impone a la parte quejosa el deber de precisar los actos reclamados en el juicio, así como las autoridades a quienes se les atribuyen esos actos. Sin que ello implique que la parte quejosa precise el efecto para el cual pide la medida, pues ninguno de los citados preceptos o alguno otro le imponen el deber de así hacerlo. Por el contrario, sólo le reconocen el derecho de solicitar la medida en cualquier momento con la única condición de que no exista sentencia definitiva (firme) en el amparo. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Sin embargo, esta atribución tiene como limitante que los juzgados de amparo no podrán introducir actos distintos de aquellos que constituyen la materia del reclamo en el amparo, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Desde esa óptica, se tiene que la parte quejosa reclamó la omisión de dar trámite al recurso de reconsideración en contra de la resolución administrativa de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés. No obstante, en el capítulo de suspensión la parte quejosa solicitó esa medida para un efecto distinto como se precisó anteriormente. Por tanto, es inconcuso que los efectos para los cuales se solicitó la suspensión definitiva no constituye la materia de reclamo en el amparo, y por ende, este juzgador no puede conceder dicha medida para los efectos que solicita la parte promovente. Esto es acorde a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2018, en la que en su parte conducente se sostuvo lo siguiente: ".Además, cabe precisar que el hecho de que al proveer sobre la suspensión, el juzgador pueda ocuparse de efectos distintos a los solicitados por el quejoso, no implica que puedan introducirse a la Litis (por virtud de la suspensión) actos nuevos y distintos de los reclamados en el juicio; esto ya que la materia de la suspensión siempre queda acotada a los actos cuya inconstitucionalidad se plantea en el juicio; por ende, al pronunciarse sobre la suspensión, el juzgador no podrá introducir actos distintos de aquellos que constituyen la materia del reclamo en el amparo, pero sí puede modificar los efectos para los cuales otorga la medida, en términos de lo razonado.". Con base en la transcripción anterior, se refuerza lo razonado en esta determinación, en el sentido de que si bien los órganos de amparo pueden modificar los efectos de la suspensión, lo cierto es que no podrán introducir actos distintos de aquellos que constituyen la materia del reclamo en el amparo. Por lo hasta aquí expuesto y con fundamento en los artículos 126, 128 y 138, en relación con el diverso 108, todos de la Ley de Amparo, se niega la suspensión solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, con número de registro 2019200, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Por otra parte, en cuanto a la suspensión del acto reclamado consistente en la omisión de dar trámite al recurso de reconsideración en contra de la resolución administrativa de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se provee lo siguiente: Dicho reclamo constituye un acto negativo, pues implica la negativa de la autoridad responsable de actuar de determinada manera. En ese orden de ideas, los actos negativos se clasifican de la siguiente manera: a) abstenciones; b) negativas simples; c) actos prohibitivos. Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión definitiva. Por su parte, las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular y, dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a las negativas simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En el caso, se está ante una abstención, esto es, un no actuar de la autoridad, consistente en la omisión de dar trámite al recurso de reconsideración en contra de la resolución administrativa de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés; lo que se traduce en un no actuar en la manera que el quejoso pretende. Por ello, al estar ante un acto negativo, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado, ya que por su naturaleza son de carácter negativo, pues como ya se dijo, implica una omisión de la autoridad que se genera al no actuar de determinada manera, es decir, la omisión de dar trámite al recurso de reconsideración. Por tanto, conceder la medida suspensiva tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y conservar así la materia del juicio de amparo, lo que implicaría que perdurara la omisión combatida y no así otorgar efectos constitutivos, al obligar a la autoridad responsable a actuar en la forma que la quejosa pretende, esto es, para obligar a la autoridad responsable a dar trámite al recurso de reconsideración, dejaría sin materia el juicio de amparo del que emana la presente cuerda incidental. Además, en todo caso ello es materia del fondo del asunto en la sentencia de amparo en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", toda vez que el efecto de la suspensión es "mantener las cosas en el estado que guardaban antes del acto reclamado", el cual sería un estado omisivo (ausencia de actuar de la autoridad), por lo que la medida suspensional resulta improcedente. ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese.
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