Martha Géminis Villela Torres

Expediente 632/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
632/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Martha Géminis Villela Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil veintitrés.********************CAUSA ESTADO AUTO********************Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por ********************, apoderado jurídico de ******************** en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.******************** Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.********************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE LA DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta apoderado jurídico de ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. SE RECONOCE CARÁCTER. Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de la Materia y en términos de las constancias que anexa a la demanda de amparo, se reconoce a ********************el carácter con el que comparece a gestionar a esta instancia constitucional. IMPROCEDENCIA Ahora bien, vista la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo Vigente, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del anterior precepto normativo se advierte, que a fin de que se deseche de plano una demanda de garantías, deben de actualizarse los siguientes supuestos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, y, 2. Que ese motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya así como de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable es cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Apoya a lo expuesto, la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En esas condiciones debe decirse que en la especie, el suscrito Juzgador Federal advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (...) "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los preceptos en cita, se obtiene que en relación a los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es procedente contra actos judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, en los que tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y específicamente, tratándose de remates, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, como excepción a la regla general que contiene la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que no constituyan la última resolución, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, dado la amplitud de la norma contenida en la fracción V citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV también descrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: 1) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y; 2) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: a) Que se interponga contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente (regla general), y; b) Cuando el acto reclamado dictado en ejecución de sentencia y que no constituye la última resolución, vulnere derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (regla de excepción). Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia P./J. 108/2010 que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Lo anterior es así, porque el mencionado párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Luego, resulta menester señalar que, para hacer evidente la causal de improcedencia que se analiza, debe tomarse en consideración lo manifestado por la parte quejosa en el capítulo de antecedentes plasmados en su escrito de demanda de amparo, en donde señala: "1. Mediante escrito de fecha 14 de Febrero de 2013, la quejosa demandó del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, reinstalación y pago de diversas prestaciones laborales. La demanda fue presentada ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con el número de expediente 149/2013; dicha autoridad se declaró incompetente para conocer de dicho juicio, por lo cual turno la demanda al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, quedando radicada bajo el número de expediente 39/2014. (.) 3. Con fecha 26 de abril de 2016, el Tribunal de Conciliación dicto laudo, en el cual condeno a las demandas dentro del juicio laboral 39/2014, laudo que fue impugnado en la vía correspondiente por ambas partes por considéralo violatorio; con fecha 03 de marzo de 2017, fue dictado un nuevo laudo en cumplimiento de ejecutoria, el cual quedo firme, condenando a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como al Poder Ejecutivo del Estado Michoacán, al pago de la cantidad de $1,052,687.00 (Un millón cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), así como a la reinstalación de la suscrita y al reconocimiento de la antigüedad durante el tiempo de duración del juicio laboral y hasta el momento de la materialización de la reinstalación, la cual fue realizada el día 21 de enero de 2019, por lo cual la patronal tenía la obligación de inscribir de manera retroactiva a la en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, del periodo del 08 de enero de 2013 al 21 de enero de 2019, periodo en el cual fue tramitado el juicio laboral por despido. 4. En virtud de la actualización del laudo, la cantidad adeudada asciende a la cantidad de $1,490,636.07 pesos (un millón cuatrocientos noventa mil seiscientos treinta y seis pesos 07/100 M.N.), cantidad que fue liquidada menos impuestos el día 22 de marzo de 2022, reteniendo a la patronal la cantidad aproximada de $127,273.59 (Ciento veintisiete mil doscientos setenta y tres pesos 59/100 M.N.), que hasta la fecha no la patronal ha sido omisa en entregar la constancia respectiva, aun y cuando se ha realizado el requerimiento de manera extrajudicial por medio de su departamento jurídico. 5. En el laudo dictado dentro del expediente 39/2014, se condenó a la patronal a la reinstalación, que tiene como efectos jurídicos que se respetaran todas las prestaciones de la quejosa en las mismas condiciones en que se venía desempeñando, así como el reconocimiento material a la suscrita de la antigüedad desde el día del despido y hasta el día que fue reinstalada en su empleo, por consiguiente la obligación de realizar los trámites administrativos para lograr el cumplimiento del laudo a cabalidad. (.) 7. La quejosa por conducto de su apoderado, presento escrito de fecha 04 de mayo de 2022, en el cual se solicitó se hicieran efectivos los apercibimientos decretados por la propia autoridad responsable; los representantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante acuerdo de fecha 12 de julio de 2022, violaron el procedimiento al realizar una ilegal regularización del procedimiento, asimismo se tuvo a la quejosa por precluido su derecho para poder obligar a la patronal dentro de juicio laboral 39/2014, a realizar los trámites para lograr el reconocimiento material de la antigüedad. 8. Por lo anterior la ahora quejosa promovió de nueva cuenta amparo indirecto en contra del auto de fecha 12 de julio de 2022, amparo radicado en el mismo Juzgado Federal Tercero, con el número 831/2022, amparo que fue concedido y cumplida la ejecutoria, dictada por el Juzgado Federal. 9. Con fecha 21 de marzo de 2023, la quejosa por medio de su apoderado, presento escrito ante la Responsable, en la cual solicito se requiriera a la patronal la exhibición de la constancia de retenciones respecto del cumplimiento de laudo dictado dentro del juicio laboral 39/2014, petición que fue negada por la responsable." Tales manifestaciones constituyen una confesión expresa la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, y son suficientes para comprobar la actualización de la referida causa de improcedencia en atención a las siguientes consideraciones: I.- El juicio laboral 39/2014 de donde emana el acto reclamado actualmente se encuentra en etapa de ejecución de laudo; dicho dentro del cual a la aquí quejosa ********************, le reviste el carácter de parte procesal -parte actora -. II.- La parte aquí quejosa solicitó al Tribunal responsable requiriera a la patronal la exhibición de la constancia de retención del impuesto sobre la renta, respecto del cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio laboral de origen, cuya negativa por parte de la autoridad constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. De esta manera se determina que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, toda vez que el auto recurrido no vulnera derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada, pues el tribunal responsable sustentó su determinación en razón de que el documento solicitado por o cualquier otra anomalía que haya observado el trabajador actor en relación al pago de lo laudado, tiene expedido su derecho de hacerlo valer ante la autoridad hacendaria correspondiente. De esta manera se determina que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, toda vez que el auto recurrido no vulnera derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada. Es así, toda vez que a través de éste, la autoridad responsable se pronunció en torno a una solicitud tendente a la obtención del pago de lo laudado en el expediente de origen; de ahí que se determine que con el actuar de la responsable no se actualiza un daño irreparable en los derechos sustantivos de la parte quejosa; máxime que dejó expedido su derecho para que ante cualquier anomalía con respecto a las cantidades que resulten con motivo de la cuantificación del impuesto sobre la renta, lo hiciera valer ante la autoridad fiscal competente. Bajo esa hipótesis, es incuestionable que en su caso, deberá atacarse al momento en que se recurra la resolución que se dicte como último acto de ejecución en cumplimiento al laudo definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 32/2001, visible en la Página 31, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ULTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige par la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.VIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, de rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." En las condiciones anotadas, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de apoderado jurídico de ********************, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. SE AUTORIZA CONSULTA ELECTRÓNICA Como lo solicita expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente en el señalado sistema electrónico, a través del usuario enriquev95; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. SOLICITA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA De igual forma, como lo solicita el promovente se tiene como medio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del nombre de usuario señalado, de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que lo faculta para ejercer la profesión de Licenciadas en Derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano