Martha Eugenia Rodriguez Herrera
Expediente 888/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 888/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Martha Eugenia Rodriguez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese únicamente para que obre en autos el escrito signado por la quejosa Martha Eugenia Rodríguez Herrera, mediante el cual solicita la devolución del documento a que hace referencia, toda vez que mediante proveído de cinco de agosto del año en curso, se acordó lo conducente y, en comparecencia de diez de septiembre del presente año, se hizo la entrega respectiva. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se recurrió el acuerdo de veintinueve de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por lo que con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por consiguiente, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido Manual, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
agréguese el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual solicita la devolución del documento a que hace referencia y que anexó a su escrito inicial de demanda; asimismo, autoriza a ***, para recibirlos. En atención a lo que solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase la devolución del documento que refiere la promovente, previo cotejo y certificación que se deje en autos para constancia. Asimismo, se le tiene designando como autorizados para recibir dichos documentos a las personas que menciona. Notifíquese.
- Principal
AVISO: PROMOVENTE. ACUERDO 29-JULIO-2021 ...I. Pretende cumplir requerimiento. Téngase por recibido el escrito de la quejosa ***, mediante el cual pretende desahogar la prevención realizada en proveído de diecinueve del mes y año en curso, de lo cual se provee lo siguiente: Cabe precisar que en mencionado acuerdo se requirió a la referida impetrante para que aclarara la demanda en los términos siguientes: ".a. Actos reclamados imprecisos. De la lectura integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados no se encuentran precisados con claridad; ello es así en virtud de en el capítulo correspondiente reclama todos los autos decretos, resoluciones y sentencias dictadas en el expediente 194/2009 del índice de la responsable, lo que equivale a una expresión genérica de múltiples actuaciones que no individualiza cuales en particular reclama como destacadas; luego, en el mismo capítulo hace referencia a la prevención y orden de lanzamiento emitido en dicho juicio el quince de junio de dos mil veintiuno. De ahí que se desprenda que la parte quejosa no es clara en los apartados de actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación, pues los mezcla entre sí, lo que genera confusión al momento de su estudio. [.] Por lo expuesto, con apoyo en el artículo 114, fracción II de la norma en consulta, la parte promovente del amparo deberá precisar cuál es el acto o los actos en concreto que por esta vía reclama a cada responsable, sin hacer expresiones genéricas. [.]" ".b. Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad, complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: i. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron las actuaciones en el procedimiento de origen. ii. Manifieste que fue exactamente lo que se acordó en el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio de origen (acto reclamado), ya que por una parte menciona que se le está previniendo y, por otra, que ya se está ordenando el lanzamiento. iii. Indique si ya se ordenó la escrituración del bien inmueble que aduce le quieren desposeer y, en caso afirmativo, mencione en qué fecha. iv. Exprese si contra las actuaciones que ahora reclama interpuso algún medio ordinario o extraordinario de defensa, por sí o por conducto de apoderado, inclusive diverso juicio de amparo. [.]" ".c. Actos reclamados sin vincularlos a las responsables. El artículo 108, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la demanda de amparo deberá indicar la ley o acto que de cada autoridad se reclame, por lo que el acto reclamado no está desvinculado de la autoridad responsable, sino que, por el contrario, cada acto debe ser atribuido a un ente del Estado. [.] Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no precisó qué actos en particular reclama a cada una de las autoridades responsables, ya que los actos que señala en el capítulo correspondiente los atribuye de manera general e indistinta, sin que se les asigne de forma concreta. Por lo anterior, deberá precisar de los actos que reclama, cuál, en específico, le atribuye a cada autoridad. d. Copias insuficientes. La parte promovente omitió exhibir copias suficientes de la demanda para correr traslado a las partes en el presente asunto, ya que sólo acompañó el original de la demanda y cinco copias y son necesarias siete, para distribuirlas de la siguiente manera: tres para la autoridad responsable, una para el tercero interesado, dos para el incidente de suspensión y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Consecuentemente, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del arábigo 114 de la ley de la materia, requiérasele para que exhiba dos copias más de la demanda de garantías." Bajo ese contexto, se determina que en cuanto al inciso a, b, fracciones ii y iii, c y d, se tiene cumplido cabalmente, dado que el promovente precisa cuál es el acto reclamado en esta vía; expresa parcialmente los antecedentes del acto reclamado, dado que únicamente menciona que fue exactamente lo que se acordó en el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio de origen (acto reclamado) e indica que ya se ordenó la escrituración del bien inmueble que defiende; vincula los actos a las autoridades responsables; y, exhibe las copias que le fueron solicitadas. Empero, por lo que hace al inciso b, fracciones i y iv, no se tiene por cumplido, puesto que bajo protesta de decir verdad omitió completar los antecedentes del acto reclamado como le fue solicitado, en el sentido de expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron las actuaciones en el procedimiento de origen y manifestar si contra la actuación que ahora reclama interpuso algún medio ordinario o extraordinario de defensa, por sí o por conducto de apoderado, inclusive diverso juicio de amparo. No obstante lo anterior, resulta innecesario volver a requerir a la parte quejosa, a efecto de que dé cabal cumplimiento a todo lo requerido, en razón de que con lo que expuso en su escrito de cuenta, se advierte que su demanda es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se explicara enseguida. II. Fijación de la litis. Debe establecerse qué es lo reclamado en la demanda de garantías y en el escrito aclaratorio, de lo que se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: i. El proveído de quince de junio del dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 194/2009 del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, por el cual se requirió a la aquí quejosa para que dentro del plazo de treinta días hábiles, desocupe el bien inmueble adjudicado en dicho expediente y se le apercibió que, de no hacerlo, se ordenará su lanzamiento. IV. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, anexos y escrito aclaratorio, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. No es la última resolución en etapa de ejecución. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido éste; que será procedente tratándose de actos después de concluido el juicio, si se trata de ejecución de sentencia siempre y cuando sea la última resolución, siendo la que en forma definitiva decreta el cumplimiento de éstas o la imposibilidad para cumplirla. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no tenga las características antes descrita y entonces, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita. Sirven de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Se llega a la determinación anterior, tomando en consideración que de los preceptos legales transcritos, se advierte que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente a ciertas cuestiones como lo es, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido éste; que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendió al resultado de la resolución. Mientras que, tratándose de los procedimientos de remate será procedente siempre y cuando sea la última resolución, siendo ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien rematado. Debe precisarse que los actos jurisdiccionales ejecutados después de concluido el proceso jurisdiccional son los realizados después de dictada la sentencia definitiva respectiva, tales como los que se llevan a cabo para la ejecución de éstos. Ahora, a fin de evidenciar la improcedencia de la demanda de amparo es importante realizar una breve relación de los antecedentes del acto reclamado advertidos de la demanda y del escrito aclaratorio, los cuales son: i. ***, promovió juicio ejecutivo mercantil contra la aquí quejosa ***, del cual correspondió conocer al Juzgado Tercero de lo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Durando, mismo que lo registro con el número 194/2009. ii. Una vez emplazada la demandada, compareció a contestar la demanda y, el dos de febrero de dos mil once, se dictó sentencia definitiva condenándola al pago de las prestaciones reclamadas. iii. Posteriormente, se llevó a cabo el remate del bien inmueble que defiende la quejosa, el cual se adjudicó a ***. iv. Enseguida, se ordenó otorgar la escritura del bien inmueble rematado en el aludido juicio (última actuación en la etapa de remate), la cual ya se registró a favor del citado adjudicatario. v. Finalmente, en proveído de quince de junio del año en que transcurre (acto reclamado), se requirió a la aquí quejosa para que dentro del plazo de treinta días hábiles, desocupe y entregue el bien inmueble adjudicado, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se procedería a su lanzamiento. En el caso a estudio, debe decirse que el juicio de origen ya no se encuentra en la fase procesal de remate, toda vez que como quedó establecido en las consideraciones que anteceden, la última resolución dictada en dicha etapa aconteció con el dictado del auto por el que se ordenó otorgar la escritura pública de adjudicación. Esto, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), determinó que la última actuación en los procedimientos de remate es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien rematado, lo que no obliga a considerar la emisión de ambas para actualizar la última resolución en remate, sino que basta que se emita una sola de ellas para actualizarse (como ocurrió en el caso), puesto que así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De ahí que, la última actuación en la etapa de remate fue la que ordenó la escrituración del bien inmueble adjudicado en el juicio de origen, el cual, cabe precisar, ya se registró a favor del mencionado adjudicatario. En virtud de lo anterior, se advierte que, posterior a la orden y formalización de la escritura pública de adjudicación, se determinó proseguir con el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, debido a que no se ha podido culminar con el proceso natural, lo que ha ocasionado que aun después de la fase procesal de remate, continúen actuaciones jurisdiccionales tendentes a cumplimentar el mencionado fallo. Así, debe estimarse que el acto aquí reclamado consistente en el proveído de quince de junio del dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 194/2009 del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, por el cual se requirió a la ahora quejosa para que dentro del plazo de treinta días hábiles, desocupe el bien inmueble adjudicado en dicho expediente y se le apercibió que de no hacerlo, se ordenará su lanzamiento, fue practicado en la fase procesal de ejecución de sentencia, posterior al remate; por tanto, al considerarse como actuación intermedia en el aludido procedimiento, ésta únicamente será susceptible de ser reclamada como violación procesal, cuando se reclame la última resolución dictada en la ejecución de sentencia, que será la que determine cumplida la sentencia definitiva; su imposibilidad para hacerlo; o bien, el archivo definitivo del expediente. Cobran aplicación al caso las jurisprudencias de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva" "ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN. De conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente y, que tratándose de remates, en términos del párrafo tercero de la misma fracción, se establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial, por regla general, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento; esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente; por tanto, cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate; esto es, posteriores a la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, como puede ser el auto en que se hace efectivo el apercibimiento por no haber entregado el bien objeto del juicio y se ordena el lanzamiento, debe estimarse que para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la estatuida en el párrafo tercero de la misma fracción, en tanto que el acto reclamado no se emitió en la fase procesal de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a dicho remate; máxime que la orden de lanzamiento no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia del demandado de entregar el bien rematado" "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo" Cabe destacar que no se actualiza el supuesto excepcional previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, aplicado analógicamente, por actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional, toda vez que está condicionada a que éstos sean de imposible reparación (por afectar derechos sustantivos) y que sean ajenos a la ejecución del juicio natural. Así fue considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto" Lo anterior, toda vez que de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia anteriormente citada se desprende que el alto tribunal consideró dos reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto aplicables para los actos emitidos después de concluido el juicio, a saber: 1. Si los actos carecen de autonomía propia y tienen como fin la ejecución de la sentencia, se aplica la regla genérica del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107, fracción IV, de la norma vigente), la cual dispone que en contra de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Esto independientemente que afecten derechos sustantivos, ya que bastaría con que se hiciera valer que se trata de un acto de imposible reparación para que con ello se admitiera la procedencia de todos los juicios, pasando por alto el fin que tuvo el legislador de que no se abusara del juicio de amparo, deteniendo y alargando el cumplimiento de la cosa juzgada. 2. Si los actos tienen autonomía propia y no necesariamente tienen como finalidad inmediata la ejecución de la sentencia, por excepción y analogía, procede el amparo de acuerdo con la fracción V, del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 107, fracción V, del cuerpo legal vigente). Así, en el caso, no se reúnen las dos condiciones para que sea aplicada la excepción prevista en el artículo 107, fracción V, de la ley invocada, habida cuenta que de la ejecutoria que dio lugar a la tesis de mérito, se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que ello ocurre cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable; y, en el caso, el acto que se reclama tiene relación con la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo segundo, del numeral 107, interpretada en sentido contrario, con fundamento en el diverso arábigo 113 de la ley en consulta, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías. Notifíquese personalmente.
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