Martha Géminis Villela Torres
Expediente 251/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martha Géminis Villela Torres
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. DEVUELVE EXPEDIENTE E INFORMA PRONUNCIAMIENTO DE RESOLUCIÓN Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del cuaderno relativo al juicio de amparo VIII-251/2023 del índice de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, glósense al expediente devuelto las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y acúsese recibo de su oficio 3492/2023. Por otro lado, informa la oficiante que ese órgano colegiado dictó sentencia dentro del expediente en queja laboral 102/2023 de su índice; en la inteligencia de que, en atención a las políticas de utilización de recursos humanos y materiales que ha adoptado el Poder Judicial de la Federación, en su Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el cual entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, no se adjunta testimonio impreso de la referida resolución, toda vez que la misma puede ser consultada a través del se Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la liga que para tal efecto proporciona. No obstante, este juzgado procedió a recabar impresión de la determinación de que se trata para que obre como constancia dentro del presente expediente. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada en la ejecutoria de catorce de diciembre del año en cita, resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja, interpuesto por ********************, en contra el auto de dos de marzo de la presente anualidad, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 251/2023." ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de os expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que concluya el plazo referido en el párrafo anterior contado a partir de esta fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. ACUSE DE RECIBO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 3755 por el que se remitió informe justificado, escrito original de agravios y el original del juicio en que se actúa, para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos; asimismo, informa que en esa fecha se admitió a trámite, lo anterior, para los efectos legales conducentes. DEMANDA CONTABILIZADA A FAVOR DE ESTE JUZGADO Por otra parte, intégrese a los autos para que obre como corresponde, el acuerdo pronunciado por este juzgado el siete de marzo de dos mil veintitrés dentro del cuaderno de varios 8/2023, en el que el titular de este órgano jurisdiccional ordenó que el oficio registrado con el número 3267 signado por el Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, por el que comunicó a este Juzgado de Distrito que la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, quedó registrada en el sistema de turno con número 20230869031900344 del rubro de Amparo Indirecto y contabilizada a favor de este Juzgado. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. INTERPONE QUEJA Visto el escrito signado electrónicamente por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de dos de marzo de la presente anualidad; a través del cual se desechó la demanda de amparo que originó el presente cuadernillo; atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo. Ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, que es cierto el acto reclamado, toda vez que en el proveído recurrido se desechó por su notoria improcedencia la demanda de garantías promovida por Martha Géminis Villela Torres. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito original y copia del mismo de los agravios, remítase copia certificada del presente cuadernillo de amparo en que se actúa, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el que se tiene por desechada la demanda de garantías promovida por la parte quejosa de mérito, por lo que no existen partes en el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintitrés. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO POR INCOMPETENCIA. Por recibido el oficio 3867/2023 signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite los autos originales del amparo número 239/2023, promovido por Martha Géminis Villela Torrres, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. ACÚSESE DE RECIBO. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante auto de veintiocho de febrero de la presente anualidad, el juez oficiante determinó returnar el expediente 165/2023 a este juzgado, en términos del artículo 45 fracción II, última parte del segundo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad de los órganos jurisdiccionales, publicado el veintiuno de mayo de dos mil quince. SE ASUME CONOCIMIENTO Atento a lo anterior, y luego de analizar las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, mismo que, ahora, quedará registrado con el número VIII-251/2023. Acúsese recibo de estilo correspondiente al Juez oficiante. COMPENSACIÓN DE CARGA Por otra parte, toda vez que la presente demanda fue remitida por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en atención a la incompetencia por cuestión de turno que plantea a favor de este juzgado, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa, remítase a las Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, copia del presente acuerdo, a efecto de que se proceda a la compensación correspondiente al NEUM 32185505 correspondiente al juicio de amparo en que se actúa y lo informe a este órgano jurisdiccional a la brevedad. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".El auto de fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, da contestación a sus peticiones formuladas mediante escritos recibidos el veintitrés y veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante las cuales solicitó se le informara si la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, había autorizado su despido y que en caso afirmativo se respetaran sus derechos humanos; asimismo puso a su disposición las llaves del escritorio y archiveros que tenía bajo su resguardo; de igual forma solicitó el pago de salarios caídos, su reinstalación y copias certificadas de su expediente personal, así como de las listas de asistencia a laborar." Acto, respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, este a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes público o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Ello en razón, de que los actos reclamados no constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo en razón de que las cuestiones planteadas tienden a dilucidar cuestiones de naturaleza laboral, ya que de una interpretación armónica de los preceptos legales antes transcritos, se advierte que el amparo tiene por objeto dirimir las controversias que se susciten por la conculcación que a los derechos fundamentales del ciudadano produzca cualquier autoridad; asimismo, de los artículos transcritos, se puede señalar que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad. Dichas leyes o actos de autoridad son aquéllas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emite un órgano del Estado, que puede consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; tales leyes o actos normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. En el mismo sentido, debe decirse que conforme a lo dispuesto por el numeral 5º, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En tal virtud, no todos los actos que la parte quejosa estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Cabe agregar que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y, a partir de la reforma a la Ley de Amparo, también procede contra los particulares, los cuales tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, de ahí que para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades o por un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de autoridad, de un acto de particular, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, no sólo debe atenderse a sus características, sino también a la distinción de las relaciones jurídicas que se dan con éstas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior como gobernante. De esta manera, cabe decir, que es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la peticionaria del amparo a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. De la lectura integral de la demanda de garantías y de los documentos que obran en el juicio de garantías, se pone de manifiesto que los actos de que se duele la quejosa, lo constituyen la contestación vertida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán en respuesta a su peticiones de veintitrés y veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual la aquí quejosa solicitó se le informara si la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, había autorizado su despido y que en caso afirmativo se respetaran sus derechos humanos; asimismo puso a su disposición las llaves del escritorio y archiveros que tenía bajo su resguardo; de igual forma solicitó el pago de salarios caídos, su reinstalación y copias certificadas de su expediente personal, así como de las listas de asistencia a laborar. Tales actos reclamados no pueden ser considerados como actos de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que derivan de un vínculo jurídico de índole laboral entre la aquí quejosa, en su carácter de trabajadora y la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, en su carácter de patrón; lo anterior, aun cuando la responsable efectivamente pueda tener el carácter de autoridad dadas las funciones que tiene asignadas constitucionalmente, empero ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente, o aquellos en que intervenga, deban considerarse actos de autoridad, toda vez que en sus relaciones con sus trabajadores o con sus beneficiarios, como en el caso que nos ocupa, constituyen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad. De lo anterior se colige, que por la naturaleza de las manifestaciones formuladas por la quejosa, los actos reclamados se gestan dentro de una relación de particulares, en un plano de coordinación y no de gobernante a gobernado, ya que las relaciones con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral y se deben sujetar a lo establecido en la legislación laboral aplicable. En tal virtud, no hay duda en cuanto a que en las referidas relaciones tal órgano del Estado no acude investido de imperio, sino equiparado a un patrón, en una relación de coordinación. De ahí que, atendiendo a lo antes expuesto y reseñado, se insiste, la relación que tiene la quejosa la citada Junta es de carácter laboral, y no la de una autoridad, pues se insiste, tal circunstancia demuestra que en dicha relación la autoridad responsable no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino que actúa en un plano de igualdad. De lo que se deduce que en el presente caso la responsable no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Por lo tanto, al no existir un acto de autoridad, es claro que se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se relaciona en párrafos anteriores; consecuentemente, lo procedente es desechar la demanda de garantías de cuenta, respecto del acto ya precisado, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Atento a la certificación secretarial de cuenta, se tiene a Enrique Eduardo Villaseñor González y Cesar Ulises Torres Román, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, virtud de que se encuentra registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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