Martha Eugenia Rodríguez Herrera
Expediente 1160/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Martha Eugenia Rodríguez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se recurrió la resolución del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se desechó de plano la demanda interpuesta ***; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución, y como lo establece el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por último, toda vez que mediante proveído del siete del mes y año en curso, se reservó la devolución de los documentos anexados a la demanda que dio origen al presente juicio, devuélvanse los mismos, previa razón que se deje en autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito de la quejosa, mediante el cual solicita la devolución del documento que acompañó al escrito inicial de demanda; dígase a la ocursante que aún no causa estado la resolución dictada el treinta de septiembre del presente año, mediante la cual se desechó la demanda; una vez que ocurra lo anterior, se procederá a la devolución del documento que solicita. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de veintiuno de este mes y año. Decisión sobre la instancia constitucional. Vista nuevamente la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del titular del Juzgado Tercero de lo Mercantil de la capital y otras autoridades. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el presente asunto, la quejosa reclama del Juez Tercero de lo Mercantil de la capital y otras autoridades, lo siguiente: *** De lo que se sigue que la peticionaria reclama lo siguiente: 1. La orden de lanzamiento de fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno dictada dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil expediente número ***, sobre el inmueble de mi propiedad identificado como lote de terreno ubicado al norte del ojo de agua de esta ciudad actualmente *** 2. La negativa del juez responsable de suspender el procedimiento. Por otro lado, en el escrito aclaratorio de cuenta, manifiesta que ***, tramitó en su contra el juicio ejecutivo mercantil *** del que conoció el Juez Tercero de lo Mercantil de la capital; que contestó la demanda, en la que hizo valer la excepción de alteración del documento. Que también acudió ante la Dirección General de Averiguaciones Previas a denunciar los hechos delictuosos, donde se abrió la averiguación ***, de donde se obtuvo la suspensión del procedimiento mercantil señalado, ello hasta en tanto se dictara sentencia en el asunto penal correspondiente; que en virtud de un juicio de amparo que se promovió, el juez mercantil determinó continuar con el procedimiento, y contra esa determinación interpuso recurso de apelación. Indica que en el juicio mercantil se dictó sentencia en la que resultó condenada y, contra ésta, interpuso recurso de apelación, en el que se confirmó el aludido fallo; que perdió contacto con los abogados por lo que no sabe si el inmueble ya se encuentra escriturado en favor de ***. Que le fue notificada la orden de lanzamiento de quince de junio de dos mil veintiuno, contra la que interpuso juicio de amparo, mismo que fue desechado por esta autoridad federal, ya que no dio cumplimiento a la prevención que se le realizó. Precisó que en el acuerdo de ocho de septiembre que ahora reclama, se ordenó poner en posesión de ***, el inmueble de su propiedad, ello con autorización de rompimiento de cerraduras. Que por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la negativa a suspender el procedimiento, le fue notificado en la causa penal *** del Juzgado Cuarto Penal, ya que se solicitó al Juez Tercero de lo Mercantil se le informara sobre la suspensión del juicio mercantil, y dicho juez mercantil en acuerdo de seis de julio de este año, informó que dicho procedimiento no está suspendido. Pues bien, en lo que concierne al acto reclamado consistente en la orden de lanzamiento de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil expediente número ***, se concreta la causa de improcedencia prevista en los preceptos 61, fracciones XIII y XIV, del ordenamiento acabado de referir, en tanto que dicho numeral dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. [.]". Del precepto transcrito, deriva que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que son consecuencia o derivan de otros que la ley estime consentidos; ya que si se acepta un acto, expresa o tácitamente, el gobernado debe someterse a las consecuencias jurídicas de tal acto, que es el que les sirve de sustento; en tanto que antijurídico e ilógico sería estar de acuerdo con el primero pero no aceptar los segundos como sus efectos, los que en todo caso deben ser previstos, por ser su consecuencia legal. Entonces, cuando los actos reclamados deriven de otro u otros contra los cuales no se solicitó el amparo y protección de la justicia federal, o se consintieron en forma expresa o tácita, es improcedente el juicio de amparo enderezado contra aquéllos, siempre y cuando no se reclamen por vicios propios. Fundamenta lo expuesto, la tesis V.2o. J/38, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS.- El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan" Lo anterior, dado que constituye un hecho notorio para este resolutor, que en escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, la ahora quejosa promovió el diverso juicio de amparo 888/2021, en el que reclamó del Juez Tercero de lo Mercantil de la capital y otras autoridades lo siguiente: "[.] Se reclama de las autoridades ordenadoras, todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil expediente número *** y, de forma específica, la prevención y orden de lanzamiento emitida en dicho procedimiento en fecha QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, la cual me fue notificada el día 24 de junio del presente año en el que aparece como Autoridad ordenadora el C. Juez Tercero de lo Mercantil de la Capital así como, las órdenes de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre el inmueble de mi propiedad identificado como Lote de terreno ubicado ***, orden en virtud de la cual se orden desposeerme del mismo [.]" Respecto de la demanda, la peticionaria fue prevenida a efecto de que precisara los actos reclamados, entre otros aspectos; en virtud de que no cumplió de manera total el requerimiento, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se desechó tal demanda, acuerdo que causó estado el trece de agosto siguiente. De lo anterior se sigue que el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, que en esta vía se reclama, es sólo una consecuencia del diverso emitido el quince de junio del mismo año, donde se ordenó el lanzamiento del inmueble que señala la inconforme en sui demanda de amparo, mismo que si bien fue motivo de la demanda de amparo que dio origen al juicio 888/2021, dicha demanda fue desechada al no cumplirse con la prevención realizada, lo que implica el consentimiento al no haber cumplido con tal principio. Por tanto, la determinación que ahora se reclama, tiene el carácter de un acto derivado de otro consentido, el que, además, no se impugna por vicios propios, lo que motiva que se actualice la causal de improcedencia analizada. Apoya esta determinación, le tesis siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO. LOS CONSTITUYEN LOS ACUERDOS DE LAS AUTORIDADES LABORALES QUE NIEGAN LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO O CONVENIO, SI PREVIAMENTE SE HABÍA ORDENADO EL ARCHIVO DEL ASUNTO Y NO SE PROMOVIÓ EL AMPARO INDIRECTO.- El acuerdo de la autoridad laboral que ordena el archivo de un expediente implica tanto el reconocimiento de dicha autoridad del cumplimiento del laudo o convenio, como la clausura de la etapa de ejecución, y si se considera que tal determinación no está ajustada a derecho, debe impugnarse a través del amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la ley de la materia, así como de la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". En este sentido, si no se promovió amparo indirecto contra el acuerdo que ordena el archivo del asunto, tal resolución adquiere firmeza al ser consentida tácitamente; consecuentemente, si con posterioridad se solicita la ejecución del convenio o laudo alegando que no se había cumplido correctamente, y la autoridad lo niega, y contra ella se ejercita juicio de garantías, éste debe sobreseerse por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia de la Quinta Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 17 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 12, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", en virtud de que las resoluciones que niegan este tipo de peticiones deben considerarse como actos derivados de otro consentido, al ser una consecuencia directa y necesaria de la firmeza del acuerdo que ordena el archivo del asunto" Criterio que si bien interpreta la Ley de Amparo anterior, es aplicable al caso particular en tanto que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se opone a dicha ley. En otro orden, por lo que hace al diverso acto reclamado, relativo a la negativa del juez responsable de suspender el procedimiento, se viabiliza el diverso motivo de improcedencia que prevé la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. [.]" Debe destacarse que constituye un hecho notorio para este resolutor, que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que ***, por conducto de su endosatario en procuración, promovió el juicio de amparo 79/2010 del índice de este Juzgado, en el que reclamó del Juez Tercero de lo Mercantil y del Agente del Ministerio Público encargado de la mesa diez, especializada en delitos patrimoniales, adscrita a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público, lo siguiente: "Empero, el Código de Comercio -que es el que rige los juicios ejecutivos mercantiles- no prevé la posibilidad de que en un juicio mercantil se suspenda el procedimiento cuando se tramite un diverso proceso penal sobre la falsedad de un documento. Lo anterior es así, dado que los artículos 1250 y 1250 bis del Código de Comercio establecen: (se transcriben) De lo trascrito se advierte el procedimiento a seguir en caso de que se impugne la autenticidad de un documento, empero, de tales numerales no se desprende la posibilidad de suspender el procedimiento, pues, incluso la fracción VI del artículo 1250 bis dispone que si durante la secuela del procedimiento se tramita un diverso proceso penal sobre la falsedad de un documento, sin suspender el juicio el tribunal podrá determinar al dictar sentencia, si se reservan los derechos del impugnador para el caso en que penalmente se demuestre la falsedad o bien si subordina la eficacia ejecutiva de la sentencia a la prestación de una caución. Bajo ese contexto, se estima que al existir disposición expresa al respecto, el juez mercantil responsable suspendió el juicio ejecutivo mercantil de origen en contravención a lo establecido en el artículo 1250 bis del Código de Comercio y desde luego que violentó la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, no resta más que conceder el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: 1.- Que el Juez responsable deje insubsistente el acuerdo de once de enero de dos mil diez , únicamente en la parte relativa a la suspensión del procedimiento del juicio ejecutivo mercantil número 194/2009; y, 2.- Ordene la reanudación del juicio y prosiga con la secuela procesal como en derecho corresponda. Contra la sentencia se interpuso recurso de revisión y en ejecutoria dictada el diecinueve de agosto de dos mil diez, en el amparo en revisión civil 272/2010, el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito confirmó la sentencia recurrida. Como se puede advertir, la negativa que se reclama en todo caso deriva de lo resuelto en el juicio de amparo señalado, esto es, se emitió en ejecución de la sentencia respectiva, ya que en el fallo se ordenó la reanudación del juicio mercantil, prosiguiendo la secuela procesal como en derecho correspondiera, por lo que se actualiza el motivo de improcedencia señalado, de conformidad con la tesis siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA.- Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional" De conformidad con los razonamientos expuestos, resultan notarias e indudables las causas de improcedencia que se menciona, por lo que, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
Agréguese el oficio 3502/2021 del actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ***, contra la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio de amparo indirecto 15/2021; quedando registrado en ese tribunal como amparo en revisión penal 109/2021. Notifíquese.
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