Martha Géminis Villela Torres
Expediente 887/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martha Géminis Villela Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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NOTIFICACION PERSONAL
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de marzo de este año, dictado dentro del juicio laboral número 39/2014. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa en veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Martha Géminis Villela Torres; sin que lo hayan hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: Deje insubsistente el primer auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho que dictó dentro del juicio laboral 39/2014 de su índice, únicamente por lo que hace la negativa de apertura del incidente de liquidación de laudo. Emita uno nuevo en el que, acorde con los lineamientos trazados en esta sentencia, deje a salvo los derechos de la trabajadora actora aquí quejosa, para que, en la debida forma y cumpliendo con los requisitos legales, presente su solicitud de incidente de liquidación. NO PROCEDE REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la nueva Ley de Amparo, puesto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 887/2018-III promovido por Martha Géminis Villela Torres, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán; remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Martha Géminis Villela Torres compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "4.- ACTOS RECLAMADOS: Tienen ese carácter: El auto de fecha 04 de octubre de 2018, respecto del juicio número 39/2014.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Previo cumplimiento de una prevención formulada a la parte promovente, mediante auto de treinta y uno de octubre del año próximo pasado se admitió a trámite la demanda de que se trata; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Asimismo, mediante auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se reconoció el carácter de tercero interesado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y al Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Michoacán, en términos de lo que dispone el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema que tratan, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna un acto emitido por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, cuyos datos de localización, rubro y texto, se anotan enseguida: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado en este juicio constitucional, es el siguiente: El auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, dentro del juicio laboral 39/2014 que promovió Martha Géminis Villela Torres en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y otros; determinación en la que básicamente se negó la apertura del incidente de liquidación de laudo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, pues así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas que integran el juicio laboral 39/2014 del índice del Tribunal responsable, en donde se observa el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Documental que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, por tratarse de constancias expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Así, al no existir alguna causal de improcedencia invocada por las partes u otra que de oficio se advierta, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo a los conceptos de violación hechos valer. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran plasmados en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. SÉPTIMO. Estudio de fondo. A manera de preámbulo, es necesario precisar que en este juicio de amparo opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados derivan de un juicio laboral donde la aquí quejosa es parte actora trabajadora; sin embargo, dicha figura se aplicará siempre y cuando le favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento por el que pueda concederse el amparo, por lo que no procede estudiar el acto reclamado bajo aquella complementariedad cuando dicho análisis, lejos de beneficiar, perjudica o no reporta utilidad alguna. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) que enseguida se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2014703 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 44, Julio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Página: 263 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016. Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 17 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. Tesis de jurisprudencia 67/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Nota: Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013, por lo que a partir de esas mismas fecha y hora y con motivo de la resolución de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016, ya no se considera de aplicación obligatoria la diversa 2a./J. 26/2008, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242. Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En primer término la impetrante de amparo se duele de la violación a las garantías que contienen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, entre otras cosas, refiere que el acuerdo reclamado no se encuentra fundado ni motivado, virtud a que no da razón jurídica en la cual basa su negativa lisa y llana ante lo peticionado. Lo anterior es infundado. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, disponen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo..." Del primer precepto transcrito se coligen entre otros derechos el derecho al debido proceso legal, referente a que en cualquier procedimiento jurisdiccional seguido para dirimir una controversia mediante el dictado de una resolución, deben cumplirse las condiciones fundamentales que garanticen los derechos de las partes; pero además, obliga al juzgador a resolver el litigio considerando todos los puntos debatidos (congruencia y exhaustividad). Por su parte, el artículo 16 constitucional reconoce, entre otros, el derecho a la legalidad que obliga a las autoridades a fundar y motivar los actos que emitan, expresando las razones de hecho y de derecho que sustenten el propio acto. De esta manera, a la luz de los aludidos derechos fundamentales (contenidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna), las resoluciones jurisdiccionales satisfacen los requisitos de fundamentación y motivación mediante el análisis exhaustivo de los puntos litigiosos, con el apoyo de disposiciones jurídicas -sin la formalidad de citarlas expresamente, a diferencia de los actos administrativos, pues las razones expresadas involucran tales disposiciones- y la adecuación entre éstas con el caso particular, así como con la exposición concreta de los razonamientos y circunstancias del mismo. Así lo ha sustentado el Alto Tribunal del País, según se observa en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, que dice: Época: Novena Época Registro: 176546 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Página: 162 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 377/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 31 de octubre de 2017. [Subrayado no es de origen]. En la especie, se tiene en cuenta que el acto reclamado lo es el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, dentro del juicio laboral 39/2014 de su índice; por esta razón, se dice que el Tribunal aludido, en términos de lo que dispone el artículo 96 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, ejerce una función materialmente jurisdiccional, pues dentro de su competencia se encuentra dirimir conflictos individuales o colectivos que se susciten entre los las instituciones públicas y los trabajadores a sus servicio. Sobre estas bases, contrariamente a la postura argumentativa de la quejosa, el Tribunal responsable sí expresó las consideraciones jurídicas en que sustentó su determinación, atendiendo a lo peticionado por la promovente, con lo cual se estiman satisfechas las exigencias de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Se explica. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil dieciocho ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, compareció el apoderado de la parte trabajadora aquí quejosa, solicitando lo siguiente: "Por medio del presente escrito vengo a solicitar apertura de incidente de liquidación, lo anterior para realizar la cuantificación de las prestaciones que deberá pagar la patronal en fecha posterior al dictado del laudo, así como para actualizar el salario base, prestaciones, bonos, etc, con la finalidad de aclarar las condiciones en que deberá de ser reinstalada la trabajadora actora, pues dichas prestaciones han variado, al pasar casi 6 años del despido a esta fecha, una vez especificadas dichas condiciones por ese H. Tribunal, solicito fecha para llevar a cabo la reinstalación de la accionante en su empleo.". [Lo destacado no es de origen]. Al ocurso anterior recayó un primer auto de cuatro de octubre del año próximo pasado, cuya parte medular se transcribe a continuación: "EL TRIBUNAL ACUERDA I. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar a autos para su constancia y efectos legales procedentes. II. Dígase al apoderado jurídico de la trabajadora actora que no ha lugar a su petición de ordenar la apertura del incidente de liquidación toda vez que mediante Laudo en Cumplimiento de Ejecutoria de fecha 03 tres de marzo de 2018 dos mil dieciocho (sic) (f. 1701-1721) al hacer un estudio minucioso, no presenta ningún indicio que ordene la apertura del incidente de liquidación. III. Como lo solicita el apoderado jurídico del trabajador actor y de conformidad con el artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, se ordena la actualización de los salarios caídos de la trabajadora MARTHA GEMINIS VILLELA TORRES, señalando que la trabajadora actora percibía un salario de $635.63 (seiscientos treinta y cinco pesos 63/100 M.N.) que multiplicados por los 689 días transcurridos, nos da la cantidad de $437,949.07 (cuatrocientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos 07/100 M.N) que sumados a la condena, nos arroja la cantidad de $1,490,636.07 (un millón cuatrocientos noventa mil seiscientos treinta y seis pesos 07/100 M.N), a salvo error u omisión aritmética en que se hubiera incurrido. IV. En atención al punto anterior y como lo solicita el apoderado jurídico de la trabajadora actora y de conformidad con el artículo 935 de la supletoria Ley Federal del Trabajo, SE DESPACHA AUTO DE EJECUCIÓN por la cantidad de $1,490,636.07 (un millón cuatrocientos noventa mil seiscientos treinta y seis pesos 07/100 M.N) y para tal efecto se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandada JUNTA ESPECIAL NÚMERO 2 DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO ubicado en AVENIDA LAZARO CARDENAS NÚMERO 950, VENTURA PUENTE, DE ESTA CIUAD CAPITAL, y le requiera el pronto y efectivo pago de la cantidad señalada en líneas anteriores en favor de la trabajadora actora MARTHA GEMINIS VILLELA TORRES y en caso de negativa por parte de la demandada le EMBARGUE bienes suficientes de su propiedad para garantizar el monto total de la cantidad señalada con antelación, facultándosele para hacer uso de la fuerza pública, y los medios de apremio establecidos en la supletoria Ley Federal del Trabajo." Con lo anterior queda en evidencia que la autoridad responsable precisó que no había lugar a atender favorablemente a la petición del promovente, toda vez que del análisis del laudo de tres de marzo de dos mil diecisiete, no se precisa ningún indicio que ordene la apertura del incidente de liquidación solicitado; siendo que, en otro aspecto, para proceder a la etapa de ejecución, ordenó la actualización de los salarios caídos y despachó auto de ejecución a fin de cumplimentar lo laudado. Así, se estima que si bien el Tribunal responsable no citó de manera expresa los artículos de la Ley Federal de Trabajo que regulan lo relativo a los incidentes, lo cierto es que en su determinación señaló los motivos jurídicos que estimó pertinentes para no atender lo solicitado por el promovente en cuanto a la apertura del incidente de liquidación; por esta razón, de acuerdo a los lineamientos trazados en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 precitada, es que esta potestad federal considera que la resolución materialmente jurisdiccional reclamada, satisface los requisitos de congruencia y exhaustividad, de manera que expone las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración. Lo anterior sin que se soslaye el hecho de que en el propio escrito de ocho de agosto de dos mil dieciocho, el apoderado de la trabajadora solicitó se señalara fecha para llevar a cabo la reinstalación de la accionante en su empleo; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las que previamente se les concedió pleno valor probatorio, se observa que el cuatro de octubre de dos mi dieciocho emitió un segundo auto en el que señaló las diez horas del veintiuno de enero de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo la reinstalación mencionada, con lo cual, se estima que si bien en su primera determinación el Tribunal responsable omitió pronunciarse sobre el aspecto resaltado en este párrafo, en la misma data emitió un segundo auto que atendió de manera exhaustiva lo solicitado por el promovente. Ahora bien, en segundo término la parte quejosa esencialmente alega que el Tribunal responsable debió admitir el incidente planteado, virtud de que los salarios caídos están cuantificados hasta el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, fecha en la cual fueron cuantificados aquellos con el salario percibido en enero de dos mil trece; es decir, la responsable condenó a la patronal a pagar los salarios y prestaciones con dicho salario percibido en la fecha del cese ilegal, del periodo del ocho de enero de dos mil trece al veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Por esta razón, la quejosa medularmente argumenta que debió ordenarse la apertura del incidente de liquidación, toda vez que los posteriores salarios caídos deben ser calculados conforme a los incrementos existentes como si hubiese continuado laborado, de manera que el incidente tiene por objeto aportar elementos para comprobar los incrementos aludidos. Lo anterior es por una parte infundado y, por otra, en suplencia de la queja deficiente, fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. Para demostrar lo anterior, se toma en cuenta que con fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo directo 753/2016 y 755/2016, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado dictó laudo dentro del juicio ordinario laboral 39/2014, en el que condenó a las codemandadas a la reinstalación en el empleo a la trabajadora actora, Martha Géminis Villela Torres, en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando hasta antes de su despido injustificado, además condenó al pago de las siguientes cantidades líquidas: Novecientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y tres pesos con ochenta y dos centavos, por concepto de salarios caídos calculados hasta el dictado de la sentencia, sin perjuicio de los que se sigan generando hasta la debida reinstalación en el empleo. Cinco mil doscientos cinco pesos con treinta y ocho centavos, por concepto de prima vacacional correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y parte proporcional del dos mil diecisiete. Cuarenta y un mil setecientos noventa y ocho pesos con cuarenta y un centavos, por concepto de aguinaldos correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y parte proporcional del dos mil diecisiete. Seis mil novecientos pesos, por concepto de complemento de previsión social múltiple, correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y parte proporcional del dos mil diecisiete. Seis mil novecientos pesos, por concepto de apoyo para la economía familiar, correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y parte proporcional del dos mil diecisiete. Cinco mil setecientos cincuenta pesos, por concepto de cuesta de enero, correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y parte proporcional del dos mil diecisiete. Seis mil novecientos pesos, por concepto de ayuda para el transporte, correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y parte proporcional del dos mil diecisiete. Cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos, por concepto de complemento bono sindical, correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y parte proporcional del dos mil diecisiete. Seis mil trece pesos con cuarenta y cuatro centavos, por concepto de seis días de sueldo base anuales, correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis. En tales condiciones, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje condenó al pago de un total de un millón cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos (sic) a favor de la actora trabajadora, Martha Géminis Villela Torres. Conforme a lo expuesto, queda evidenciado que carece de sustento jurídico lo aseverado por la quejosa en cuanto a que la cuantificación efectuada en el laudo, por lo que hace a los salarios caídos, se efectúo hasta el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, ya que al imponerse del contenido del laudo relativo, específicamente a fojas 39, vuelta, y 40 del expediente en que se actúa, se observa que el Tribunal responsable efectúo el cálculo de la citada prestación, desde el ocho de enero de dos mil trece, data en que ocurrió el despido, hasta el tres de marzo de dos mil diecisiete, cuando se emitió el laudo; por ello, la responsable efectúo el cálculo por un total de mil quinientos catorce días a razón del salario integrado diario de seiscientos treinta y cinco pesos con sesenta y tres centavos, lo que arrojó un total de novecientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y tres pesos con ochenta y dos centavos, por concepto de salarios caídos. En tales condiciones, resulta infundado lo argüido por la impetrante de amparo en cuanto a que la cantidad líquida fijada en el laudo, se efectúo hasta el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, pues como queda reseñado, ésta se realizó hasta el tres de abril de dos mil diecisiete, data en que se emitió el laudo. Ahora bien, en suplencia de la queja deficiente, este juzgador federal observa que en efecto existen cantidades que no fueron cuantificadas en el laudo respectivo y que ameritan ser materia de un incidente de liquidación; sin embargo, no es el caso de conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordene la apertura del incidente de liquidación. Se explica. Los artículos 120 y 121 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, establecen: "ARTICULO 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes. ARTICULO 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente." Por otra parte, los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la normativa precitada, por disposición expresa de su numeral 8, disponen: "Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. Artículo 844. Cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en el propio laudo, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse." Conforme a lo que prescribe la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, el Tribunal de Conciliación y arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos que emita, de manera que se encuentra de sus facultades dictar todas las medidas necesarias para su cumplimiento; por ello, siempre y cuando exista condena líquida establecida en laudo, se despachará auto de ejecución para requerir a la parte reo en el pronto y efectivo cumplimiento de lo condenado. No obstante, tal como lo señala la Ley Federal del Trabajo, existen casos en los cuales no es posible fijar una condena líquida, virtud a que, en ese momento, no es posible efectuar cuantificación del importe de la prestación materia de la condena, de manera que ante tal circunstancia, deben fijarse las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo laudado, con lo cual se estima que la apertura del incidente de liquidación es de naturaleza excepcional. En la especie, se recuerda que el laudo emitido dentro del controvertido de origen condenó a la parte reo a pagar a la aquí quejosa novecientos sesenta y dos mil pesos trescientos cuarenta y tres pesos con ochenta y dos centavos, por concepto de salarios caídos, sin perjuicio de los que se sigan generando hasta que la trabajadora sea efectivamente reinstalada en su empleo. Con lo anterior se toma en cuenta que en el laudo relativo el Tribunal responsable fijó, por una parte, la cantidad líquida de salarios caídos cuantificados desde la fecha del despido hasta la emisión del laudo -lo cual es materia de ejecución inmediata- y, por otra, estableció el derecho de la trabajadora actora al pago de tales salarios caídos que se sigan generando hasta la fecha en que se lleve a cabo su reinstalación. Bajo esta premisa, este juzgado federal estima que si bien al momento de dictar laudo el Tribunal responsable no fijó las providencias pertinentes para dar cumplimiento a lo anterior, de manera que señalara de manera literal la posibilidad de abrir un incidente, es el caso que ello no es ningún obstáculo para que se ordene la apertura del incidente de liquidación solicitado, dado que éste tiene por objeto cuantificar el importe de los salarios caídos que se sigan generando hasta la efectiva reinstalación. Es decir, si en el mencionado laudo se condenó a la parte demandada al pago de salario caídos, a partir del despido injustificado hasta la fecha de reinstalación de la parte actora, es claro la quejosa se encuentra en posibilidad de solicitar la apertura del incidente de liquidación de laudo no solo con el fin de evidenciar el cálculo aritmético que resulte de multiplicar el salario integrado diario fijado en el laudo, sino también -tal como lo arguye la quejosa- demostrar si durante ese tiempo, el salario presentó algún incremento. Lo anterior sin que sea obstáculo el hecho de que en la propia solicitud de apertura de incidente de liquidación, la trabajadora aquí quejosa solicitara se fijara fecha para llevar a cabo la reinstalación -supuesto último que forma parte de la cuantificación de la condena de salarios caídos que se sigan generando-, ya que, por sí, la apertura del incidente de liquidación de laudo, no tiene como consecuencia que se tengan por plenamente acreditados los extremos de lo peticionado por la actora, sino que ello dependerá de las pruebas allegadas a la incidencia y que servirán para determinar la procedencia o no de alguna cantidad líquida por la cual se despache auto de ejecución. Bajo las relatadas condiciones, es inconcuso que constituye un derecho de la actora el solicitar la apertura del incidente, con independencia de que no esté ordenado en el laudo, dado que el incidente tendrá por objeto determinar si procede o no determinar la cantidad de líquida de una condena no contenida expresamente en sentencia, de ahí lo fundado de las alegaciones de la quejosa. No obstante que resulta fundado el argumento que en esencia hace valer la quejosa en torno a que existen elementos para que se ordene la apertura del incidente de liquidación, es el caso que no se está en aptitud de conceder la protección constitucional para tal efecto. Ello obedece al propio contenido de los artículos 761 y 763 de la Ley Federal de Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, que dicen: "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." De la anterior transcripción se advierte que los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en la ley. Cuando se promueva el incidente de falta de personalidad dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato; mientras que en los demás casos que no tengan señalada una tramitación especial, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que tendrá verificativo dentro de las veinticuatro horas siguientes, en las que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente. De acuerdo al contenido del escrito presentado por el apoderado de la trabajadora actora el pasado ocho de agosto de dos mil dieciocho, el cual previamente quedó transcrito y que se observa a foja 45 del expediente en que se actúa, únicamente se solicitó la apertura del incidente de liquidación sin anexar alguna planilla de liquidación. Esto es, si bien la parte quejosa solicitó la apertura del incidente de liquidación de laudo con la finalidad de que fueran debidamente cuantificados los incrementos al salario que debió haber percibido con motivo de su cese injustificado, también lo es que a dicha petición no anexó planilla de liquidación alguna con la cual pudiera correrse traslado a la parte ejecutada para que ésta estuviera en aptitud de manifestar lo que a su derecho correspondía y, en su caso, presentar pruebas para desvirtuar la pretensión de la parte actora, aquí quejosa. De ahí que si bien es fundado el argumento relativo a que el Tribunal responsable podía ordenar la apertura del incidente para que la trabajadora demostrara los incrementos a los salarios caídos que se sigan pagando hasta la efectiva reinstalación -debido a que constituye un derecho de la parte actora- lo cierto es que al promover dicho incidente debió exhibir su planilla de liquidación para que estar en aptitud de iniciar el trámite del mismo, dar vista a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho corresponda o bien ofrezca las pruebas conducentes y, posterior a ello, emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante tal circunstancia, esta potestad federal únicamente se encuentra en aptitud de conceder el amparo solicitado, para el efecto de ordenar a la autoridad responsable que deje a salvo los derecho de la parte trabajadora en relación con la promoción del incidente de liquidación. Apoya lo anterior las tesis que enseguida se transcriben: Época: Novena Época Registro: 197107 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Laboral Tesis: I.5o.T.130 L Página: 1111 "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU TRAMITACIÓN QUEDA SUPEDITADA A LA PRESENTACIÓN DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL ACTOR. En el caso del procedimiento de ejecución del laudo, cuando en el mismo se ordena la apertura del incidente de liquidación, resulta indispensable que el trabajador exhiba ante la responsable la planilla que contenga los conceptos a que se refiera la condena, para que de ese modo pueda señalarse fecha de tramitación del señalado, ya que la responsable no puede actuar de oficio, pues la función de aquel cuya procedencia se ordenó es la de cuantificar la obligación decretada en el culminatorio y verificar que los puntos contenidos en la hoja de cálculo coincidan con lo decidido en el fallo. Por tanto, es precisamente el actor el que deberá estar al tanto de que se efectúe tal proceder y así velar por sus intereses." QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 855/97. Petróleos Mexicanos. 8 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Constantino Martínez Espinoza. Secretaria: Rosa María López Rodríguez. Época: Octava Época Registro: 210942 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Laboral Tesis: I.7o. T. J/23 Página: 39 "INCIDENTE DE LIQUIDACION. MATERIA DEL. La tramitación del incidente de liquidación tiene como función la de cuantificar en cantidad liquida los conceptos de la condena decretada en el laudo definitivo. Por lo tanto, la autoridad responsable al dictar la resolución incidental correspondiente, tiene la obligación, en primer lugar, de verificar que los conceptos contenidos en la planilla de liquidación que presente el actor, coincida con la condena establecida en el laudo, independientemente de que la parte demandada haga valer o no alguna objeción al respecto, pues la omisión de la autoridad de verificar esa situación, es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se obliga al patrón a pagar algo a lo que no fue condenado." SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 837/90. Ferrocarriles Nacionales de México. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Beatriz García Martínez. Amparo en revisión 447/93. Instituto Mexicano del Seguro Social. 24 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Sofía Verónica Avalos Díaz. Amparo en revisión 117/94. Minerva Juana Arredondo González. 2 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Beatriz García Martínez. Amparo en revisión 127/94. Rebeca Pichardo Valle. 22 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Sofía Verónica Avalos Díaz. Amparo en revisión 217/94. Ferrocarriles Nacionales de México. 3 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Beatriz García Martínez. Por último, toda vez que el auto reclamado en este juicio de amparo contiene dos diferentes determinaciones -la negativa a aperturar el incidente de liquidación y la ejecución inmediata de una cantidad líquida actualizada por el Tribunal responsable-, a fin de procurar la mayor protección para la aquí quejosa que se acoge el beneficio de la suplencia de la queja contemplada en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, es que se procede íntegro y oficioso del acto reclamado. Como quedó reseñado, el laudo de tres de marzo de dos mil diecisiete ordenó, entre otras cosas, al pago de la cantidad líquida de novecientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y tres pesos con ochenta y dos centavos, por concepto de salarios caídos. Lo anterior bajo la premisa de que el salario integrado fijado, lo fue la cantidad diaria de seiscientos treinta y cinco pesos con sesenta y tres centavos. En esta medida, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal responsable efectuó la actualización de los salarios caídos tomando en consideración seiscientos ochenta y nueve días transcurridos que multiplicó por el salario integrado precitado, para obtener un total de cuatrocientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos con siete centavos, cantidad que sumó al total de la condena líquida establecida en el laudo, para despachar auto de ejecución por un millón cuatrocientos noventa mil seiscientos treinta y seis pesos con siete centavos. Conforme a lo expuesto, este juzgado federal observa que si bien a la fecha en que se actualizaron los salarios caídos habían transcurrido quinientos ochenta días (del tres de marzo de dos mil diecisiete al cuatro de octubre de dos mil dieciocho), lo cierto es que la autoridad responsable tomó en cuenta seiscientos ochenta y nueve días que le resultan más benéficos para la trabajadora aquí quejosa, por lo que aquella parte de la determinación debe subsistir en sus términos. Ahora, en congruencia con lo razonado en la primera parte de este considerando donde se concluyó que sí existen elementos para ordenar la apertura del incidente de liquidación y que, por otra parte, se observa la legalidad del pronunciamiento sobre la actualización de los salarios caídos cuya cantidad incluso es más benéfica para la aquí quejosa, debe precisarse que la firmeza de la cantidad por la cual se despachó auto de ejecución, de ninguna manera compromete las diversas cantidades que la parte trabajadora pretenda acreditar en el incidente de liquidación, con motivo de los posibles incrementos de sus prestaciones posteriores a la fecha en que hasta este momento se encuentra efectuada la cuantificación, es decir, después del cuatro de octubre de dos mil dieciocho hasta la data en que tenga lugar la reinstalación, dado que ello constituye una cuestión a dilucidar dentro de ese procedimiento. Bajo esta tesitura, al haber sido atendidos cada uno de los puntos propuestos por la parte quejosa y al no observar este órgano federal algún otro motivo que amerite la suplencia de la queja deficiente u análisis oficioso, lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional solicitada, para efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado: Deje insubsistente el primer auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho que dictó dentro del juicio laboral 39/2014 de su índice, únicamente por lo que hace a la negativa de apertura del incidente de liquidación de laudo. Emita uno nuevo en el que, acorde con los lineamientos trazados en esta sentencia, deje a salvo los derechos de la trabajadora actora aquí quejosa, para que, en la debida forma y cumpliendo con los requisitos legales, presente su solicitud de incidente de liquidación. Por lo expuesto y con fundamento legal, además en los artículos 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Géminis Villela Torres, en relación al acto atribuido a la autoridad que quedó precisada, por los motivos expuestos y para efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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