Martha Gallardo Soto
Expediente 1326/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1326/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Martha Gallardo Soto
- Martha Gallardo Soto y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó fuera de audiencia. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio, de donde se advierte que en la razón asentada por el actuario judicial adscrito, en el sentido de que no fue posible hacer entrega del oficio ***/2022 dirigido a la Junta Especial Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual se le transcribe la resolución dictada el dos de este mes y año, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Ahora, constituye un hecho notorio que el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican" en el que, en lo que interesa se determinó lo siguiente: "[.] PRIMERO.- Se suprimen las Juntas Especiales 27 con residencia en la ciudad de Durango, en el estado de Durango; 41, con residencia en Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua; 47, con residencia en Cananea, en el estado de Sonora; 52 con residencia en la ciudad del Carmen, en el estado de Campeche; 53 con residencia en Guadalupe, en el estado de Zacatecas; y 57 con residencia en Colima, estado de Colima, de la Federal de Conciliación y Arbitraje. SEGUNDO.- Se modifica la competencia territorial de las Juntas Especiales 42 con residencia en Torreón, estado de Coahuila; 26, con residencia en Chihuahua, estado de Chihuahua; 23 con residencia en Hermosillo, estado de Sonora; 48, con residencia en Campeche, estado de Campeche; 34, con residencia en San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí; y 18 con residencia en Guadalajara, estado de Jalisco, en los términos siguientes: 1. Los asuntos que se encuentren en trámite en la Junta Especial número 27 con residencia en la ciudad de Durango, estado de Durango que se suprime mediante este Acuerdo, serán tramitados en la Junta Especial número 42 con residencia en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, ubicada en calle Avenida Morelos y calle Galeana número 211 Palacio Federal, 2º. Piso, Oficina 307, Colonia Centro, Código Postal 27000 [."] (Transcripción literal, lo destacado es propi) En razón de expuesto, toda vez que resulta necesario contar con el informe previo de la junta responsable, téngase como autoridad substituta a la Junta Especial número 42 con residencia en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza y, por ende, reexpídasele el mencionado oficio 47098/2022, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo, que rinde la Junta Especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta Ciudad. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido del anexo que contiene firmas originales, que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, deriva que la quejosa ********************, reclamó de la Junta Especial Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el no haber dictado las medidas pertinentes para el dictado del laudo en el juicio laboral ********************, que promovió contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, con el oficio de cuenta se anexó copia certificada del laudo dictado el veintitrés de noviembre de esta anualidad, en los autos del proceso de trabajo ********************. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de lo atribuido a la responsable, en virtud de que fue subsanado con el dictado del laudo, cuya omisión fue materia de reclamo. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos de nueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo, que rinde la Junta Especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta Ciudad. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido del anexo que contiene firmas originales, que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, deriva que la quejosa ********************, reclamó de la Junta Especial Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el no haber dictado las medidas pertinentes para el dictado del laudo en el juicio laboral ********************, que promovió contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, con el oficio de cuenta se anexó copia certificada del laudo dictado el veintitrés de noviembre de esta anualidad, en los autos del proceso de trabajo ********************. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de lo atribuido a la responsable, en virtud de que fue subsanado con el dictado del laudo, cuya omisión fue materia de reclamo. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos de nueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes
- Martha Estela Vazquez Maldonado490/2020
- Martha Eugenia Díaz López1576/2019
- Martha Eugenia Reyes Estevane686/2022
- Martha Eugenia Rodríguez Herrera1160/2021
- Martha Eugenia Rodriguez Herrera888/2021
- Martha Eugenia Rodríguez Herrera1430/2021
- Martha Guadalupe Díaz Gomez677/2016
- Martha Guadalupe Gomez Perez662/2016
- Martha Haydee Gómez Ruíz1536/2018
- Martha Imelda Salazar Valdivia1415/2019
- Martha Ines Rodriguez Rosales1502/2017
- Martha Inés Rodríguez Rosales94/2016